La violencia heredada

Las leyes no pueden cambiar la cultura de un pueblo. Esa labor corresponde a un sistema educativo coherente con la realidad y los valores humanos. Por más que se hable de independencia en estas fechas septembrinas, las cosas no han cambiado mucho desde cuando el imperio español dominaba política, económica y militarmente nuestro continente. Por lo menos, no en Guatemala donde la concentración de riqueza persiste en manos de unas pocas familias y la población indígena depende de la voluntad de esos pocos para tener acceso al desarrollo. En tiempos de la Colonia, los indígenas guatemaltecos eran considerados propiedad privada de los dueños de las tierras que les habían sido expropiadas a la fuerza. Esto figura en los libros de historia y existen testimonios escritos de la época, en los cuales se consigna hasta el más mínimo detalle de esas transacciones y registros de propiedad. La violencia contra la población empobrecida de aquellos tiempos, sin embargo, no cambió con la llegada de la revolución industrial ni con las consignas humanitarias de la Revolución Francesa, sino se transformó en parte de la cultura y las tradiciones que prevalecen hasta nuestros días. Uno de los episodios más ilustrativos de este desprecio por un porcentaje mayoritario de la ciudadanía –por cuestiones de etnia y nivel socioeconómico- fue el exterminio de comunidades enteras por parte del Estado –el Ejército pertenece a esta estructura y obedeció a las órdenes emanadas por su jefe- con el doble propósito de apoderarse de sus tierras y eliminar cualquier intento de rebelión política. Lo más chocante en esta guerra fue que, contrario a la distancia cultural característica de las tropas españolas, los soldados de los años ochenta pertenecían a las mismas etnias que sus víctimas. Hablar de independencia no es, por lo tanto, muy adecuado en una situación como la que vive el país. No sólo tiene una estructura político-administrativa prácticamente secuestrada por poderes fácticos y organizaciones criminales, sino también impotente frente al deterioro progresivo de sus instituciones más importantes por el elevado nivel de corrupción e ineficacia de sus cuadros políticos. La bandera no tiene la capacidad de elevar, por sí sola, el espíritu patriótico en una situación de extrema debilidad como la que atraviesa Guatemala. Es preciso tomar decisiones que muy probablemente tengan un elevado costo político, pero absolutamente indispensables para restaurar el equilibrio democrático y dar a la población una pauta ideológica más próxima a los valores humanos con su componente de tolerancia, solidaridad y oportunidad de participación. La justicia en un país independiente no reside sólo en meter a la cárcel a narcos y asesinos. Hay que actuar contra las estructuras de discriminación, abuso de poder, enriquecimiento ilícito, monopolio y apropiación ilegal de tierras.