Intereses particulares

Los 11 rectores de las universidades sacaron las uñas y, para no dejar duda, actuaron en grupo contra la Ley de Comisiones de Postulación. Asombrados deben estar muchos guatemaltecos al ver que los rectores de las universidades, en pleno, han decidido boicotear la Ley de Comisiones de Postulación porque no están de acuerdo con la elección de los presidentes de dichas comisiones a través de un sorteo público. Con razón se preguntarán: “¿Y no que querían transparencia, pues?”. Es importante señalar que pocas instituciones tienen mayor credibilidad que las universidades, en términos generales. Es evidente que hay excepciones, unas defienden con mayor entusiasmo los privilegios de ciertos sectores y otras se han perdido en su laberinto de concesiones políticas y burocracia. Sin embargo, en general el ámbito académico tiene la reputación de congregar a lo mejor de la intelectualidad y eso, sin duda, constituye una de sus mayores virtudes. Pero la realidad parece ser muy diferente. Si alguien esperaba encontrar en estos centros del saber una actitud congruente con su elaborado discurso sobre la búsqueda de respuestas a los problemas nacionales, la relevancia del papel de las universidades en el desarrollo educativo, intelectual, técnico y profesional del país o su aparente neutralidad ante la pugna política, puede empezar a aterrizar en el suelo firme porque las cosas no van por ese lado. No cabe la menor duda de que la Ley de Comisiones de Postulación altera los nervios de algunos rectores cuyas ambiciones políticas son de dominio público. No quieren transparencia. Prefieren que las cosas se hagan a puerta cerrada sin testigos incómodos que puedan cuestionar sus maneras de negociar. Es decir, todo al más puro estilo del Congreso de la República, con ases en la manga y papelitos bajo la mesa porque lo que hoy hago por ti mañana te lo voy a cobrar. Con esta actitud y la connivencia de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que les han dado el sí, los rectores han opacado uno de los procesos más importantes en el establecimiento del estado de derecho, como la elección de los magistrados de las cortes. Conscientes de los vicios en este proceso, resulta altamente sospechoso que este grupo de alto nivel –cuyos integrantes deben ser ejemplo de rectitud y ética- se confabule de manera rotunda y sistemática en contra de la transparencia. Resulta burlesca la maniobra de presentar un recurso de inconstitucionalidad ante un grupo de magistrados que obviamente se han beneficiado con el actual mecanismo de elección. Sin embargo, es imperioso seguir luchando por hacer valer la razón en un asunto fundamental para la transparencia, la legalidad y la ética en las instancias fundamentales de este proyecto de democracia.