sábado, 12 de diciembre de 2009

¿Cómo tapar el sol?

Ocultar información a la ciudadanía es la mejor forma de potenciar la hegemonía de quienes intentan destruir al país.

El conocimiento es poder. Por eso la ciudadanía necesita saber todo respecto a la administración de los recursos que le proporciona al Estado a través de sus impuestos. Eso se llama ejercer ciudadanía y es una de las herramientas más potentes para neutralizar a los grupos ilegales que intentan detener la acción de la justicia, corromper a las instituciones y entorpecer los esfuerzos de la sociedad por recuperar la confianza en sus autoridades.

La negativa del ministro de Gobernación a proporcionar información sobre la distribución de las fuerzas policíacas en el territorio nacional bajo la excusa de que eso dará armas al crimen organizado para atacar con mayor eficacia, resulta el colmo de la ingenuidad. El ministro ya debería saber que las fuerzas policíacas –y muy probablemente otros funcionarios de esa cartera- están íntimamente conectados con las redes criminales, a quienes surten generosamente de toda clase de información privilegiada.

A la prensa le bastaría con recorrer las delegaciones en el territorio nacional para constatar de primera mano cuán pobre es el sistema de seguridad, y cuán vulnerable es la población en la capital y en el interior del país. Además, la ciudadanía sabe muy bien, por dolorosas experiencias propias, cómo actúa la mayoría de estos agentes y cuán poco protegen a la población civil, unos por corruptos y otros por no tener la capacitación adecuada ni el equipo necesario para hacer frente a la delincuencia.

Las organizaciones criminales no necesitan leer la prensa para enterarse de la pobreza de recursos del cuerpo policial. Si ya operan a sus anchas en todo el territorio nacional y ni siquiera el ejército mejor entrenado de Centroamérica les hace cosquillas, cómo pretende el ministro que le teman a un puñado de agentes montados en vehículos destartalados y cuyas armas parecen de juguete comparadas con las de última tecnología compradas con dinero de la droga.

Mejor dé la información y pida a la población que se le una en el esfuerzo por denunciar a quienes deberían vivir enjaulados. Es una estrategia más inteligente y mucho más efectiva que encerrarse tras una negativa irracional y además dudosamente legal, dado que ya existe una normativa que obliga a las entidades del Estado a entregar esa clase de información.

La maniobra de buscar el amparo de la secretividad cada vez que resulta incómodo abrir los registros oficiales, debe combatirse de manera frontal por medio de leyes bien elaboradas, desde el Congreso de la República. Es hora de que los diputados hagan algo por su patria.

La salida fácil

Para el gobierno resulta más fácil crear impuestos nuevos que recaudar los que ya existen. Es la salida fácil a un problema difícil. 

Hay quienes le echan la culpa al comercio informal, pero la realidad del déficit presupuestario es mucho más de fondo. Tiene que ver con negociaciones ocultas para beneficiar a empresas o sectores productivos específicos, tiene que ver con ciertos acuerdos para dejar pasar el contrabando sin control por las fronteras y, por supuesto, tiene que ver con la ineficiencia de las entidades responsables de realizar la recaudación tributaria de manera justa y oportuna.

Cuando el presupuesto de la Nación no alcanza, cuando la oposición se niega a conceder su voto para aprobar una reforma tributaria que de todos modos es necesaria, la respuesta automática del gobierno es inventar un impuesto capaz de cubrir el universo en su totalidad –como el recientemente propuesto sobre las telecomunicaciones, dado que en Guatemala hay prácticamente un teléfono celular por habitante- para recaudar la mayor cantidad posible de fondos con un impacto indiscriminado en la economía de los guatemaltecos.

Eso no sólo es injusto con la población de niveles medio y bajo, sino además poco inteligente desde el punto de vista político, porque acusa a las empresas de evasión pero mantiene una actitud pasiva y permisiva hacia los miles de revendedores de tarjetas que jamás pagan el IVA por sus ventas y ni siquiera están registrados como comerciantes en la SAT. Para comprobarlo, basta pedirle factura a quien ofrece las tarjetas en los semáforos o en las tiendas de barrio.

En síntesis, para alimentar la campaña electoral que están haciendo ya algunos funcionarios y ciudadanos afines al partido oficial por medio del incesante cacareo de cada huevo que ponen, los contribuyentes deben apretarse el cinturón y pagar más por los servicios básicos. Encima de eso, el gobierno se da el lujo de transferir fondos de unos programas de beneficio social a otros de mayor conveniencia proselitista, sin que la población pueda hacer nada para defenderse de esa manipulación.

Una vez más, el Estado se transforma en la finca de la cual se saca el mayor provecho posible durante los cuatro años que dura el período presidencial. En ella todos quienes carecen de poder político o económico, son los peones que deben producir para que el patrón y sus allegados se harten de riqueza y privilegios bajo la mirada protectora de la comunidad internacional, que llama a esto democracia.

Es probable que el Estado requiera de mucho dinero para ejecutar sus planes de desarrollo social y crear las condiciones para que el país salga adelante. Pero antes, debe demostrar capacidad, ética y transparencia, valores que hasta la fecha han estado completamente fuera del cuadro.

Quemando al diablo

La ceremonia simbólica de la quema del diablo adquiriría un sentido diferente, si en lugar de contaminar proponemos cambios. 

En estos días la gente ama el crepitar de las llamas, el estruendo de los cohetes y los fuegos artificiales surcando el cielo azul de Guatemala, aunque al día siguiente –cual tras una soberana borrachera- deba pagar el alto precio de sus excesos. La quema del diablo es una de las tradiciones más arraigadas en el país, quizás por lo barato que resulta sacar la basura a la calle y prenderle fuego.

Pero las tradiciones cambian y deben hacerlo para adaptarse a las variables condiciones del entorno. En la actualidad, quemar basura en las calles ya no es más el símbolo de la depuración del hogar, la catarsis anual que alivia la conciencia o esa especie de convivio masivo al cual todos estamos invitados; no, hoy se ha transformado en una actividad algo deleznable y poco amigable con la naturaleza, pero también con el ornato de las calles.

Lo que debemos hacer es modificarla. Quemar al diablo debe significar desde hoy luchar contra los espasmos de conformismo que nos sacuden con cada nuevo escándalo. Exigir que los malos paguen por sus crímenes. Intentar, aunque nos resulte doloroso o arriesgado, alzar la voz contra los abusos de nuestros gobernantes. Demandar justicia. Pero, sobre todo, no descansar hasta obtenerla.

El diablo anda rondando por las calles, los hogares y las instituciones. No es ese diablo icónico descrito en las doctrinas religiosas, sino uno muy parecido a nosotros mismos, uno con una capacidad asombrosa para colarse como virtud entre los defectos. Es el diablo que domina a los hombres para maltratar a las mujeres y el que bajo el ropaje de la moral justifica los excesos, los crímenes y la discriminación.

Es el diablo maldito que pretende convertir en ley la injusticia y la inequidad, transformar en cosa del destino la pobreza y el hambre, manipular a su favor la corrupción y la estulticia. Ese es el diablo que nos domina.

Contra este diablo es preciso cuidarse de las malas interpretaciones. Porque su presencia no está en el sexo ni en el placer, sino en la represión y la esclavitud. No está en la libertad individual sin discriminación por género, sino en la doctrina del sometimiento y la tolerancia a la violencia. El diablo no se expresa por medio de ideas, sino a través de los estereotipos de las sociedades disfuncionales y es a él al que debemos vencer.

Su ropaje es el conformismo y su enemigo mortal, la lucidez. Si hoy quemamos a este diablo de manera simbólica, pero consecuente, habremos dado un importante paso hacia la libertad de pensamiento y de palabra, hacia la resistencia contra el abuso y la corrupción, directamente contra el corazón mismo de los males de esta sociedad cautiva de la injusticia. Para ello basta con proponérselo, pero de corazón.

Lo que no sabes... ni quieres saber

El manejo de la noticia no siempre ayuda a comprender el fondo de las cosas. A veces sólo refuerza estereotipos. 

Nuestros códigos de lenguaje reflejan un profundo racismo y un innegable desprecio por la equidad de género. En el fondo, el ciudadano urbano y ladino continúa culpando de todas sus desgracias a la diversidad étnica y se niega a aceptar su responsabilidad en el estado de cosas, léase: discriminación, pobreza, corrupción e injusticia.

No quiere saber más sobre el femicidio, como si esta patología de la sociedad guatemalteca que produce más de 700 muertes violentas de niñas y mujeres cada año fuera un aspecto natural de las cosas, una manifestación de la inseguridad, tal como los asaltos, los robos de vehículos o los secuestros.

Después de publicar un artículo sobre las niñas violadas por los reclusos del sector 11 del Preventivo, pude comprobar lo cierto que es el rechazo a ver la realidad, pero sobre todo a asumir el compromiso de luchar por cambiar las cosas. Hubo quienes pasaron de largo para no experimentar el choque de la crudeza del tema y también quienes reclamaron por haber abordado un asunto tan negativo, el cual pone en tela de juicio no sólo a las autoridades sino también a la sociedad en su conjunto. Es decir, hay que esconder la basura bajo la alfombra.

Al insistir en ese tema, precisamente por su enorme trascendencia y su cualidad de reflejar uno de los problemas más profundos de esta comunidad humana, resulta imperioso referirse al papel de las instituciones y los vicios de comportamiento de sus representantes. En este caso particular, es imperioso exigir explicaciones al ministro de Gobernación y al director de Presidios, sobre la manera despectiva, ilegal y profundamente machista como administran el sistema penitenciario.

Esto no solo se refleja en la indiferencia con la cual han tratado los crímenes cometidos contra mujeres y niñas en sus instalaciones, sino además en las normas discriminatorias impuestas contra las féminas, a quienes se les exige -de manera absolutamente ilegal- vestir falda para ingresar a los centros carcelarios a visitar a sus familiares. Esto es sólo un ejemplo de lo que está ahí, en nuestras narices, en flagrante violación a la Constitución y las leyes, algo que nos negamos tercamente a enfrentar.

El trato abusivo que se da a las reclusas, un interesante tema a investigar, es otro de los ángulos de este diamante lleno de imperfecciones que es el sistema de seguridad y justicia. Sin embargo, también pasa inadvertido por falta de interés, porque según los ciudadanos honrados “ellas se lo buscaron”, pero sobre todo porque estamos muy ocupados desenredando nuestro pequeño universo personal como para hacernos cargo de asuntos tan áridos como el estado de Derecho o la búsqueda de un mejor futuro para Guatemala.

Es tarde para desmayos

En el momento de su captura, el ex presidente del Congreso mostró cuán pobre es el material del que está hecho. 

Con miedo en la mirada, temblor en las manos y un evidente sudor frío apareció ante las cámaras el ex presidente del Congreso de la República al ser capturado por las fuerzas policiales y funcionarios del Ministerio Público, el jueves de la semana pasada. Acusado por su participación en el manejo irregular de 16.2 millones de quetzales pertenecientes al presupuesto del legislativo, Rubén Darío Morales mostró su cobardía al tratar de escabullirse hacia el interior del Congreso para no enfrentar a la justicia.

