El mercadeo político es una cosa y violar la ley es otra: interesante ángulo de análisis.
Candidatos, pre candidatos, aspirantes a pre candidaturas y toda clase de personajes –incapaces, obviamente, de moderar su necesidad de protagonismo- saturan desde hace meses la disponibilidad de muppies y vallas panorámicas en todo el país. Los mensajes son de lo más variado: desde una propuesta extraída de la doctrina fascista hasta la promesa de un futuro mejor basado en la paz y la armonía, en ellas se encuentra de todo como si la política fuera un mercado de baratijas.
Algo que no se han puesto a pensar todos estos candidatos (y candidatas) al estrellato político es que al burlar la ley y hacer campaña anticipada están revelando su verdadera naturaleza y su flaco sentido de la ética. Si para hacerse imagen ¡y ni siquiera como candidatos oficiales! son capaces de desafiar al Tribunal Supremo Electoral y reírse de las normas impuestas por esa entidad, revelan cuán poco les importa el imperio de la ley y el respeto a la institucionalidad.
Entonces, si así actúan en su calidad de pre candidatos, ¿qué se puede esperar de sus acciones cuando ya estén montados en las alturas del poder? Muy fácil: lo mismo de siempre. Abuso de autoridad, desprecio por las normas jurídicas, irrespeto por la independencia de poderes y la misma clase de actitudes prepotentes y autoritarias de las cuales la ciudadanía ha tenido suficiente.
El desprecio por las reglas del juego es una práctica común entre los políticos. Sin embargo, llama la atención su falta de estrategia y la manera burda de comportarse en su afán por alcanzar el favor de los electores. En esta carrera, se revelan de cuerpo entero en su intención de barrer, literalmente, con todos sus adversarios, monopolizando cuanto recurso propagandístico se les ponga al alcance. Millones de quetzales circulan actualmente en un despliegue del cual resulta difícil sustraerse por lo abrumador de su presencia. Y esto, sólo en las vísperas. Será muy interesante observar lo que sucederá en cuanto baje la bandera y se inicie la carrera con la bendición del TSE.
Los acuerdos entre partidos, en este contexto, no prometen tener bases sólidas. En vista de estos prolegómenos se presume que la batalla será campal y sin heridos. Si los millones fluyen de manera tan abierta en los simples preparativos de la fiesta, sin duda en los próximos meses Guatemala verá correr torrentes de dinero de cuyo origen nadie podrá dar fe.
A estas alturas, el mayor de los peligros es la impotencia de la ciudadanía que ve surgir rostros, nombres, símbolos y promesas de personajes cuyo tránsito por cargos públicos no ha dejado buenos recuerdos o que, en el mejor de los casos, no ha dejado recuerdo alguno.
22.01.2011
domingo, 17 de abril de 2011
¿Amas de casa?
Cabeza o señora de la casa o familia. Criada principal de una casa (DRAE)
Detesto las ambigüedades porque representan una forma de expresión hipócrita y de doble sentido. Ocultan las verdaderas intenciones y pretenden ser el lenguaje políticamente correcto, la fórmula obligatoria de las comunidades humanas civilizadas. El uso cotidiano de algunas de estas fórmulas institucionalizan los estereotipos al punto de convertirlos en verdades absolutas que no ameritan revisión alguna. Esto sucede con la denominación “ama de casa”, tan común que casi ni reparamos en ella.
Esto me ha venido rondando la mente desde hace mucho tiempo, porque constituye una simplificación casi despectiva del complejo trabajo y la enorme responsabilidad de las mujeres que dedican su vida a administrar el hogar y educar a sus hijos. Esta manera de encasillar a la mujer en una frase que no describe prácticamente nada e incluso se usa como sinónimo de “sin profesión” o “desempleada” pasa por un rasero el amplio cúmulo de especialidades desarrolladas por las mujeres en el desempeño de una de las labores más delicadas y trascendentales en la construcción de una sociedad funcional.
El verdadero título de lo que comúnmente llamamos ama de casa debería ser administradora del hogar. Y una buena administradora del hogar tiene, entre sus múltiples habilidades, una experiencia demostrada en economía doméstica, puericultura, psicología, resolución de conflictos, manejo del estrés, nutrición, medicina, carpintería y el conocimiento suficiente de ciencias políticas, matemáticas, lenguaje e historia como para asistir a sus hijos en las tareas escolares.
¿Alguien opina que el tema es irrelevante? Pues no lo es. El aporte de las mujeres desde su posición no remunerada en el hogar tiene un impacto real en la economía de los países, en términos del PIB, así como una fuerte repercusión en el desarrollo social de las comunidades, las cuales dependen del cuidado y la formación de los futuros ciudadanos durante sus primeros años de vida.
Relegar a este contingente de trabajadoras incansables a una clasificación ambigua que niega sus méritos es una de las peores características de las sociedades regidas por códigos patriarcales. Tal ha sido la subestimación de este segmento que incluso ellas mismas, ante la pregunta de si trabajan, dicen: “no, soy ama de casa” aceptando de manera tácita la minusvaloración de su gran esfuerzo.
Una de las conquistas políticas más elevantes de la administración presidencial de Michelle Bachelet en Chile fue el reconocimiento económico del trabajo doméstico de las mujeres dedicadas a la administración del hogar. Este fue un hito histórico que, por supuesto, tardará muchos años en replicarse en otros países de la región. Sin embargo, es un paso importante hacia la construcción de una sociedad equitativa, más justa y humana, todo lo que se requiere para consolidar la democracia.
17.01.2011
Detesto las ambigüedades porque representan una forma de expresión hipócrita y de doble sentido. Ocultan las verdaderas intenciones y pretenden ser el lenguaje políticamente correcto, la fórmula obligatoria de las comunidades humanas civilizadas. El uso cotidiano de algunas de estas fórmulas institucionalizan los estereotipos al punto de convertirlos en verdades absolutas que no ameritan revisión alguna. Esto sucede con la denominación “ama de casa”, tan común que casi ni reparamos en ella.
Esto me ha venido rondando la mente desde hace mucho tiempo, porque constituye una simplificación casi despectiva del complejo trabajo y la enorme responsabilidad de las mujeres que dedican su vida a administrar el hogar y educar a sus hijos. Esta manera de encasillar a la mujer en una frase que no describe prácticamente nada e incluso se usa como sinónimo de “sin profesión” o “desempleada” pasa por un rasero el amplio cúmulo de especialidades desarrolladas por las mujeres en el desempeño de una de las labores más delicadas y trascendentales en la construcción de una sociedad funcional.
El verdadero título de lo que comúnmente llamamos ama de casa debería ser administradora del hogar. Y una buena administradora del hogar tiene, entre sus múltiples habilidades, una experiencia demostrada en economía doméstica, puericultura, psicología, resolución de conflictos, manejo del estrés, nutrición, medicina, carpintería y el conocimiento suficiente de ciencias políticas, matemáticas, lenguaje e historia como para asistir a sus hijos en las tareas escolares.
¿Alguien opina que el tema es irrelevante? Pues no lo es. El aporte de las mujeres desde su posición no remunerada en el hogar tiene un impacto real en la economía de los países, en términos del PIB, así como una fuerte repercusión en el desarrollo social de las comunidades, las cuales dependen del cuidado y la formación de los futuros ciudadanos durante sus primeros años de vida.
Relegar a este contingente de trabajadoras incansables a una clasificación ambigua que niega sus méritos es una de las peores características de las sociedades regidas por códigos patriarcales. Tal ha sido la subestimación de este segmento que incluso ellas mismas, ante la pregunta de si trabajan, dicen: “no, soy ama de casa” aceptando de manera tácita la minusvaloración de su gran esfuerzo.
