El señor Presidente espera… pero aun no sabe qué.
El presidente Colom da declaraciones a la prensa y se encarga de que la ciudadanía sepa cuán consciente es de la situación crítica que atraviesa el país. A la pregunta de cajón: ¿y entonces, qué va a hacer? Responde con parsimonia: “esperamos el momento oportuno”.
Es probable que esta frase pase a la historia. También es probable que pasen, junto con la frase, el proceso democrático, el estado de Derecho, la soberanía nacional, la independencia de poderes y todos los sueños de justicia del pueblo de Guatemala. Es difícil establecer si Colom ve la matanza de 27 campesinos inocentes como “el momento oportuno” o si no lo pensó antes de decirlo. En todo caso, nunca se había visto un panorama tan nefasto bajo un gobierno que carece de una política coherente ante el peor embate del crimen organizado en los últimos años.
Aun cuando no es un asunto de broma, esto parece extraído de la famosa obra de Samuel Beckett, uno de los mejores exponentes del teatro del absurdo. Guatemala se ha pasado esperando. Esperó a que terminara una guerra insensata que diezmó a la población más vulnerable. Esperó a que con el fin del conflicto y una nueva Constitución, el país enderezara el rumbo. Esperó a que, con cada cambio de gobierno, se acabara la corrupción. Esperó a que los elegidos cumplieran sus promesas. Y sigue esperando que en el próximo período las cosas mejoren.
Y nada sucede ni sucederá, porque el sistema es el mismo y los protagonistas también. El problema es que ya Guatemala no puede seguir esperando, porque el camino es el equivocado y por allí no vendrán los cambios que el país necesita. Una de las medidas fundamentales para revertir la caída es reestructurar a la PNC, reforzar al Ministerio Público de manera sustancial, respetar la independencia del organismo judicial y de las demás instituciones del Estado y convertir al Ejército en un cuerpo efectivo para el combate del narcotráfico y el resguardo de las fronteras.
Pero también es urgente el combate a la pobreza extrema con políticas de largo plazo que propicien un desarrollo sostenible y una repartición justa de la riqueza. El juego perverso de favorecer a los empresarios que pagan su cuota para financiar las campañas ha transformado a la nación en su feudo, y es imperativo cambiar la ley electoral si es que existe voluntad de dar a la democracia una posibilidad de supervivencia.
Es notable cuán alejado está el mandatario de la realidad del pueblo al cual ha engañado durante estos cuatro años. No parece tener idea del sufrimiento de las familias que pierden a diario a sus integrantes por extorsiones, asaltos a mano armada, venganzas o simplemente la mala suerte de encontrarse en el momento y lugar equivocados. ¿Un acuerdo nacional? No es mala idea, pero entonces urge dejar de esperar.
sábado, 21 de mayo de 2011
30 años atrás
La campaña electoral que se realiza hoy es una vergüenza para Guatemala.
¡Cuánta razón contiene la columna de ayer de Gustavo Berganza! Guatemala se ha convertido en el epítome de la corrupción política y hoy vemos una competencia electoral tachonada de estrellas negras atropellándose por figurar en primera fila, pavoneándose por la impunidad de sus hazañas y mofándose de la población desde vallas, muppies, spots de televisión y páginas de prensa.
No contentos con eso, se atropellan en las antesalas de los financistas elaborando, cada quien, las más atractivas promesas de privilegios para conseguir el ansiado cheque, amparados en una ley que les protege contra señalamientos o investigaciones incómodas las cuales les pondrían en aprietos en cualquier país respetuoso del estado de Derecho.
Esta carrera por los cargos de elección popular se caracteriza por una total falta de respeto por la ciudadanía. Esa ciudadanía impotente, que se limita a especular sobre la inconveniencia de elegir a alguno de ellos, o por la conveniencia de entorpecer el paso de algún otro, pero incapaz de escoger a un candidato sin tacha porque ese no existe.
Esta carrera es de galgos bien entrenados en el arte de mentir y negociar la soberanía nacional por pedazos.
Y entonces ¿qué sucede con los líderes auténticos y legítimos? ¿qué pasa con las mujeres que aspiran a competir en igualdad de condiciones pero resistiéndose a vender sus postulados programáticos? Nada. No pasa nada. De hecho, este sector de la ciudadanía que se niega a hacer concesiones por respeto a su integridad, es marginado y expulsado del ruedo por quienes concentran la fuerza política y económica gracias a negociaciones fraudulentas y acuerdos secretos con grupos de poder.
Es válido repetirlo una y otra vez: las mujeres y los hombres cabales están siendo marginados de estas elecciones por los dirigentes de los partidos, porque amenazan el tráfico de influencias y constituyen un obstáculo para la corrupción, el clientelismo y los acuerdos con el crimen organizado.
Si ese es el escenario actual, ¿qué le espera a este país en los próximos años? No se requiere una bola de cristal para saberlo, se puede predecir la profundización de la miseria extrema, el ensanchamiento del foso que separa a las clases más ricas del resto de la población y el empobrecimiento acelerado de la clase media.
Es curioso que en la medida que avanzan las décadas, el país retrocede en el tiempo. Creo que este evento electoral será más sucio que cualquiera de los realizados durante el conflicto armado, pero por una razón bien marcada: hoy existe un sistema jurídico sostenido por un estado de Derecho. La conducta solapada y la burla que hacen los líderes políticos de la ética y la decencia, muestran que aún después de más de 30 años Guatemala no se ha ganado el honor de ser llamado un país democrático.
¡Cuánta razón contiene la columna de ayer de Gustavo Berganza! Guatemala se ha convertido en el epítome de la corrupción política y hoy vemos una competencia electoral tachonada de estrellas negras atropellándose por figurar en primera fila, pavoneándose por la impunidad de sus hazañas y mofándose de la población desde vallas, muppies, spots de televisión y páginas de prensa.
No contentos con eso, se atropellan en las antesalas de los financistas elaborando, cada quien, las más atractivas promesas de privilegios para conseguir el ansiado cheque, amparados en una ley que les protege contra señalamientos o investigaciones incómodas las cuales les pondrían en aprietos en cualquier país respetuoso del estado de Derecho.
