Es fundamental garantizar la participación de la mujer en las próximas elecciones.
La resistencia a la participación femenina en política tiene muchas facetas. Una de ellas, sutil y poderosa, es el temor de las propias mujeres a enfrentar la oposición de su pareja, de su familia o de su comunidad y, de hacerlo, a pagar las consecuencias por su rebeldía. La cultura patriarcal tiene fuerte raigambre en amplios sectores de la sociedad y constituye un valladar importante para el desarrollo pleno de la democracia, la cual no existe mientras no haya participación igualitaria de la otra mitad de la población.
Cada vez que se plantea la posibilidad de establecer un sistema de cuotas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, se escuchan los argumentos a favor y en contra de una medida considerada radical. Aún cuando esta política existe y se aplica en muchos países del mundo, en Guatemala los círculos de la política tradicional la rechazan por inconveniente, poco oportuna y difícil de implementar.
El fondo de la cuestión es un asunto de poder. Durante años se ha observado el tono despreciativo, peyorativo y sexista usado por los políticos para referirse a sus colegas mujeres. A las activistas políticas y a quienes han logrado puestos relevantes se las juzga por su condición de mujer y no por los resultados efectivos de su labor.
En la campaña actual, se percibe desde el interior de los partidos políticos una fuerte oposición a la participación femenina y a concederles espacios importantes en los listados para cargos de elección popular, los cuales se negocian entre los de siempre, quienes cierran filas para consolidar sus posiciones de privilegio.
La lucha de las mujeres por su derecho legítimo –garantizado, además, por la Constitución Política de la República- no debería ser una misión de alto riesgo. En la actualidad, se observa con preocupación que aquellas mujeres valientes y decididas a participar en representación de sus comunidades enfrentan amenazas contra su vida, intimidación y rechazo de oponentes ferozmente decididos a cerrarles el paso.
La mujer involucrada en el destino de su patria es, por lo general, más responsable, transparente y eficiente en su trabajo, como lo han demostrado la mayoría de diputadas y funcionarias en cargos de gran responsabilidad. El hecho de colocarles valladares a su intención de contribuir al desarrollo de la nación no es más que el miedo a perder esos anillos de complicidad que han llevado al país a convertirse en un paradigma de corrupción.
No se debe confundir con el hecho de que esta vez haya varias mujeres compitiendo por la presidencia, porque ése es un tema distinto que merece un análisis de fondo. Aquí hablamos de los impedimentos reales de esta sociedad machista contra el derecho de las mujeres a postularse para gobernadoras, alcaldesas, diputadas o dirigentes de los partidos políticos. Estamos en el siglo veintiuno, es tiempo de cambiar.
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