Ocultar información a la ciudadanía es la mejor forma de potenciar la hegemonía de quienes intentan destruir al país.
El conocimiento es poder. Por eso la ciudadanía necesita saber todo respecto a la administración de los recursos que le proporciona al Estado a través de sus impuestos. Eso se llama ejercer ciudadanía y es una de las herramientas más potentes para neutralizar a los grupos ilegales que intentan detener la acción de la justicia, corromper a las instituciones y entorpecer los esfuerzos de la sociedad por recuperar la confianza en sus autoridades.
La negativa del ministro de Gobernación a proporcionar información sobre la distribución de las fuerzas policíacas en el territorio nacional bajo la excusa de que eso dará armas al crimen organizado para atacar con mayor eficacia, resulta el colmo de la ingenuidad. El ministro ya debería saber que las fuerzas policíacas –y muy probablemente otros funcionarios de esa cartera- están íntimamente conectados con las redes criminales, a quienes surten generosamente de toda clase de información privilegiada.
A la prensa le bastaría con recorrer las delegaciones en el territorio nacional para constatar de primera mano cuán pobre es el sistema de seguridad, y cuán vulnerable es la población en la capital y en el interior del país. Además, la ciudadanía sabe muy bien, por dolorosas experiencias propias, cómo actúa la mayoría de estos agentes y cuán poco protegen a la población civil, unos por corruptos y otros por no tener la capacitación adecuada ni el equipo necesario para hacer frente a la delincuencia.
Las organizaciones criminales no necesitan leer la prensa para enterarse de la pobreza de recursos del cuerpo policial. Si ya operan a sus anchas en todo el territorio nacional y ni siquiera el ejército mejor entrenado de Centroamérica les hace cosquillas, cómo pretende el ministro que le teman a un puñado de agentes montados en vehículos destartalados y cuyas armas parecen de juguete comparadas con las de última tecnología compradas con dinero de la droga.
Mejor dé la información y pida a la población que se le una en el esfuerzo por denunciar a quienes deberían vivir enjaulados. Es una estrategia más inteligente y mucho más efectiva que encerrarse tras una negativa irracional y además dudosamente legal, dado que ya existe una normativa que obliga a las entidades del Estado a entregar esa clase de información.
La maniobra de buscar el amparo de la secretividad cada vez que resulta incómodo abrir los registros oficiales, debe combatirse de manera frontal por medio de leyes bien elaboradas, desde el Congreso de la República. Es hora de que los diputados hagan algo por su patria.
sábado, 12 de diciembre de 2009
La salida fácil
Para el gobierno resulta más fácil crear impuestos nuevos que recaudar los que ya existen. Es la salida fácil a un problema difícil.
Hay quienes le echan la culpa al comercio informal, pero la realidad del déficit presupuestario es mucho más de fondo. Tiene que ver con negociaciones ocultas para beneficiar a empresas o sectores productivos específicos, tiene que ver con ciertos acuerdos para dejar pasar el contrabando sin control por las fronteras y, por supuesto, tiene que ver con la ineficiencia de las entidades responsables de realizar la recaudación tributaria de manera justa y oportuna.
Cuando el presupuesto de la Nación no alcanza, cuando la oposición se niega a conceder su voto para aprobar una reforma tributaria que de todos modos es necesaria, la respuesta automática del gobierno es inventar un impuesto capaz de cubrir el universo en su totalidad –como el recientemente propuesto sobre las telecomunicaciones, dado que en Guatemala hay prácticamente un teléfono celular por habitante- para recaudar la mayor cantidad posible de fondos con un impacto indiscriminado en la economía de los guatemaltecos.
Eso no sólo es injusto con la población de niveles medio y bajo, sino además poco inteligente desde el punto de vista político, porque acusa a las empresas de evasión pero mantiene una actitud pasiva y permisiva hacia los miles de revendedores de tarjetas que jamás pagan el IVA por sus ventas y ni siquiera están registrados como comerciantes en la SAT. Para comprobarlo, basta pedirle factura a quien ofrece las tarjetas en los semáforos o en las tiendas de barrio.