Esta carrera por los cargos de elección popular se caracteriza por una total falta de respeto por la ciudadanía. Esa ciudadanía impotente, que se limita a especular sobre la inconveniencia de elegir a alguno de ellos, o por la conveniencia de entorpecer el paso de algún otro, pero incapaz de escoger a un candidato sin tacha porque ese no existe.
Esta carrera es de galgos bien entrenados en el arte de mentir y negociar la soberanía nacional por pedazos.
Y entonces ¿qué sucede con los líderes auténticos y legítimos? ¿qué pasa con las mujeres que aspiran a competir en igualdad de condiciones pero resistiéndose a vender sus postulados programáticos? Nada. No pasa nada. De hecho, este sector de la ciudadanía que se niega a hacer concesiones por respeto a su integridad, es marginado y expulsado del ruedo por quienes concentran la fuerza política y económica gracias a negociaciones fraudulentas y acuerdos secretos con grupos de poder.
Es válido repetirlo una y otra vez: las mujeres y los hombres cabales están siendo marginados de estas elecciones por los dirigentes de los partidos, porque amenazan el tráfico de influencias y constituyen un obstáculo para la corrupción, el clientelismo y los acuerdos con el crimen organizado.
Si ese es el escenario actual, ¿qué le espera a este país en los próximos años? No se requiere una bola de cristal para saberlo, se puede predecir la profundización de la miseria extrema, el ensanchamiento del foso que separa a las clases más ricas del resto de la población y el empobrecimiento acelerado de la clase media.
Es curioso que en la medida que avanzan las décadas, el país retrocede en el tiempo. Creo que este evento electoral será más sucio que cualquiera de los realizados durante el conflicto armado, pero por una razón bien marcada: hoy existe un sistema jurídico sostenido por un estado de Derecho. La conducta solapada y la burla que hacen los líderes políticos de la ética y la decencia, muestran que aún después de más de 30 años Guatemala no se ha ganado el honor de ser llamado un país democrático.
Cuidado con los extremos
Del total anonimato sobre el uso de teléfonos celulares, al control absoluto.
Uno de los aspectos más importantes al proponer el establecimiento de medidas capaces de afectar la información privada de las personas, es quién tendrá acceso a ella. La propuesta de unificar el registro de identificación con la numeración telefónica puede ser muy interesante en países con un estado de Derecho funcional, pero es preciso ser muy cuidadoso en donde no existe una administración pública profesional controlada por un sistema adecuado de servicio civil.
En la actualidad, cada cuatro años se practica un relevo de prácticamente todos los puestos de importancia en la burocracia estatal, los cuales son ocupados bajo la premisa de premiar la fidelidad a las nuevas autoridades, la amistad o el parentesco con el mandatario, la afiliación al partido o la ayuda que se haya prestado durante la campaña. Los méritos y la capacidad técnica y profesional para ocupar una plaza determinada no se cuentan entre los factores de decisión.
Imaginemos que este procedimiento de control de identidad vinculado a la telefonía celular se estableciera en Guatemala, en donde la burocracia y las fuerzas de seguridad –entre las cuales es preciso incluir los cuerpos de investigación encubiertos- están tachonadas de elementos corruptos, muchas veces vinculados con el crimen organizado. ¿Qué garantía tendría cualquier ciudadano de que sus llamadas no fueran escuchadas, de que su ubicación física no estuviera bajo la mirada de algún criminal o sus datos personales no fueran convertidos en capital de intercambio entre pandillas?
Sin duda, esta medida reduciría de manera importante las estadísticas de robo de celulares. Sin embargo, podría incrementar significativamente el de extorsiones, precisamente por la vulnerabilidad a la cual se sometería a toda la población. Las redes criminales, al no ser ajenas al aparato burocrático -y eso lo saben muy bien los representantes en el Congreso de la República- cada día afianzan más su poder . Por lo tanto, proponer que se legisle sobre el tema y el nuevo sistema se imponga a nivel nacional debe ser precedido por acuciosos estudios que justifiquen el cambio y garanticen su transparencia.
Para controlar en parte el problema de los asaltos y el robo de celulares hay medidas mucho más accesibles y menos onerosas, como exigir a las compañías de telecomunicaciones que no se active ningún aparato cuya procedencia sea dudosa. Estas compañías transnacionales controlan el servicio estratégico por excelencia –las comunicaciones- y eso las obliga a privilegiar la seguridad del país en donde operan por encima de sus cuantiosos beneficios económicos, acumulados gracias a sus muy bien negociados privilegios.
Uno de los aspectos más importantes al proponer el establecimiento de medidas capaces de afectar la información privada de las personas, es quién tendrá acceso a ella. La propuesta de unificar el registro de identificación con la numeración telefónica puede ser muy interesante en países con un estado de Derecho funcional, pero es preciso ser muy cuidadoso en donde no existe una administración pública profesional controlada por un sistema adecuado de servicio civil.
En la actualidad, cada cuatro años se practica un relevo de prácticamente todos los puestos de importancia en la burocracia estatal, los cuales son ocupados bajo la premisa de premiar la fidelidad a las nuevas autoridades, la amistad o el parentesco con el mandatario, la afiliación al partido o la ayuda que se haya prestado durante la campaña. Los méritos y la capacidad técnica y profesional para ocupar una plaza determinada no se cuentan entre los factores de decisión.
Imaginemos que este procedimiento de control de identidad vinculado a la telefonía celular se estableciera en Guatemala, en donde la burocracia y las fuerzas de seguridad –entre las cuales es preciso incluir los cuerpos de investigación encubiertos- están tachonadas de elementos corruptos, muchas veces vinculados con el crimen organizado. ¿Qué garantía tendría cualquier ciudadano de que sus llamadas no fueran escuchadas, de que su ubicación física no estuviera bajo la mirada de algún criminal o sus datos personales no fueran convertidos en capital de intercambio entre pandillas?
