Punto de ruptura

El maridaje entre gobierno y sector privado aumenta peligrosamente la presión social.

El discurso de tono demócrata y lleno de promesas de justicia social quedó atascado en la campaña electoral de 2007. Hoy, la realidad es muy diferente para la pareja presidencial y sus compromisos con el grupo que manda en el país –el que tiene la plata contante y sonante- les obliga a traicionar no sólo sus ideales políticos sino también a quienes les sentaron en el trono. Así de mal funciona la democracia en esta nación.

Los desalojos de campesinos en fincas de Alta Verapaz y otros departamentos no debería analizarse sin tomar en cuenta el contexto general, porque el problema de la miseria, la falta de oportunidades, la injusticia en el trato a los sectores más pobres y la violación de los derechos laborales es una epidemia a nivel general. Allí entran también las trabajadoras de maquilas y quienes deben conformarse con el trabajo informal para medio sobrevivir.

Cuando el presidente negocia el salario mínimo con el sector privado debería tener en cuenta que este grupo jamás le aceptará una medida que afecte sus ganancias. Y eso es natural. Por ello, un gobernante tiene la obligación de tomar distancia de todos los bandos y, después de un razonado y bien fundamentado análisis técnico, tomar la decisión que favorezca al país a largo plazo.

Los privilegios indiscriminados de la clase económicamente poderosa sólo han traído más pobreza, menos oportunidades de desarrollo y mucha confrontación social. Todo ello como consecuencia lógica de politicas clientelistas basadas en conveniencias electorales y ansias de poder de partidos políticos que, en lugar de consolidarse institucionalmente, se transforman en clubes de amigos con duración limitada.

En el proceso hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo es preciso sacrificar intereses particulares por el bien general. De nada le sirve al sector privado una fuerza de trabajo desnutrida y con retraso mental por falta de nutrientes básicos en sus primeros cinco años de vida. De nada sirve un contingente de ciudadanos incapaces de interpretar instrucciones porque nunca tuvieron la oportunidad de estudiar y menos aún de recibir capacitación técnica. De nada sirve al desarrollo nacional la discriminación contra miles de trabajadoras mujeres cuyos derechos laborales son violados, porque no hay un Estado funcional capaz de hacer cumplir la ley ni un cuerpo legislativo que lo obligue a actuar en consecuencia.

Un gobernante ético puede llegar a convertirse en un estadista. Un gobernante comprometido con un sector se inhabilita política e institucionalmente, traicionando su juramento constitucional y, de paso, dándole la espalda a la nación. La represión contra el pueblo cuando éste exige soluciones a los grandes problemas que lo aquejan es una reacción poco inteligente. Especialmente cuando “inteligencia” fue la promesa.

21.03.2011