Sin embargo, no todo le salió tan mal, porque una vez más un juez decidió premiarlo con la reclusión en un hospital privado en lugar de enviarlo al sitio donde merece estar: la cárcel. Lo que muchos ciudadanos se preguntan es si los jueces serían tan benevolentes con otros delincuentes o tienen especial deferencia con algunos en particular por pertenecer a la clase política.

El sistema de justicia -y esto lleva dedicatoria especial para los nuevos integrantes de las Cortes- tienen la oportunidad dorada de probar que fueron bien elegidos, que merecen ejercer esas magistraturas y honrarán el juramento de defender la Constitución y las leyes no importando cuáles sean las circunstancias o, como en este caso, no importando quiénes sean los acusados.

Guatemala necesita una reparación que marque claramente el camino de regreso al respeto de los valores cívicos y los derechos humanos. Algunos de los señalamientos contra Morales indican que él y sus familiares cercanos recibieron un millón de quetzales como comisión por oscuras transacciones con dineros del erario nacional. Su sucesor en la silla presidencial del organismo legislativo, Eduardo Meyer, también acusado por el saqueo de 82.8 millones de quetzales, al enterarse de su captura se desmayó en pleno hemiciclo de la pura impresión, previendo un destino parecido.

Lo menos que se puede esperar de los nuevos magistrados de las Cortes Suprema y de Apelaciones es que cumplan con su obligación y acaben con el régimen de impunidad institucionalizado por sus predecesores. El pueblo de Guatemala merece autoridades honestas, responsables y capaces de hacer una gestión pública eficaz y transparente.

El ejemplo que han dado estos dos ex presidentes del Congreso de la República a la sociedad, es que las autoridades electas no sólo gozan de inmunidad por sus acciones, sino además se colocan a sí mismos por encima de la ley, pretendiendo ser intocables.

Ahora es la oportunidad de demostrarles que por encima de la ley, no hay nadie. Y que sus pretensiones de impunidad serán borradas del historial jurídico del país por una acción firme, clara, decidida y bien fundamentada del sistema de justicia, como escarmiento para toda la clase política.

La espuma de la ola

En Guatemala, los escándalos se quedan en promesas de investigar, encontrar culpables, iniciar procesos. Y de ahí no pasan.

Los sistemas de control en la administración pública sufren con cada cambio de presidente, de ministro o de jefe de servicio. Los archivos no existen y cuando se encuentra alguno, está desactualizado e incompleto. Esto representa un retroceso para la labor administrativa del Estado y, por supuesto, para el avance de las políticas públicas.

Un ejemplo: el actual ministro de Gobernación se enteró por la prensa de los casos de niñas y adolescentes violadas por reclusos del Preventivo. Así nada más. Es decir, no existen reportes desde los centros carcelarios ni hay evidencia alguna de las irregularidades y crímenes que allí se cometen. Por su parte, el jefe del sistema penitenciario afirma que, al no haber denuncias de las afectadas, nada se puede hacer.

Estos casos de niñas y adolescentes violadas en las instalaciones del Preventivo debe constituir un parteaguas para la administración de justicia en Guatemala. Los crímenes cometidos contra estas víctimas están claramente tipificados en la Ley contra el Femicidio y las investigaciones deben iniciarse de inmediato, involucrando no sólo a los hechores sino también a sus cómplices, quienes se encuentran obviamente entre guardias y autoridades de presidios.

En cualquier país medianamente civilizado este escándalo hubiera costado al ministro su puesto, pero también se hubiera movilizado la sociedad para exigir justicia y reparación. En Guatemala es probable que el Presidente ni siquiera tenga el tema en su agenda, por considerarlo un “problema menor” a resolver por instancias más bajas.

El caso, sin embargo, es mucho más complejo y no afecta solamente al centro carcelario mencionado, sino también al resto del sistema penitenciario. ¿Cómo consta a las autoridades que lo mismo no esté sucediendo en el Petén, en Escuintla o en Quetzaltenango? ¿Cuántos casos de violaciones, torturas y extorsiones se producen a diario desde las cárceles por negligencia de las autoridades y por complicidad de los mismos guardias de las prisiones?

No basta que el ministro acepte la realidad de lo sucedido. Debe asumir total responsabilidad en esta clase de hechos, los cuales revelan el poder de las maras, un inconcebible nivel de impunidad en todo el sistema y, sobre todo, una grave actitud de indiferencia y pasividad de la sociedad, escondida tras el silencio y refugiada en su cada vez más vulnerable zona de confort.

Como reza un dicho popular, esperemos que estos casos paradigmáticos de violencia contra las mujeres no se queden en la espuma de la ola, y que de su seguimiento se genere un tsunami capaz de limpiar de lacras a las instituciones involucradas.

domingo, 22 de noviembre de 2009

La cadena irrompible

La trama más apretada del tejido social lo constituye la mujer y su descendencia. Si se rompe, toda la sociedad lo sufre. 

Ya basta de eufemismos, de discursos idealistas y mentiras institucionales. La mujer y la niñez guatemaltecas han sido abandonadas por el Estado, por la sociedad y muy especialmente por las instituciones religiosas. Marginadas y expuestas al abuso sistemático, estas dos maravillosas expresiones de la naturaleza humana continúan soportando toda clase de humillaciones.

El 25 se conmemora el Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres en un contexto de pobreza extrema, desnutrición, femicidio incontenible, desprecio por su género, su etnia, su femineidad, su existencia misma como fuente de vida. A su vera, toda esta lacra es padecida por sus hijas e hijos en una cadena de violencia heredada a través de los patrones culturales, pero también reforzada por el mensaje mediático y las doctrinas religiosas.

La sociedad guatemalteca jamás curará sus heridas mientras persista la discriminación, el odio y la marginación a las cuales se somete a una inmensa mayoría de la población –a la mitad compuesta por mujeres, hay que agregar el enorme contingente de niños y adolescentes- y en tanto no se establezca, por ley, un trato igualitario en todas sus instancias.

A esta simbólica celebración del miércoles 25 se encuentran íntimamente ligados los derechos de la niñez y la juventud. El atavismo de la violencia de género impacta de manera directa a este segmento del cual van a emerger los adultos de mañana, condicionados desde la cuna para agredir, los unos, y soportar, las otras. La absoluta falta de conciencia de los líderes sociales y políticos, incapaces de concebir siquiera una actitud de respeto por sus hijos, mucho menos por las mujeres, tiene consecuencias devastadoras en los procesos de desarrollo culturales, educativos y, por consecuencia lógica, los procesos económicos del país.

Guatemala necesita con urgencia una reingeniería sociológica –si es que tal cosa existe- para reparar sus graves patologías. La celebración de fechas emblemáticas no sirve de nada si después de los actos simbólicos se regresa a las prácticas abusivas de costumbre, a la negación de los derechos de las minorías, a las negociaciones para impedir el acceso de las mujeres al poder político.

El tejido social se rompe y se rasga con cada bofetada, cada machetazo, cada violación a que son sometidas miles de mujeres a diario y, por ende, al golpe que eso representa para su descendencia indefensa y vulnerable. La voluntad de cambio debe venir estrechamente ligada al respeto por la integridad física y psicológica de cualquier otro ser humano, sin importar su género, etnia o edad. Por ahí debemos comenzar.

Sí se puede

Ejercer la ciudadanía es buscar y encontrar los mecanismos legales adecuados para intervenir en los asuntos públicos.

Cualquier ciudadano puede dirigir peticiones, reclamos y exigencias a sus representantes en el Congreso de la República o en los gobiernos municipales. Diputados, alcaldes y gobernadores constituyen la vía legal para involucrarse en asuntos de interés público y, por ineptos o venales que éstos sean, están en la obligación de escuchar a sus electores y responder a sus demandas.

La sociedad no debe esperar a que sean otras instancias –como la prensa o las organizaciones de la sociedad civil- las únicas responsables de realizar esta tarea de fiscalización de la gestión pública. Los intereses comunes obligan a cada uno de sus integrantes a asumir su papel como ciudadano activo, aún cuando este deber represente un riesgo, un esfuerzo adicional y un compromiso incómodo.

Hoy Guatemala está en una encrucijada y de la acción ciudadana depende evitar que tome un rumbo equivocado. Sus recursos naturales están siendo vendidos al mejor postor por medio de negociaciones ocultas, por lo tanto presentan altas probabilidades de estar contaminadas por intereses particulares. Ejemplo de ello son, entre otros, la construcción de la Franja Transversal del Norte, los contratos municipales para el servicio de transporte colectivo, las explotaciones mineras y la supuesta falta de recursos para reparar los daños provocados en el patrimonio natural y turístico por la negligencia de las autoridades.

Al ejercer plenamente la ciudadanía, la población puede medir el impacto de sus acciones en la respuesta de sus gobernantes. Esto no es novedad, ha sucedido en todos los países democráticos y no democráticos. Cuando la presión popular se hace sentir y la protesta ciudadana está sustentada en argumentos de peso, las autoridades retroceden en decisiones arbitrarias, incorrectas o abiertamente lesivas para la Nación.

En la actualidad son muchos los temas en discusión, pero no se puede abandonar el objetivo principal, el cual es rescatar el proceso democrático por medio del control y la fiscalización de todos y cada uno de los funcionarios en el poder, dado que aún cuando actúen como los dueños del país, no son más que los empleados de lujo de un pueblo injustamente empobrecido.

El caso de la reserva natural de Lachuá es apenas un hilo en toda esta trama de depredación y negocios sucios. No es posible permitir que se destruya uno de los tesoros más importantes del patrimonio natural, al igual como sucede con el lago de Atitlán. Algo muy turbio se cocina en Guatemala, y sólo el ejercicio decidido y responsable del poder ciudadano puede poner fin al abuso.

sábado, 14 de noviembre de 2009

El engaño total

Si los políticos no comienzan a reparar sus errores, serán los culpables de una de las mayores catástrofes sociales de todos los tiempos.

Las cosas van de mal en peor y no se percibe ni siquiera un atisbo de preocupación en los sectores políticos ni en los despachos oficiales. La impresión es que todo marcha como estaba planeado, lo cual no es tan descabellado como suena, porque ya se ha visto en administraciones anteriores que las peores decisiones, las más perjudiciales y las más descaradamente venales, han sido aquellas más sólidamente sostenidas, como las concesiones mineras o la venta de empresas del Estado.

El gobierno actual se debate en un mar de escándalos de corrupción. Sus acciones suscitan toda clase de sospechas y sus aliados –parientes, amigos y funcionarios nombrados desde las alturas- han resultado ser una partida de descarados oportunistas cuyas gracias van desde el manejo dudoso de fondos públicos, los cobros de comisiones por gestiones que nunca debieron darse, la manipulación política y financiera de las autoridades locales, hasta lo último y más grotesco de todo, el descubrimiento de que el ex jefe máximo del cuerpo policial dirige una banda de vulgares ladrones de droga, narcotraficantes y probablemente culpables de otros crímenes que deberán ser investigados muy a fondo por el Ministerio Público.

