Eran sólo promesas

Al titular de Gobernación le costó admitirlo, pero lo dijo: los anteriores ministros improvisaron y ninguno puso en marcha el plan de seguridad. La entrevista con el ministro de Gobernación publicada por Siglo Veintiuno el miércoles pasado nos da la certeza de que el Ejecutivo ha pospuesto el tema de seguridad para privilegiar proyectos con potencial para generar mayor capital político-electoral. En ella queda patente el hecho de que, aparte de existir una peligrosa inestabilidad en esa cartera –Velásquez es el cuarto que la ocupa en menos de 2 años-, la autoridad presidencial no ha sido suficientemente poderosa para mantener la ruta trazada y evidencia la indiferencia de las autoridades ante el dramático cuadro de violencia criminal en el cual se encuentra hundida Guatemala. Para los responsables de la seguridad nacional, según se deduce de la manera como el ministro trata de minimizar la situación, el número de muertos -4,064 personas entre el 1 de enero de 2008 y el 6 de septiembre de 2009, de acuerdo con los datos recabados por los reporteros de ese matutino, pero más de 6 mil según el Procurador de los Derechos Humanos- no constituye una tragedia. Sin embargo, para la población sí es una tragedia constatar que las promesas de campaña del actual mandatario nunca pasaron de ser eso, y su publicitada estrategia de combatir la violencia con inteligencia fue un slogan carente de fundamento. Las declaraciones del ministro adolecen de cierta incoherencia y revelan una de las mayores debilidades del equipo de gobierno: su cansona insistencia en hacerse las víctimas y echarle la culpa al empedrado por sus múltiples tropiezos. En otras palabras, nunca estuvieron preparados para enfrentar la realidad y ahora que la tienen enfrente no saben qué hacer con ella. La sociedad guatemalteca no merece tanto menosprecio por parte de los individuos a quienes brindó la oportunidad de regir los destinos del país. La verdadera cara de ciertas instituciones como la Policía Nacional Civil, en cuyas filas se ha encontrado a la crema y nata de la criminalidad, constituye una radiografía de la crisis actual y no hay excusa que valga para no iniciar el proceso inmediato de depuración y reestructuración que tanto ha exigido la sociedad civil. En tanto el Presidente y sus ministros continúen jugando al ejercicio de prueba y error con la vida de los guatemaltecos, tanto en el tema de seguridad como en los de salud y justicia, el deterioro en el cual se encuentra la función pública continuará su ruta descendente. Esto deberá servir de antecedente para cuando llegue el momento de decidir a quién se le entregará el poder por otros cuatro años, porque el punto de no retorno se encuentra ya peligrosamente cercano.