El nombre de las cosas

Quienes se dedican a defender los derechos humanos y de la mujer, impulsan otro estilo de comunicación. En aquellos años de la represión extrema, era impensable hablar sobre ciertos temas. Uno de ellos, el abuso intrafamiliar, era considerado la reacción irracional de ciertas personas influenciadas por costumbres extranjeras contra una tradición poco menos que sagrada de la sociedad. Otro -como el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes- era visto como la fantasía calenturienta de un puñado de locos subversivos, para colmo, comunistas. Todo esto buscaba descalificar cualquier intento de persecución contra aquellos vicios y delitos ocultos que han constituido, durante décadas, un territorio liberado del machismo consuetudinario consagrado hasta en las leyes de la República. Ya están llegando los tiempos en los cuales por fin se puede hablar de incesto sin escandalizar a los oídos castos y sin levantar un muro de negación. Y de acoso sexual, a pesar de que aún los diputados se resistan a legislar al respecto. También ya se pueden empezar a denunciar violaciones y actos de pederastia cometidos por sacerdotes y pastores en contra de indefensos integrantes de su grey, y ya se da cierta publicidad a los delitos sexuales de maestros en contra de alumnas y alumnos en escuelas y colegios. Estas patologías sociales existen en Guatemala como en cualquier país del mundo. La diferencia reside en que aquí los crímenes de carácter sexual y la violencia en el seno de la familia, al igual que el feminicidio, se cometen a vista y paciencia de la sociedad y de las autoridades, sin que éstas reaccionen con la preparación, los recursos ni interés por perseguirlos. Pero aunque sea estimulante saber que por fin esta clase de delitos se comienzan a denunciar y las mujeres, entre quienes se cuenta la mayoría de víctimas, ya son capaces de describir una agresión sin hundirse en la vergüenza y los sentimientos de culpa, todavía falta mucho para abrir las compuertas de la autocensura. Para realizar cambios de fondo, además de una campaña de concienciación general es preciso modificar las técnicas forenses y los procedimientos judiciales. Es importante tipificar estos delitos y evaluar las penas adjudicadas a los crímenes sexuales, evitando aquellas condenas irrisorias que constituyen una nueva ofensa para las víctimas. Por eso es tan importante elevar la voz y decir las cosas por su nombre. Quizás esa apertura lenta pero constante hacia el uso de un lenguaje claro sea la palanca que finalmente logre mover al anquilosado e inefectivo sistema de justicia. Hablar para visibilizar esta patología social es el mejor recurso –quizás el único- para sacudir la inercia de las autoridades y obligarlas a afrontar la realidad, de una vez por todas.