La ley no basta

Cuatrocientas mujeres asesinadas durante el primer semestre del año son la prueba palpable de que se requiere algo más que una ley para detener el femicidio. El tema del femicidio ha pasado a tercer plano. Se desgastó por su recurrencia, tal como sucede con todo lo que se repite una y otra y otra vez, hasta que la conciencia se anestesia y deja de reaccionar ante la miseria humana. A las mujeres las torturan y las matan por ser mujeres, eso es un hecho. Y es parte de nuestra cultura, como las tortillas y los tamales. Las 16 muertes violentas –entre hombres y mujeres- por día en promedio en el primer semestre del año, hacen que el femicidio pierda protagonismo y se confunda en el contexto de la criminalidad incontrolable que agobia a la ciudadanía. A los asesinatos hay que sumar los secuestros, las violaciones, las extorsiones, los asaltos a mano armada y un sinnúmero de otros delitos que se cometen a diario. De acuerdo con investigaciones realizadas por la Fundación Myrna Mack, el Ministerio Público sólo presenta acusaciones ante un juez en el 3% de los casos y, de ese número irrisorio, pocos son los que llegan a una sentencia condenatoria. El hilo procesal de esa ínfima proporción de casos remata en un centro carcelario desde el cual, por medio de sobornos o amenazas, los reos tienen total libertad para continuar cometiendo fechorías. En esta abrumadora inseguridad, los integrantes de las fuerzas del orden tienen una participación activa y creciente. Los cambios en Gobernación no han contribuido en nada a la estabilidad de esa cartera, la mayor responsable de contrarrestar la violencia en el país, y sus funcionarios han fracasado rotundamente en la tarea de integrar un cuerpo policial limpio de antecedentes, bien entrenado y capaz de inspirar confianza. Por eso cuando se asesina a una mujer, nada sucede. Los casos quedan enterrados bajo toneladas de expedientes paralizados por la burocracia. La escena del crimen no se investiga, no se busca identificar a los culpables y el crimen simplemente se suma a otros en la lista de la impunidad. Si esto sucede con los asesinatos, a nadie puede extrañar que para fiscales y jueces, los casos de violaciones y de abuso contra las mujeres no pasen de ser hechos anecdóticos que apenas merecen un comentario sarcástico. ¿De qué sirven entonces los cacareados programas de cohesión social? ¿A quién benefician? ¿A una sociedad carente de líderes, de gobernantes capaces, de funcionarios honestos y eficientes? En Guatemala se requiere de un plan integral de desarrollo, una total reingeniería del aparato estatal con la depuración de toda la lacra acumulada durante las últimas décadas y no de campañas de autobombo que no involucran una voluntad real de transparentar el gasto público ni acabar con la anarquía.