Esto sí es un campanazo para poner en alerta a la sociedad y despertar su instinto de conservación. Si el hecho de que las autoridades policiales hayan estado involucradas en toda clase de violaciones a la ley no es una novedad para nadie, sí debería llamarle la atención que desde un despacho ministerial, un cargo de la máxima confianza del jefe del Ejecutivo, se reinstalara en sus puestos a un grupo de individuos que ya habían sido depurados por corruptos y, encima de eso, se les confíe la dirección de la institución más importante del país en términos de seguridad ciudadana.

Ahora ya no se puede ni siquiera mencionar el discurso electoral. Toda esa verborrea fina y sentida de los discursos de campaña sobre el tema de seguridad no fue más que otra burla, un artero mecanismo para hacerse con el poder y tener la libertad de disponer de las herramientas de control que éste proporciona.

El problema para el mandatario será convencer a la población de que todo fue un error bienintencionado. Que colocar en la dirección de la policía a un criminal y a sus secuaces en puestos clave, fue una decisión inconsulta de su ministro. O se inventará alguna excusa por el estilo. Pero este resbalón ha sido demasiado grave y los deslices demasiado recurrentes como para merecer el perdón y el olvido. La sociedad tiene ahora la obligación de manifestar su repudio por el abuso de sus autoridades electas, por la inercia de sus representantes en el Congreso y por la catástrofe institucional que está ocasionando esta imperdonable cadena de errores.

Educación para casi todos

Más de un millón de niñas, niños y adolescentes en edad escolar carecen de acceso a la educación.

Las grandes desigualdades sociales, económicas y culturales características de Guatemala, se ven reflejadas de manera rotunda en los niveles de escolaridad de su población. Así, la discriminación por etnia y género típica de los modelos socio económicos prevalecientes durante casi medio siglo no sólo arroja unos índices vergonzantes de analfabetismo entre las mujeres indígenas del área rural –superiores al 65 por ciento-, sino también se palpa en la grave situación de desnutrición y falta de oportunidades de ese grupo poblacional.

Los planes de gobierno tendentes a reducir estos números negativos han sido mal planteados –sus plataformas de acción generalmente están vinculadas a la concentración de poder por los elevados presupuestos involucrados en ellos- y ninguno de ellos ha tenido el impacto esperado, dado que a estas alturas del siglo veintiuno Guatemala continúa descendiendo en la escala de calidad de vida de sus habitantes con unos indicadores de desarrollo que la colocan a la zaga del continente.

Esto ha sido el resultado de iniciativas de parche, demagógicas, improvisadas, diseñadas a pedido de los interesados (políticos y empresarios beneficiados con el negocio), pero ajenas por completo a un plan estructural que repare los vacíos programáticos de las políticas públicas. Como detalle adicional, los programas en áreas como la alfabetización, la reducción de las desigualdades de género y de la desnutrición crónica, tienen como sustento el interés de quedar bien con la comunidad internacional más que responder a una obligación de Estado tradicionalmente descuidada. Es decir, a las autoridades la gente le importa poco o nada y eso se refleja en los pobres resultados de sus acciones.

Como consecuencia de esta negligencia de muchos años, hoy Guatemala tiene una población joven paupérrima cuyo perfil físico presenta desnutrición crónica en un 50 por ciento y, muy probablemente, otras deficiencias derivadas de esta condición, entre ellas un retraso intelectual capaz de afectar su desarrollo futuro y sus oportunidades de crecimiento.

El daño ocasionado al país por la ignorancia, la corrupción y la indiferencia de las clases política y empresarial es casi imposible de calcular. En unos cuantos períodos presidenciales, incluido el actual, se ha derrochado una cuantiosa riqueza de recursos económicos, recursos naturales, potencial educativo de la población y el bienestar que todos estos factores podrían haber producido para el país en su conjunto. Lo vivido en estas últimas décadas ha sido un auténtico “desarrollo del subdesdarrollo” y los más afectados son como siempre las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Prohibido pensar, decidir y amar

Como en los oscuros tiempos de la hegemonía vaticana sobre los pueblos de América, hoy se pretende imponer la ley del silencio.

Nada bueno puede provenir de instituciones cuya premisa fundamental es mantener al pueblo en la más completa ignorancia. Esto sucede hoy con la puesta en vigencia de la Ley de Acceso a la Planificación Familiar, cuya implementación representa un enorme avance para un país cuyos indicadores de desarrollo social se encuentran entre los más bajos del mundo.

Resulta absolutamente irracional e irresponsable el rechazo de algunos grupos a poner al alcance de toda la población aquellas herramientas básicas para planificar sus embarazos, conocer el funcionamiento de su cuerpo, adquirir conciencia sobre sus derechos sexuales y reproductivos y, en fin, asumir la responsabilidad sobre su propio desarrollo como persona.

Los argumentos de la curia para repudiar y condenar la aplicación de esta ley son tan débiles, que ni sus propios feligreses los respetan al interior de sus hogares. Porque nadie podrá negar que una abrumadora parte de la población católica también usa métodos anticonceptivos con total libertad y sin resabio de culpa, y que, en algunos casos muy especiales, hasta tiene el privilegio de recibir una dispensa para realizar procedimientos públicamente condenados por la iglesia.

El intervencionismo eclesiástico en asuntos de Estado no es congruente con la historia de esa institución, cuyo lamentable papel ha consistido desde la Edad Media en mantener en la ignorancia de sus derechos a las clases menos favorecidas –mujeres, obreros y campesinos-, en un esfuerzo por dar a la alta burguesía un poder total sobre la fuerza de trabajo.

Si esto no es abusar de la credulidad y la fe, entonces ¿cómo puede calificarse esa manipulación desde los púlpitos que contribuyó al dominio de clase sobre las comunidades indígenas desde la época de la Conquista hasta nuestros días? Hoy las voces que se alzan contra la libertad individual, con el acento puesto en la represión de la mujer y la juventud, no reparan en el hecho de que esa libertad es un derecho humano inalienable, y que desde esa libertad que tanto condenan se pueden sentar las bases de una sociedad más democrática y progresista.

Nadie niega que la educación sexual debe comenzar en el hogar. Sin embargo, la supina ignorancia de la ciudadanía sobre los temas que hoy nos ocupan constituye el mayor de los impedimentos para establecer una comunicación eficaz entre padres e hijos, precisamente por la construcción antinatural de mitos y tabúes, temores y amenazas desde las elevadas esferas del imperio de la fe.

Complicidad oficial

¿Por qué en lugar de aumentar impuestos no recuperan lo robado? Eso bastaría para financiar el gasto público.

A Paredes prácticamente lo absolvieron. Sólo pagó 1 millón de fianza y conservó a buen resguardo todo el dinero defraudado al fisco por concepto de derechos aduanales, más lo que probablemente hizo en negocios con los gobiernos anteriores, en especial el de Portillo. Dicen las publicaciones de prensa que el Ministerio Público calcula su fortuna en unos 2 mil millones, pero veinte años de impunidad fueron borrados de un plumazo porque la ley no es suficientemente explícita para condenar esos delitos.

Ahora el gobierno pretende aumentar impuestos. Aún haciéndose pública la asignación de miles de millones de quetzales a empresas fantasma o compañías que sólo figuran en papel, no suficientemente legítimas como para operar con recursos del Estado, ahí van los cheques pagados con los tributos que al pueblo le están costando mucho más de lo obtenido por su esfuerzo.

El colmo es el silencio sobre los más evidentes y descarados casos de corrupción, como el del Crédito Hipotecario Nacional, la quiebra de los bancos privados, los fondos del Congreso de la República –cuyo responsable principal todavía ocupa una curul- y otros desfalcos a los cuales se les ha tendido un conveniente manto de silencio, porque los implicados probablemente llegan hasta las máximas alturas de la cúpula del poder.

Los decomisos de droga son otro tema singularmente manipulado. Se sabe que uno de los procedimientos para aceitar el paso de la droga en los países-corredor, como Guatemala, es el dinero contante y sonante que la acompaña. Cuando se habla de miles de toneladas, esos billetes constituyen sin duda un volumen significativo de la carga.

Sin embargo, en los decomisos de droga los dólares brillan por su ausencia. Es pertinente preguntarse ¿quién se queda con ellos? ¿entre cuántos se los reparten? Y, obviamente, ¿qué tan alto llega esa distribución de beneficios marginales?

En Guatemala el dinero no es lo que hace falta, lo que se necesita es un gobierno limpio, capaz de administrar los recursos de manera eficiente, efectiva y transparente sin hacer muecas cada vez que se le exigen cuentas. Un Congreso que cumpla con su papel fiscalizador y no se escude tras su inmunidad para concertar acuerdos oscuros y obtener beneficios personales a costa del pueblo.

La sociedad ya comienza a organizarse, pero aún le falta mucho para alcanzar el nivel de participación que requiere un proceso democrático verdadero. Las organizaciones de mujeres –que en otros países han tomado el toro por los cuernos- deben conformar un frente unido y evitar diluir su fuerza en una competencia mutua, estéril y destructiva. Hoy no se trata de adquirir protagonismo, sino de vencer en la lucha contra la impunidad, el abuso, la discriminación y todas esas lacras a las cuales los actuales dueños del poder son tan aficionados.

La mujer invisible

Más daño ha causado a este país la clase política que todos los criminales que prosperan a su sombra. 

Hoy el tema en boga es la ausencia de mujeres en la junta directiva del Congreso de la República, hecho coincidente con la noticia del triste papel de Guatemala a nivel mundial en los indicadores de equidad de género. Sin embargo, para analizarlo es preciso retroceder en la cadena de causa y efecto, y comprender la profunda influencia de los modos de gobierno prevalecientes en las últimas décadas, regidos por el interés particular, por prácticas discriminatorias, racistas y clasistas, por la ausencia de valores cívicos y el aprovechamiento de los cargos públicos como botín.

Esta visión acomodaticia de la política es el fundamento mismo del clientelismo, la corrupción y el abuso de poder que en Guatemala tienen prioridad por sobre el bienestar de la población y sus oportunidades de desarrollo. La relación de este hecho con la integración de la junta directiva del Congreso se comprende al considerar que la mayoría de las mujeres incorporadas a la función política carecen de vínculos de influencia o se han construido su espacio a fuerza de trabajo, perseverancia y claridad en sus objetivos.

Por lo tanto, estas representantes del sector femenino no encajan en el entramado de los políticos tradicionales, armado con negociaciones ilícitas –cuando no abiertamente ilegales-, con el uso indiscriminado de su inmunidad para cometer actos de corrupción, la mayoría de las veces inimputables gracias a mecanismos creados para ese propósito por ellos mismos y con una visión nula de su papel como gestores de desarrollo.

La presencia de la mujer nunca será bienvenida en esos círculos, por ser un elemento incómodo cuya sola existencia crea un factor de juicio incompatible con estas prácticas, resultando mucho más conveniente marginarla, ya que la ley así lo permite. Es decir, mientras no se legisle para reducir el abismo que separa a la mujer de posiciones de poder político –con un sistema de cuotas, como se ha hecho en países más desarrollados- jamás se podrá pretender siquiera un atisbo de equidad de género en Guatemala.