Una de las conquistas políticas más elevantes de la administración presidencial de Michelle Bachelet en Chile fue el reconocimiento económico del trabajo doméstico de las mujeres dedicadas a la administración del hogar. Este fue un hito histórico que, por supuesto, tardará muchos años en replicarse en otros países de la región. Sin embargo, es un paso importante hacia la construcción de una sociedad equitativa, más justa y humana, todo lo que se requiere para consolidar la democracia.
17.01.2011
Furia
Una sociedad desquiciada necesita tratamiento de shock para curar sus patologías.
Me sucedió a mí. Llenaba tranquilamente el tanque de mi automóvil en una gasolinera de la zona 1 y mientras el encargado del servicio revisaba la presión de mis neumáticos, otro carro se detuvo atrás del mío a esperar su turno. Me llamó la atención que no se moviera cuando el otro lado del andén quedó libre, pero no le dí mayor importancia. Cuando me tocó pagar la cuenta, el conductor del otro automóvil se me acercó y con una rabia intensa comenzó a insultarme por haber tardado tanto en llenar el tanque y encima pedir que me revisaran la presión de las llantas.
Tanta fue mi sorpresa que no atiné a decir nada. Pero pensé en lo que hubiera sucedido si en lugar de haber cometido el “abuso” de pasar por la gasolinera a aprovisionarme de combustible, por accidente hubiera chocado el carro de este energúmeno. Los encargados no se dieron cuenta del incidente hasta que se los hice ver. No podían creerlo.
Esa es la clase de violencia sorda y contenida de la mayoría de los ciudadanos. Es fácil descargar las frustraciones en otra persona y mejor aún si es una mujer, porque se la considera mucho más inofensiva (craso error) y con menor capacidad de respuesta que si se agrediera a otro hombre. Sin embargo, esa descarga no hace más que elevar el nivel de tensión social configurando una atmósfera de amenaza aún entre personas aparentemente civilizadas.
El hecho de haber experimentado una agresión tan innecesaria como injusta me hizo volver sobre el tema de la violencia intrafamiliar, fuente de la mayor parte de las patologías sociales expresadas a través de incidentes como el que relato hoy. Ese abuso en contra de otros por el solo hecho de existir demuestra que falta mucho aún para reducir los índices de criminalidad y, por ende, las consecuencias que estos actos provocan en la mente y la integridad física de la ciudadanía.
El individuo que me agredió cometió una falta grave. Por supuesto, tengo el suficiente sentido común para poner las cosas en su lugar y no permitir que me afecte un episodio tan absurdo, pero no toda la gente tiene la misma capacidad de raciocinio y quizás con otro protagonista esto hubiera terminado en una batalla a golpes o, en el peor de los casos, con un par de balazos.
Lo cotidiano nos plantea un panorama claro y definido, mostrándonos en toda su dimensión la profunda crisis de valores, la grave desintegración social y la pérdida de control de esta comunidad humana. Si no se comienza a reaccionar para recuperar la cordura y respetar las líneas que demarcan la frontera de lo patológico, no se puede esperar una mejoría para los problemas que la aquejan y, mucho menos, un futuro de paz y democracia.
15.01.2011
Me sucedió a mí. Llenaba tranquilamente el tanque de mi automóvil en una gasolinera de la zona 1 y mientras el encargado del servicio revisaba la presión de mis neumáticos, otro carro se detuvo atrás del mío a esperar su turno. Me llamó la atención que no se moviera cuando el otro lado del andén quedó libre, pero no le dí mayor importancia. Cuando me tocó pagar la cuenta, el conductor del otro automóvil se me acercó y con una rabia intensa comenzó a insultarme por haber tardado tanto en llenar el tanque y encima pedir que me revisaran la presión de las llantas.
Tanta fue mi sorpresa que no atiné a decir nada. Pero pensé en lo que hubiera sucedido si en lugar de haber cometido el “abuso” de pasar por la gasolinera a aprovisionarme de combustible, por accidente hubiera chocado el carro de este energúmeno. Los encargados no se dieron cuenta del incidente hasta que se los hice ver. No podían creerlo.
Esa es la clase de violencia sorda y contenida de la mayoría de los ciudadanos. Es fácil descargar las frustraciones en otra persona y mejor aún si es una mujer, porque se la considera mucho más inofensiva (craso error) y con menor capacidad de respuesta que si se agrediera a otro hombre. Sin embargo, esa descarga no hace más que elevar el nivel de tensión social configurando una atmósfera de amenaza aún entre personas aparentemente civilizadas.
El hecho de haber experimentado una agresión tan innecesaria como injusta me hizo volver sobre el tema de la violencia intrafamiliar, fuente de la mayor parte de las patologías sociales expresadas a través de incidentes como el que relato hoy. Ese abuso en contra de otros por el solo hecho de existir demuestra que falta mucho aún para reducir los índices de criminalidad y, por ende, las consecuencias que estos actos provocan en la mente y la integridad física de la ciudadanía.
El individuo que me agredió cometió una falta grave. Por supuesto, tengo el suficiente sentido común para poner las cosas en su lugar y no permitir que me afecte un episodio tan absurdo, pero no toda la gente tiene la misma capacidad de raciocinio y quizás con otro protagonista esto hubiera terminado en una batalla a golpes o, en el peor de los casos, con un par de balazos.
Lo cotidiano nos plantea un panorama claro y definido, mostrándonos en toda su dimensión la profunda crisis de valores, la grave desintegración social y la pérdida de control de esta comunidad humana. Si no se comienza a reaccionar para recuperar la cordura y respetar las líneas que demarcan la frontera de lo patológico, no se puede esperar una mejoría para los problemas que la aquejan y, mucho menos, un futuro de paz y democracia.
15.01.2011
El mito de la neutralidad
Ante la proximidad de las elecciones generales, muchos se declaran apolíticos.
Cada vez que se aproxima un evento electoral, salen a flote las actitudes de reserva de una ciudadanía que ya dejó de creer en la política como una actividad constructiva. Desde hace muchos años, el ejercicio político se convirtió en sinónimo de corrupción, latrocinio, abuso de poder, malversación de fondos públicos, impunidad, crimen y mentira. Eso, sumado a la ineludible necesidad de elegir a las autoridades postuladas para los cargos de elección popular, ha transformado este ejercicio cívico en una especie de castigo divino.
La gente no quiere a la política y prefiere declararse “anti”. En un pais que apenas comienza a construir democracia, esta actitud es una amenaza y, en el fondo, un disfraz para el conformismo que se oculta tras esa declaratoria pretendidamente neutral. Al final del día, todos somos políticos y practicamos ese deporte desde el momento que juzgamos el comportamiento de los representantes en el Congreso o elaboramos teorías respecto a las intenciones del presidente o de alguno de sus allegados.
La neutralidad, como se la concibe desde la comodidad del refugio doméstico, es una utopía imposible de alcanzar y, si se profundiza un poco, indeseable por colocar a la persona en una especie de limbo inexistente desde el cual renuncia a su derecho de participar en los asuntos que le atañen de manera directa.
La participación política de los pueblos ha sido la palanca más efectiva para enderezar el rumbo de la administración del gobierno y para corregir los vicios del absolutismo. En una sociedad democrática, la ciudadanía ejerce sus derechos y exige resultados a sus gobernantes. Por lo tanto, hace tanta política desde su reducido espacio de acción como cualquiera de los políticos profesionales que dedican su tiempo a elaborar leyes o a fabricar consensos.
