Huérfanos de nacimiento

La muerte materna no es solo un tema de salud, sino de Estado.

Se habla de la muerte materna como dato estadístico. Como consecuencia de las privaciones de ciertos estratos socio económicos, como el resultado de la pobreza y como una realidad inevitable para muchas mujeres carentes de educación y recursos. Pero la muerte materna trae aparejado mucho más que números. Es un reflejo de las enormes desigualdades en el goce de derechos y el profundo racismo existente en Guatemala.

En numerosas ocasiones he conversado con expertas, entre ellas la doctora Mirna Montenegro Rangel, del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, Osar, entidad que ha llevado a cabo un monitoreo constante de este problema. Las estadísticas presentadas por el Osar constituyen la radiografía incontestable del drama de miles de niñas, adolescentes y mujeres adultas cuya vida depende de decisiones políticas y actitudes administrativas que no las favorecen en nada.

De los datos de este observatorio se deduce que una postura racional y correcta del gobierno respecto a las políticas públicas en salud sexual y reproductiva podría contribuir de manera radical a la disminución de los embarazos en adolescentes y a la reducción de las muertes maternas con solo implementar programas de educación, nutrición y atención primaria a lo largo y ancho del país.

Pero esto no es solo decisión de una administración –la cual podría ser anulada en cuanto se produzca un relevo en el poder- sino un consenso de toda la sociedad para establecer una política de Estado sin influencia de sectores interesados en mantener las cosas como están, sin presiones doctrinarias ni ideológicas.

Para ejemplificar la dimensión del problema, basta saber que solo en el departamento de Huehuetenango de enero a mayo de 2013, de acuerdo con datos proporcionados por el Programa de Salud Reproductiva del Área de Salud, se detectaron 462 casos de embarazos en niñas de entre 11 y 15 años. Niñas cuyo cuerpo no está preparado para el proceso de la maternidad ni su mente lo está para asumir semejante reto. Las imágenes de esas menores desnutridas, abrumadas por una responsabilidad que no les corresponde y cargando a un bebé con un futuro tan incierto como el de su madre, revelan algo mucho más grave que una deficiencia en la educación. Es la denuncia patente de un sistema de injusticias alimentado por la corrupción, el cual marca la vida de un amplio sector de la población.

A este escenario se añade la violencia sufrida por estas menores al ser objeto de abuso sexual por parte de personas cercanas a su entorno familiar. Y no bastando eso, también experimentan la discriminación a nivel institucional al no contar con una atención integral adecuada a su estado etario y étnico, siendo tratadas como adultas en los centros de salud, cuando tienen acceso a ellos.

Estas niñas violadas tienen más probabilidades de morir durante el parto que una mujer adulta, físicamente preparada para la reproducción. De ahí que una cuarta parte de las muertes maternas se produzcan en niñas y adolescentes. Pero el problema no está solo en evitar esas muertes, sino en reparar las injusticias de un sistema social, político y económico profundamente discriminatorio.

(Publicado el 12/08/2013)