Pero el problema es quiénes legislan. De continuar el país en manos de una camarilla política ajena por completo a los intereses de la sociedad que les ha confiado los destinos de la Nación, cualquier intento por reducir los niveles de corrupción y fiscalizar la labor de quienes gobiernan, será en vano. Guatemala está en graves problemas, pero no por el narcotráfico ni por el crimen organizado, no por mareros ni asesinos, sino por la estulticia, la total falta de patriotismo de quienes les han permitido apoderarse del territorio al robarse, junto con los fondos públicos y la credibilidad de las instituciones, las oportunidades de construir un país educado, productivo y encaminado a un futuro próspero.

La palabra prohibida

Las políticas públicas en salud sexual y reproductiva constituyen un instrumento de avance social y un reconocimiento de los derechos humanos.

La práctica inhumana de la ablación del clítoris en las niñas musulmanas es un aunto de fe. También lo es en algunas religiones la prohibición de recibir asistencia médica o sangre transfundida porque para ciertas doctrinas el destino de cada persona ha sido determinado por un ser superior y es preciso acatar su disposición con humildad y total subordinación.

Algo parecido sucede cuando se aborda el tema del aborto, cuyas connotaciones abarcan desde la discusión puramente política y conservadora que niega a la mujer el derecho a disponer de su propio cuerpo, criminalizando cualquier intento de poner término a la vida de un feto –con las consiguientes repercusiones legales, morales, éticas y sociológicas- hasta el hecho incontestable de que la práctica masiva de abortos clandestinos se debe en gran parte a la influencia religiosa en los asuntos de Estado, como por ejemplo su interferencia en las políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva.

América Latina es uno de los continentes –después de Africa- en donde el tema del aborto clandestino está oculto, acallado y prohibido, pero siempre presente. En nuestro continente se practican alrededor de 4 millones de abortos clandestinos al año y la cifra de mujeres muertas por esta causa sobrepasa las 4 mil en el mismo período. Aún así, las exigencias de la fe impiden la divulgación masiva de información sobre métodos anticonceptivos que podrían reducir esta masacre, basadas en principios que las propias instituciones eclesiásticas tienden a suavizar cuando se trata de casos que les tocan de cerca, como la violación de monjas o situaciones similares en familias pudientes muy cercanas a los grupos de poder.

El aborto, esa palabreja tan repugnante para los fundamentalistas religiosos que niegan ese y toda clase de derechos a la mujer por el sólo hecho de serlo, es una realidad palpable, constante y en perpetuo crecimiento. La fe por sí sola nunca será suficiente razón para que una niña dé a luz a un ser producto de un incesto o una violación. Tampoco para que una mujer arriesgue su propia vida por una criatura inviable o cuya supervivencia esté marcada por el sufrimiento.

El tema en sí constituye tal afrenta para ciertas personas que no vacilarán en manifestarme su repudio con un solo argumento: que nadie tiene derecho sobre la vida de otro. Sin embargo, son esos mismos apóstoles de la vida quienes condenan a muerte a miles de niñas, adolescentes y mujeres adultas negándoles una adecuada educación sexual, influyendo en las legislaturas para frenar todo avance en el respeto a los derechos de esta mayoría de la población y criminalizando toda iniciativa tendente a reducir las grandes injusticias sociales, en una condena irracional que ninguna doctrina puede justificar.

sábado, 24 de octubre de 2009

Respuesta inmediata

El tema de la niñez y la adolescencia en riesgo no sólo debe conmovernos, sino alentarnos a emprender acciones efectivas.

Uno de los momentos más gratificantes de hacer periodismo y escribir columnas de opinión es la reacción del público ante determinados temas. El reportaje de Mariela Castañón en el vespertino La Hora -el cual me sirvió de inspiración para denunciar, a mi vez, las violaciones y los abusos cometidos contra niñas y adolescentes por los reclusos del sector 11 del Centro Preventivo para Varones de la Zona 18- ha traído una saludable cauda de correos, comentarios de otros columnistas, como el de Carolina Escobar, y una que otra iniciativa particular orientada a crear conciencia sobre esos crímenes abominables.

La situación de la niñez y la adolescencia en un país donde las tres cuartas partes de la población es menor de 35 años, constituye la piedra angular de la estructura que sostiene todas las posibilidades de desarrollo para esta nación. Por eso es tan importante invertir en alimentación, educación, salud y vivienda, así como fortalecer los sistemas de seguridad y justicia.

Sin embargo, ha sido justamente este mayoritario sector de la población el más discriminado y marginado en los proyectos políticos de los últimos treinta años, aún cuando las promesas y las líneas de propaganda de cada campaña electoral lo usan como palanca emotiva de proselitismo. ¿Por qué será? Probablemente porque los menores de 18 años no tienen derecho a voto y eso los coloca automáticamente al final de las prioridades.

Las niñas violadas por los reclusos del Preventivo son apenas un punto en el universo de abuso e injusticia que rodea el ambiente de millones de potenciales víctimas de delitos sexuales, violencia intrafamiliar, carencia de servicios básicos, discriminación escolar y muchas otras maneras de violación de los derechos fundamentales de la parte más vulnerable de una sociedad disfuncional como la nuestra.

Divulgar los casos, como éste del sector 11, nunca será suficiente. Hay que organizarse y actuar. Es vital para el futuro de Guatemala detener el abuso pero, sobre todo, convencernos a nosotros mismos del enorme peligro implícito en esta cultura de silencio que tanto daño ha ocasionado a la sociedad.

La denuncia oportuna y el seguimiento de los temas tendrán siempre más efecto que el comentario ocasional de sobremesa o el gesto de horror ante la noticia impresa. Nadie, ni uno solo de los ciudadanos de este país, está exento de responsabilidad cuando de la vida de niñas, niños y adolescentes se trata. El involucramiento directo implica salir de la burbuja, desprenderse de la zona de comodidad en la cual nos refugiamos para no ver aquello que ofende nuestra sensibilidad y no enterarnos de cuán poco hacemos por evitar que suceda.

Niñas violadas

Un reportaje de Mariela Castañón, publicado por La Hora, desnuda el tráfico de niñas y adolescentes en el sistema penitenciario.

No sólo provoca indignación. También incredulidad al comprobar que a casi una semana de haberse publicado el reportaje titulado “Niñas y adolescentes son violadas en Sector 11 del Preventivo”, no se ha sabido de una acción inmediata por parte del Ministerio Público, el Presidente no ha hecho declaración alguna sobre el tema, tampoco el Procurador de los Derechos Humanos y, a pesar de que el asunto huele a puro tráfico humano permitido por los guardias del sistema penitenciario, tampoco ha reaccionado la CICIG.

Para cualquier persona medianamente sensata, la medida obvia sería prohibir absolutamente el ingreso de menores a las instalaciones de las cárceles. El equipo de investigación del vespertino La Hora comprobó que ni siquiera los guardias se atreven a ingresar al sector 11, controlado por Los Cholos, pero sí permiten a niñas y adolescentes adentrarse en esas galeras y quedar a merced de los delincuentes más peligrosos, crueles y sanguinarios de que se tenga registro en este país.

Los detalles son espeluznantes: gritos y llantos incontrolables, niñas retiradas de las instalaciones por los bomberos porque ya no pueden caminar y, peor aún, la indiferencia de quienes podrían detener esa auténtica masacre que se comete a diario y con absoluta impunidad contra las infortunadas víctimas.

Se supone, por declaraciones de testigos, que son llevadas a la fuerza por algún adulto, o ingresan para evitar que las amenazas proferidas desde el interior de la prisión se vuelvan una realidad con el asesinato de sus padres o hermanos. De cualquier modo, no existe justificación alguna para el silencio y la pasividad de las autoridades ante una situación que se puede evitar con medidas mucho más restrictivas en el ingreso de visitas a las prisiones.

Como herramienta, existe la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas la cual, como todo avance legal para la protección de las minorías, costó años de intensa actividad política para que al fin se aprobara, porque evidentemente afectó los intereses de gente poderosa que ha hecho de esos crímenes una fructífera fuente de enriquecimiento.

Los monstruos del sector 11 ya no pueden seguir beneficiándose de la ineficacia de los controles del sistema penitenciario, recibiendo como premio la libertad de abusar, torturar y destruir la mente, el cuerpo y la vida de estas niñas y adolescentes. Sin embargo, las autoridades parecen esperar denuncias formales para actuar en este caso más que evidente de delito flagrante, lo cual convierte al Estado en cómplice y por tanto, co responsable de esta barbarie perpetrada a plena luz del día y sin obstáculo alguno.

El club de los zánganos

Los diputados se recetan asuetos como si el tiempo les perteneciera, amparados por un reglamento ideado, redactado y aprobado por ellos mismos.

Si no fuera patético, daría risa. El comportamiento de los diputados al Congreso de la República, cuyas evidencias de corrupción, sospechas de acoso sexual, abusos de poder, viajes injustificables y derroche obsceno en comida y otros beneficios personales ha sido tema de crítica constante, representa una verdadera afrenta para el pueblo de Guatemala.

El trabajo parlamentario debería ser un ejemplo de responsabilidad y esfuerzo. Contrario a ello, el organismo legislativo refleja una imagen de negligencia imposible de entender en una nación con enormes carencias en el quehacer político y administrativo, cuya agenda cargada de asuntos pendientes se refleja en sus pobres indicadores de desarrollo. A eso hay que sumar un ambiente de violencia delincuencial jamás antes visto, con la mitad de la población bajo la línea de la pobreza y la mayor parte de su niñez y juventud en un grave estado de abandono y desnutrición.

Pero los señores diputados trabajaron demasiado durante las semanas que duró el proceso de elección de las Cortes -¡si hasta tuvieron que permanecer en sus curules pasada la medianoche!- razón más que suficiente para otorgarse a sí mismos unos días de descanso. De ello se deduce una capacidad física y mental insuficientes para la enorme tarea que le corresponde a un representante del pueblo y, si ése fuera el caso, gran favor le harían a la nación retirándose para dejar el espacio a ciudadanos honestos y capaces de cumplir con esa delicada y trascendental labor.

Ese organismo, pilar de la democracia, no sólo ha perdido la relevancia y dignidad propias de su naturaleza, sino además se ha transformado en un mercado donde se transa de todo, en el cual una buena alianza entre bancadas resulta suficiente para definir los temas prioritarios de acuerdo con los intereses de los partidos, a costa de los temas de mayor relevancia social.

De no haber sido por algunas y algunos diputados auténticamente comprometidos con el mandato constitucional y capaces de desarrollar un trabajo impecable y exhaustivo, la tan mentada asamblea del pueblo no sería más que un club privado al cual acuden los socios cuando les viene en gana y de cuya membresía obtienen jugosas ganancias.

Lo que el país necesita con urgencia es una nueva actitud ante los enormes retos que enfrenta. Para lograrlo es preciso acabar primero con el clientelismo político, paso indispensable para erradicar la corrupción y la impunidad; priorizar los temas de mayor impacto social; marginar el interés propio por el beneficio colectivo y, en suma, arrancar de raíz los vicios políticos que tienen a Guatemala al borde del abismo. De otro modo, ni siquiera los más privilegiados lograrán sobrevivir a la catástrofe a la cual los está conduciendo su propia e indefectible ceguera.