Otra de las herramientas del quehacer político es una institucionalidad sólida de organización popular a través de los partidos. Aún cuando lo político-partidista haya caído en un desprestigio profundo, los partidos continúan siendo la vía de participación democrática más eficiente y estructurada. En el interior de sus organizaciones es donde las personas tienen la posibilidad de democratizar el juego y hacerlas incidir en las decisiones de alto nivel.
Al declararse neutral, el ciudadano prácticamente renuncia a sus derechos y los cede incondicionalmente a quienes tengan voz y voto. En un país en crisis como Guatemala, esto resulta una conducta irresponsable desde todo punto de vista. Así como lo es también conformarse con lo malo para no escoger lo peor. Y ese es el paisaje predominante en vísperas de una campaña que, hasta la fecha, no promete nada bueno.
Cada vez que se aproxima un evento electoral, salen a flote las actitudes de reserva de una ciudadanía que ya dejó de creer en la política como una actividad constructiva. Desde hace muchos años, el ejercicio político se convirtió en sinónimo de corrupción, latrocinio, abuso de poder, malversación de fondos públicos, impunidad, crimen y mentira. Eso, sumado a la ineludible necesidad de elegir a las autoridades postuladas para los cargos de elección popular, ha transformado este ejercicio cívico en una especie de castigo divino.
La gente no quiere a la política y prefiere declararse “anti”. En un pais que apenas comienza a construir democracia, esta actitud es una amenaza y, en el fondo, un disfraz para el conformismo que se oculta tras esa declaratoria pretendidamente neutral. Al final del día, todos somos políticos y practicamos ese deporte desde el momento que juzgamos el comportamiento de los representantes en el Congreso o elaboramos teorías respecto a las intenciones del presidente o de alguno de sus allegados.
La neutralidad, como se la concibe desde la comodidad del refugio doméstico, es una utopía imposible de alcanzar y, si se profundiza un poco, indeseable por colocar a la persona en una especie de limbo inexistente desde el cual renuncia a su derecho de participar en los asuntos que le atañen de manera directa.
La participación política de los pueblos ha sido la palanca más efectiva para enderezar el rumbo de la administración del gobierno y para corregir los vicios del absolutismo. En una sociedad democrática, la ciudadanía ejerce sus derechos y exige resultados a sus gobernantes. Por lo tanto, hace tanta política desde su reducido espacio de acción como cualquiera de los políticos profesionales que dedican su tiempo a elaborar leyes o a fabricar consensos.
Otra de las herramientas del quehacer político es una institucionalidad sólida de organización popular a través de los partidos. Aún cuando lo político-partidista haya caído en un desprestigio profundo, los partidos continúan siendo la vía de participación democrática más eficiente y estructurada. En el interior de sus organizaciones es donde las personas tienen la posibilidad de democratizar el juego y hacerlas incidir en las decisiones de alto nivel.
Al declararse neutral, el ciudadano prácticamente renuncia a sus derechos y los cede incondicionalmente a quienes tengan voz y voto. En un país en crisis como Guatemala, esto resulta una conducta irresponsable desde todo punto de vista. Así como lo es también conformarse con lo malo para no escoger lo peor. Y ese es el paisaje predominante en vísperas de una campaña que, hasta la fecha, no promete nada bueno.
10.01.2011
Si me denuncias, te mato
La impunidad en los casos de violación, incesto y maltrato, es muestra de misoginia.
No es paranoia. Tampoco es un feminismo histérico ni un delirio de persecución llevado al paroxismo; la misoginia está latente, actuando en todos los ámbitos de esta sociedad y las mujeres continúan siendo el objetivo de una violencia cotidiana que apenas se comienza a clasificar.
Una niña violada es una mujer marcada para siempre con el estigma de la humillación y la condena de una sexualidad atormentada. Es un crimen y no el “error” de algún hombre impulsivo, como se le quiere hacer ver en esta sociedad disfuncional y cargada de prejuicios machistas.
Después del hecho, después del sexo forzado o la golpiza, viene la amenaza. Y miles de mujeres han escuchado esa frase: “si me denuncias, te mato…” y esas mujeres han de haber callado porque conocen la realidad de la vida en un ambiente poco propicio para la justicia, poco amigable con sus tormentos domésticos, en un sistema que insiste en llamarse democrático pero probadamente incapaz de imponer el respeto a los derechos humanos en toda su dimensión, lo cual implica castigar a quienes atenten contra la vida y la integridad de las personas.
A pesar de que en los últimos años el número de denuncias de violación o maltrato han aumentado, el sub registro es un hecho innegable. Si las cifras actuales asustan, las estadísticas reales le pararían el pelo al más indiferente. Mujeres de todos los estratos sociales, desde el más acomodado hasta quienes sobreviven en el rincón más mísero del sector rural, sufren a diario una violencia que han llegado a creer natural, dadas las enseñanzas de una cultura que le da al autoritarismo masculino una legitimidad absoluta.
De ese desprecio por la mujer deriva también la homofobia. Porque la homosexualidad tiene un toque femenino que, de acuerdo con los patrones sociales vigentes, es denigrante y constituye una traición a lo viril. Es como ser negro, revolucionario y agnóstico en un mundo de blancos caucásicos, conservadores y cristianos. Inaceptable.
Muchas de las patologías de la sociedad están vinculadas a la cultura patriarcal, a esa negación de lo femenino que se refleja en la ausencia de mujeres en posiciones de poder, a la tendencia a discriminarlas en los ámbitos laborales y políticos de manera automática, al hecho de exigirles pruebas de capacidad como si por ser del sexo femenino carecieran de algún gen misterioso que aún no tiene nombre.
Ya pasamos a la segunda década del siglo XXI y la mujer guatemalteca sigue padeciendo los males de la Inquisición. Es una vergüenza para esta sociedad que se precia de progresista y democrática. Una vergüenza presente en los hogares acomodados y en los más humildes. Simplemente, una vergüenza.
No es paranoia. Tampoco es un feminismo histérico ni un delirio de persecución llevado al paroxismo; la misoginia está latente, actuando en todos los ámbitos de esta sociedad y las mujeres continúan siendo el objetivo de una violencia cotidiana que apenas se comienza a clasificar.
Una niña violada es una mujer marcada para siempre con el estigma de la humillación y la condena de una sexualidad atormentada. Es un crimen y no el “error” de algún hombre impulsivo, como se le quiere hacer ver en esta sociedad disfuncional y cargada de prejuicios machistas.
Después del hecho, después del sexo forzado o la golpiza, viene la amenaza. Y miles de mujeres han escuchado esa frase: “si me denuncias, te mato…” y esas mujeres han de haber callado porque conocen la realidad de la vida en un ambiente poco propicio para la justicia, poco amigable con sus tormentos domésticos, en un sistema que insiste en llamarse democrático pero probadamente incapaz de imponer el respeto a los derechos humanos en toda su dimensión, lo cual implica castigar a quienes atenten contra la vida y la integridad de las personas.
A pesar de que en los últimos años el número de denuncias de violación o maltrato han aumentado, el sub registro es un hecho innegable. Si las cifras actuales asustan, las estadísticas reales le pararían el pelo al más indiferente. Mujeres de todos los estratos sociales, desde el más acomodado hasta quienes sobreviven en el rincón más mísero del sector rural, sufren a diario una violencia que han llegado a creer natural, dadas las enseñanzas de una cultura que le da al autoritarismo masculino una legitimidad absoluta.
