Justicia sin fronteras

Publicado el 18/07/2011

El temor de juzgar en Guatemala casos de alto impacto es una realidad justificada. 
Las dudas expresadas por el titular de la Cicig respecto de las limitaciones del sistema de administración de justicia para juzgar a Carlos Vielmann y garantizar su seguridad no deberían extrañar a nadie, dadas sus evidentes debilidades.

Guatemala, sin embargo, no es una excepción. Todos los países en donde se consolidan círculos de poder cuya fuerza es capaz de torcer cualquier fortaleza institucional, están en enorme desventaja a la hora de imponer justicia o de hacer respetar las leyes. No digamos cuando se trata de sentar un precedente histórico al hacer valer la soberanía de la ley sobre una persona influyente y poderosa como el ex ministro de Gobernación o, en el caso de Portillo, sobre un ex presidente de la República.

Guatemala ha estado desde hace varios años en el vértice de la ola en temas como la corrupción, la falta de transparencia, el abuso de poder y la violencia institucionalizada, tanto desde las organizaciones criminales como desde el interior del Estado. Por lo tanto, la posibilidad de que sus instituciones del sector justicia puedan hacer valer la ley de una manera imparcial es muy relativa y provoca serios cuestionamientos.

El presidente del organismo judicial, por lo tanto, está en una posición muy difícil tratando de justificar la decisión de la jueza Carol Patricia Flores de solicitar a España la extradición de Carlos Vielmann, en un contexto de dudas sobre la pertinencia de esa decisión. Por un lado, descalificar a sus jueces sería como confesar que no hace bien su trabajo y, por otro, quien le hace estos señalamientos es un organismo internacional cuyo desempeño ha sido controversial y no siempre bien visto por los funcionarios locales.

Sin embargo, la jefa del Ministerio Público no opina igual. Para la doctora Paz y Paz la extradición de Vielmann es inconveniente por no existir en el país las condiciones que garanticen la integridad física y el acceso a la justicia para el acusado, debido a la existencia de cuerpos clandestinos y aparatos de seguridad, una realidad que ni siquiera el presidente de la CSJ puede poner en duda.

La situación es extremadamente compleja, pero para la opinión pública probablemente resulta evidente que los argumentos de los titulares del MP y la Cicig son válidos. Porque, ¿quién podría asegurar el hecho de que la decisión de la jueza Flores no es más un acto reivindicativo de la autoridad que una promesa de justicia? En el fondo, ningún operador de justicia en Guatemala puede presumir de transparencia, porque lo que está dañado hasta sus cimientos es el sistema mismo.

En resumen, quizás la intervención de una corte internacional sea el recurso más adecuado y el menos oneroso mientras en Guatemala se logran desarticular los mecanismos que impiden la impartición de justicia con integridad y transparencia.