En síntesis, para alimentar la campaña electoral que están haciendo ya algunos funcionarios y ciudadanos afines al partido oficial por medio del incesante cacareo de cada huevo que ponen, los contribuyentes deben apretarse el cinturón y pagar más por los servicios básicos. Encima de eso, el gobierno se da el lujo de transferir fondos de unos programas de beneficio social a otros de mayor conveniencia proselitista, sin que la población pueda hacer nada para defenderse de esa manipulación.
Una vez más, el Estado se transforma en la finca de la cual se saca el mayor provecho posible durante los cuatro años que dura el período presidencial. En ella todos quienes carecen de poder político o económico, son los peones que deben producir para que el patrón y sus allegados se harten de riqueza y privilegios bajo la mirada protectora de la comunidad internacional, que llama a esto democracia.
Es probable que el Estado requiera de mucho dinero para ejecutar sus planes de desarrollo social y crear las condiciones para que el país salga adelante. Pero antes, debe demostrar capacidad, ética y transparencia, valores que hasta la fecha han estado completamente fuera del cuadro.
Hay quienes le echan la culpa al comercio informal, pero la realidad del déficit presupuestario es mucho más de fondo. Tiene que ver con negociaciones ocultas para beneficiar a empresas o sectores productivos específicos, tiene que ver con ciertos acuerdos para dejar pasar el contrabando sin control por las fronteras y, por supuesto, tiene que ver con la ineficiencia de las entidades responsables de realizar la recaudación tributaria de manera justa y oportuna.
Cuando el presupuesto de la Nación no alcanza, cuando la oposición se niega a conceder su voto para aprobar una reforma tributaria que de todos modos es necesaria, la respuesta automática del gobierno es inventar un impuesto capaz de cubrir el universo en su totalidad –como el recientemente propuesto sobre las telecomunicaciones, dado que en Guatemala hay prácticamente un teléfono celular por habitante- para recaudar la mayor cantidad posible de fondos con un impacto indiscriminado en la economía de los guatemaltecos.
Eso no sólo es injusto con la población de niveles medio y bajo, sino además poco inteligente desde el punto de vista político, porque acusa a las empresas de evasión pero mantiene una actitud pasiva y permisiva hacia los miles de revendedores de tarjetas que jamás pagan el IVA por sus ventas y ni siquiera están registrados como comerciantes en la SAT. Para comprobarlo, basta pedirle factura a quien ofrece las tarjetas en los semáforos o en las tiendas de barrio.
En síntesis, para alimentar la campaña electoral que están haciendo ya algunos funcionarios y ciudadanos afines al partido oficial por medio del incesante cacareo de cada huevo que ponen, los contribuyentes deben apretarse el cinturón y pagar más por los servicios básicos. Encima de eso, el gobierno se da el lujo de transferir fondos de unos programas de beneficio social a otros de mayor conveniencia proselitista, sin que la población pueda hacer nada para defenderse de esa manipulación.
Una vez más, el Estado se transforma en la finca de la cual se saca el mayor provecho posible durante los cuatro años que dura el período presidencial. En ella todos quienes carecen de poder político o económico, son los peones que deben producir para que el patrón y sus allegados se harten de riqueza y privilegios bajo la mirada protectora de la comunidad internacional, que llama a esto democracia.
Es probable que el Estado requiera de mucho dinero para ejecutar sus planes de desarrollo social y crear las condiciones para que el país salga adelante. Pero antes, debe demostrar capacidad, ética y transparencia, valores que hasta la fecha han estado completamente fuera del cuadro.
Quemando al diablo
La ceremonia simbólica de la quema del diablo adquiriría un sentido diferente, si en lugar de contaminar proponemos cambios.
En estos días la gente ama el crepitar de las llamas, el estruendo de los cohetes y los fuegos artificiales surcando el cielo azul de Guatemala, aunque al día siguiente –cual tras una soberana borrachera- deba pagar el alto precio de sus excesos. La quema del diablo es una de las tradiciones más arraigadas en el país, quizás por lo barato que resulta sacar la basura a la calle y prenderle fuego.