Sin duda, esta medida reduciría de manera importante las estadísticas de robo de celulares. Sin embargo, podría incrementar significativamente el de extorsiones, precisamente por la vulnerabilidad a la cual se sometería a toda la población. Las redes criminales, al no ser ajenas al aparato burocrático -y eso lo saben muy bien los representantes en el Congreso de la República- cada día afianzan más su poder . Por lo tanto, proponer que se legisle sobre el tema y el nuevo sistema se imponga a nivel nacional debe ser precedido por acuciosos estudios que justifiquen el cambio y garanticen su transparencia.
Para controlar en parte el problema de los asaltos y el robo de celulares hay medidas mucho más accesibles y menos onerosas, como exigir a las compañías de telecomunicaciones que no se active ningún aparato cuya procedencia sea dudosa. Estas compañías transnacionales controlan el servicio estratégico por excelencia –las comunicaciones- y eso las obliga a privilegiar la seguridad del país en donde operan por encima de sus cuantiosos beneficios económicos, acumulados gracias a sus muy bien negociados privilegios.
Buscando empleo
Los políticos olvidan a quienes les deben su empleo y sus privilegios económicos.
La campaña de carteles iniciada por la organización “El dueño de Guatemala soy yo” me parece oportuna, bien pensada y totalmente justificada. Ya va llegando la hora de la rendición de cuentas y de la fiscalización pública de los candidatos a cargos de elección popular. No es posible mantener la tradición nefasta del secretismo que sólo ha propiciado corrupción, compradrazgo y malas prácticas políticas y administrativas.
Un candidato a cualquier puesto de la administración pública tiene la absoluta obligación de presentar sus antecedentes y sus calificaciones personales y profesionales ante el pueblo, para garantizar una elección basada en los atributos reales de cada uno de los postulantes. En Guatemala se han visto casos tan inconcebibles como la elección de diputados y alcaldes con antecedentes penales o contra quienes se habían presentado solicitudes de antejuicio por diferentes delitos, entre los cuales el menor de ellos es corrupción.
Ya existe el antecedente de un expresidente acusado por asesinato y otro con una demanda por fraude. Presidentes del organismo legislativo con prontuario de genocidio y corrupción comprobados. Es decir que la historia de este país se está construyendo con ladrillos rajados, lo cual constituye una amenaza grave a su institucionalidad.
No pueden, entonces, venir los políticos a tachar de vandalismo una campaña perfectamente legítima realizada por un grupo de ciudadanos cansados de tanto abuso. Quienes tienen derecho a manifestarse son los electores, y los candidatos harían mejor en responder a sus cuestionamientos sin poses arrogantes de “dueños de la finca”. Estoy segura de que muchas personas han sonreido con satisfacción al ver los humildes carteles de cartón sobre los elegantes muppies de alta tecnología.
El dinero que están derrochando a manos llenas en una campaña que, por anticipada, ya rompió las normas legales, es un insulto para un pueblo hambriento y abandonado como el que irá a votar el 11 de septiembre. La gente merece algo mejor que candidatos vacíos de propuestas, vacíos de calidad humana y vacíos de conocimiento sobre los problemas del país.
Este no es un territorio en disputa entre carteles, que es en lo que se están convirtiendo los partidos. La participación popular es la primera de las prioridades si se desea reconstruir el tejido social sobre una plataforma democrática real. Por lo tanto, es imperativo que los políticos en la arena y sus financistas en la oscuridad pongan más atención a las demandas de sus potenciales electores.
¡Bravo! para quienes idearon la campaña de “Busco empleo”, por pertinente y oportuna. Sólo hay que ver los rostros que coronan esos carteles para darse cuenta de cuán relevante es indagar sobre sus antecedentes y calidades.
La campaña de carteles iniciada por la organización “El dueño de Guatemala soy yo” me parece oportuna, bien pensada y totalmente justificada. Ya va llegando la hora de la rendición de cuentas y de la fiscalización pública de los candidatos a cargos de elección popular. No es posible mantener la tradición nefasta del secretismo que sólo ha propiciado corrupción, compradrazgo y malas prácticas políticas y administrativas.
Un candidato a cualquier puesto de la administración pública tiene la absoluta obligación de presentar sus antecedentes y sus calificaciones personales y profesionales ante el pueblo, para garantizar una elección basada en los atributos reales de cada uno de los postulantes. En Guatemala se han visto casos tan inconcebibles como la elección de diputados y alcaldes con antecedentes penales o contra quienes se habían presentado solicitudes de antejuicio por diferentes delitos, entre los cuales el menor de ellos es corrupción.
Ya existe el antecedente de un expresidente acusado por asesinato y otro con una demanda por fraude. Presidentes del organismo legislativo con prontuario de genocidio y corrupción comprobados. Es decir que la historia de este país se está construyendo con ladrillos rajados, lo cual constituye una amenaza grave a su institucionalidad.
No pueden, entonces, venir los políticos a tachar de vandalismo una campaña perfectamente legítima realizada por un grupo de ciudadanos cansados de tanto abuso. Quienes tienen derecho a manifestarse son los electores, y los candidatos harían mejor en responder a sus cuestionamientos sin poses arrogantes de “dueños de la finca”. Estoy segura de que muchas personas han sonreido con satisfacción al ver los humildes carteles de cartón sobre los elegantes muppies de alta tecnología.
El dinero que están derrochando a manos llenas en una campaña que, por anticipada, ya rompió las normas legales, es un insulto para un pueblo hambriento y abandonado como el que irá a votar el 11 de septiembre. La gente merece algo mejor que candidatos vacíos de propuestas, vacíos de calidad humana y vacíos de conocimiento sobre los problemas del país.
Este no es un territorio en disputa entre carteles, que es en lo que se están convirtiendo los partidos. La participación popular es la primera de las prioridades si se desea reconstruir el tejido social sobre una plataforma democrática real. Por lo tanto, es imperativo que los políticos en la arena y sus financistas en la oscuridad pongan más atención a las demandas de sus potenciales electores.
