Cuidado con los extremos

Del total anonimato sobre el uso de teléfonos celulares, al control absoluto. 

Uno de los aspectos más importantes al proponer el establecimiento de medidas capaces de afectar la información privada de las personas, es quién tendrá acceso a ella. La propuesta de unificar el registro de identificación con la numeración telefónica puede ser muy interesante en países con un estado de Derecho funcional, pero es preciso ser muy cuidadoso en donde no existe una administración pública profesional controlada por un sistema adecuado de servicio civil.

En la actualidad, cada cuatro años se practica un relevo de prácticamente todos los puestos de importancia en la burocracia estatal, los cuales son ocupados bajo la premisa de premiar la fidelidad a las nuevas autoridades, la amistad o el parentesco con el mandatario, la afiliación al partido o la ayuda que se haya prestado durante la campaña. Los méritos y la capacidad técnica y profesional para ocupar una plaza determinada no se cuentan entre los factores de decisión.

Imaginemos que este procedimiento de control de identidad vinculado a la telefonía celular se estableciera en Guatemala, en donde la burocracia y las fuerzas de seguridad –entre las cuales es preciso incluir los cuerpos de investigación encubiertos- están tachonadas de elementos corruptos, muchas veces vinculados con el crimen organizado. ¿Qué garantía tendría cualquier ciudadano de que sus llamadas no fueran escuchadas, de que su ubicación física no estuviera bajo la mirada de algún criminal o sus datos personales no fueran convertidos en capital de intercambio entre pandillas?

Sin duda, esta medida reduciría de manera importante las estadísticas de robo de celulares. Sin embargo, podría incrementar significativamente el de extorsiones, precisamente por la vulnerabilidad a la cual se sometería a toda la población. Las redes criminales, al no ser ajenas al aparato burocrático -y eso lo saben muy bien los representantes en el Congreso de la República- cada día afianzan más su poder . Por lo tanto, proponer que se legisle sobre el tema y el nuevo sistema se imponga a nivel nacional debe ser precedido por acuciosos estudios que justifiquen el cambio y garanticen su transparencia.

Para controlar en parte el problema de los asaltos y el robo de celulares hay medidas mucho más accesibles y menos onerosas, como exigir a las compañías de telecomunicaciones que no se active ningún aparato cuya procedencia sea dudosa. Estas compañías transnacionales controlan el servicio estratégico por excelencia –las comunicaciones- y eso las obliga a privilegiar la seguridad del país en donde operan por encima de sus cuantiosos beneficios económicos, acumulados gracias a sus muy bien negociados privilegios.