Ciudadanía plena

La ciudadanía se ejerce no sólo con acciones puntuales como elección de autoridades, también es una forma de vida y participación social. En estos días se ha debatido ampliamente el tema de la elección de integrantes para las Comisiones de Postulación, pero podría apostar a que muy pocos ciudadanos comprenden a fondo cuáles son las implicaciones de este hecho y, menos aún, quienes se interesan por conocer todos los detalles. Esta apatía colectiva tiene su origen en el elevado nivel de escepticismo que priva en la sociedad cuando se menciona cualquier proceso político-institucional. Y no es para menos si el proceso involucra al sector justicia, uno de los más señalados por corrupción y falta de profesionalismo dentro de las estructuras de gobierno. Con esto volvemos al tema de la necesidad de impulsar una total reingeniería de la función pública, tal y como sugiere el Informe Barómetro, presentado por el Plan Regional para fortalecimiento y profesionalización de los servicios civiles y función pública en Centro América y República Dominicana. Este informe deja en evidencia las deficiencias de todos los países de la región en sus estructuras burocráticas, con excepción de Costa Rica, y señala los progresos alcanzados por República Dominicana gracias a la aprobación de una nueva ley que regula esta materia. Las precarias condiciones en las cuales funciona el sector justicia, por lo tanto, son otra de las consecuencias de un pobre concepto de la importancia de contar con un sistema estricto y bien diseñado de elección de funcionarios para todas las posiciones del escalafón, cuya oportunidad de hacer carrera esté garantizada por la calidad de su trabajo y la solidez de sus valores como factores clave de su estabilidad laboral, y no estén sujetos a la amenaza del clientelismo y la politización de los cuadros administrativos. Este punto, vital para construir un verdadero estado de Derecho capaz de sostener el proceso democrático, también es mencionado por el doctor José Antonio Martín, de la Comisión Internacional de Juristas. En otros aspectos, el experto también insiste en la importancia de involucrar a la ciudadanía como ente activo en los procesos de administración de justicia, remarcando que “un abogado que pretenda que no debe rendir cuentas frente a la sociedad, (…) está un poco desorientado dentro de la democracia”. En suma, tanto la profesionalización de la función pública como el involucramiento activo de la sociedad en la fiscalización de los procesos que garanticen la transparencia de esta función, constituyen ejes fundamentales para la recuperación de la credibilidad en las instituciones del Estado.