De ese desprecio por la mujer deriva también la homofobia. Porque la homosexualidad tiene un toque femenino que, de acuerdo con los patrones sociales vigentes, es denigrante y constituye una traición a lo viril. Es como ser negro, revolucionario y agnóstico en un mundo de blancos caucásicos, conservadores y cristianos. Inaceptable.
Muchas de las patologías de la sociedad están vinculadas a la cultura patriarcal, a esa negación de lo femenino que se refleja en la ausencia de mujeres en posiciones de poder, a la tendencia a discriminarlas en los ámbitos laborales y políticos de manera automática, al hecho de exigirles pruebas de capacidad como si por ser del sexo femenino carecieran de algún gen misterioso que aún no tiene nombre.
Ya pasamos a la segunda década del siglo XXI y la mujer guatemalteca sigue padeciendo los males de la Inquisición. Es una vergüenza para esta sociedad que se precia de progresista y democrática. Una vergüenza presente en los hogares acomodados y en los más humildes. Simplemente, una vergüenza.
sábado, 5 de marzo de 2011
La mujer y su día
La resignación es el último recurso de supervivencia cuando se pierde la esperanza.
Miles de niñas y mujeres, atrapadas en un sistema de silencio y complicidad, sufren el abuso y la violencia contra su cuerpo, su espíritu y su dignidad. Han sido muchas las muertes provocadas por la cultura de la vergüenza, que condena a las féminas a pagar por las consecuencias de los crímenes cometidos en su contra y a cargar con ese estigma que no es el suyo.
Ser mujer en este país es una condena de por vida, pero si además de portar los cromosomas que la definen como tal es indígena y pobre, su destino es mil veces más desafiante, cien mil veces más poderosa la carga sobre su débil estructura. Y aun así sobreviven y producen riqueza, paren hijos en hilera por una política pública que nunca existió, porque algunos señores con mucho poder decidieron no aprobarla para no ofender a sus patrocinadores.
Ser mujer, pobre, indígena y analfabeta es una marca de identidad en este bello país de las injusticias. Se la puede observar en los mercados, en los campos, trabajando por nada –el salario le corresponde al marido- y cargando leña por los caminos para luego ser culpada por la deforestación de Guatemala. Si no fuera por lo patético, daría risa el discurso de los empresarios y políticos que defienden sus privilegios adjudicándole a la población indígena la responsabilidad por el subdesarrollo que ellos mismos provocan, por la pobreza a la cual condenan a más de la mitad de la sociedad a la cual, aunque les duela, todos ellos pertenecen.
En Guatemala, las mujeres nacen adultas porque no tienen derecho a la infancia. Sufren la discriminación desde el momento que ven la luz por vez primera, con el desencanto del padre, quien atribuye a su descendencia masculina valores superiores y deposita en ese cromosoma distinto su orgullo patriarcal. La niña, entonces, pasa a engrosar las largas filas de la servidumbre doméstica incluso antes de emitir su primer sonido.
Material propicio para los negocios ilícitos, miles de niñas son también producto para el tráfico sexual y el trabajo forzado. Cuando tienen suerte, quizás puedan salir de la miseria prostituyéndose por cuenta propia porque el Estado les ha negado toda posibilidad de educación para conseguir un trabajo digno; y, cuando han sufrido el abuso sexual desde la infancia, les han negado la protección de la justicia.
Quizás por todo esto es que me parece insustancial la celebración del día dedicado a la mujer. No puede ser que sólo pensemos en sus derechos una vez cada 365 días sólo por un protocolo institucionalizado. Los derechos de la mujer han sido violados –tanto como sus cuerpos- una y otra vez por medio de leyes casuísticas, funcionarios corruptos, empresarios voraces y, peor aún, por otras mujeres empecinadas en sostener el aberrante sistema patriarcal.
Miles de niñas y mujeres, atrapadas en un sistema de silencio y complicidad, sufren el abuso y la violencia contra su cuerpo, su espíritu y su dignidad. Han sido muchas las muertes provocadas por la cultura de la vergüenza, que condena a las féminas a pagar por las consecuencias de los crímenes cometidos en su contra y a cargar con ese estigma que no es el suyo.
Ser mujer en este país es una condena de por vida, pero si además de portar los cromosomas que la definen como tal es indígena y pobre, su destino es mil veces más desafiante, cien mil veces más poderosa la carga sobre su débil estructura. Y aun así sobreviven y producen riqueza, paren hijos en hilera por una política pública que nunca existió, porque algunos señores con mucho poder decidieron no aprobarla para no ofender a sus patrocinadores.
Ser mujer, pobre, indígena y analfabeta es una marca de identidad en este bello país de las injusticias. Se la puede observar en los mercados, en los campos, trabajando por nada –el salario le corresponde al marido- y cargando leña por los caminos para luego ser culpada por la deforestación de Guatemala. Si no fuera por lo patético, daría risa el discurso de los empresarios y políticos que defienden sus privilegios adjudicándole a la población indígena la responsabilidad por el subdesarrollo que ellos mismos provocan, por la pobreza a la cual condenan a más de la mitad de la sociedad a la cual, aunque les duela, todos ellos pertenecen.
En Guatemala, las mujeres nacen adultas porque no tienen derecho a la infancia. Sufren la discriminación desde el momento que ven la luz por vez primera, con el desencanto del padre, quien atribuye a su descendencia masculina valores superiores y deposita en ese cromosoma distinto su orgullo patriarcal. La niña, entonces, pasa a engrosar las largas filas de la servidumbre doméstica incluso antes de emitir su primer sonido.
Material propicio para los negocios ilícitos, miles de niñas son también producto para el tráfico sexual y el trabajo forzado. Cuando tienen suerte, quizás puedan salir de la miseria prostituyéndose por cuenta propia porque el Estado les ha negado toda posibilidad de educación para conseguir un trabajo digno; y, cuando han sufrido el abuso sexual desde la infancia, les han negado la protección de la justicia.
Quizás por todo esto es que me parece insustancial la celebración del día dedicado a la mujer. No puede ser que sólo pensemos en sus derechos una vez cada 365 días sólo por un protocolo institucionalizado. Los derechos de la mujer han sido violados –tanto como sus cuerpos- una y otra vez por medio de leyes casuísticas, funcionarios corruptos, empresarios voraces y, peor aún, por otras mujeres empecinadas en sostener el aberrante sistema patriarcal.
domingo, 25 de abril de 2010
Ya veremos...
¿Tendrá sentido llevar dos blogs? ¿ quizás es porque todavía intento organizar mis pensamientos dispersos? Voy a concentrarme en la organización de esta página, incluyendo comentarios más actuales y no solo las columna de opinión. Creo que la idea es plasmar una imagen cotidiana de la realidad circundante, desde mi personal y muy privado punto de vista. Ya veremos en qué paran mis intenciones.
viernes, 1 de enero de 2010
El placer de viajar
Si hubiera posibilidad de retomar la vieja costumbre de viajar por barco, sería una buena forma de ahorrarse la humillación aeroportuaria.
Los terroristas han logrado convertirse en los enemigos públicos por excelencia, tanto por lo que representan como amenaza contra la vida de personas inocentes como por las consecuencias de sus acciones en la antes agradable rutina de los viajes, la cual gracias a ellas se ha transformado en un proceso humillante, vejatorio y francamente repulsivo.