Pero las tradiciones cambian y deben hacerlo para adaptarse a las variables condiciones del entorno. En la actualidad, quemar basura en las calles ya no es más el símbolo de la depuración del hogar, la catarsis anual que alivia la conciencia o esa especie de convivio masivo al cual todos estamos invitados; no, hoy se ha transformado en una actividad algo deleznable y poco amigable con la naturaleza, pero también con el ornato de las calles.
Lo que debemos hacer es modificarla. Quemar al diablo debe significar desde hoy luchar contra los espasmos de conformismo que nos sacuden con cada nuevo escándalo. Exigir que los malos paguen por sus crímenes. Intentar, aunque nos resulte doloroso o arriesgado, alzar la voz contra los abusos de nuestros gobernantes. Demandar justicia. Pero, sobre todo, no descansar hasta obtenerla.
El diablo anda rondando por las calles, los hogares y las instituciones. No es ese diablo icónico descrito en las doctrinas religiosas, sino uno muy parecido a nosotros mismos, uno con una capacidad asombrosa para colarse como virtud entre los defectos. Es el diablo que domina a los hombres para maltratar a las mujeres y el que bajo el ropaje de la moral justifica los excesos, los crímenes y la discriminación.
Es el diablo maldito que pretende convertir en ley la injusticia y la inequidad, transformar en cosa del destino la pobreza y el hambre, manipular a su favor la corrupción y la estulticia. Ese es el diablo que nos domina.
Contra este diablo es preciso cuidarse de las malas interpretaciones. Porque su presencia no está en el sexo ni en el placer, sino en la represión y la esclavitud. No está en la libertad individual sin discriminación por género, sino en la doctrina del sometimiento y la tolerancia a la violencia. El diablo no se expresa por medio de ideas, sino a través de los estereotipos de las sociedades disfuncionales y es a él al que debemos vencer.
Su ropaje es el conformismo y su enemigo mortal, la lucidez. Si hoy quemamos a este diablo de manera simbólica, pero consecuente, habremos dado un importante paso hacia la libertad de pensamiento y de palabra, hacia la resistencia contra el abuso y la corrupción, directamente contra el corazón mismo de los males de esta sociedad cautiva de la injusticia. Para ello basta con proponérselo, pero de corazón.
En estos días la gente ama el crepitar de las llamas, el estruendo de los cohetes y los fuegos artificiales surcando el cielo azul de Guatemala, aunque al día siguiente –cual tras una soberana borrachera- deba pagar el alto precio de sus excesos. La quema del diablo es una de las tradiciones más arraigadas en el país, quizás por lo barato que resulta sacar la basura a la calle y prenderle fuego.
Pero las tradiciones cambian y deben hacerlo para adaptarse a las variables condiciones del entorno. En la actualidad, quemar basura en las calles ya no es más el símbolo de la depuración del hogar, la catarsis anual que alivia la conciencia o esa especie de convivio masivo al cual todos estamos invitados; no, hoy se ha transformado en una actividad algo deleznable y poco amigable con la naturaleza, pero también con el ornato de las calles.
Lo que debemos hacer es modificarla. Quemar al diablo debe significar desde hoy luchar contra los espasmos de conformismo que nos sacuden con cada nuevo escándalo. Exigir que los malos paguen por sus crímenes. Intentar, aunque nos resulte doloroso o arriesgado, alzar la voz contra los abusos de nuestros gobernantes. Demandar justicia. Pero, sobre todo, no descansar hasta obtenerla.
El diablo anda rondando por las calles, los hogares y las instituciones. No es ese diablo icónico descrito en las doctrinas religiosas, sino uno muy parecido a nosotros mismos, uno con una capacidad asombrosa para colarse como virtud entre los defectos. Es el diablo que domina a los hombres para maltratar a las mujeres y el que bajo el ropaje de la moral justifica los excesos, los crímenes y la discriminación.
Es el diablo maldito que pretende convertir en ley la injusticia y la inequidad, transformar en cosa del destino la pobreza y el hambre, manipular a su favor la corrupción y la estulticia. Ese es el diablo que nos domina.
