Auditoría social

La participación de la población en temas de relevancia política es un ejercicio fundamental en la democracia. La ciudadanía tiene todo el derecho de pronunciarse pública y efectivamente para impedir que el Congreso de la República consume una de sus frecuentes acciones en contra de los intereses nacionales: votar por planilla para elegir a los magistrados a las cortes Suprema y de Salas de Apelaciones, en lugar de hacerlo de manera individual, pública y transparente. Este modo de esquivarle el bulto a la fiscalización y ganar espacios a costa del desarrollo nacional ha sido una de las patologías atávicas de las asambleas legislativas, trucos a los cuales la población ha terminado acostumbrándose como si la trampa y el engaño fueran inherentes a la naturaleza de esa función pública. Sin embargo, el papel de los legisladores en el caso que los ocupa actualmente, marca un momento histórico en los esfuerzos por construir el devastado estado de Derecho, rescatar la institucionalidad del organismo legislativo, consolidar un sistema de justicia basado en la transparencia, honestidad y ética, y de este modo responder al mandato de sus representados, tal y como lo manda la Constitución. Es importante señalar que las bancadas y diputados independientes han marcado su posición de manera categórica al hacer público su compromiso de actuar con independencia, publicidad y transparencia; asegurar que los magistrados electos sean profesionales capaces y honestos; rechazar la injerencia de los grupos de poder; comprobar el compromiso de los candidatos con los derechos humanos y contra la impunidad; garantizar la publicidad de los perfiles de los aspirantes a magistrados con el propósito de facilitar la auditoría social; celebrar audiencias públicas con el mismo propósito y, finalmente, elegirlos mediante voto nominativo y público. De este modo, este pequeño grupo de legisladores se coloca en perfecta sintonía con las expectativas de las y los ciudadanos conscientes de que en Guatemala el cambio hacia una sociedad auténticamente democrática y pacífica, debe venir unido al compromiso personal de renunciar a las componendas y al oportunismo. Esta postura deberá reflejarse –ya sea de manera voluntaria o por la fuerza de la presión popular- en la Asamblea Legislativa como un todo. No hay excusa posible que permita a los partidos políticos representados en las distintas bancadas, eludir el mandato constitucional que prohíbe a los diputados representar intereses de compañías o personas individuales, subrayando el hecho de que los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública y nunca de partido político, grupo, organización o persona alguna. Esto los deja solos con su conciencia, de cara al pueblo de Guatemala.