Sí se puede

Ejercer la ciudadanía es buscar y encontrar los mecanismos legales adecuados para intervenir en los asuntos públicos.

Cualquier ciudadano puede dirigir peticiones, reclamos y exigencias a sus representantes en el Congreso de la República o en los gobiernos municipales. Diputados, alcaldes y gobernadores constituyen la vía legal para involucrarse en asuntos de interés público y, por ineptos o venales que éstos sean, están en la obligación de escuchar a sus electores y responder a sus demandas.

La sociedad no debe esperar a que sean otras instancias –como la prensa o las organizaciones de la sociedad civil- las únicas responsables de realizar esta tarea de fiscalización de la gestión pública. Los intereses comunes obligan a cada uno de sus integrantes a asumir su papel como ciudadano activo, aún cuando este deber represente un riesgo, un esfuerzo adicional y un compromiso incómodo.

Hoy Guatemala está en una encrucijada y de la acción ciudadana depende evitar que tome un rumbo equivocado. Sus recursos naturales están siendo vendidos al mejor postor por medio de negociaciones ocultas, por lo tanto presentan altas probabilidades de estar contaminadas por intereses particulares. Ejemplo de ello son, entre otros, la construcción de la Franja Transversal del Norte, los contratos municipales para el servicio de transporte colectivo, las explotaciones mineras y la supuesta falta de recursos para reparar los daños provocados en el patrimonio natural y turístico por la negligencia de las autoridades.

Al ejercer plenamente la ciudadanía, la población puede medir el impacto de sus acciones en la respuesta de sus gobernantes. Esto no es novedad, ha sucedido en todos los países democráticos y no democráticos. Cuando la presión popular se hace sentir y la protesta ciudadana está sustentada en argumentos de peso, las autoridades retroceden en decisiones arbitrarias, incorrectas o abiertamente lesivas para la Nación.

En la actualidad son muchos los temas en discusión, pero no se puede abandonar el objetivo principal, el cual es rescatar el proceso democrático por medio del control y la fiscalización de todos y cada uno de los funcionarios en el poder, dado que aún cuando actúen como los dueños del país, no son más que los empleados de lujo de un pueblo injustamente empobrecido.

El caso de la reserva natural de Lachuá es apenas un hilo en toda esta trama de depredación y negocios sucios. No es posible permitir que se destruya uno de los tesoros más importantes del patrimonio natural, al igual como sucede con el lago de Atitlán. Algo muy turbio se cocina en Guatemala, y sólo el ejercicio decidido y responsable del poder ciudadano puede poner fin al abuso.