Contra este diablo es preciso cuidarse de las malas interpretaciones. Porque su presencia no está en el sexo ni en el placer, sino en la represión y la esclavitud. No está en la libertad individual sin discriminación por género, sino en la doctrina del sometimiento y la tolerancia a la violencia. El diablo no se expresa por medio de ideas, sino a través de los estereotipos de las sociedades disfuncionales y es a él al que debemos vencer.
Su ropaje es el conformismo y su enemigo mortal, la lucidez. Si hoy quemamos a este diablo de manera simbólica, pero consecuente, habremos dado un importante paso hacia la libertad de pensamiento y de palabra, hacia la resistencia contra el abuso y la corrupción, directamente contra el corazón mismo de los males de esta sociedad cautiva de la injusticia. Para ello basta con proponérselo, pero de corazón.
Lo que no sabes... ni quieres saber
El manejo de la noticia no siempre ayuda a comprender el fondo de las cosas. A veces sólo refuerza estereotipos.
Nuestros códigos de lenguaje reflejan un profundo racismo y un innegable desprecio por la equidad de género. En el fondo, el ciudadano urbano y ladino continúa culpando de todas sus desgracias a la diversidad étnica y se niega a aceptar su responsabilidad en el estado de cosas, léase: discriminación, pobreza, corrupción e injusticia.
No quiere saber más sobre el femicidio, como si esta patología de la sociedad guatemalteca que produce más de 700 muertes violentas de niñas y mujeres cada año fuera un aspecto natural de las cosas, una manifestación de la inseguridad, tal como los asaltos, los robos de vehículos o los secuestros.
Después de publicar un artículo sobre las niñas violadas por los reclusos del sector 11 del Preventivo, pude comprobar lo cierto que es el rechazo a ver la realidad, pero sobre todo a asumir el compromiso de luchar por cambiar las cosas. Hubo quienes pasaron de largo para no experimentar el choque de la crudeza del tema y también quienes reclamaron por haber abordado un asunto tan negativo, el cual pone en tela de juicio no sólo a las autoridades sino también a la sociedad en su conjunto. Es decir, hay que esconder la basura bajo la alfombra.
Al insistir en ese tema, precisamente por su enorme trascendencia y su cualidad de reflejar uno de los problemas más profundos de esta comunidad humana, resulta imperioso referirse al papel de las instituciones y los vicios de comportamiento de sus representantes. En este caso particular, es imperioso exigir explicaciones al ministro de Gobernación y al director de Presidios, sobre la manera despectiva, ilegal y profundamente machista como administran el sistema penitenciario.
Esto no solo se refleja en la indiferencia con la cual han tratado los crímenes cometidos contra mujeres y niñas en sus instalaciones, sino además en las normas discriminatorias impuestas contra las féminas, a quienes se les exige -de manera absolutamente ilegal- vestir falda para ingresar a los centros carcelarios a visitar a sus familiares. Esto es sólo un ejemplo de lo que está ahí, en nuestras narices, en flagrante violación a la Constitución y las leyes, algo que nos negamos tercamente a enfrentar.
El trato abusivo que se da a las reclusas, un interesante tema a investigar, es otro de los ángulos de este diamante lleno de imperfecciones que es el sistema de seguridad y justicia. Sin embargo, también pasa inadvertido por falta de interés, porque según los ciudadanos honrados “ellas se lo buscaron”, pero sobre todo porque estamos muy ocupados desenredando nuestro pequeño universo personal como para hacernos cargo de asuntos tan áridos como el estado de Derecho o la búsqueda de un mejor futuro para Guatemala.
Nuestros códigos de lenguaje reflejan un profundo racismo y un innegable desprecio por la equidad de género. En el fondo, el ciudadano urbano y ladino continúa culpando de todas sus desgracias a la diversidad étnica y se niega a aceptar su responsabilidad en el estado de cosas, léase: discriminación, pobreza, corrupción e injusticia.
No quiere saber más sobre el femicidio, como si esta patología de la sociedad guatemalteca que produce más de 700 muertes violentas de niñas y mujeres cada año fuera un aspecto natural de las cosas, una manifestación de la inseguridad, tal como los asaltos, los robos de vehículos o los secuestros.
