Existe en la
sociedad un estado de represión aprendido a la fuerza.
Por ello no debería sorprender la pasividad de una sociedad acostumbrada a “no meterse en problemas”. Esta actitud resulta evidente incluso cuando las personas presencian un acto delictivo o un crimen de mayor impacto. El silencio parece ser la consigna y entonces, cuando se produce un brote de protesta popular, éste se convierte en un acto violatorio de un protocolo tácitamente establecido.
Es así como los actos de intimidación resultan tan efectivos, porque empoderan todavía más a quienes los ejecutan. Y resulta paradójico que el amor por la propia vida constituya al mismo tiempo el más peligroso mecanismo de amenaza. Callar ante la violencia y el abuso representa un retroceso, una cesión de territorio y la entrega forzosa de la libertad. El silencio oprime a las víctimas hasta el extremo de afectar su equilibrio emocional y, por ende, todo su entorno.
El hecho de que las denuncias por violencia intrafamiliar, violación y otros abusos sexuales hayan aumentado de manera radical en los últimos meses, es un fenómeno inusual en una sociedad callada ante la agresión y acostumbrada a temer a las represalias. Eso puede significar tres cosas: 1. El temor ha disminuido por la gran cobertura mediática que han recibido esos hechos; 2. Esos crímenes son cada vez más frecuentes y por tanto más visibles, o 3. Existe mayor confianza en el sistema de justicia.
Pero otros delitos tales como el tráfico de influencias, la corrupción y el abuso de poder se repiten a diario y al no atentar contra un individuo específico sino contra toda la ciudadanía en su conjunto, no parecen ser objeto de protesta pública ni persecución efectiva de ningún sector de la población que se considere afectado por ellos. Estos casos pasan por los titulares de prensa, son objeto de investigación y denuncia mediática para terminar en páginas interiores sin haber levantado movilización ciudadana de ninguna especie, más que comentarios más o menos airados a través de las redes sociales.
La capacidad de indignación, como bien mencionaba Mariela Castañón en su reportaje publicado hace unos días en La Hora, parece responder a un acelerado proceso de deshumanización derivado de la violencia y la frustración. Eso puede ser normal en un país institucionalmente débil como Guatemala, pero es precisamente ahí en donde reside la peor de las amenazas para su estado de Derecho y para la salud psicológica de la población. La paranoia y el delirio de persecución son hoy conductas aprendidas a fuerza de impunidad.
Lo que se debe tener muy en cuenta es que la frustración de la ciudadanía no se evapora en el aire. Al estar reprimida y sin vías de escape, se acumula para convertirse en el germen de conflictos mucho más severos que una jornada de protesta o un bloqueo de caminos. Por eso y por la salud de la democracia, es preciso expresarla.
Publicado en Prensa Libre el 27/10/2012
