El costo del abandono

Las necesidades básicas satisfechas también construyen ciudadanía.

Es imposible no pensar en una intención oculta tras las decisiones de privar a la población de los recursos básicos para subsistir y desarrollarse. Es difícil creer en la buena intención de los políticos y en su discurso conciliador, cuando las personas acuden a los hospitales y centros de salud para encontar entidades desprovistas de recursos, incapaces de atenderlos en un nivel sanitario básico y muchas veces en condiciones de ruina física por ausencia de mantenimiento.

Esta falta de atención, de interés o de sentido humanitario coincide muchas veces con estrategias económicas orientadas hacia el mantenimiento de una sociedad subordinada y carente de poder, incapaz de exigir el respeto de sus derechos. Esto también juega en contra de las oportunidades de crecimiento económico y estabilidad laboral de grandes sectores de la población, con lo cual se establece una distancia mucho mayor entre patronos y trabajadores, con el detrimento de la capacidad de negociación de estos últimos.

Algo similar sucede con la niñez y la juventud privadas de la atención alimentaria suficiente durante su período de crecimiento y formación, condenadas por el Estado a un futuro mediocre y sin perspectivas. Niñas y niños ávidos de recibir educación en establecimientos adecuados y accesibles, en un sistema funcional que les garantice un trato digno y les permita disfrutar de una niñez protegida solo encuentran cabida en aulas ruinosas, sin servicios sanitarios y sin un techo seguro.

Es un hecho que la mayoría de guatemaltecos experimenta grandes privaciones. Pero éstas nada tienen que ver con el recurso económico, argumento explotado hasta el cansancio por quienes toman las decisiones importantes en el país. Dinero hay y mucho, pero no invertido de la manera correcta ni controlado con la eficacia con la cual debería regularse todo movimiento financiero derivado de las complejas funciones del Estado.

Se ha dicho hasta el cansancio que Guatemala es un país rico lleno de gente pobre. Y esa idea se confirma cada vez que se descubre algún acto de corrupción en alcaldías, ministerios, secretarías y en cualquier dependencia, sea ésta grande e importante o pequeña y sin demasiada relevancia. La sobrevaloración de insumos, las ventajas estampadas en los contratos y la discrecionalidad en los gastos –los cuales llevan incluída una jugosa comisión- representan de manera automática menos inversión en redes de agua potable, servicios de salud, escuelas, mantenimiento de caminos, construcción de puentes, drenajes y cuanto servicio se requiere como base fundamental para el desarrollo de un país.

El discurso oficial ha estado siempre lleno de afirmaciones aventuradas. Al escucharlo, parece referirse a otro país, el país supuesto en donde las cosas funcionan correctamente, en donde las curules no se transan por millones –los mismos que faltan en inversión social- en donde no existe el enriquecimiento ilícito. El problema parece residir en el debilitamiento de las estructuras del Estado, estrategia bien diseñada por los grupos de poder más influyentes y los menos interesados en el verdadero desarrollo del país: el de su gente.
(Publicado el 02/02/2013)