Recursos de campaña

Publicado el 06/06/2011

Es sospechosa la manera como los partidos protegen la información sobre sus recursos. 


En un país con un fuerte sistema democrático, es impensable que los partidos políticos oculten la información sobre sus fuentes de financiamiento. Para ello, los argumentos sobran: 1) Quien invierte en una campaña busca beneficios personales; 2) Es una manera ideal de lavar activos sin dejar huellas y además obtener ganancias de mediano y largo plazos; 3) Es un mecanismo sencillo y accesible para tener control sobre las decisiones políticas y económicas del país; 4) Da entrada fácil a las organizaciones sociales sin cumplir requisito alguno.

Cuando los representantes del pueblo en el Congreso de la República son quienes se oponen a estos controles, revelan su falta de compromiso con su juramento y cometen traición a la patria al anteponer los intereses particulares por encima de los del pueblo que los eligió. Con esa actitud, los diputados demuestran su desdén por los preceptos constitucionales, pero también su pofundo desprecio por la integridad del sistema democrático al cual han jurado defender, poniendo en peligro no solo el estado de Derecho sino también la soberanía del país.

En la actualidad, es posible observar a todos estos personajes de comedia atropellándose frente al Tribunal Supremo Electoral para asegurarse un puesto en las papeletas, a pesar de los muchos reparos éticos o legales que llevan sobre sus espaldas. Lo más preocupante es el hecho de que, para los ciudadanos probos que aceptarían arriesgarse a ingresar a ese círculo perverso con intenciones de elevar su nivel, no existe la menor oportunidad. Si no hay dinero a manos llenas, no hay sitio en los listados. Punto.

Este condicionamiento al aporte económico está destruyendo las bases de la democracia, al abrir los accesos al tráfico de influencias por parte de grupos opuestos a un sistema jurídico recto y transparente. En esta carrera de galgos no solo participan narcotraficantes o miembros prominentes de las redes de contrabando, sino también grupos empresariales, los mismos que siempre han estado al acecho para llenarse las bolsas y librarse de las cargas tributarias.

Si esta situación persiste, Guatemala, como Estado libre e independiente, estará acabada muy pronto. La solución existe, la han probado otros países y funciona: establecer máximos no solo en dinero, sino también en espacios públicos, en acceso libre a las frecuencias radiofónicas y televisivas –las cuales son propiedad del Estado y, por lo tanto, del pueblo- y terminar de una vez por todas este nefasto abuso, fijando reglas claras para todos por igual.

Quizás de ese modo algún día se presenten a los cargos más importantes de la nación profesionales honestos, ciudadanos decentes con el ímpetu suficiente para salvar la dignidad de Guatemala y de sus instituciones.