Después de publicar un artículo sobre las niñas violadas por los reclusos del sector 11 del Preventivo, pude comprobar lo cierto que es el rechazo a ver la realidad, pero sobre todo a asumir el compromiso de luchar por cambiar las cosas. Hubo quienes pasaron de largo para no experimentar el choque de la crudeza del tema y también quienes reclamaron por haber abordado un asunto tan negativo, el cual pone en tela de juicio no sólo a las autoridades sino también a la sociedad en su conjunto. Es decir, hay que esconder la basura bajo la alfombra.
Al insistir en ese tema, precisamente por su enorme trascendencia y su cualidad de reflejar uno de los problemas más profundos de esta comunidad humana, resulta imperioso referirse al papel de las instituciones y los vicios de comportamiento de sus representantes. En este caso particular, es imperioso exigir explicaciones al ministro de Gobernación y al director de Presidios, sobre la manera despectiva, ilegal y profundamente machista como administran el sistema penitenciario.
Esto no solo se refleja en la indiferencia con la cual han tratado los crímenes cometidos contra mujeres y niñas en sus instalaciones, sino además en las normas discriminatorias impuestas contra las féminas, a quienes se les exige -de manera absolutamente ilegal- vestir falda para ingresar a los centros carcelarios a visitar a sus familiares. Esto es sólo un ejemplo de lo que está ahí, en nuestras narices, en flagrante violación a la Constitución y las leyes, algo que nos negamos tercamente a enfrentar.
El trato abusivo que se da a las reclusas, un interesante tema a investigar, es otro de los ángulos de este diamante lleno de imperfecciones que es el sistema de seguridad y justicia. Sin embargo, también pasa inadvertido por falta de interés, porque según los ciudadanos honrados “ellas se lo buscaron”, pero sobre todo porque estamos muy ocupados desenredando nuestro pequeño universo personal como para hacernos cargo de asuntos tan áridos como el estado de Derecho o la búsqueda de un mejor futuro para Guatemala.
Es tarde para desmayos
En el momento de su captura, el ex presidente del Congreso mostró cuán pobre es el material del que está hecho.
Con miedo en la mirada, temblor en las manos y un evidente sudor frío apareció ante las cámaras el ex presidente del Congreso de la República al ser capturado por las fuerzas policiales y funcionarios del Ministerio Público, el jueves de la semana pasada. Acusado por su participación en el manejo irregular de 16.2 millones de quetzales pertenecientes al presupuesto del legislativo, Rubén Darío Morales mostró su cobardía al tratar de escabullirse hacia el interior del Congreso para no enfrentar a la justicia.
Sin embargo, no todo le salió tan mal, porque una vez más un juez decidió premiarlo con la reclusión en un hospital privado en lugar de enviarlo al sitio donde merece estar: la cárcel. Lo que muchos ciudadanos se preguntan es si los jueces serían tan benevolentes con otros delincuentes o tienen especial deferencia con algunos en particular por pertenecer a la clase política.
El sistema de justicia -y esto lleva dedicatoria especial para los nuevos integrantes de las Cortes- tienen la oportunidad dorada de probar que fueron bien elegidos, que merecen ejercer esas magistraturas y honrarán el juramento de defender la Constitución y las leyes no importando cuáles sean las circunstancias o, como en este caso, no importando quiénes sean los acusados.
Guatemala necesita una reparación que marque claramente el camino de regreso al respeto de los valores cívicos y los derechos humanos. Algunos de los señalamientos contra Morales indican que él y sus familiares cercanos recibieron un millón de quetzales como comisión por oscuras transacciones con dineros del erario nacional. Su sucesor en la silla presidencial del organismo legislativo, Eduardo Meyer, también acusado por el saqueo de 82.8 millones de quetzales, al enterarse de su captura se desmayó en pleno hemiciclo de la pura impresión, previendo un destino parecido.
Lo menos que se puede esperar de los nuevos magistrados de las Cortes Suprema y de Apelaciones es que cumplan con su obligación y acaben con el régimen de impunidad institucionalizado por sus predecesores. El pueblo de Guatemala merece autoridades honestas, responsables y capaces de hacer una gestión pública eficaz y transparente.