Es comprensible que las autoridades de Estados Unidos traten de proteger a sus ciudadanos de la amenaza terrorista. Sin embargo, es algo así como detener el agua con los dedos, siempre se les colará por algún resquicio y nunca lo evitarán por completo. De hecho, las políticas de ese país han sido contradictorias en cuanto a la prevención de la violencia, ya que mientras sus ciudadanos tengan casi absoluta libertad para adquirir armamento y municiones –amparados por su propia Constitución- cualquier motivo es válido para emplear la fuerza extrema cuando existe una mente desquiciada. Un buen ejemplo de ello son las masacres en colegios, universidades y centros comerciales cometidas por ciudadanos supuestamente bien integrados a la sociedad y pertenecientes a ella por nacimiento.
La violencia criminal ya está instalada en las sociedades complejas como la estadounidense. Sería muy difícil separar la paja del grano y afirmar que todo lo malo que sucede en ese inmenso país se debe a los inmigrantes ilegales o al terror islamista. Por ello, no importa cuántas medidas impongan a través del tránsito aeroportuario, siempre tendrán la espada de Damocles colgada sobre su rubia cabeza, por razones muy diversas y por medios muy variados. El problema son las consecuencias que debemos pagar quienes, por alguna razón, viajamos a ese país. Ahora resulta que todos somos terroristas en potencia y seremos tratados como tales.
El modelo de seguridad que se impone en los aeropuertos ha alcanzado niveles nunca antes vistos y en algunos casos transgreden largamente el trato correcto y los derechos humanos de los pasajeros. La revisión física puede llegar a ser tan humillante como degradante es el hecho de pasar por un escáner que revela todos los detalles íntimos de la persona ante media docena de ojos inquisitivos.
Lo que antes era un deleite, es ahora una especie de tortura programada con meses de anticipación. La sensación de relajación tan agradable que producía sentarse en la butaca del avión hoy se ha convertido en el anticipo de un trayecto tenso e intimidante con la instrucción precisa de obedecer sin chistar las órdenes de una tripulación que antes estaba para servirnos y hacer placentero nuestro viaje. ¿Dónde están los barcos? Mañana mismo compro el boleto.
Los terroristas han logrado convertirse en los enemigos públicos por excelencia, tanto por lo que representan como amenaza contra la vida de personas inocentes como por las consecuencias de sus acciones en la antes agradable rutina de los viajes, la cual gracias a ellas se ha transformado en un proceso humillante, vejatorio y francamente repulsivo.
Es comprensible que las autoridades de Estados Unidos traten de proteger a sus ciudadanos de la amenaza terrorista. Sin embargo, es algo así como detener el agua con los dedos, siempre se les colará por algún resquicio y nunca lo evitarán por completo. De hecho, las políticas de ese país han sido contradictorias en cuanto a la prevención de la violencia, ya que mientras sus ciudadanos tengan casi absoluta libertad para adquirir armamento y municiones –amparados por su propia Constitución- cualquier motivo es válido para emplear la fuerza extrema cuando existe una mente desquiciada. Un buen ejemplo de ello son las masacres en colegios, universidades y centros comerciales cometidas por ciudadanos supuestamente bien integrados a la sociedad y pertenecientes a ella por nacimiento.
La violencia criminal ya está instalada en las sociedades complejas como la estadounidense. Sería muy difícil separar la paja del grano y afirmar que todo lo malo que sucede en ese inmenso país se debe a los inmigrantes ilegales o al terror islamista. Por ello, no importa cuántas medidas impongan a través del tránsito aeroportuario, siempre tendrán la espada de Damocles colgada sobre su rubia cabeza, por razones muy diversas y por medios muy variados. El problema son las consecuencias que debemos pagar quienes, por alguna razón, viajamos a ese país. Ahora resulta que todos somos terroristas en potencia y seremos tratados como tales.
El modelo de seguridad que se impone en los aeropuertos ha alcanzado niveles nunca antes vistos y en algunos casos transgreden largamente el trato correcto y los derechos humanos de los pasajeros. La revisión física puede llegar a ser tan humillante como degradante es el hecho de pasar por un escáner que revela todos los detalles íntimos de la persona ante media docena de ojos inquisitivos.
Lo que antes era un deleite, es ahora una especie de tortura programada con meses de anticipación. La sensación de relajación tan agradable que producía sentarse en la butaca del avión hoy se ha convertido en el anticipo de un trayecto tenso e intimidante con la instrucción precisa de obedecer sin chistar las órdenes de una tripulación que antes estaba para servirnos y hacer placentero nuestro viaje. ¿Dónde están los barcos? Mañana mismo compro el boleto.
En resumen...
El consabido análisis de fin de año trae poco de qué presumir. Una administración política opaca para un país a la deriva.
El desastre del lago de Atitlán es el ejemplo de lo que sucede cuando a nadie le importa lo que pasa en su vecindario y cuando a las autoridades sólo les interesa inaugurar obras para lucirse en los periódicos. Es el costo de dirigir los presupuestos de la Nación a proyectos visibles pero mucho menos trascendentes que la preservación del patrimonio natural, cultural o social.
En cierta forma, Atitlán es una Guatemala en pequeño: su deterioro se había previsto con décadas de antelación pero no se tomaron las medidas adecuadas para evitarlo; la contaminación era fácil de neutralizar antes de convertirse en un problema irreversible, pero ni las autoridades ni las comunidades aledañas hicieron nada por detenerla; mueren y se extinguen las especies nativas –fauna y flora- ante la indiferencia general y lo que antes fue uno de los parajes naturales más hermosos del planeta, se transforma rápidamente en un pantano cenagoso cuyo equilibrio ha sido fracturado de tal manera, que será muy difícil de restaurar.
El resto del país lleva un rumbo similar: con altos índices de pobreza extrema, violencia criminal imparable, operaciones de narcotráfico realizadas ante la vista de las autoridades y la ciudadanía gracias a negociaciones y liberación de territorios, incremento de muertes violentas de niños, adolescentes y mujeres, más una serie de actos de corrupción transformados en el modus vivendi de los altos, medianos y bajos funcionarios de la administración pública.
Por todo lo anterior, mejor será que el gobierno se abstenga de prometer cambios que jamás va a realizar, o mejoras en políticas que ya han sido comprometidas con bancadas, grupos empresariales u organizaciones sindicales (léase magisterio nacional).
El año que terminó ha terminado mal. Los esfuerzos realizados por la sociedad civil con ayuda de algunos organismos como la CICIG, como fue el caso de la elección de magistrados a las Cortes, tuvieron el mérito de revivir un poco la esperanza de rescatar el estado de Derecho que tanta falta hace, pero otras acciones lograron anular esa ilusión antes de que tomara vuelo.
Si existe un adjetivo para describir a esta administración, estaría a media distancia entre pusilánime y mediocre. Tanto su discurso como sus intenciones carecen de transparencia y veracidad, cualidades idealmente intrínsecas del ejercicio político, pero las cuales han desaparecido del todo en la práctica política local. Ahora se aproxima un año crítico, con muy pocas perspectivas de recuperación en los indicadores de desarrollo social. Quizás la única propuesta válida para el año que se inicia sea un mayor involucramiento de la ciudadanía en los asuntos que le conciernen.
El desastre del lago de Atitlán es el ejemplo de lo que sucede cuando a nadie le importa lo que pasa en su vecindario y cuando a las autoridades sólo les interesa inaugurar obras para lucirse en los periódicos. Es el costo de dirigir los presupuestos de la Nación a proyectos visibles pero mucho menos trascendentes que la preservación del patrimonio natural, cultural o social.