Justicia

La participación de la sociedad y su rechazo a la elección manoseada de las Cortes, es parte del ejercicio democrático.

Es probable que las protestas de la sociedad civil y las impactantes denuncias de la CICIG ante la descarada manipulación de la elección de magistrados para la CSJ en el Congreso de la República -más el consecuente análisis de todo el proceso- llevaron a caer en la cuenta de que lo actuado anteriormente: elecciones en el Colegio de Abogados, Universidad de San Carlos y Comisiones de Postulación, habían construido las bases de una elección llena de irregularidades y la continuidad del régimen de impunidad que prevalece en el país.

Sin embargo, aún cuando la reacción popular tuvo sus efectos, es oportuno llamar la atención sobre la falta de control que siempre ha imperado sobre una instancia clave para el establecimiento del régimen de Derecho y, por tanto, pilar de la democracia, como es el sistema de administración de justicia.

La sociedad no puede darse nunca más el lujo de permitir la integración de las cortes con elementos de dudosa reputación. En los acontecimientos que han ocupado las principales páginas de la prensa nacional y provocaron la repulsa en masa de los columnistas y de las más diversas organizaciones de la sociedad civil, quedó muy clara la manera como los partidos políticos y algunos individuos con fuerte poder económico podían secuestrar a la justicia colocando a sus mandaderos en puestos clave.

Esta victoria parcial que tanto entusiasmo ha despertado en la población no es más que el principio de un camino lleno de obstáculos, la mayoría de ellos creados por los mismos legisladores para proteger sus áreas de poder. Porque así como hoy se ha logrado despertar en ellos un mínimo prurito de vergüenza, urge insistir en la necesidad de reformar la ley electoral y de partidos políticos, eliminando para siempre la posibilidad de garantizar la impunidad de sus acciones y sus abusos de poder.

La presión social puede ser un arma contundente cuando se actúa en función del bien común, más allá de los intereses particulares o las diferencias ideológicas. La justicia no tiene género ni pertenece a un nivel socio económico. No habla un idioma en particular, sino una lengua universal. Es patrimonio de la humanidad y se debe a ella. Por lo tanto, como pilar fundamental de una sociedad democrática su función es absolutamente ireeemplazable.

Hoy se ha dado un paso importante hacia adelante, pero aún falta mucho por hacer. Es imperativo, entonces, que la población se sume a ese esfuerzo y no delegue la responsabilidad que le corresponde en esta lucha. Gracias a su concurso, quizás un día Guatemala logre salir del vergonzoso lugar que ocupa en el concierto de naciones.

domingo, 4 de octubre de 2009

INJUSTICIA

Un amplio grupo de columnistas decidimos manifestar nuestro repudio a la elección realizada por el Congreso de la República para integrar la Corte Suprema de Justicia. Nuestra protesta se inició el sábado 3 de octubre con la publicación de espacios vacíos bajo el título INJUSTICIA.

sábado, 26 de septiembre de 2009

Auditoría social

La participación de la población en temas de relevancia política es un ejercicio fundamental en la democracia. La ciudadanía tiene todo el derecho de pronunciarse pública y efectivamente para impedir que el Congreso de la República consume una de sus frecuentes acciones en contra de los intereses nacionales: votar por planilla para elegir a los magistrados a las cortes Suprema y de Salas de Apelaciones, en lugar de hacerlo de manera individual, pública y transparente. Este modo de esquivarle el bulto a la fiscalización y ganar espacios a costa del desarrollo nacional ha sido una de las patologías atávicas de las asambleas legislativas, trucos a los cuales la población ha terminado acostumbrándose como si la trampa y el engaño fueran inherentes a la naturaleza de esa función pública. Sin embargo, el papel de los legisladores en el caso que los ocupa actualmente, marca un momento histórico en los esfuerzos por construir el devastado estado de Derecho, rescatar la institucionalidad del organismo legislativo, consolidar un sistema de justicia basado en la transparencia, honestidad y ética, y de este modo responder al mandato de sus representados, tal y como lo manda la Constitución. Es importante señalar que las bancadas y diputados independientes han marcado su posición de manera categórica al hacer público su compromiso de actuar con independencia, publicidad y transparencia; asegurar que los magistrados electos sean profesionales capaces y honestos; rechazar la injerencia de los grupos de poder; comprobar el compromiso de los candidatos con los derechos humanos y contra la impunidad; garantizar la publicidad de los perfiles de los aspirantes a magistrados con el propósito de facilitar la auditoría social; celebrar audiencias públicas con el mismo propósito y, finalmente, elegirlos mediante voto nominativo y público. De este modo, este pequeño grupo de legisladores se coloca en perfecta sintonía con las expectativas de las y los ciudadanos conscientes de que en Guatemala el cambio hacia una sociedad auténticamente democrática y pacífica, debe venir unido al compromiso personal de renunciar a las componendas y al oportunismo. Esta postura deberá reflejarse –ya sea de manera voluntaria o por la fuerza de la presión popular- en la Asamblea Legislativa como un todo. No hay excusa posible que permita a los partidos políticos representados en las distintas bancadas, eludir el mandato constitucional que prohíbe a los diputados representar intereses de compañías o personas individuales, subrayando el hecho de que los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública y nunca de partido político, grupo, organización o persona alguna. Esto los deja solos con su conciencia, de cara al pueblo de Guatemala.

El espíritu de la ley

Miembros de la Comisión Internacional de Juristas pusieron el dedo en la llaga. Los jueces han sido discriminados por las comisiones de postulación para ocupar los cargos de magistrados a las cortes Suprema y de Apelaciones. Esta fue una de las conclusiones de los miembros de la Comisión Internacional de Juristas, en conferencia de prensa celebrada ayer. A tan puntual señalamiento se podría añadir que mujeres e indígenas también han sido marginados de un proceso que debería ser modelo de transparencia, incorruptibilidad y equidad. La misión de la CIJ, integrada por José Antonio Martín Pallín, Magistrado Emérito del Tribunal Supremo de España, Philippe Texier, ex Magistrado de la Corte de Casación de Francia, José Zeitune, Consejero Jurídico Principal para Latinoamérica de la CIJ y Ramón Cadena, Director de la oficina de la CIJ en Centroamérica, manifestó su profunda preocupación por la forma como se está llevando a cabo esta elección. En este sentido, los juristas se refirieron específicamente al cabildeo de los candidatos a magistrados con las distintas bancadas del Congreso de la República, lo cual no sólo vulnera su dignidad sino también contribuye a desvirtuar un proceso que debe reflejar absoluta transparencia dentro de un marco eminentemente institucional. Es importante recalcar, una vez más, la trascendencia de rescatar una elección ya viciada por las Comisiones de Postulación y llevarla de vuelta a un marco de transparencia y publicidad capaz de despejar toda duda. En estos días el futuro del estado de Derecho en Guatemala se encuentra en manos de una asamblea legislativa señalada por actos anómalos y componendas torcidas, pero que tiene la oportunidad dorada de restituir su dañada imagen por medio de una conducta apegada al espíritu de esa ley planteada, discutida y aprobada en el seno mismo de su institución. Para garantizar la pureza del proceso, es imprescindible el involucramiento directo de todos los sectores de la sociedad, incluso aquellos que tradicionalmente se abstienen de participar en los asuntos políticos. Hoy se trata de enderezar el sistema de justicia. De hacerlo viable, de depurar sus filas y rescatarlo de la degradación que tanto daño ha hecho al país. Es imperativo exigir al Congreso actuar con seriedad, hacer públicas las audiencias, estudiar a fondo los expedientes y dar valor a la experiencia de quienes han hecho de la judicatura una profesión honorable aún a riesgo de su propia vida. Los legisladores deben actuar como representantes de un poder del Estado, no de una bancada ni de un partido político. Ya es tiempo de que sus decisiones obedezcan al mandato constitucional y no al de sus financistas de campaña. Y, por cierto... 35 columnistas fueron invitados a esta conferencia de prensa y sólo llegamos 2. ¿Será que el tema no es importante?

Maíz seco

Es vergonzoso que la cooperación internacional tenga que prestar los fondos para financiar el plan de seguridad alimentaria y nutricional. No parece llamar la atención de nadie, pero en un país democrático se supone que los programas básicos de atención a la población de escasos recursos provengan de fondos públicos y no de la limosna internacional. Para reunir esos fondos, debería establecerse un sistema adecuado y estricto de recaudación fiscal que en Guatemala es, simplemente, una utopía. Durante el proceso de las negociaciones para la firma de la paz, hace ya más de una década, la comunidad internacional planteó su preocupación por el hecho de que los fondos destinados a ayudar a Guatemala vinieran de los contribuyentes de sus respectivos países, mientras los grandes capitales guatemaltecos evadían su contribución al fisco. Es decir, que paguen los contribuyentes extranjeros lo que los chapines no quieren aportar. Lo mismo se puede deducir de la situación actual: una sequía prolongada que ha transformado los campos de cultivo en un estéril paisaje de ramas secas, con el pronóstico de posible pérdida de la segunda cosecha del año lo cual, según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, coloca a Guatemala en una situación de riesgo extremo para la población de la casi totalidad de los departamentos del país. El comportamiento de ciertos países se asemeja, en muchos casos, al de algunos individuos: les resulta más cómodo echar mano del crédito que poner en orden sus finanzas, recaudar impuestos, recuperar fondos robados y enderezar su presupuesto para colocarlo a la par de sus expectativas de desarrollo. Como las deudas traen un período de gracia, será el siguiente período de gobierno el que cargará con el fardo de los intereses, y éste a su vez lo echará sobre los hombros de la población. Es más que evidente que la supuesta social democracia del gobierno actual no resiste el menor análisis. La muchas veces anunciada crisis explotó y los ministerios a cargo de los temas de alimentación y salud no pudieron enfrentarla. Grandes cantidades de dinero se habían comprometido ya en los programas proselitistas de la esposa del Presidente y entonces resultó más fácil hacerse la víctima y pedir ayuda a los países amigos. En este mes de la patria mucho se ha hablado de independencia y dignidad, pero éstos son conceptos ausentes en el proceder de una administración que ha sido capaz de condenar al hambre y a la muerte por inanición a millones de seres humanos, en su afán por respetar compromisos con financistas de campaña y con el sector que siempre ha tenido la sartén por el mango.