El ejemplo que han dado estos dos ex presidentes del Congreso de la República a la sociedad, es que las autoridades electas no sólo gozan de inmunidad por sus acciones, sino además se colocan a sí mismos por encima de la ley, pretendiendo ser intocables.
Ahora es la oportunidad de demostrarles que por encima de la ley, no hay nadie. Y que sus pretensiones de impunidad serán borradas del historial jurídico del país por una acción firme, clara, decidida y bien fundamentada del sistema de justicia, como escarmiento para toda la clase política.
Con miedo en la mirada, temblor en las manos y un evidente sudor frío apareció ante las cámaras el ex presidente del Congreso de la República al ser capturado por las fuerzas policiales y funcionarios del Ministerio Público, el jueves de la semana pasada. Acusado por su participación en el manejo irregular de 16.2 millones de quetzales pertenecientes al presupuesto del legislativo, Rubén Darío Morales mostró su cobardía al tratar de escabullirse hacia el interior del Congreso para no enfrentar a la justicia.
Sin embargo, no todo le salió tan mal, porque una vez más un juez decidió premiarlo con la reclusión en un hospital privado en lugar de enviarlo al sitio donde merece estar: la cárcel. Lo que muchos ciudadanos se preguntan es si los jueces serían tan benevolentes con otros delincuentes o tienen especial deferencia con algunos en particular por pertenecer a la clase política.
El sistema de justicia -y esto lleva dedicatoria especial para los nuevos integrantes de las Cortes- tienen la oportunidad dorada de probar que fueron bien elegidos, que merecen ejercer esas magistraturas y honrarán el juramento de defender la Constitución y las leyes no importando cuáles sean las circunstancias o, como en este caso, no importando quiénes sean los acusados.
Guatemala necesita una reparación que marque claramente el camino de regreso al respeto de los valores cívicos y los derechos humanos. Algunos de los señalamientos contra Morales indican que él y sus familiares cercanos recibieron un millón de quetzales como comisión por oscuras transacciones con dineros del erario nacional. Su sucesor en la silla presidencial del organismo legislativo, Eduardo Meyer, también acusado por el saqueo de 82.8 millones de quetzales, al enterarse de su captura se desmayó en pleno hemiciclo de la pura impresión, previendo un destino parecido.
Lo menos que se puede esperar de los nuevos magistrados de las Cortes Suprema y de Apelaciones es que cumplan con su obligación y acaben con el régimen de impunidad institucionalizado por sus predecesores. El pueblo de Guatemala merece autoridades honestas, responsables y capaces de hacer una gestión pública eficaz y transparente.
El ejemplo que han dado estos dos ex presidentes del Congreso de la República a la sociedad, es que las autoridades electas no sólo gozan de inmunidad por sus acciones, sino además se colocan a sí mismos por encima de la ley, pretendiendo ser intocables.
Ahora es la oportunidad de demostrarles que por encima de la ley, no hay nadie. Y que sus pretensiones de impunidad serán borradas del historial jurídico del país por una acción firme, clara, decidida y bien fundamentada del sistema de justicia, como escarmiento para toda la clase política.
La espuma de la ola
En Guatemala, los escándalos se quedan en promesas de investigar, encontrar culpables, iniciar procesos. Y de ahí no pasan.
Los sistemas de control en la administración pública sufren con cada cambio de presidente, de ministro o de jefe de servicio. Los archivos no existen y cuando se encuentra alguno, está desactualizado e incompleto. Esto representa un retroceso para la labor administrativa del Estado y, por supuesto, para el avance de las políticas públicas.
Un ejemplo: el actual ministro de Gobernación se enteró por la prensa de los casos de niñas y adolescentes violadas por reclusos del Preventivo. Así nada más. Es decir, no existen reportes desde los centros carcelarios ni hay evidencia alguna de las irregularidades y crímenes que allí se cometen. Por su parte, el jefe del sistema penitenciario afirma que, al no haber denuncias de las afectadas, nada se puede hacer.