En cierta forma, Atitlán es una Guatemala en pequeño: su deterioro se había previsto con décadas de antelación pero no se tomaron las medidas adecuadas para evitarlo; la contaminación era fácil de neutralizar antes de convertirse en un problema irreversible, pero ni las autoridades ni las comunidades aledañas hicieron nada por detenerla; mueren y se extinguen las especies nativas –fauna y flora- ante la indiferencia general y lo que antes fue uno de los parajes naturales más hermosos del planeta, se transforma rápidamente en un pantano cenagoso cuyo equilibrio ha sido fracturado de tal manera, que será muy difícil de restaurar.
El resto del país lleva un rumbo similar: con altos índices de pobreza extrema, violencia criminal imparable, operaciones de narcotráfico realizadas ante la vista de las autoridades y la ciudadanía gracias a negociaciones y liberación de territorios, incremento de muertes violentas de niños, adolescentes y mujeres, más una serie de actos de corrupción transformados en el modus vivendi de los altos, medianos y bajos funcionarios de la administración pública.
Por todo lo anterior, mejor será que el gobierno se abstenga de prometer cambios que jamás va a realizar, o mejoras en políticas que ya han sido comprometidas con bancadas, grupos empresariales u organizaciones sindicales (léase magisterio nacional).
El año que terminó ha terminado mal. Los esfuerzos realizados por la sociedad civil con ayuda de algunos organismos como la CICIG, como fue el caso de la elección de magistrados a las Cortes, tuvieron el mérito de revivir un poco la esperanza de rescatar el estado de Derecho que tanta falta hace, pero otras acciones lograron anular esa ilusión antes de que tomara vuelo.
Si existe un adjetivo para describir a esta administración, estaría a media distancia entre pusilánime y mediocre. Tanto su discurso como sus intenciones carecen de transparencia y veracidad, cualidades idealmente intrínsecas del ejercicio político, pero las cuales han desaparecido del todo en la práctica política local. Ahora se aproxima un año crítico, con muy pocas perspectivas de recuperación en los indicadores de desarrollo social. Quizás la única propuesta válida para el año que se inicia sea un mayor involucramiento de la ciudadanía en los asuntos que le conciernen.
Inocentes
Cual modernos Herodes, los políticos locales han condenado a la niñez a vivir una infancia sin presente y una juventud sin futuro.
¿Qué otra cosa podría inspirar mejor un artículo en el Día de los Inocentes que la niñez abandonada de Guatemala? Resulta obvio. También llama a la reflexión el hecho de tener una de las poblaciones más jóvenes y con menores perspectivas de alcanzar un futuro promisorio por culpa de la debilidad del Estado, sus instituciones inoperantes y una total ausencia de voluntad política en los líderes para remediar todo esto.
Guatemala es un país hermoso, con un inmenso potencial de desarrollo totalmente desperdiciado en negocios turbios y negociaciones poco transparentes de las autoridades de turno, el sector empresarial y la mayoría de los líderes políticos; enfrentamientos estériles entre los distintos partidos; un abandono casi total de las políticas públicas y los programas de desarrollo comunitario; y ninguna intención de cambiar de actitud hacia una más positiva, propositiva y congruente con las necesidades del país.
Las primeras víctimas de este calamitoso estado de cosas son los grupos vulnerables por excelencia: la niñez, la juventud y las mujeres. Estos tres sectores son, sin embargo, los de mayor potencial para sacar adelante proyectos eficaces de desarrollo y para generar los cambios que Guatemala necesita realizar para detener la curva descendente que la tiene al borde del colapso. Una niñez protegida y bien alimentada es el semillero de una juventud pujante, idealista, creativa y dispuesta a trabajar por su patria.
Las mujeres, por su parte, tienen el poder de crear las condiciones apropiadas para ese desarrollo, ya que en sus manos se encuentra la educación y la formación integral de los primeros años de las nuevas generaciones. Para ello, también en este grupo debe prevalecer un clima de respeto, igualdad de oportunidades y facilidades para tener acceso a los servicios básicos, al crédito y a la educación, herramientas fundamentales para consolidar una base sólida generadora de oportunidades.
Pero no. A la niñez abandonada desde antes de nacer, desnutrida y privada de asistencia, le sigue una juventud sin acceso a una formación técnica o vocacional que le permita dirigir sus pasos hacia la senda correcta y no la deje a merced de las presiones ejercidas por grupos criminales. Esta juventud sin futuro constituye el retrato vivo de un país disfuncional, encaminado hacia el fracaso.
En cuanto a las mujeres, sobre cuyas virtudes, fuerza y temple se ha escrito tanto pero se ha hecho tan poco, bastaría con un cambio de actitud desde el campo legislativo y desde el interior de los distintos sectores sociales para que se abrieran esas puertas cerradas y se les reconociera el derecho legítimo a ser parte de la sociedad activa, a ser personas apreciadas como miembros valiosos de su propia comunidad.
¿Qué otra cosa podría inspirar mejor un artículo en el Día de los Inocentes que la niñez abandonada de Guatemala? Resulta obvio. También llama a la reflexión el hecho de tener una de las poblaciones más jóvenes y con menores perspectivas de alcanzar un futuro promisorio por culpa de la debilidad del Estado, sus instituciones inoperantes y una total ausencia de voluntad política en los líderes para remediar todo esto.
Guatemala es un país hermoso, con un inmenso potencial de desarrollo totalmente desperdiciado en negocios turbios y negociaciones poco transparentes de las autoridades de turno, el sector empresarial y la mayoría de los líderes políticos; enfrentamientos estériles entre los distintos partidos; un abandono casi total de las políticas públicas y los programas de desarrollo comunitario; y ninguna intención de cambiar de actitud hacia una más positiva, propositiva y congruente con las necesidades del país.
Las primeras víctimas de este calamitoso estado de cosas son los grupos vulnerables por excelencia: la niñez, la juventud y las mujeres. Estos tres sectores son, sin embargo, los de mayor potencial para sacar adelante proyectos eficaces de desarrollo y para generar los cambios que Guatemala necesita realizar para detener la curva descendente que la tiene al borde del colapso. Una niñez protegida y bien alimentada es el semillero de una juventud pujante, idealista, creativa y dispuesta a trabajar por su patria.
Las mujeres, por su parte, tienen el poder de crear las condiciones apropiadas para ese desarrollo, ya que en sus manos se encuentra la educación y la formación integral de los primeros años de las nuevas generaciones. Para ello, también en este grupo debe prevalecer un clima de respeto, igualdad de oportunidades y facilidades para tener acceso a los servicios básicos, al crédito y a la educación, herramientas fundamentales para consolidar una base sólida generadora de oportunidades.
Pero no. A la niñez abandonada desde antes de nacer, desnutrida y privada de asistencia, le sigue una juventud sin acceso a una formación técnica o vocacional que le permita dirigir sus pasos hacia la senda correcta y no la deje a merced de las presiones ejercidas por grupos criminales. Esta juventud sin futuro constituye el retrato vivo de un país disfuncional, encaminado hacia el fracaso.
En cuanto a las mujeres, sobre cuyas virtudes, fuerza y temple se ha escrito tanto pero se ha hecho tan poco, bastaría con un cambio de actitud desde el campo legislativo y desde el interior de los distintos sectores sociales para que se abrieran esas puertas cerradas y se les reconociera el derecho legítimo a ser parte de la sociedad activa, a ser personas apreciadas como miembros valiosos de su propia comunidad.
Ni voz, ni voto
Los países en desarrollo, débiles y vulnerables frente al cambio climático, fueron ignorados de la manera más grosera.