Eran sólo promesas

Al titular de Gobernación le costó admitirlo, pero lo dijo: los anteriores ministros improvisaron y ninguno puso en marcha el plan de seguridad. La entrevista con el ministro de Gobernación publicada por Siglo Veintiuno el miércoles pasado nos da la certeza de que el Ejecutivo ha pospuesto el tema de seguridad para privilegiar proyectos con potencial para generar mayor capital político-electoral. En ella queda patente el hecho de que, aparte de existir una peligrosa inestabilidad en esa cartera –Velásquez es el cuarto que la ocupa en menos de 2 años-, la autoridad presidencial no ha sido suficientemente poderosa para mantener la ruta trazada y evidencia la indiferencia de las autoridades ante el dramático cuadro de violencia criminal en el cual se encuentra hundida Guatemala. Para los responsables de la seguridad nacional, según se deduce de la manera como el ministro trata de minimizar la situación, el número de muertos -4,064 personas entre el 1 de enero de 2008 y el 6 de septiembre de 2009, de acuerdo con los datos recabados por los reporteros de ese matutino, pero más de 6 mil según el Procurador de los Derechos Humanos- no constituye una tragedia. Sin embargo, para la población sí es una tragedia constatar que las promesas de campaña del actual mandatario nunca pasaron de ser eso, y su publicitada estrategia de combatir la violencia con inteligencia fue un slogan carente de fundamento. Las declaraciones del ministro adolecen de cierta incoherencia y revelan una de las mayores debilidades del equipo de gobierno: su cansona insistencia en hacerse las víctimas y echarle la culpa al empedrado por sus múltiples tropiezos. En otras palabras, nunca estuvieron preparados para enfrentar la realidad y ahora que la tienen enfrente no saben qué hacer con ella. La sociedad guatemalteca no merece tanto menosprecio por parte de los individuos a quienes brindó la oportunidad de regir los destinos del país. La verdadera cara de ciertas instituciones como la Policía Nacional Civil, en cuyas filas se ha encontrado a la crema y nata de la criminalidad, constituye una radiografía de la crisis actual y no hay excusa que valga para no iniciar el proceso inmediato de depuración y reestructuración que tanto ha exigido la sociedad civil. En tanto el Presidente y sus ministros continúen jugando al ejercicio de prueba y error con la vida de los guatemaltecos, tanto en el tema de seguridad como en los de salud y justicia, el deterioro en el cual se encuentra la función pública continuará su ruta descendente. Esto deberá servir de antecedente para cuando llegue el momento de decidir a quién se le entregará el poder por otros cuatro años, porque el punto de no retorno se encuentra ya peligrosamente cercano.

La violencia heredada

Las leyes no pueden cambiar la cultura de un pueblo. Esa labor corresponde a un sistema educativo coherente con la realidad y los valores humanos. Por más que se hable de independencia en estas fechas septembrinas, las cosas no han cambiado mucho desde cuando el imperio español dominaba política, económica y militarmente nuestro continente. Por lo menos, no en Guatemala donde la concentración de riqueza persiste en manos de unas pocas familias y la población indígena depende de la voluntad de esos pocos para tener acceso al desarrollo. En tiempos de la Colonia, los indígenas guatemaltecos eran considerados propiedad privada de los dueños de las tierras que les habían sido expropiadas a la fuerza. Esto figura en los libros de historia y existen testimonios escritos de la época, en los cuales se consigna hasta el más mínimo detalle de esas transacciones y registros de propiedad. La violencia contra la población empobrecida de aquellos tiempos, sin embargo, no cambió con la llegada de la revolución industrial ni con las consignas humanitarias de la Revolución Francesa, sino se transformó en parte de la cultura y las tradiciones que prevalecen hasta nuestros días. Uno de los episodios más ilustrativos de este desprecio por un porcentaje mayoritario de la ciudadanía –por cuestiones de etnia y nivel socioeconómico- fue el exterminio de comunidades enteras por parte del Estado –el Ejército pertenece a esta estructura y obedeció a las órdenes emanadas por su jefe- con el doble propósito de apoderarse de sus tierras y eliminar cualquier intento de rebelión política. Lo más chocante en esta guerra fue que, contrario a la distancia cultural característica de las tropas españolas, los soldados de los años ochenta pertenecían a las mismas etnias que sus víctimas. Hablar de independencia no es, por lo tanto, muy adecuado en una situación como la que vive el país. No sólo tiene una estructura político-administrativa prácticamente secuestrada por poderes fácticos y organizaciones criminales, sino también impotente frente al deterioro progresivo de sus instituciones más importantes por el elevado nivel de corrupción e ineficacia de sus cuadros políticos. La bandera no tiene la capacidad de elevar, por sí sola, el espíritu patriótico en una situación de extrema debilidad como la que atraviesa Guatemala. Es preciso tomar decisiones que muy probablemente tengan un elevado costo político, pero absolutamente indispensables para restaurar el equilibrio democrático y dar a la población una pauta ideológica más próxima a los valores humanos con su componente de tolerancia, solidaridad y oportunidad de participación. La justicia en un país independiente no reside sólo en meter a la cárcel a narcos y asesinos. Hay que actuar contra las estructuras de discriminación, abuso de poder, enriquecimiento ilícito, monopolio y apropiación ilegal de tierras.

Valores morales

Existe una confusión entre autoridad y autoritarismo, así como entre valores cívicos y la obediencia ciega a las órdenes superiores. Se escuchan por ahí ecos de viejas consignas militaristas y, lo peor de todo, es que vienen desde sectores civiles. Añoranza, quizás, de aquellos tiempos en los cuales el ejército represor y dictatorial le hacía el favor a las clases dominantes de eliminar enemigos políticos, “limpiar” territorios que servirían para sus grandes proyectos agroindustriales y otras tareas de menor envergadura. Por ejemplo, el alcalde metropolitano Álvaro Arzú, en un discurso pronunciado ante la asamblea legislativa con ocasión del aniversario de la independencia nacional, se quejó de que en Guatemala la democracia se considere un valor incuestionable, afirmó que la comunidad internacional no es más que una carga y que sería mucho mejor regresar a un modelo cívico militar de educación para regenerar a las instituciones. Interesante afirmación en un ex mandatario que firmó los Acuerdos de Paz y cuyo gobierno gozó de todos los privilegios del sistema democrático. Sin embargo, es necesario recordar que su incorporación a la administración pública se produjo durante el gobierno de Romeo Lucas, el gobernante militar represor y corrupto por excelencia, y desde ahí consolidó la plataforma política que lo llevó al poder. La apología del militarismo no es un tema nuevo ni será Arzú el último que lo proponga. Sin embargo, es importante señalar que nada tiene que ver la militarización de una sociedad con sus valores morales, su capacidad de organización ni su disciplina de trabajo. De hecho, no es precisamente el Ejército de Guatemala la institución más calificada para enseñar valores, después de haber sido señalada del exterminio y la desaparición de cientos de miles de hombres, mujeres, niñas, niños y ancianos y de las peores atrocidades que un cuerpo armado es capaz de infligir a una comunidad indefensa. Además de eso, de entre sus filas surgieron muchos altos oficiales señalados por la desaparición de enormes cantidades de dinero de las arcas nacionales en una serie de actos de corrupción que permanecen en la impunidad por la fuerza del poder de quienes los cometieron. De moral, son muy pocos los políticos que pueden hablar. Y esos pocos no lo hacen porque saben muy bien que de nada sirve arar en el mar y conocen el riesgo de escupir al cielo. Así es que los discursos apologéticos que llaman a descalificar a la democracia como sistema sólo por los abusos que cometen quienes detentan el poder, son una manera muy burda de encaminar al país a un desastre aún mayor y a una división más radical de la sociedad. Es decir, es una total irresponsabilidad.

Tierra de guetos

La consigna es no mezclarse, mantenerse apartado tras muros y púas del resto de esa sociedad a la cual no se pertenece. No hay que ser muy avispado para darse cuenta de que la fragmentación social corresponde a una manera extremadamente hábil de conservar el privilegio para unos, y la pobreza, la dependencia y el sometimiento de otros. El problema está en el acostumbramiento a ese marco de referencia que nos hace ver la segregación como algo connatural a esto que se tiende a llamar guatemalidad. Cuando algunas mentes lúcidas reclaman una revolución en el sistema actual –léase ese término como lo que es: “Cambio rápido y profundo en cualquier cosa” (DRAE)- de inmediato se estrechan las filas entre quienes prefieren la comodidad del estatus a los desafíos de un nuevo estilo de vida que no garantice su bienestar a través de una legislación casuística o una cadena de favores políticos. De ahí proceden muchas de las que se podrían catalogar como aberraciones políticas, las cuales han transformado a este país rico y privilegiado en un conjunto de guetos que no se mezclan más que para observar sus mutuas diferencias, aborrecer al destino que los colocó en el mismo territorio y, a partir de ahí, afianzar aún más las divergencias que les impiden comunicarse. El discurso tibio y ampuloso de los grupos de poder económico, que por lo general sólo repite las fórmulas de una corrección política condescendiente y elaborada a su medida, deja muy clara esa conciencia de dominio a niveles territorial, patriarcal e ideológico que se ha ido configurando desde la Colonia como un cepo inhibidor de cualquier expresión de libertad ciudadana. Quizás por esto último existe esa especie de conformismo, ese temor a manifestar públicamente su descontento y ese impulso de fundirse en el gris del anonimato que caracteriza al pequeño segmento de clase media, metido como el jamón del sandwich entre los poquísimos miembros de la alta burguesía y el enorme contingente de seres humanos que sobreviven a fuerza de milagros, trabajo informal mal pagado y carencias de todo tipo. Como apunta muy certeramente Raúl De la Horra en su columna del sábado en ElPeriódico, “Colectivamente como nación, como gobierno y como ciudadanos, todos hemos fracasado ante Dios y ante la Historia al propiciar o no impedir este holocausto. Así que, por favor ¡más vergüenza y menos blablabla!” La identidad nacional ausente durante décadas no se va a reparar por decreto para restaurar un tejido social hecho jirones. Todo lo contrario, es imperioso unir esfuerzos por derribar esos muros y construir una verdadera Nación en donde todos tengan acceso a las oportunidades que brinda una riqueza bien distribuida.

domingo, 6 de septiembre de 2009

En Guatemala los colores se despliegan con una luz sorprendente.

¡Qué tierra privilegiada!

Cuando veo las imágenes de la miseria me cuesta comprender que exista tanta pobreza en una tierra tan rica y generosa... Luego recuerdo quiénes la dominan...

sábado, 5 de septiembre de 2009

De nada sirve quejarse

Si el Ejecutivo estaba consciente de que se produciría el estallido de la crisis alimentaria, ¿por qué no hizo algo para prevenirla? El Presidente luce muy mal al atacar a la prensa con sarcasmos, aduciendo que los periódicos repiten cada año la misma cantilena del hambre y la desnutrición con el sólo fin de hostigar a las autoridades. Tampoco le hace ningún favor su cinismo al declarar que técnicamente en el país no hay hambre porque las abarroterías y supermercados están llenos de alimentos –“el problema en el país es falta de ingresos”. Entonces, de acuerdo con su razonamiento, el hecho de que las familias no tengan ingresos suficientes para adquirir alimentos no significa que haya hambre en el país, sino responde a la falta de responsabilidad de los padres de familia por no haber previsto que habría sequía. Dice el Presidente: “es un problema estructural” y tiene razón en esto, ¡claro que es un problema estructural! Y, si alguien conoce a fondo esa situación, es él, que durante años visitó cada rincón del país y tuvo la información de primera mano. Por lo tanto, ya debería haber un plan de contingencia pero, sobre todo, un programa coherente de desarrollo para sacar de la pobreza extrema a esa gente que hoy, de acuerdo con estimaciones del Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, alcanza al 63 por ciento de la población guatemalteca. Celso Cerezo, el cuestionado ministro de Salud, insiste en negar los alcances de la crisis, aduciendo que la desnutrición crónica es un problema endémico con el cual hay que vivir. Es decir, acostumbrémosnos a ver pasar por las pantallas y la prensa escrita cada cierto tiempo a esos cadáveres vivientes de niñas y niños abandonados a su suerte, ya que no responden más que a las características endémicas del país, así como los lagos, las montañas y las ruinas mayas. Por supuesto, el hambre del pueblo no se relaciona con el derroche ni la corrupción escandalosa en la administración de los fondos públicos ¡qué va! Para ejemplificar, ahí están las denuncias de las cuentas bancarias de Portillo, a las cuales fueron a parar los fondos destinados a la alimentación escolar, además de otras muchas partidas que supuestamente beneficiarían a los sectores más necesitados. Pero no hay que ir tan lejos, hay que exigir transparencia en los contratos de las obras públicas, entre ellas la multimillonaria inversión en la Transversal del Norte. Olivier De Schutter, el relator de la ONU, se muestra alarmado por el índice de desnutrición en Guatemala. Sin embargo, su alarma no mueve ni un ápice al aparato gubernamental, cuyos representantes parecen haberse blindado contra todo cuestionamiento. Las declaraciones del ministro Cerezo, del vicepresidente y del propio Colom son toda una apología del absurdo: En Guatemala, todo está bajo control.

