El consabido análisis de fin de año trae poco de qué presumir. Una administración política opaca para un país a la deriva.
El desastre del lago de Atitlán es el ejemplo de lo que sucede cuando a nadie le importa lo que pasa en su vecindario y cuando a las autoridades sólo les interesa inaugurar obras para lucirse en los periódicos. Es el costo de dirigir los presupuestos de la Nación a proyectos visibles pero mucho menos trascendentes que la preservación del patrimonio natural, cultural o social.
En cierta forma, Atitlán es una Guatemala en pequeño: su deterioro se había previsto con décadas de antelación pero no se tomaron las medidas adecuadas para evitarlo; la contaminación era fácil de neutralizar antes de convertirse en un problema irreversible, pero ni las autoridades ni las comunidades aledañas hicieron nada por detenerla; mueren y se extinguen las especies nativas –fauna y flora- ante la indiferencia general y lo que antes fue uno de los parajes naturales más hermosos del planeta, se transforma rápidamente en un pantano cenagoso cuyo equilibrio ha sido fracturado de tal manera, que será muy difícil de restaurar.
El resto del país lleva un rumbo similar: con altos índices de pobreza extrema, violencia criminal imparable, operaciones de narcotráfico realizadas ante la vista de las autoridades y la ciudadanía gracias a negociaciones y liberación de territorios, incremento de muertes violentas de niños, adolescentes y mujeres, más una serie de actos de corrupción transformados en el modus vivendi de los altos, medianos y bajos funcionarios de la administración pública.
Por todo lo anterior, mejor será que el gobierno se abstenga de prometer cambios que jamás va a realizar, o mejoras en políticas que ya han sido comprometidas con bancadas, grupos empresariales u organizaciones sindicales (léase magisterio nacional).
El año que terminó ha terminado mal. Los esfuerzos realizados por la sociedad civil con ayuda de algunos organismos como la CICIG, como fue el caso de la elección de magistrados a las Cortes, tuvieron el mérito de revivir un poco la esperanza de rescatar el estado de Derecho que tanta falta hace, pero otras acciones lograron anular esa ilusión antes de que tomara vuelo.
Si existe un adjetivo para describir a esta administración, estaría a media distancia entre pusilánime y mediocre. Tanto su discurso como sus intenciones carecen de transparencia y veracidad, cualidades idealmente intrínsecas del ejercicio político, pero las cuales han desaparecido del todo en la práctica política local. Ahora se aproxima un año crítico, con muy pocas perspectivas de recuperación en los indicadores de desarrollo social. Quizás la única propuesta válida para el año que se inicia sea un mayor involucramiento de la ciudadanía en los asuntos que le conciernen.
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