Nuestros problemas domésticos quedan cortos ante la perspectiva aterradora de un clima trastornado por algo que podría llamarse el “efecto Wall Street”: es decir, un mundo en el cual la actividad industrial y financiera se considera el eje absoluto del progreso, cuya cultura depende de cuanta riqueza es capaz de producir un país a cualquier costo, incluso en vidas humanas –veamos el ejemplo de África- y cuya tendencia debe llevar a una concentración extrema de la acumulación de bienes en manos de un puñado de magnates indiferentes ante las consecuencias de sus actividades, todo lo cual se denomina desarrollo.
Si desarrollo es el consumismo compulsivo de bienes y servicios que no son esenciales para vivir ni son amigables con la naturaleza, dado su enorme impacto en el medio ambiente, entonces quizás hemos crecido bajo la premisa de que la muerte por contaminación, deforestación, sequía, trastornos climáticos y pobreza es parte de nuestro destino natural como especie.
Lo sucedido en Copenhagen es un ejemplo de cuán desequilibrado está el poder en el mundo actual. Un puñado de países, todos enriquecidos a costa de haber explotado hasta el agotamiento los recursos de los países más pobres, decidieron por sí y ante sí bloquear toda posibilidad de establecer un nivel de compromiso que les pusiera ante la perspectiva de reducir sus operaciones de alto impacto ambiental.
A este puñado de países industrializados pertenecen las poderosas compañías multinacionales que vienen a nuestros continentes a extraer los minerales, a alterar el equilibrio ambiental con sus productos agroquímicos, a cambiar las reglas ancestrales de la agricultura con su manipulación genética, a contaminar los océanos con su chatarra petrolera y sus desechos nucleares y, en resumen, a destruir todo aquello que no les pertenece con las consecuencias de una devastación planetaria.
Si el mundo fuera una sociedad anónima, esto sería el caso típico de mala administración, abuso de poder y corrupción, por lo cual los actuales directivos ya deberían haber sido destituidos por la asamblea general y procesados por sus delitos. Sin embargo, los países industrializados son los dueños y señores de las organizaciones mundiales que deberían servir de fiscales y jueces, de contrapeso para frenar el abuso contra los más débiles. Los foros internacionales no cumplen su misión, esto es proteger al ser humano de toda condición, edad, género, raza, ideología política y credo religioso contra el abuso y la discriminación. Este es el mensaje oculto de Copenhagen a los miles de millones de seres humanos que habitan la Tierra.
Nuestros problemas domésticos quedan cortos ante la perspectiva aterradora de un clima trastornado por algo que podría llamarse el “efecto Wall Street”: es decir, un mundo en el cual la actividad industrial y financiera se considera el eje absoluto del progreso, cuya cultura depende de cuanta riqueza es capaz de producir un país a cualquier costo, incluso en vidas humanas –veamos el ejemplo de África- y cuya tendencia debe llevar a una concentración extrema de la acumulación de bienes en manos de un puñado de magnates indiferentes ante las consecuencias de sus actividades, todo lo cual se denomina desarrollo.
Si desarrollo es el consumismo compulsivo de bienes y servicios que no son esenciales para vivir ni son amigables con la naturaleza, dado su enorme impacto en el medio ambiente, entonces quizás hemos crecido bajo la premisa de que la muerte por contaminación, deforestación, sequía, trastornos climáticos y pobreza es parte de nuestro destino natural como especie.
Lo sucedido en Copenhagen es un ejemplo de cuán desequilibrado está el poder en el mundo actual. Un puñado de países, todos enriquecidos a costa de haber explotado hasta el agotamiento los recursos de los países más pobres, decidieron por sí y ante sí bloquear toda posibilidad de establecer un nivel de compromiso que les pusiera ante la perspectiva de reducir sus operaciones de alto impacto ambiental.
A este puñado de países industrializados pertenecen las poderosas compañías multinacionales que vienen a nuestros continentes a extraer los minerales, a alterar el equilibrio ambiental con sus productos agroquímicos, a cambiar las reglas ancestrales de la agricultura con su manipulación genética, a contaminar los océanos con su chatarra petrolera y sus desechos nucleares y, en resumen, a destruir todo aquello que no les pertenece con las consecuencias de una devastación planetaria.
Si el mundo fuera una sociedad anónima, esto sería el caso típico de mala administración, abuso de poder y corrupción, por lo cual los actuales directivos ya deberían haber sido destituidos por la asamblea general y procesados por sus delitos. Sin embargo, los países industrializados son los dueños y señores de las organizaciones mundiales que deberían servir de fiscales y jueces, de contrapeso para frenar el abuso contra los más débiles. Los foros internacionales no cumplen su misión, esto es proteger al ser humano de toda condición, edad, género, raza, ideología política y credo religioso contra el abuso y la discriminación. Este es el mensaje oculto de Copenhagen a los miles de millones de seres humanos que habitan la Tierra.
Un poco de fantasía
Al otro lado de la moneda están la juventud y la infancia ávidas de conocimiento, de inventar su propio mundo y hacerlo realidad.
Cuando un país es joven –cuando su población está compuesta mayoritariamente por personas menores de 35 años- se podría afirmar que tiene mejores perspectivas de cambio que una población adulta, como sucede en la casi totalidad de países desarrollados, cuya tasa de natalidad es prácticamente recesiva.
Guatemala es un país joven; es una nación casi recién salida de un conflicto armado que la desangró por más de tres décadas, cuya cauda aún se manifiesta en una violencia fratricida que continúa marcando círculos concéntricos y no parece detenerse jamás. Sin embargo, hay un gran contingente de niñas, niños y jóvenes que esperan una oportunidad para marcar un cambio de rumbo que haga de la suya una sociedad viable, pacífica y educada, respetuosa de los derechos humanos y capaz de reinventarse a partir de sus propias debilidades.
Un ejemplo de esto es la respuesta entusiasta de innumerables grupos de jóvenes ante la necesidad de vivienda de sus compatriotas, ante la carencia de alimentos en zonas de riesgo alimentario, ante la urgencia de rescatar lo que queda de los recursos naturales. Estos jóvenes han elegido construir en lugar de destruir y, en un país cuyas instituciones los han abandonado por completo y no responden a sus requerimientos básicos, esta actitud tiene un mérito sobresaliente.
Ya mucho se ha especulado sobre las graves consecuencias de escatimar recursos para mejorar el acceso de la niñez y la juventud a la educación. En este tema no queda nada por analizar, excepto que mientras más tiempo tarde el Estado en responder a sus necesidades, mayor será la pérdida de oportunidades y mucho mayor el abismo que separe a Guatemala del resto de naciones, incluso de otras con menos recursos pero con mejores políticas públicas.
Se acerca la fecha de vencimiento para cumplir con las Metas del Milenio y Guatemala no tiene mucho qué enseñar al resto del mundo. Su juventud, sí. El esfuerzo independiente que realizan niñas, niños y jóvenes por trazarse metas, por construirse un destino mejor en un país que sólo les ofrece frustración y malas noticias, es algo que merece destacarse, pero sobre todo merece todo el apoyo que se le pueda brindar.
Resulta penoso constatar la poca visión de los gobernantes y otros grupos de poder, quienes han desestimado el poder de la juventud y han sido incapaces de respaldar sus iniciativas y proteger su patrimonio. En estos últimos años, los adultos responsables han dilapidado los recursos del futuro y continúan repartiéndose riquezas que no les pertenecen, indiferentes ante la catástrofe que provoca su insaciable ambición. Es hora de reaccionar.