Eso de las comparaciones...

El ministro de Salud, Celso Cerezo, afirmó que en Guatemala no hay desnutrición aguda. Lo que hay, según el funcionario, es desnutrición crónica. Lo que se deduce de las afirmaciones del titular de la cartera de Salud es que el país no está tan mal, después de todo, porque la desnutrición aguda “ni siquiera llega al 1 por ciento”. La perspectiva del funcionario es del todo burocrática, basada en cifras y estadísticas, excluyendo el factor humano, físico y tangible, el cual nos indica que en Guatemala la mayor parte de la niñez muere de hambre, rápida o lentamente. Los argumentos oficiales no sirven de nada a la población del corredor seco del oriente del país, cuyas carencias han saltado a las primeras planas con imágenes pavorosas de niñas y niños moribundos, con la piel arrugada y pegada al esqueleto. Es importante subrayar que aún cuando la ayuda llegue y esos niños logren recuperar la salud, hay otros indicadores –de cociente intelectual, talla y peso según edad- que nos traen de regreso a la brutal realidad: el desarrollo de la población chapina está en una fase de retroceso sostenido. La casta política y sobre todo el gran poder económico de esta Nación ya debería mostrar su preocupación por el estado de cosas en el país y no seguir buscando excusas en números no siempre claros y transparentes. Esto debe aplicarse en todos los ámbitos de la realidad nacional donde se evidencia la falta de iniciativas acertadas para reducir los graves indicadores actuales, que identifican al país en términos comparativos con los más pobres del planeta. El ministro Cerezo debería ir a decirle a las madres del corredor seco, a las familias de Huehuetenango, a las comunidades indígenas del altiplano, que “el país no está tan mal”. Tiene que explicarles cómo es posible que miembros de la directiva del Congreso de la República hayan hecho desaparecer 82 millones de quetzales, o que ciertos funcionarios se birlaron otra millonada del Instituto de Previsión Militar y del IGSS, sin que hasta la fecha se haya recuperado un dinero que habría sido más que suficiente para proporcionar alimento, educación y seguridad habitacional a millones de niñas y niños en la etapa más importante de su desarrollo. También tiene explicarles qué hay en el trasfondo de esas políticas públicas incapaces de resolver los asuntos más urgentes y por qué muchas de las decisiones de alto nivel tienen más que ver con las cuotas de poder para los partidos políticos que con las ingentes necesidades de la población. Al final, las comparaciones quizás resulten útiles para medir la efectividad de los programas sociales en países mejor organizados, bajo el liderazgo de gobernantes con mayor incidencia en los cambios que un país necesita para transitar por el camino del desarrollo y la auténtica democracia.

Mi vida, mi mundo

Vivimos en un país sin sociedad, en medio de un gran conjunto de individuos conectados a su medio a través del interés propio. Una sociedad es un conjunto organizado de seres humanos que comparten una cultura, un sistema de valores y conviven en un territorio determinado, trabajando en función del bienestar general. Esto es porque, en teoría, la riqueza compartida significa prosperidad para todos. Aún cuando es una fórmula idealizada, muchas son las naciones que se esfuerzan por lograr la cohesión de sus integrantes a través de la construcción de idearios compartidos y de un refuerzo constante por consolidar su identidad nacional. En Guatemala, sin embargo, no parece haber preocupación por el bien común. Aquí predomina el interés de pequeños grupos, cuando no se trata de la búsqueda del beneficio a nivel individual. El ejemplo más palpable de esta disociación con el conglomerado social es la indiferencia de la masa –y no digamos de las instancias políticas- ante las dramáticas desigualdades en la repartición de la riqueza. El hecho de que en este país tan rico en recursos la mitad de la población sobreviva bajo la línea de la pobreza no estremece la conciencia de las clases más privilegiadas, cuya pasividad se ampara en la creencia de que la pobreza extrema depende del destino de cada quien. La resistencia a tributar, una de las posturas más recurrentes en los sectores de mayor poder económico, es parte de esta carencia absoluta de concepto de Nación y, por ende, de la ausencia de ciudadanía. En un país donde la inversión pública tiende a concentrarse en proyectos favorables a los grandes terratenientes y a los industriales más poderosos, es imposible que el resto de la población tenga la menor oportunidad de prosperar. Las comunidades indígenas y rurales tienen que conformarse con lo que sobre, si es que sobra algo, para tener acceso a servicios de salud, educación e infraestructura que representan la más vergonzosa evidencia de la corrupción y el racismo. En este esquema desigual colaboran todos quienes han tenido, en algún momento, ingerencia en las decisiones de Estado. Incluso aquellas organizaciones de la sociedad civil que sólo persiguen protagonismo y compiten absurdamente entre sí, en lugar de aunar esfuerzos y luchar por una causa común que es la de la justicia, la igualdad y la búsqueda del bienestar para todos, sin discriminación. En esta incalificable forma de individualismo a ultranza que afecta a los habitantes de este territorio privilegiado, se pierden valiosos esfuerzos, oportunidades y vidas humanas. Las niñas y niños que nos miran desde las páginas de los periódicos y las pantallas del televisor también son guatemaltecos con derechos, tanto o más ciudadanos como quienes los han condenado a muerte.

sábado, 22 de agosto de 2009

Responsabilidad ciudadana

Una conversación informal y un trabajo de investigación periodística me dieron la pauta para una reflexión sobre ciudadanía. Cuando se toma conciencia sobre lo frágil del sistema en el cual vivimos, la pasividad de la sociedad ante la negligencia de las autoridades y la complicidad de los grupos de poder en el estado de cosas, se empieza a comprender lo lejos que estamos de un concepto de Nación y de un ejercicio real de ciudadanía. La investigación sobre la calidad del agua potable realizada por Cristina Bonillo y publicada el sábado en Prensa Libre, da una visión muy cercana de esta falta de involucramiento de la sociedad en los temas que más le atañen. En ese trabajo periodístico se puede apreciar en perspectiva la increíble indiferencia –por parte de todos, no sólo de las autoridades municipales- respecto a la calidad del agua que llega a las casas para el consumo humano. Para empezar, no existe personal calificado para realizar los análisis periódicos de potabilidad del agua que se distribuye. Luego, aunque ese personal existiera, no se cuenta con la infraestructura ni los controles adecuados para almacenar y purificar el agua, por lo cual de nada sirve que se realicen los análisis si de todos modos no se va a remediar el problema. Pero esto no es todo. Lo más preocupante se observa cuando Bonillo hace hincapié en el escaso interés de los vecinos por exigir una mejoría en la calidad del agua que reciben. Esta evidencia de la falta de involucramiento en asuntos tan importantes como la salud familiar y de la comunidad, indica sin lugar a dudas que el ejercicio de la ciudadanía no es tema prioritario para nadie. Esto representa una especie de agujero negro en el sistema. Al llegar al punto de asumir responsabilidades, la gente prefiere mirar hacia otro lado y evitar el compromiso. Entonces se concentra en su espacio privado, pretendiendo ignorar que no hay posibilidad de escapar a las consecuencias de su actitud, ya que esa falta de interés por los asuntos comunitarios terminará afectando gravemente su calidad de vida. Esta mentalidad inmediatista revela lo profundo de la crisis de valores que se vive en Guatemala. Al deconstruir esta sociedad transformándola en un montón de compartimientos estancos, en un país de espacios privados con la sola visión del beneficio propio, se destruye por completo la posibilidad de crear una Nación integrada, segura y funcional. En estos días, los medios nos han abrumado con imágenes de niñas y niños muriendo de hambre en el oriente del país. Junto a esta visión apocalíptica, la noticia de que la SAT no permite el ingreso de un embarque enviado por el Programa Mundial de Alimentos para paliar la situación de estos habitantes. Y las protestas ciudadanas, ¿dónde están?

Talento y juventud

Trabajar en función de la niñez y la juventud es sembrar oportunidades para la construcción de una democracia firme, con cultura de paz. La noticia del triunfo de tres adolescentes guatemaltecos –alumnos del Liceo Javier- en el II Festival Latinoamericano de Cine Infantil y Juvenil organizado por Save The Children México, tenía méritos suficientes para ser noticia de portada. Sin embargo, algunos medios prefirieron brindarle ese privilegio a la visita a Guatemala de Paris Hilton, una de las más insípidas y artificiales “socialités” del jet set internacional. Otros, ni siquiera mencionaron la noticia, demostrando que el talento nacional y muy especialmente el de las nuevas generaciones, no tiene cabida inmediata en la agenda periodística. Lástima. Estos chicos ganaron en buena lid compitiendo con jóvenes de Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Perú, Guatemala y México, con una cinta en la categoría de ficción, titulada “Sombras del Pasado”. Éste ha sido el segundo triunfo de Gustavo Matheu, Diego Melendreras y Jorge Echeverría en el festival de cine. Ya el año pasado conquistaron el premio especial del jurado. El talento juvenil, especialmente cuando se manifiesta a través de la creatividad con plena libertad de expresión, constituye un agente de cambio en la sociedad. No podemos engañarnos. Lo aceptemos o no, será por medio de las generaciones nuevas como se irá definiendo el marco de las relaciones entre los seres humanos y su entorno, así como entre los diferentes grupos que conforman la comunidad. La educación de calidad viene a ser, de este modo, una inversión inteligente para el futuro de la nación. Pero es muy importante señalar que antes de la educación existe una etapa –y un compromiso- fundamental para el desarrollo de la inteligencia de quienes tomarán la estafeta cuando sus predecesores la hayan soltado: un régimen alimenticio adecuado para el crecimiento saludable de niñas y niños en edad preescolar. La buena noticia de los alumnos del Javier hace enorme contraste con el dramático estado de desnutrición de la población infantil en las comunidades rurales del oriente del país, donde según informaciones de prensa el nivel de desnutrición afecta a más del 70 por ciento de ese grupo. ¿Qué perspectivas tienen estos infantes aún si se acude en su auxilio y se logra reducir el pauperismo en que sobreviven? ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo si se condena al hambre a pueblos enteros, quitándoles también toda posibilidad de desarrollo futuro? Hace algunos días apareció la noticia de la destrucción de miles de huevos que habían pasado de contrabando por la frontera con México. ¿Qué mal hubiera ocasionado a la institucionalidad del país el hecho de repartirlos entre las familias que mueren de hambre? Estas son las grandes contradicciones del discurso político y, con ellas, se retrata el Estado de cuerpo entero.

