El gobierno, con la publicación del Acuerdo Gubernativo 370-2012, parece tener la intención de elevar un muro de protección para quienes cometieron violaciones de los derechos humanos en los años 80 y épocas anteriores. Sin embargo, comete un error político y estratégico al provocar una ola de protestas y un renovado impulso de exigir justicia para las víctimas de esos crímenes.
Error de cálculo, quizás, o probablemente se contaba con el adormecimiento general que provocan las fiestas de fin de año en la población. Sin embargo, a pesar de que uno de los argumentos esgrimidos para marginar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los casos ocurridos antes del 9 de marzo de 1987 -fecha en la cual el Estado de Guatemala aceptó las funciones de esa Corte- es la no retroactividad, expertos aseguran que esa disposición es inconstitucional y viola acuerdos internacionales.
Esto viene a reforzar la imagen dura de un gobierno que poco a poco se aleja del concepto democrático de participación ciudadana. Estos golpes de efecto del partido en el poder anuncian un nuevo estilo de gobierno muy a tono con el autoritarismo de décadas pasadas, aunque con un ligero toque demagógico, el cual sin duda le es útil para ganar adeptos entre los sectores más conservadores de la sociedad guatemalteca.
El hecho de que al Estado de Guatemala le salga económica y moralmente caro pagar las indemnizaciones dictadas por la CIDH en casos de graves violaciones y crímenes de lesa humanidad, debería servirle a los grupos de poder como lección aprendida para no volver a cometer esa clase de abusos y readecuar sus recursos para consolidar la democracia y el estado de Derecho, en lugar de permitir a sus funcionarios y aliados políticos un enriquecimiento ilícito que solo socava esos pilares institucionales.
Aunque ha sido estimulante la reacción inmediata de la sociedad civil organizada ante la publicación del Acuerdo 370-2012, aun falta un mayor involucramiento del resto de la ciudadanía en un asunto que al final de cuentas le compete, porque se trata de una decisión de Estado la cual incide no solo en la imagen de país en los ámbitos internacionales. También afecta la reparación del tejido social, gravemente dañado durante un conflicto que diezmó a un sector importante de la población y dejó secuelas en las actuales generaciones.
La derogación del Acuerdo de marras podría suavizar el ambiente político, pero no bastará para despejar las dudas ya existentes sobre las intenciones políticas de este gobierno. Una vez más, se observa que las promesas de mano dura incluían acciones de corte dictatorial las cuales, en lugar de reducir las tensiones, marcan una ruta divergente con las aspiraciones ciudadanas de construir bases más sólidas para asentar los valores democráticos.
Es evidente que instaurar una democracia participativa y conservar el equilibrio político es extremadamente difícil en un país tan convulsionado. Así como conciliar los intereses de todos los sectores involucrados. Pero, señor Presidente, nadie le dijo que sería fácil.
Esto viene a reforzar la imagen dura de un gobierno que poco a poco se aleja del concepto democrático de participación ciudadana. Estos golpes de efecto del partido en el poder anuncian un nuevo estilo de gobierno muy a tono con el autoritarismo de décadas pasadas, aunque con un ligero toque demagógico, el cual sin duda le es útil para ganar adeptos entre los sectores más conservadores de la sociedad guatemalteca.
El hecho de que al Estado de Guatemala le salga económica y moralmente caro pagar las indemnizaciones dictadas por la CIDH en casos de graves violaciones y crímenes de lesa humanidad, debería servirle a los grupos de poder como lección aprendida para no volver a cometer esa clase de abusos y readecuar sus recursos para consolidar la democracia y el estado de Derecho, en lugar de permitir a sus funcionarios y aliados políticos un enriquecimiento ilícito que solo socava esos pilares institucionales.
Aunque ha sido estimulante la reacción inmediata de la sociedad civil organizada ante la publicación del Acuerdo 370-2012, aun falta un mayor involucramiento del resto de la ciudadanía en un asunto que al final de cuentas le compete, porque se trata de una decisión de Estado la cual incide no solo en la imagen de país en los ámbitos internacionales. También afecta la reparación del tejido social, gravemente dañado durante un conflicto que diezmó a un sector importante de la población y dejó secuelas en las actuales generaciones.
La derogación del Acuerdo de marras podría suavizar el ambiente político, pero no bastará para despejar las dudas ya existentes sobre las intenciones políticas de este gobierno. Una vez más, se observa que las promesas de mano dura incluían acciones de corte dictatorial las cuales, en lugar de reducir las tensiones, marcan una ruta divergente con las aspiraciones ciudadanas de construir bases más sólidas para asentar los valores democráticos.
Es evidente que instaurar una democracia participativa y conservar el equilibrio político es extremadamente difícil en un país tan convulsionado. Así como conciliar los intereses de todos los sectores involucrados. Pero, señor Presidente, nadie le dijo que sería fácil.
(Publicado el 05/01/2013)
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