Estos casos de niñas y adolescentes violadas en las instalaciones del Preventivo debe constituir un parteaguas para la administración de justicia en Guatemala. Los crímenes cometidos contra estas víctimas están claramente tipificados en la Ley contra el Femicidio y las investigaciones deben iniciarse de inmediato, involucrando no sólo a los hechores sino también a sus cómplices, quienes se encuentran obviamente entre guardias y autoridades de presidios.
En cualquier país medianamente civilizado este escándalo hubiera costado al ministro su puesto, pero también se hubiera movilizado la sociedad para exigir justicia y reparación. En Guatemala es probable que el Presidente ni siquiera tenga el tema en su agenda, por considerarlo un “problema menor” a resolver por instancias más bajas.
El caso, sin embargo, es mucho más complejo y no afecta solamente al centro carcelario mencionado, sino también al resto del sistema penitenciario. ¿Cómo consta a las autoridades que lo mismo no esté sucediendo en el Petén, en Escuintla o en Quetzaltenango? ¿Cuántos casos de violaciones, torturas y extorsiones se producen a diario desde las cárceles por negligencia de las autoridades y por complicidad de los mismos guardias de las prisiones?
No basta que el ministro acepte la realidad de lo sucedido. Debe asumir total responsabilidad en esta clase de hechos, los cuales revelan el poder de las maras, un inconcebible nivel de impunidad en todo el sistema y, sobre todo, una grave actitud de indiferencia y pasividad de la sociedad, escondida tras el silencio y refugiada en su cada vez más vulnerable zona de confort.
Como reza un dicho popular, esperemos que estos casos paradigmáticos de violencia contra las mujeres no se queden en la espuma de la ola, y que de su seguimiento se genere un tsunami capaz de limpiar de lacras a las instituciones involucradas.
Los sistemas de control en la administración pública sufren con cada cambio de presidente, de ministro o de jefe de servicio. Los archivos no existen y cuando se encuentra alguno, está desactualizado e incompleto. Esto representa un retroceso para la labor administrativa del Estado y, por supuesto, para el avance de las políticas públicas.
Un ejemplo: el actual ministro de Gobernación se enteró por la prensa de los casos de niñas y adolescentes violadas por reclusos del Preventivo. Así nada más. Es decir, no existen reportes desde los centros carcelarios ni hay evidencia alguna de las irregularidades y crímenes que allí se cometen. Por su parte, el jefe del sistema penitenciario afirma que, al no haber denuncias de las afectadas, nada se puede hacer.
Estos casos de niñas y adolescentes violadas en las instalaciones del Preventivo debe constituir un parteaguas para la administración de justicia en Guatemala. Los crímenes cometidos contra estas víctimas están claramente tipificados en la Ley contra el Femicidio y las investigaciones deben iniciarse de inmediato, involucrando no sólo a los hechores sino también a sus cómplices, quienes se encuentran obviamente entre guardias y autoridades de presidios.
En cualquier país medianamente civilizado este escándalo hubiera costado al ministro su puesto, pero también se hubiera movilizado la sociedad para exigir justicia y reparación. En Guatemala es probable que el Presidente ni siquiera tenga el tema en su agenda, por considerarlo un “problema menor” a resolver por instancias más bajas.
El caso, sin embargo, es mucho más complejo y no afecta solamente al centro carcelario mencionado, sino también al resto del sistema penitenciario. ¿Cómo consta a las autoridades que lo mismo no esté sucediendo en el Petén, en Escuintla o en Quetzaltenango? ¿Cuántos casos de violaciones, torturas y extorsiones se producen a diario desde las cárceles por negligencia de las autoridades y por complicidad de los mismos guardias de las prisiones?
No basta que el ministro acepte la realidad de lo sucedido. Debe asumir total responsabilidad en esta clase de hechos, los cuales revelan el poder de las maras, un inconcebible nivel de impunidad en todo el sistema y, sobre todo, una grave actitud de indiferencia y pasividad de la sociedad, escondida tras el silencio y refugiada en su cada vez más vulnerable zona de confort.
Como reza un dicho popular, esperemos que estos casos paradigmáticos de violencia contra las mujeres no se queden en la espuma de la ola, y que de su seguimiento se genere un tsunami capaz de limpiar de lacras a las instituciones involucradas.
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