Un compromiso inapelable

Las Metas del Milenio deberían convertirse en el proposito central de los gobiernos de los países en vías de desarrollo. Es comprensible la frustracion de algunos lideres al constatar que el cumplimiento de las Metas del Milenio, en especial las relativas a la erradicación de la pobreza y el hambre, están cada vez más amenazadas por los altibajos de la economía de los países ricos provocados por la inmoral manipulación de un puñado de grandes compañías en connivencia con el gobierno de Estados Unidos. Una vez más, el imperio ataca. Y otra vez, agrede a los más débiles con la inmisericordia propia de su ilimitado poder. La excesiva protección a los intereses de los grandes consorcios y el control ejercido por algunos gobiernos del primer mundo sobre los organismos internacionales, la banca, los legisladores y las cúpulas económicas de las naciones subdesarrolladas, ha sido el mecanismo a través del cual se ha ido profundizando de manera acelerada el empobrecimiento de las sociedades tercermundistas, alcanzando niveles nunca vistos en la historia. En violento contraste, están las ganancias obscenas de las multinacionales, las cuales gracias a presiones sobre los políticos locales han logrado establecerse en nuestros territorios disfrutando de toda clase de granjerías y exenciones fiscales, extrayendo sus riquezas al mínimo costo y dejando sólo focos de corrupción tan profundos como los agujeros de las minas y tan extensos como sus planes de expoliación. Es evidente que en circunstancias tan adversas para el desarrollo de los países, las Metas del Milenio se van perdiendo entre las prioridades de la agenda gubernamental –digan lo que digan los políticos- porque el contexto no les es propicio. Primero, por estar la concentración de las decisiones de Estado circunscrita a un puñado de funcionarios afines al partido que gobierna, y luego porque se comienza a definir un estilo de hacer las cosas que no tolera el disenso ni invita a la participación plural de otros sectores de la sociedad. En suma, aún cuando en algunos aspectos se perciban ciertos avances, el panorama global dice otra cosa. Las demostraciones –abiertas, públicas y descaradas- de corrupción entre los legisladores, los administradores de justicia y los anillos que rodean a los funcionarios en cuanta dependencia existe, hablan de retroceso. El país necesita con urgencia un cambio radical. No en el sentido en el cual se orienta, con síntomas manifiestos de concentración del poder en manos de la pareja presidencial, lo cual es obvio por mucho que les moleste el señalamiento, sino con una voluntad férrea de hacer las cosas bien, de tomar las decisiones correctas, de encaminarse por fin a la recuperación de la institucionalidad y de la maltratada dignidad nacional.