¡Bravo! para quienes idearon la campaña de “Busco empleo”, por pertinente y oportuna. Sólo hay que ver los rostros que coronan esos carteles para darse cuenta de cuán relevante es indagar sobre sus antecedentes y calidades.
miércoles, 11 de mayo de 2011
sábado, 7 de mayo de 2011
Tendré que emigrar
Lástima por mi blog, pero el hecho de ser un sitio gratuito lo deja a merced de la pauta comercial y estoy viendo que en mi blog, algo que en algún momento tuve la ilusión de tener bajo control -por lo menos en su contenido- hay un enorme y destacado anuncio del PAN con el retrato de Gutiérrez.
Eso me trajo de golpe a la realidad de esta dependencia de los servicios sin costo que, de otro modo, terminan saliendo caros.
Así es que en cuanto tome la decisión de a dónde ir, voy a emigrar con mi quinto patio. Ya les avisaré a los cuatro (¿o tres, quizás?) amigos que me leen en esta solitaria página.
Eso me trajo de golpe a la realidad de esta dependencia de los servicios sin costo que, de otro modo, terminan saliendo caros.
Así es que en cuanto tome la decisión de a dónde ir, voy a emigrar con mi quinto patio. Ya les avisaré a los cuatro (¿o tres, quizás?) amigos que me leen en esta solitaria página.
Mujeres al ruedo
Es fundamental garantizar la participación de la mujer en las próximas elecciones.
La resistencia a la participación femenina en política tiene muchas facetas. Una de ellas, sutil y poderosa, es el temor de las propias mujeres a enfrentar la oposición de su pareja, de su familia o de su comunidad y, de hacerlo, a pagar las consecuencias por su rebeldía. La cultura patriarcal tiene fuerte raigambre en amplios sectores de la sociedad y constituye un valladar importante para el desarrollo pleno de la democracia, la cual no existe mientras no haya participación igualitaria de la otra mitad de la población.
Cada vez que se plantea la posibilidad de establecer un sistema de cuotas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, se escuchan los argumentos a favor y en contra de una medida considerada radical. Aún cuando esta política existe y se aplica en muchos países del mundo, en Guatemala los círculos de la política tradicional la rechazan por inconveniente, poco oportuna y difícil de implementar.
El fondo de la cuestión es un asunto de poder. Durante años se ha observado el tono despreciativo, peyorativo y sexista usado por los políticos para referirse a sus colegas mujeres. A las activistas políticas y a quienes han logrado puestos relevantes se las juzga por su condición de mujer y no por los resultados efectivos de su labor.
En la campaña actual, se percibe desde el interior de los partidos políticos una fuerte oposición a la participación femenina y a concederles espacios importantes en los listados para cargos de elección popular, los cuales se negocian entre los de siempre, quienes cierran filas para consolidar sus posiciones de privilegio.
La lucha de las mujeres por su derecho legítimo –garantizado, además, por la Constitución Política de la República- no debería ser una misión de alto riesgo. En la actualidad, se observa con preocupación que aquellas mujeres valientes y decididas a participar en representación de sus comunidades enfrentan amenazas contra su vida, intimidación y rechazo de oponentes ferozmente decididos a cerrarles el paso.
La mujer involucrada en el destino de su patria es, por lo general, más responsable, transparente y eficiente en su trabajo, como lo han demostrado la mayoría de diputadas y funcionarias en cargos de gran responsabilidad. El hecho de colocarles valladares a su intención de contribuir al desarrollo de la nación no es más que el miedo a perder esos anillos de complicidad que han llevado al país a convertirse en un paradigma de corrupción.
No se debe confundir con el hecho de que esta vez haya varias mujeres compitiendo por la presidencia, porque ése es un tema distinto que merece un análisis de fondo. Aquí hablamos de los impedimentos reales de esta sociedad machista contra el derecho de las mujeres a postularse para gobernadoras, alcaldesas, diputadas o dirigentes de los partidos políticos. Estamos en el siglo veintiuno, es tiempo de cambiar.
La resistencia a la participación femenina en política tiene muchas facetas. Una de ellas, sutil y poderosa, es el temor de las propias mujeres a enfrentar la oposición de su pareja, de su familia o de su comunidad y, de hacerlo, a pagar las consecuencias por su rebeldía. La cultura patriarcal tiene fuerte raigambre en amplios sectores de la sociedad y constituye un valladar importante para el desarrollo pleno de la democracia, la cual no existe mientras no haya participación igualitaria de la otra mitad de la población.
Cada vez que se plantea la posibilidad de establecer un sistema de cuotas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, se escuchan los argumentos a favor y en contra de una medida considerada radical. Aún cuando esta política existe y se aplica en muchos países del mundo, en Guatemala los círculos de la política tradicional la rechazan por inconveniente, poco oportuna y difícil de implementar.
El fondo de la cuestión es un asunto de poder. Durante años se ha observado el tono despreciativo, peyorativo y sexista usado por los políticos para referirse a sus colegas mujeres. A las activistas políticas y a quienes han logrado puestos relevantes se las juzga por su condición de mujer y no por los resultados efectivos de su labor.
En la campaña actual, se percibe desde el interior de los partidos políticos una fuerte oposición a la participación femenina y a concederles espacios importantes en los listados para cargos de elección popular, los cuales se negocian entre los de siempre, quienes cierran filas para consolidar sus posiciones de privilegio.
La lucha de las mujeres por su derecho legítimo –garantizado, además, por la Constitución Política de la República- no debería ser una misión de alto riesgo. En la actualidad, se observa con preocupación que aquellas mujeres valientes y decididas a participar en representación de sus comunidades enfrentan amenazas contra su vida, intimidación y rechazo de oponentes ferozmente decididos a cerrarles el paso.
La mujer involucrada en el destino de su patria es, por lo general, más responsable, transparente y eficiente en su trabajo, como lo han demostrado la mayoría de diputadas y funcionarias en cargos de gran responsabilidad. El hecho de colocarles valladares a su intención de contribuir al desarrollo de la nación no es más que el miedo a perder esos anillos de complicidad que han llevado al país a convertirse en un paradigma de corrupción.
