Un pueblo educado

Publicado el 02/07/2011

La educación ha sido siempre el patito feo de la agenda y del presupuesto nacional. 


El acceso a la educación constituye una de las líneas fundamentales de la propaganda política. Todo aquel que aspire a ocupar la más alta magistratura de la Nación sabe bien que la educación es un tema fundamental para la población, por lo cual se encuentra en el centro de sus promesas de campaña. Sin embargo, también está consciente de las amenazas implícitas en el cumplimiento de tales promesas en caso de ser electo.

Las clases dominantes nunca han querido educar al pueblo. A pesar de que el desarrollo de un país depende de una mano de obra cada vez más especializada y de una ciudadanía conocedora de sus derechos y obligaciones, a los dueños de la tierra y del capital industrial les provoca escozor cualquier iniciativa de gobierno tendente a elevar el nivel educativo y a desarrollar las capacidades intelectuales y cognitivas de las personas.

Es probable que esa resistencia, fortalecida por el hecho adicional de ser estos grupos los financistas de las campañas políticas, sea la causa de que Guatemala esté entre los países con menor nivel educativo de todo el continente, con el agravante de tener también la población infantil más desatendida en términos de nutrición y salud.

No es necesario ser Nostradamus para pronosticar lo que esa situación -combinados los factores alimentación, educación y salud- va a significar para el futuro inmediato de este país. Las elevadas tasas de natalidad vienen a sumarse a los factores negativos, incidiendo de manera determinante en una cada vez menor calidad de vida para un cada vez mayor porcentaje de habitantes.

Cualquier ciudadano que recuerde las campañas presidenciales de los últimos veinte años, ha podido comprobar que los planes de alfabetización, la construcción de infraestructura educativa, la capacitación de maestros y la dignificación de ese gremio han sido postergados prácticamente desde el inicio de cada período presidencial.

Las autoridades siempre han sido elusivas cuando se les exigen respuestas, porque un arranque de honestidad les obligaría a declarar que la marginación de la educación es y ha sido siempre política de Estado.

Un pueblo educado tendría la capacidad suficiente para fiscalizar a sus autoridades, poseería los recursos intelectuales y la información para desafiar al oscurantismo en la ejecución del presupuesto general de la Nación, exigiendo un comportamiento ético a sus representados en el Congreso de la República. Y lo haría en forma masiva, como sucede en cualquier país con una población ligeramente más informada de sus derechos cívicos. Esto porque, como reza el lema de los estudiantes chilenos, un pueblo educado jamás será engañado.