Cualquiera al poder

Publicado el 30/05/2011

¿Qué buscan los partidos con su pretensión de eliminar el requisito del finiquito?


El finiquito es un documento que, en un sistema democrático y con un estado de Derecho vigente, garantiza la probidad de los candidatos que desean optar a cargos de elección popular. En otras palabras, protege a la ciudadanía de posibles funcionarios corruptos, delincuentes con procesos pendientes o individuos con un prontuario nutrido por diferente tipo de delitos.
El hecho de que los partidos políticos soliciten al Tribunal Supremo Electoral eliminar este requisito, es una forma muy evidente de confesar que en sus filas hay elementos sospechosos o abiertamente indeseables. Es decir, esas instituciones –porque los partidos lo son- pretenden encubrir delitos o faltas de sus candidatos con el supuesto objetivo de darles acceso a la tan deseada inmunidad y facilitarles la comisión de nuevos delitos desde el seno mismo del aparato estatal.
Este requisito indispensable para transparentar la gestión pública resulta muy aplicable en el caso de diputados y alcaldes. La mayoría de ellos, buenos y malos, buscan la reelección. Y también es mayoría quienes tienen denuncias por malos manejos de los fondos o por conductas sospechosas de corrupción. Y lo que sus organizaciones hacen al solicitar la impunidad, es encubrirlos.

La situación del país, con su debilidad institucional y la falta de fiscalización de la gestión gubernamental por parte de la ciudadanía, demanda la aplicación estricta de las leyes y no la búsqueda de tratos de excepción para facilitar el ingreso de personas sospechosas al círculo del poder político. Si los líderes de los partidos no tienen la integridad necesaria para garantizarle esto a la población, tampoco deberían gozar de sus preferencias electorales.
La sola iniciativa de solicitar la exoneración de la presentación de los finiquitos resulta reprobable y altamente perjudicial para el correcto desarrollo del proceso electoral. Ya las campañas cometen graves violaciones a las leyes al invadir el espacio público, haciéndolo incluso desde antes de lo permitido por las leyes que regulan la materia. Esa actitud arrogante de las organizaciones políticas más parece un reflejo de la arrogancia inveterada de sus financistas, aquellos que se creen dueños de Guatemala.
Lo demostrado con esta nueva manera de evadir la aplicación de la ley es que ninguno de los partidos solicitantes de exoneración merece un solo voto del pueblo. No solo resultan sospechosos de delitos sino además muestran un total desprecio por la soberanía de las normas constitucionales, lo cual marca la ruta de sus futuras acciones.
Si la ciudadanía muestra algo de respeto por sí misma, debería tomar nota cuidadosa de este hecho y tomarlo muy en cuenta al momento de emitir su sufragio. El futuro de sus hijos y de su patria dependen de ello.