No se debe confundir con el hecho de que esta vez haya varias mujeres compitiendo por la presidencia, porque ése es un tema distinto que merece un análisis de fondo. Aquí hablamos de los impedimentos reales de esta sociedad machista contra el derecho de las mujeres a postularse para gobernadoras, alcaldesas, diputadas o dirigentes de los partidos políticos. Estamos en el siglo veintiuno, es tiempo de cambiar.
lunes, 2 de mayo de 2011
Libertad de prensa
La libertad de prensa no puede existir donde no se respetan los derechos humanos.
A los teóricos les encanta presumir de la existencia de un ambiente de libertad de prensa, basados en la idea de que Guatemala es, de hecho, un estado democrático. La teoría, sin embargo, es una cosa y la realidad del ejercicio periodístico otra muy distinta, si se toman en cuenta las diversas formas de amedrentamiento que se ejercen en contra de quienes hacen de la divulgación y análisis de la información una forma de vida.
El acto simbólico de la firma de la paz en 1996 no significó el fin de los enfrentamientos entre distintos sectores de la sociedad guatemalteca. En la práctica, la guerra entre guerrilla y Ejército –o, como lo definen otros, entre guerrilla y Estado- evolucionó hacia otras formas de conflicto, transformándose en un escenario caracterizado por la violencia criminal, la corrupción y el abandono de políticas públicas orientadas al desarrollo social, económico y cultural del país.
En este contexto, la libertad de prensa no podía expandir sus alas como lo hubiera hecho de haberse establecido un verdadero estado de Derecho, garante del respeto a la integridad y exento de amenazas y actos de intimidación contra el periodismo de investigación y denuncia.
Es innegable que los periodistas en Guatemala, así como en la mayoría de países latinoamericanos y de otras partes del mundo, continúan practicando un cierto nivel de autocensura. Por un lado, respondiendo al instinto de supervivencia que les conmina a moderar sus palabras y la información que entregan al público, y por otro lado cediendo a presiones de sectores de influencia cuya amenaza contra la libertad de expresión es tan sutil como poderosa.
Se podría afirmar, entonces, que la libertad es un mito. El ejercicio de expresar el pensamiento de manera libre y sin censura topa siempre con el límite de lo conveniente. Pocos son –medios de comunicación, periodistas o analistas- quienes traspasan esos límites y arriesgan todo por una verdad personal no siempre compartida. Al final, esos raros ejemplares se convierten en ejemplo de irreverencia y audacia en sociedades particularmente pacatas y conservadoras.
No obstante estas limitaciones contra la libertad de prensa, este es uno de los derechos humanos más relevantes, fundamental en la construcción de una democracia real y efectiva. Sin libertad de prensa ejercida en su plenitud tampoco se puede hablar de un estado de Derecho o de una sociedad que goza de sus garantías constitucionales.
Por ello es tan importante seguir tras su conquista por medio de un ejercicio periodístico responsable, orientado a cumplir con su misión de informar de manera independiente, con rigor y veracidad, pues de la prensa depende en gran medida el avance de la sociedad en la consolidación de sus instituciones democráticas.
A los teóricos les encanta presumir de la existencia de un ambiente de libertad de prensa, basados en la idea de que Guatemala es, de hecho, un estado democrático. La teoría, sin embargo, es una cosa y la realidad del ejercicio periodístico otra muy distinta, si se toman en cuenta las diversas formas de amedrentamiento que se ejercen en contra de quienes hacen de la divulgación y análisis de la información una forma de vida.
El acto simbólico de la firma de la paz en 1996 no significó el fin de los enfrentamientos entre distintos sectores de la sociedad guatemalteca. En la práctica, la guerra entre guerrilla y Ejército –o, como lo definen otros, entre guerrilla y Estado- evolucionó hacia otras formas de conflicto, transformándose en un escenario caracterizado por la violencia criminal, la corrupción y el abandono de políticas públicas orientadas al desarrollo social, económico y cultural del país.
En este contexto, la libertad de prensa no podía expandir sus alas como lo hubiera hecho de haberse establecido un verdadero estado de Derecho, garante del respeto a la integridad y exento de amenazas y actos de intimidación contra el periodismo de investigación y denuncia.
Es innegable que los periodistas en Guatemala, así como en la mayoría de países latinoamericanos y de otras partes del mundo, continúan practicando un cierto nivel de autocensura. Por un lado, respondiendo al instinto de supervivencia que les conmina a moderar sus palabras y la información que entregan al público, y por otro lado cediendo a presiones de sectores de influencia cuya amenaza contra la libertad de expresión es tan sutil como poderosa.
Se podría afirmar, entonces, que la libertad es un mito. El ejercicio de expresar el pensamiento de manera libre y sin censura topa siempre con el límite de lo conveniente. Pocos son –medios de comunicación, periodistas o analistas- quienes traspasan esos límites y arriesgan todo por una verdad personal no siempre compartida. Al final, esos raros ejemplares se convierten en ejemplo de irreverencia y audacia en sociedades particularmente pacatas y conservadoras.
No obstante estas limitaciones contra la libertad de prensa, este es uno de los derechos humanos más relevantes, fundamental en la construcción de una democracia real y efectiva. Sin libertad de prensa ejercida en su plenitud tampoco se puede hablar de un estado de Derecho o de una sociedad que goza de sus garantías constitucionales.
Por ello es tan importante seguir tras su conquista por medio de un ejercicio periodístico responsable, orientado a cumplir con su misión de informar de manera independiente, con rigor y veracidad, pues de la prensa depende en gran medida el avance de la sociedad en la consolidación de sus instituciones democráticas.
domingo, 1 de mayo de 2011
¿Osama Bin Laden muerto?
Hoy 1 de mayo de 2011, el presidente Obama anunció el asesinato de Osama Bin Laden preparado por un comando de la CIA. El suceso se produjo en una mansión en Pakistán y no en alguna cueva perdida en las montañas, como todos hubieran esperado.
La reacción no se hizo esperar. Así como fue el horror colectivo ante la destrucción de las Torres Gemelas, ha sido la euforia de los estadounidenses que consideran esta muerte como una victoria bélica y una revancha por los actos terroristas adjudicados a Bin Laden y su grupo.