Cuando un país es joven –cuando su población está compuesta mayoritariamente por personas menores de 35 años- se podría afirmar que tiene mejores perspectivas de cambio que una población adulta, como sucede en la casi totalidad de países desarrollados, cuya tasa de natalidad es prácticamente recesiva.
Guatemala es un país joven; es una nación casi recién salida de un conflicto armado que la desangró por más de tres décadas, cuya cauda aún se manifiesta en una violencia fratricida que continúa marcando círculos concéntricos y no parece detenerse jamás. Sin embargo, hay un gran contingente de niñas, niños y jóvenes que esperan una oportunidad para marcar un cambio de rumbo que haga de la suya una sociedad viable, pacífica y educada, respetuosa de los derechos humanos y capaz de reinventarse a partir de sus propias debilidades.
Un ejemplo de esto es la respuesta entusiasta de innumerables grupos de jóvenes ante la necesidad de vivienda de sus compatriotas, ante la carencia de alimentos en zonas de riesgo alimentario, ante la urgencia de rescatar lo que queda de los recursos naturales. Estos jóvenes han elegido construir en lugar de destruir y, en un país cuyas instituciones los han abandonado por completo y no responden a sus requerimientos básicos, esta actitud tiene un mérito sobresaliente.
Ya mucho se ha especulado sobre las graves consecuencias de escatimar recursos para mejorar el acceso de la niñez y la juventud a la educación. En este tema no queda nada por analizar, excepto que mientras más tiempo tarde el Estado en responder a sus necesidades, mayor será la pérdida de oportunidades y mucho mayor el abismo que separe a Guatemala del resto de naciones, incluso de otras con menos recursos pero con mejores políticas públicas.
Se acerca la fecha de vencimiento para cumplir con las Metas del Milenio y Guatemala no tiene mucho qué enseñar al resto del mundo. Su juventud, sí. El esfuerzo independiente que realizan niñas, niños y jóvenes por trazarse metas, por construirse un destino mejor en un país que sólo les ofrece frustración y malas noticias, es algo que merece destacarse, pero sobre todo merece todo el apoyo que se le pueda brindar.
Resulta penoso constatar la poca visión de los gobernantes y otros grupos de poder, quienes han desestimado el poder de la juventud y han sido incapaces de respaldar sus iniciativas y proteger su patrimonio. En estos últimos años, los adultos responsables han dilapidado los recursos del futuro y continúan repartiéndose riquezas que no les pertenecen, indiferentes ante la catástrofe que provoca su insaciable ambición. Es hora de reaccionar.
Muerte en la plaza
Los linchamientos son la expresión de una sociedad enferma de violencia, con un Estado en peligro de extinción.
Los linchamientos en Guatemala han sido analizados con el mayor rigor científico por sociólogos, antropólogos y otros estudiosos del comportamiento social. Estos documentos han arrojado muchas luces sobre las causas y características de este fenómeno colectivo pero, como todo estudio académico, lamentablemente no han tenido incidencia alguna en la toma de decisiones ni en el cambio de rumbo de ciertas políticas con potencial efecto sobre la erradicación de esta macabra forma de asesinato.
En Guatemala, la muerte ronda por las esquinas y cualquier ciudadano es capaz de percibirla. Asaltos, violaciones, amenazas, secuestros, extorsiones y homicidios a plena luz del día acorralan a una sociedad cuyo temor crece cada día hasta alcanzar peligrosos niveles de paranoia. En este punto, los ciudadanos se premunen de armas de fuego con la ilusa esperanza de aumentar su capacidad de defensa personal pero, por el contrario, con esto sólo incrementan el riesgo y construyen un peldaño más en la escalada de la violencia.
Guatemala ha llegado a convertirse en el prototipo de país patológicamente débil, desde todo punto de vista. Su estructura social, plagada de desigualdades y carente de mecanismos de balance, representa en el siglo veintiuno todas las carencias de un estado primitivo. Con una legislación impotente para erradicar las injusticias sociales y económicas, Guatemala ha venido arrastrando siglos de frustraciones y abusos, los cuales necesitan sólo una chispa para convertirse en una fuerza devastadora.
Ciento cincuenta mil muertos durante el conflicto armado interno, más una constante represión política, constituyeron el ambiente de inseguridad y temor sobre el cual se fueron gestando sentimientos de odio racista y clasista, discriminación y, sobre todo, el debilitamiento del Estado y de sus instituciones, al punto que ya no tienen siquiera la capacidad para gobernar y servir al país en toda su extensión.
Los linchamientos perpetrados en los últimos años coronan un cuadro ya de por sí peligroso. A ellos se suman –y no son fenómenos independientes- la debilidad de las instituciones, su ausencia en el interior del país, altos niveles de corrupción en las instancias políticas y económicas y el abandono casi total de programas de beneficio social, escenario extremadamente peligroso para la estabilidad democrática del país.
Los linchamientos son asesinatos. Simple y llanamente. No son actos de justicia ni formas de castigo. No importa el ángulo de observación, semejante acto de salvajismo sólo retrata a una sociedad disfuncional y profundamente enferma. Es hora de que reaccionen quienes tienen el poder de restaurar los valores esenciales de la sociedad.
Los linchamientos en Guatemala han sido analizados con el mayor rigor científico por sociólogos, antropólogos y otros estudiosos del comportamiento social. Estos documentos han arrojado muchas luces sobre las causas y características de este fenómeno colectivo pero, como todo estudio académico, lamentablemente no han tenido incidencia alguna en la toma de decisiones ni en el cambio de rumbo de ciertas políticas con potencial efecto sobre la erradicación de esta macabra forma de asesinato.
En Guatemala, la muerte ronda por las esquinas y cualquier ciudadano es capaz de percibirla. Asaltos, violaciones, amenazas, secuestros, extorsiones y homicidios a plena luz del día acorralan a una sociedad cuyo temor crece cada día hasta alcanzar peligrosos niveles de paranoia. En este punto, los ciudadanos se premunen de armas de fuego con la ilusa esperanza de aumentar su capacidad de defensa personal pero, por el contrario, con esto sólo incrementan el riesgo y construyen un peldaño más en la escalada de la violencia.
Guatemala ha llegado a convertirse en el prototipo de país patológicamente débil, desde todo punto de vista. Su estructura social, plagada de desigualdades y carente de mecanismos de balance, representa en el siglo veintiuno todas las carencias de un estado primitivo. Con una legislación impotente para erradicar las injusticias sociales y económicas, Guatemala ha venido arrastrando siglos de frustraciones y abusos, los cuales necesitan sólo una chispa para convertirse en una fuerza devastadora.
Ciento cincuenta mil muertos durante el conflicto armado interno, más una constante represión política, constituyeron el ambiente de inseguridad y temor sobre el cual se fueron gestando sentimientos de odio racista y clasista, discriminación y, sobre todo, el debilitamiento del Estado y de sus instituciones, al punto que ya no tienen siquiera la capacidad para gobernar y servir al país en toda su extensión.
Los linchamientos perpetrados en los últimos años coronan un cuadro ya de por sí peligroso. A ellos se suman –y no son fenómenos independientes- la debilidad de las instituciones, su ausencia en el interior del país, altos niveles de corrupción en las instancias políticas y económicas y el abandono casi total de programas de beneficio social, escenario extremadamente peligroso para la estabilidad democrática del país.
Los linchamientos son asesinatos. Simple y llanamente. No son actos de justicia ni formas de castigo. No importa el ángulo de observación, semejante acto de salvajismo sólo retrata a una sociedad disfuncional y profundamente enferma. Es hora de que reaccionen quienes tienen el poder de restaurar los valores esenciales de la sociedad.
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