Vivir con el enemigo

Si los comunicadores no comunican, la democracia queda muda.

Una de las más graves amenazas para la democracia son los atentados contra la libertad de expresión. Signo inequívoco de la corrupción del sistema, la intimidación y los actos de violencia contra periodistas y otros comunicadores revelan las intenciones nada nobles de algunos sectores cuyo objetivo es mantener a la población en la ignorancia, y a la disidencia en el silencio.

Los medios de comunicación con vocación de independencia editorial son las primeras víctimas de los intentos de sabotaje, por erigirse como abanderados en la denuncia y la protesta. Aun cuando existen leyes creadas para garantizar la libertad en la emisión del pensamiento, cualquier fisura en el estado de Derecho constituye un peligro de colapso de éste y otros derechos cívicos a manos de grupos interesados en echar una red de contención a la prensa.

En Guatemala esto no es novedad, durante su historia -antigua y reciente- muchos han sido los intentos de acallar a la prensa y también muchas las batallas ganadas por este sector. Sin embargo, en los últimos meses han arreciado los intentos de intimidación, al punto de hacerse obvios para una sociedad que usualmente se mantiene ajena a este tipo de conflictos. Lo más preocupante es la impunidad que ha rodeado a los ataques, la cual denota el enorme poder que los ampara.

Si en este conflicto han salido a relucir nombres conocidos en el ambiente político y social, tampoco se puede pasar por alto que uno de los aspectos más críticos de esta guerra contra la prensa nacional es la vulnerabilidad de los periodistas y corresponsales que trabajan en el interior de la República. Estos colegas desempeñan una labor fundamental en el ejercicio de la profesión sin más escudo que su carnet de prensa y encomendándose a todos los santos para no sufrir represalias por sus investigaciones, muchas veces relacionadas con el crimen organizado o temas ambientales que ponen el dedo sobre empresas poderosas.

“Viviendo con el enemigo” sería el título de la saga, si ésta fuera una novela de ficción. Pero la situación es real y también lo son las amenazas para acallarlos, lo cual hace temer que el periodismo de provincia se encuentra en proceso de extinción. Enfrentados a una situación de extremo peligro y con el desafío adicional de proteger a su familia y mantenerse vivos, estos profesionales no podrán cumplir su tarea a menos que las autoridades asuman la responsabilidad de hacer valer las leyes que protegen el ejercicio periodístico y recuperen la institucionalidad en todo el territorio nacional.

Lo experimentado por los comunicadores es una situación que podría calificarse como un secuestro de los derechos y libertades ciudadanas. Si la prensa no puede funcionar, tampoco lo harán las instituciones fundamentales del Estado y eso se verá replicado en todas y cada una de las instancias que lo conforman. Este escenario tan precario para el goce de derechos de la ciudadanía implica un desgaste innecesario para el gobierno, el cual debería ser el primer interesado en recuperar el espacio perdido y alinear su actuar con las garantías constitucionales que juró defender.

(Publicado el 17/08/2013)