Es interesante el fenómeno de la euforia colectiva de todo un pueblo ante la muerte de un solo hombre. Al elevar su figura a esas alturas de poder e influencia, le hacen un enorme favor a su imagen, lo cual será aprovechado para que sus partidarios construyan de su memoria un auténtico mito. ¿Victoria pírrica de Estados Unidos? Quizás. Lo interesante, sin embargo, es lo que vendrá después, cuando se comiencen a revelar los detalles y se produzcan los ecos de este episodio en los mercados internacionales, en la política de los países de Medio Oriente y en los operativos de la organización fundada por él.
Habrá mucho por ver, pero lo más seguro es que los ciudadanos inocentes del mundo entero pagaremos las consecuencias de esta muerte con protocolos de seguridad nunca vistos, limitaciones en nuestros derechos de locomoción y de expresión y muchas otras barreras elevadas a partir del miedo de quienes imponen sus políticas represivas en el mundo entero.
La reacción no se hizo esperar. Así como fue el horror colectivo ante la destrucción de las Torres Gemelas, ha sido la euforia de los estadounidenses que consideran esta muerte como una victoria bélica y una revancha por los actos terroristas adjudicados a Bin Laden y su grupo.
Es interesante el fenómeno de la euforia colectiva de todo un pueblo ante la muerte de un solo hombre. Al elevar su figura a esas alturas de poder e influencia, le hacen un enorme favor a su imagen, lo cual será aprovechado para que sus partidarios construyan de su memoria un auténtico mito. ¿Victoria pírrica de Estados Unidos? Quizás. Lo interesante, sin embargo, es lo que vendrá después, cuando se comiencen a revelar los detalles y se produzcan los ecos de este episodio en los mercados internacionales, en la política de los países de Medio Oriente y en los operativos de la organización fundada por él.
Habrá mucho por ver, pero lo más seguro es que los ciudadanos inocentes del mundo entero pagaremos las consecuencias de esta muerte con protocolos de seguridad nunca vistos, limitaciones en nuestros derechos de locomoción y de expresión y muchas otras barreras elevadas a partir del miedo de quienes imponen sus políticas represivas en el mundo entero.
Guerra interna
No se puede hablar de la “época de la guerra interna” como si hubiera terminado.
La guerra está instalada. En nuestras calles y en los caminos del interior. Instalada en los buses atestados de trabajadores cansados, tanto como en las escuelas y universidades. En los hogares y en los ranchos destartalados donde reciben clases los niños de cualquier comunidad perdida.
La guerra, de acuerdo con algunas definiciones libres, es la forma de conflicto más grave entre dos o más grupos humanos. Por lo tanto, se podría afirmar que al existir un enfrentamiento entre la sociedad civil -conformada por una ciudadanía apegada a las leyes y responsable por el desarrollo social y económico de su país- y grupos criminales con gran poder de fuego y fuerte influencia en altos estratos políticos y empresariales, existe de hecho un conflicto bélico declarado.
La sociedad guatemalteca está indefensa ante este empoderamiento radical del crimen organizado en sus más elevados círculos. De acuerdo con el Mapa de Conflictividad 2011 divulgado por el Procurador de los Derechos Humanos, solo en 2010 se produjeron 5,347 casos de muertes por violencia, de las cuales 4,582 fueron por arma de fuego. En esta cifra están incluidas 42 muertes por linchamiento; 143 pilotos de autobuses, 52 ayudantes, 69 pasajeros, un guardia de seguridad y 11 presuntos delincuentes. Pero también están las atroces cifras del femicidio: alrededor de 700 mujeres asesinadas durante el año, un promedio de dos diarias.
El estado de guerra no se refleja únicamente en muertes por violencia física. También está la violencia ejercida desde el Estado en la toma de decisiones que afectan gravemente a la población en sus derechos fundamentales, como el acceso a la salud, a la educación, a la tierra, a la alimentación, a los servicios básicos y a la vivienda. En este sentido, la violencia se manifiesta en la negación de la dignidad de los habitantes más pobres del país a quienes se les reduce a ser actores de campañas de proselitismo desde el propio Estado mediante acciones paternalistas de asistencia en lugar de ser beneficiados con programas de desarrollo de largo plazo.
En otro orden de cosas, el cuadro de situación de guerra también incluye la absoluta falta de control en la tenencia de armas de grueso calibre en manos de niños y adolescentes pertenecientes a maras, clicas y otras organizaciones criminales, combinado esto con la distribución y el tránsito de drogas en todo el territorio nacional. Estos grupos, vinculados con otros de mayor envergadura y con nexos internacionales, conforman un retrato de la violencia y la anarquía nunca antes visto en Guatemala.
En un Estado en guerra, una de las características es la pérdida de control territorial. Esta situación ya se vive en varios departamentos del país, en donde grupos armados dominan y ejercen un poder casi ilimitado. La guerra interna, señores, no ha terminado.
La guerra está instalada. En nuestras calles y en los caminos del interior. Instalada en los buses atestados de trabajadores cansados, tanto como en las escuelas y universidades. En los hogares y en los ranchos destartalados donde reciben clases los niños de cualquier comunidad perdida.
La guerra, de acuerdo con algunas definiciones libres, es la forma de conflicto más grave entre dos o más grupos humanos. Por lo tanto, se podría afirmar que al existir un enfrentamiento entre la sociedad civil -conformada por una ciudadanía apegada a las leyes y responsable por el desarrollo social y económico de su país- y grupos criminales con gran poder de fuego y fuerte influencia en altos estratos políticos y empresariales, existe de hecho un conflicto bélico declarado.
La sociedad guatemalteca está indefensa ante este empoderamiento radical del crimen organizado en sus más elevados círculos. De acuerdo con el Mapa de Conflictividad 2011 divulgado por el Procurador de los Derechos Humanos, solo en 2010 se produjeron 5,347 casos de muertes por violencia, de las cuales 4,582 fueron por arma de fuego. En esta cifra están incluidas 42 muertes por linchamiento; 143 pilotos de autobuses, 52 ayudantes, 69 pasajeros, un guardia de seguridad y 11 presuntos delincuentes. Pero también están las atroces cifras del femicidio: alrededor de 700 mujeres asesinadas durante el año, un promedio de dos diarias.
