Negocio sucio

El terremoto en el norte de Chile dejó en evidencia una de las lacras producto de nuestro frágil concepto de los derechos humanos. Quillagua es una pequeña localidad aymara de unos 100 habitantes, situada justo en la región más rica en minerales y la más dominada por las grandes compañías mineras. Por eso, quizás los quillagüenses hayan agradecido, muy en el fondo, que la Tierra se estremeciera desde lo más profundo y les dejara sus viviendas convertidas en polvo. Porque, de no haber sido por el terremoto de 7.7 grados, quizás en pocos años ya no existirían, muertos de sed y de olvido. Esta comunidad indígena no es la única que sufre las consecuencias de la contaminación de sus aguas, de sus tierras y la invasión de su entorno por las grandes compañías mineras, sin recibir el menor beneficio por la explotación del subsuelo que por derecho les pertenece. También en San Marcos, Guatemala, a miles de kilómetros de distancia, existen pequeñas comunidades sufriendo la misma agresión y padeciendo similares injusticias. No importa de dónde proviene el nombre de las mineras. Son como los barcos que surcan los océanos dejando una estela de muerte pestilente: Liberia, Canadá, Estados Unidos o Grecia les prestan su bandera y su respaldo para que estos modernos piratas se transformen, por obra y gracia de las influencias y de su inmensa capacidad financiera, en supuestos salvadores de la economía de los países en desarrollo. Lo que no dicen es cuánta destrucción dejan a su paso, cuán pequeño es su aporte a la riqueza nacional y hasta dónde alcanzan las repercusiones ecológicas de sus operaciones de explotación. Ahora se empieza a mencionar en Guatemala la peregrina idea de explorar con mayor intensidad el recurso petrolero. Con la visión estrecha y cortoplacista de quienes tienen el poder de tomar semejantes decisiones, se pretende explorar –y explotar, por consiguiente- un recurso que ya está cuestionado hasta en los propios países productores. Si Guatemala tiene oportunidades de desarrollo, éstas no están en cavar agujeros gigantescos y llenarlos de cianuro, destruyendo el entorno y agotando las fuentes de agua. Tampoco en llenar la selva petenera de torres de extracción ni crear otro desierto allí donde hubiera podido existir una fuente inagotable de riqueza turística. Es tiempo de reflexionar sobre los planes a futuro, pero hacerlo con responsabilidad y no permitir que vengan gobiernos extranjeros apoyados por la cúpula económica a decidir sobre el destino de más de 12 millones de habitantes que desean vivir en paz en un país sobresaliente por su belleza natural. Es hora, como en Quillagua, de pensar por fin en función de los derechos de las personas y no de pequeños círculos privilegiados.