Mujeres en la agenda

Los partidos políticos guatemaltecos aún no comprenden -ni aceptan- que no puede haber democracia sin equidad de género. Para analizar la actitud de los dirigentes políticos es imprescindible mencionar que, para la mayoría de quienes ejercen esa actividad en Guatemala, el término democracia es un concepto abstracto sin aplicación práctica. Por lo tanto, exigirles cambios en las estructuras y en los estatutos de sus partidos para dar cabida a un sistema de cuotas, jamás encontrará una respuesta positiva a menos que se apruebe una reforma en las leyes para hacerlo obligatorio. El sistema de cuotas de participación por género en los partidos políticos, y también en los cargos públicos, ha sido la herramienta fundamental en muchos países del mundo para romper paradigmas arcaicos que aún hoy, en pleno siglo veintiuno, constituyen una barrera para el desarrollo pleno de los pueblos. Este ha sido uno de los temas a debatir en el marco de la II Conferencia del Movimiento de los Países No Alineados que se desarrolla en Guatemala con la participación de representantes de 81 países, discusión principalmente centrada en los avances del cumplimiento de las Metas del Milenio en aquellos temas relacionados con las oportunidades de desarrollo de las mujeres. El tema de las cuotas duele. Y esto es porque rompe una tradición patriarcal sólidamente enraizada en el país, culturalmente reforzada a través de la educación de niñas y niños, socialmente aceptada como un hecho irremediable y contra el cual se han estrellado muchas iniciativas de ley tendentes a transformarla. Sin embargo, la mayor resistencia proviene de quienes lo perciben como una peligrosa amenaza a sus cuotas de poder y sus mecanismos de corrupción, cuidadosamente estructurados y protegidos. Es por ello fundamental la preparación política y técnica de las mujeres diputadas. El papel que representan, aún con la mísera cuota de 19 escaños en un congreso con 158, constituye una punta de lanza para iniciar una escalada numérica que ponga en la agenda no sólo los temas atingentes a su género, sino también los temas marginados de enorme impacto social, como los relativos a salud y educación, seguridad y acceso a servicios básicos. Las mujeres diputadas no sólo tienen la obligación de despojarse de sectarismos y complejos que en nada contribuyen al desarrollo de sus funciones, sino también la responsabilidad de construir unidas una plataforma para romper barreras históricas, luchar contra la discriminación de género y contra el racismo. La sociedad espera de ellas que sepan aprovechar la oportunidad de voz que les ha sido prestada, con una actitud incluyente y un esfuerzo sostenido por convertirse en representantes auténticas del sector al cual pertenecen.