El estado de guerra no se refleja únicamente en muertes por violencia física. También está la violencia ejercida desde el Estado en la toma de decisiones que afectan gravemente a la población en sus derechos fundamentales, como el acceso a la salud, a la educación, a la tierra, a la alimentación, a los servicios básicos y a la vivienda. En este sentido, la violencia se manifiesta en la negación de la dignidad de los habitantes más pobres del país a quienes se les reduce a ser actores de campañas de proselitismo desde el propio Estado mediante acciones paternalistas de asistencia en lugar de ser beneficiados con programas de desarrollo de largo plazo.
En otro orden de cosas, el cuadro de situación de guerra también incluye la absoluta falta de control en la tenencia de armas de grueso calibre en manos de niños y adolescentes pertenecientes a maras, clicas y otras organizaciones criminales, combinado esto con la distribución y el tránsito de drogas en todo el territorio nacional. Estos grupos, vinculados con otros de mayor envergadura y con nexos internacionales, conforman un retrato de la violencia y la anarquía nunca antes visto en Guatemala.
En un Estado en guerra, una de las características es la pérdida de control territorial. Esta situación ya se vive en varios departamentos del país, en donde grupos armados dominan y ejercen un poder casi ilimitado. La guerra interna, señores, no ha terminado.
Invierno y verano
Hay que poner atención al anuncio de que este año habrá un invierno riguroso.
Guatemala es el único país en el mundo que pasa del verano al invierno en cosa de días o, como sucede este año, los vive en forma simultánea. Mientras la gente disfruta sus breves vacaciones de verano en las playas o en cualquier sitio donde haya mucho para comer, beber y suficiente agua para nadar bajo el sofocante sol de la época, las autoridades del Insivumeh anuncian que el invierno ya se instaló formalmente en la bocacosta y en el suroccidente del país.
Estas aparentes incongruencias se deben a la inveterada costumbre chapina de llamar invierno a la época de lluvias, la cual se desarrolla en pleno verano. El invierno formal, aquel definido por la posición geográfica de Guatemala, es generalmente seco y se caracteriza por ser la época más fría del año.
Este año, de acuerdo con los pronósticos de los expertos, la época pluvial viene cargada de malos augurios. Si creemos en las predicciones, el exceso de agua podría provocar inundaciones en varios departamentos de la Costa Sur, la mayoría de ellas causadas por el arrastre de sedimentos en ríos y el asolvamiento de sus cuencas, a lo cual se suman los resabios de la destrucción ocasionada por la tormenta Ágatha.
Este año, como todos, se anuncian desastres que casi siempre ocurren. Pero esta vez la falta de fondos en el presupuesto de la Nación, la ausencia de medidas de prevención y la poca inversión estatal en infraestructura, más el desinterés de las autoridades por resolver problemas nacionales, vuelve el panorama negro.
¿Quién le pondrá atención a los miles de niños desnutridos cuando vengan los primeros guacalazos violentos a ocupar las primeras planas? Triste, pero así es la cosa. Las noticias compiten y el tema de la crisis nutricional que acaparó la atención general hace una semana pasará a la historia, una vez más, hasta que venga una nueva ola de infantes muertos en las zonas más vulnerables de Guatemala.
Entonces el foco de atención se dirigirá hacia una situación que, por conocida, no es menos impactante: los efectos devastadores de un clima inestable sobre un país que carece de los recursos mínimos para defender a la población de sus rigores. Las entidades encargadas de atender emergencias no están preparadas –ni en recursos ni en infraestructura- para eventos de gran magnitud y si ya existe hoy una crisis nutricional severa, se puede colegir cuánto se acentuará con los efectos de los primeros desastres provocados por las lluvias.
Las autoridades de gobierno tienen la obligación de proteger la salud de la población y garantizar que los recursos se administren de manera eficiente, evitando el despilfarro en publicitar los magros logros de su gestión, tema que a nadie le interesa.
Guatemala es el único país en el mundo que pasa del verano al invierno en cosa de días o, como sucede este año, los vive en forma simultánea. Mientras la gente disfruta sus breves vacaciones de verano en las playas o en cualquier sitio donde haya mucho para comer, beber y suficiente agua para nadar bajo el sofocante sol de la época, las autoridades del Insivumeh anuncian que el invierno ya se instaló formalmente en la bocacosta y en el suroccidente del país.
Estas aparentes incongruencias se deben a la inveterada costumbre chapina de llamar invierno a la época de lluvias, la cual se desarrolla en pleno verano. El invierno formal, aquel definido por la posición geográfica de Guatemala, es generalmente seco y se caracteriza por ser la época más fría del año.
Este año, de acuerdo con los pronósticos de los expertos, la época pluvial viene cargada de malos augurios. Si creemos en las predicciones, el exceso de agua podría provocar inundaciones en varios departamentos de la Costa Sur, la mayoría de ellas causadas por el arrastre de sedimentos en ríos y el asolvamiento de sus cuencas, a lo cual se suman los resabios de la destrucción ocasionada por la tormenta Ágatha.
Este año, como todos, se anuncian desastres que casi siempre ocurren. Pero esta vez la falta de fondos en el presupuesto de la Nación, la ausencia de medidas de prevención y la poca inversión estatal en infraestructura, más el desinterés de las autoridades por resolver problemas nacionales, vuelve el panorama negro.
¿Quién le pondrá atención a los miles de niños desnutridos cuando vengan los primeros guacalazos violentos a ocupar las primeras planas? Triste, pero así es la cosa. Las noticias compiten y el tema de la crisis nutricional que acaparó la atención general hace una semana pasará a la historia, una vez más, hasta que venga una nueva ola de infantes muertos en las zonas más vulnerables de Guatemala.