Feliz día, triste ciudad

El sábado fue el día de la Virgen de la Asunción, patrona de la ciudad capital, la antigua y muy recordada “tacita de plata”. ¿Quién recuerda los paseos por la sexta? Me refiero -aunque los jóvenes de hoy no lo conciban siquiera- a la sexta avenida de la zona 1 con sus tiendas rebosantes de artículos de buena calidad y mejor gusto, sus veredas impecables y casi ninguna contaminación ambiental. La capital tenía áreas verdes. También avenidas con árboles y no existían enormes carteles con propaganda ocultando toda esa belleza urbana. Los edificios históricos no estaban iluminados porque no se habían enterado aun de lo históricos que eran, por lo tanto se incorporaban al paisaje con total naturalidad. Los nuevos, en cambio, se erguían orgullosos en las zonas comerciales y financieras desplegando toda su novedad arquitectónica. El Hipódromo del Norte era uno de esos parques destinados al paseo dominical. También La Aurora con sus museos, su Casa de Té y su despliegue de especies nativas: ceibas, chicozapotes, caobos, matilisguates y otras que han logrado mantenerse erguidas a pesar del “desarrollo”, fenómeno económico que ha transformado el entorno en una anárquica, sucia, fea y maloliente urbe gris. No hay excusa para tal abandono, comenzando por el hecho de que la anarquía urbana no es un sinónimo de progreso sino de poca visión de futuro, mala administración y retraso. ¿Cómo es posible que las personas no tengan veredas por donde caminar? ¿Cómo se explica que no exista autoridad capaz de impedir a los dueños de las residencias apoderarse de las franjas públicas por las cuales deberían circular los seres humanos? Hasta las ciudades más insignificantes de una provincia cualquiera de un país poco desarrollado tienen un cierto encanto que las hace atractivas, tienen plazas con bancas, árboles y senderos, tienen kioscos en las esquinas donde se venden periódicos y revistas, en otras palabras, tienen ese algo que les brinda identidad y las hace vivibles para sus propios habitantes. En esta otrora linda ciudad, en cambio, el avance de los tiempos ha representado una creciente deshumanización de su estructura y de sus servicios. ¿Cuántas colonias residenciales sufren por falta de agua potable? ¿Cuántos de sus pobladores gozan de un servicio de transporte adecuado a sus necesidades? ¿Hasta qué punto se protegen los privilegios de unos pocos para desolación y abandono de los más? Las celebraciones del Día de la Asunción, por ejemplo, en lugar de evolucionar hacia una gran fiesta de todos los capitalinos, se ha ido reduciendo a unos cuantos actos aislados de poca resonancia y no está lejano el día de su desaparición, porque nadie se acordará de su existencia.

sábado, 8 de agosto de 2009

Esa vieja esclavitud

Entre las manifestaciones más claras del desprecio por el género femenino está la manera de abordar el tema del servicio doméstico. Guatemala es uno de esos países donde aún existe el servicio doméstico casi como un derecho adquirido, sin regulación legal alguna, fuente de explotación laboral y de abuso físico y económico contra las mujeres cuya situación les impide tener acceso a otras fuentes de trabajo, principalmente porque jamás tuvieron acceso a la educación. El tema de las regulaciones legales del trabajo doméstico, en Guatemala, es casi como discutir la legalización del aborto en una asamblea de fundamentalistas religiosos: casi imposible. Existe una resistencia atávica de un fuerte sector de la población cuyos ingresos les permiten conservar el privilegio de tener una empleada trabajando a tiempo completo por un sueldo de miseria, y no será fácil cambiar su visión de las cosas. Uno de los mayores obstáculos lo constituye la grada socio económica entre patrones y empleadas, con toda la carga de menosprecio y discriminación que ello involucra. La mayoría de las mujeres trabajadoras en casas particulares pertenecen a la población indígena. Son jóvenes que emigraron hacia las ciudades en la búsqueda de mejores oportunidades para ganarse la vida y se encontraron, la mayoria de las veces, enfrentadas a una situación de dependencia y explotación fomentada por los altos índices de desempleo y la enorme competencia por encontrar una fuente de ingresos. Obligadas a iniciar el día durante las primeras horas del alba y a mantenerse atenta a servir hasta que el último miembro de la familia decida lo contrario a avanzadas horas de la noche, la mayoría de trabajadoras recibe a cambio un sueldo inferior al mínimo fijado por ley. Mantenido a capricho de la sociedad como una actividad informal, el servicio doméstico se ha convertido en una de las más humillantes formas de esclavitud para miles de mujeres cuyas limitadas opciones de supervivencia las someten a la aceptación forzada de unas condiciones de vida tan precarias como humillantes. En este contexto, el maltrato contra la mujer toma una forma de convivencia natural e indiscutible. So pretexto de proporcionarles trabajo, casa y comida, sus patrones tranquilizan su conciencia ante las variadas forma de abuso a las cuales las someten de manera consuetudinaria. Por supuesto, las excepciones existen y eso hace la regla. Sin embargo, el sólo hecho de comenzar a discutir recién en el siglo veintiuno el tema de las regulaciones laborales para este numeroso contingente de trabajadoras, demuestra lo poco que se las valora en el ámbito de la productividad y la generación de riqueza. En estos tiempos de búsqueda de la justicia y la equidad de género, es imperioso enderezar estos entuertos, resabios de la época colonial, y eliminar esta degradante forma de discriminación.

La ley no basta

Cuatrocientas mujeres asesinadas durante el primer semestre del año son la prueba palpable de que se requiere algo más que una ley para detener el femicidio. El tema del femicidio ha pasado a tercer plano. Se desgastó por su recurrencia, tal como sucede con todo lo que se repite una y otra y otra vez, hasta que la conciencia se anestesia y deja de reaccionar ante la miseria humana. A las mujeres las torturan y las matan por ser mujeres, eso es un hecho. Y es parte de nuestra cultura, como las tortillas y los tamales. Las 16 muertes violentas –entre hombres y mujeres- por día en promedio en el primer semestre del año, hacen que el femicidio pierda protagonismo y se confunda en el contexto de la criminalidad incontrolable que agobia a la ciudadanía. A los asesinatos hay que sumar los secuestros, las violaciones, las extorsiones, los asaltos a mano armada y un sinnúmero de otros delitos que se cometen a diario. De acuerdo con investigaciones realizadas por la Fundación Myrna Mack, el Ministerio Público sólo presenta acusaciones ante un juez en el 3% de los casos y, de ese número irrisorio, pocos son los que llegan a una sentencia condenatoria. El hilo procesal de esa ínfima proporción de casos remata en un centro carcelario desde el cual, por medio de sobornos o amenazas, los reos tienen total libertad para continuar cometiendo fechorías. En esta abrumadora inseguridad, los integrantes de las fuerzas del orden tienen una participación activa y creciente. Los cambios en Gobernación no han contribuido en nada a la estabilidad de esa cartera, la mayor responsable de contrarrestar la violencia en el país, y sus funcionarios han fracasado rotundamente en la tarea de integrar un cuerpo policial limpio de antecedentes, bien entrenado y capaz de inspirar confianza. Por eso cuando se asesina a una mujer, nada sucede. Los casos quedan enterrados bajo toneladas de expedientes paralizados por la burocracia. La escena del crimen no se investiga, no se busca identificar a los culpables y el crimen simplemente se suma a otros en la lista de la impunidad. Si esto sucede con los asesinatos, a nadie puede extrañar que para fiscales y jueces, los casos de violaciones y de abuso contra las mujeres no pasen de ser hechos anecdóticos que apenas merecen un comentario sarcástico. ¿De qué sirven entonces los cacareados programas de cohesión social? ¿A quién benefician? ¿A una sociedad carente de líderes, de gobernantes capaces, de funcionarios honestos y eficientes? En Guatemala se requiere de un plan integral de desarrollo, una total reingeniería del aparato estatal con la depuración de toda la lacra acumulada durante las últimas décadas y no de campañas de autobombo que no involucran una voluntad real de transparentar el gasto público ni acabar con la anarquía.

Más allá del abandono

Puede ser cuestión de percepción, pero no parece posible rescatar a Guatemala de la espiral descendente que se la traga. Para quienes viven en la capital es muy difícil visualizar en su conjunto la realidad del país. Los abismales contrastes entre ricos y pobres van mucho más allá de una comparación superficial y urbana entre los asentamientos en las laderas de los barrancos y las lujosas mansiones de La Cañada, aunque este ejemplo permita hacerse una idea de la diferencia de dos mundos que cohabitan sin tocarse, como si se cruzaran en un juego de espejos sin encontrarse jamás. A la falta de programas destinados específicamente a reducir las desigualdades sociales y económicas mediante inversiones inteligentes con un carácter más permanente que transitorio, se suma la incapacidad del aparato estatal para hacer frente a los desafíos que plantea la ejecución del presupuesto. Carentes de técnicos y profesionales capacitados, las distintas dependencias –invadidas por amigos, parientes, compadres y acreedores de los funcionarios de turno- sólo sirven para satisfacer de manera temporal los deseos de riqueza y poder de un grupo de privilegiados. Y no hay ley que lo impida. Los problemas de Guatemala son, por lo tanto, estructurales. El aparato político tiene una visión distorsionada de su papel y la sociedad no parece comprender aún su poder potencial para exigir el cumplimiento de las políticas públicas en los temas de mayor trascendencia, como educación y salud. Entonces, todo queda en manos de la dirigencia de los partidos políticos cuyos objetivos se alejan cada vez más de las metas de desarrollo nacional. A esto se añaden las bien planificadas debilidades del sector justicia, las cuales no responden solamente a la incapacidad de sus integrantes, sino a una estrategia diseñada específicamente con el fin de hacerlo inoperante para beneficio de quienes durante décadas han aprovechado las ventajas de la impunidad. Esto demuestra que existe el talento suficiente para hacer funcionar la maquinaria, pero se encuentra enfocado en la dirección equivocada. En este escenario, es poco lo que se puede esperar de ciertos programas muy publicitados que pretenden convencer a la población del interés del gobierno por satisfacer las necesidades de los más pobres. Para hacerlo creíble, tendrían que empezar por emprender acciones legales contra todos aquellos empresarios que durante años se han valido de su influencia para evadir miles de millones de dólares en impuestos, dejando toda la carga tributaria sobre los hombros de una clase media cada vez más empobrecida. Para enderezar las cosas no basta con las intenciones, se necesita de una voluntad política y una fuerza nacionalista que aglutine a todos los sectores, con la clara conciencia de que será preciso hacer grandes sacrificios para salir de este agujero.