Entonces el foco de atención se dirigirá hacia una situación que, por conocida, no es menos impactante: los efectos devastadores de un clima inestable sobre un país que carece de los recursos mínimos para defender a la población de sus rigores. Las entidades encargadas de atender emergencias no están preparadas –ni en recursos ni en infraestructura- para eventos de gran magnitud y si ya existe hoy una crisis nutricional severa, se puede colegir cuánto se acentuará con los efectos de los primeros desastres provocados por las lluvias.
Las autoridades de gobierno tienen la obligación de proteger la salud de la población y garantizar que los recursos se administren de manera eficiente, evitando el despilfarro en publicitar los magros logros de su gestión, tema que a nadie le interesa.
El Día de la Tierra
Agostado, reseco y explotado hasta el exterminio, nuestro planeta agoniza.
Somos demasiado pequeños e insignificantes como para aprehender en toda su dimensión el drama de la Tierra. Como sujetos dependientes de los recursos naturales cuya mirada apenas abarca su mínimo entorno, creemos en su infinitud y en la imponderable generosidad de la naturaleza para reconstruirse una y otra vez a pesar de nuestra estúpida forma de vida, consumista e irresponsable.
Comprendo muy bien la decepción de ciudadanos visionarios quienes –como Magalí Rey Rosa, Rita Roesch y otros- han venido cantando verdades y dibujando paisajes yertos desde hace varias décadas sin obtener respuesta alguna a sus advertencias. La gerstión empresarial verde es una moda reciente. Y, como toda moda, es superficial.
Una auténtica gestión verde debería comenzar por el diagnóstico profundo de su impacto sobre los recursos naturales y el entorno, con la sincera intención de cambiar sus sistemas de producción de acuerdo a recomendaciones de seguridad ambiental. Pero eso es caro y complicado, por lo cual los buenos propósitos derivan en campañas de relaciones públicas y proyectos de poca monta.
Recibí hace poco el mensaje de un ciudadano indignado por la tala de árboles en la pinada de Martínez –entre San Juan Sacatepéquez y San Raymundo-, también en la aldea Sajcavillá por el camino de terracería que conduce hacia aldea Concepción Ciprés, San Raymundo y finalmente a lo largo de la aldea Montúfar, en el municipio de San Juan Sacatepéquez desde el cruce de Pachalí hacia Pachalum. De acuerdo con este ciudadano, la depredación de estos bosques se efectúa a plena luz y sin acción alguna por parte de las autoridades.
De este modo es como un país con vocación forestal se ha ido transformando en un territorio erosionado, cuyos cerros se deslizan hacia los poblados apenas aparece la primera lluvia de la temporada invernal. Un paraíso de fuentes de agua clara que tiene sus ríos y lagos gravemente contaminados por desechos tóxicos, productos químicos y corrientes de aguas negras. En resumen, un buen botín para la explotación irracional e impune de aquellas riquezas que podrían llevar a Guatemala hacia una etapa de desarrollo sostenible.
Ciertos sectores de pensamiento conservador y cortoplacista han tildado a los expertos ecologistas de histéricos y pretenden descalificar sus propuestas desde la perspectiva del beneficio inmediato, garantizando así los privilegios de explotación a grandes compañias que nada dejan a cambio, como las operadoras de extracción de minerales e hidrocarburos y las productoras de energía. Su argumento, el desarrollo económico y la creación de fuentes de empleo. Sin embargo los resultados están a la vista: el país vive el peor de los retrocesos y su pueblo está cada día más pobre y desnutrido.
Somos demasiado pequeños e insignificantes como para aprehender en toda su dimensión el drama de la Tierra. Como sujetos dependientes de los recursos naturales cuya mirada apenas abarca su mínimo entorno, creemos en su infinitud y en la imponderable generosidad de la naturaleza para reconstruirse una y otra vez a pesar de nuestra estúpida forma de vida, consumista e irresponsable.
Comprendo muy bien la decepción de ciudadanos visionarios quienes –como Magalí Rey Rosa, Rita Roesch y otros- han venido cantando verdades y dibujando paisajes yertos desde hace varias décadas sin obtener respuesta alguna a sus advertencias. La gerstión empresarial verde es una moda reciente. Y, como toda moda, es superficial.
Una auténtica gestión verde debería comenzar por el diagnóstico profundo de su impacto sobre los recursos naturales y el entorno, con la sincera intención de cambiar sus sistemas de producción de acuerdo a recomendaciones de seguridad ambiental. Pero eso es caro y complicado, por lo cual los buenos propósitos derivan en campañas de relaciones públicas y proyectos de poca monta.
Recibí hace poco el mensaje de un ciudadano indignado por la tala de árboles en la pinada de Martínez –entre San Juan Sacatepéquez y San Raymundo-, también en la aldea Sajcavillá por el camino de terracería que conduce hacia aldea Concepción Ciprés, San Raymundo y finalmente a lo largo de la aldea Montúfar, en el municipio de San Juan Sacatepéquez desde el cruce de Pachalí hacia Pachalum. De acuerdo con este ciudadano, la depredación de estos bosques se efectúa a plena luz y sin acción alguna por parte de las autoridades.
De este modo es como un país con vocación forestal se ha ido transformando en un territorio erosionado, cuyos cerros se deslizan hacia los poblados apenas aparece la primera lluvia de la temporada invernal. Un paraíso de fuentes de agua clara que tiene sus ríos y lagos gravemente contaminados por desechos tóxicos, productos químicos y corrientes de aguas negras. En resumen, un buen botín para la explotación irracional e impune de aquellas riquezas que podrían llevar a Guatemala hacia una etapa de desarrollo sostenible.
Ciertos sectores de pensamiento conservador y cortoplacista han tildado a los expertos ecologistas de histéricos y pretenden descalificar sus propuestas desde la perspectiva del beneficio inmediato, garantizando así los privilegios de explotación a grandes compañias que nada dejan a cambio, como las operadoras de extracción de minerales e hidrocarburos y las productoras de energía. Su argumento, el desarrollo económico y la creación de fuentes de empleo. Sin embargo los resultados están a la vista: el país vive el peor de los retrocesos y su pueblo está cada día más pobre y desnutrido.
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