Muchos se preguntan por qué el gobierno no logra controlar la inseguridad.
Entre las estrategias políticas, la inseguridad ciudadana es la reina del ajedrez. Constituye la pieza clave en el control de los vaivenes de la noticia y sirve muy eficientemente para enfocar la atención de la ciudadanía lejos de aquellas acciones verdaderamente peligrosas para la supervivencia de la democracia. Treta perversa, sí, pero absolutamente ligada a toda política orientada a manipular las riendas del poder.
No es sorprendente, entonces, que Guatemala continúe inmersa en una guerra interna y en esa lucha siga perdiendo vidas valiosas, con una abundancia sólo comparable a la de un conflicto armado. Hay que reconocer que las artimañas del crimen organizado resultan burdas y evidentes si se las observa desde una perspectiva real. Su dominio de los centros carcelarios y de las fronteras no es justificable para un Estado cuyos recursos tecnológicos y humanos le permitirían aplicar candados y evitar muchas de las acciones delictivas emanadas desde esos lugares.
Lo mismo se puede deducir de la falta de voluntad de los legisladores para controlar la actitud permisiva y negligente del Ejecutivo en estos temas, aun teniendo en sus manos los mecanismos para corregir sus deficiencias. Esto permite colegir la existencia de un pacto de silencio, un acuerdo bajo la mesa para dejar hacer y dejar pasar los horrores de la delincuencia hasta que la ciudadanía clame por una dictadura militar o una tiranía civil, hasta que se someta a un estado de sitio con tal de acabar con la pesadilla actual.
En medio de ese caldo de tiburones, la población se siente impotente y no sabe hacia dónde orientar sus preferencias electorales, uno de los pocos recursos de participación que le dejan las tácticas malévolas de sus líderes políticos. En esta ruta está todavía por verse cómo se va a desarrollar la campaña en los meses que faltan para los comicios y cuántos ciudadanos perderán la vida como chivos expiatorios de esta cruenta batalla.
La propaganda gubernamental intenta convencer a la ciudadanía de sus esfuerzos por erradicar el crimen y la violencia, pero la propaganda altera la verdad en el acto mismo de formularla y su contenido es siempre contradictorio con la realidad. Por lo cual, mientras el discurso oficial dice una cosa, en las calles y en los hogares se vive otra y el desencanto y la frustración aumentan de manera sostenida.
Ya no hay excusa para la inacción de las autoridades en el tema de seguridad. Si tanto es el poder de los carteles mexicanos de la droga infiltrados en el país, y tanta la astucia de los funcionarios vinculados con las mafias, entonces es imperativo organizar un frente de resistencia capaz de retomar el control de la nación en todos sus ámbitos, empezando por una verdadera toma de conciencia entre los representantes de la población en el Congreso de la República.
04.04.2011
domingo, 17 de abril de 2011
Paliativos condicionados
El gobierno conoce bien las estratagemas electoreras.
“¡Ala… qué buena onda! Este gobierno es el primero que se preocupa por nosotros”, dirá probablemente un joven beneficiado con el cheque de 1,000 quetzales que recibirá a través del ministerio de Trabajo. Lo que ese joven no sabe es que, mientras el gobierno compra su voto con la mano derecha, con la izquierda destruye sus esperanzas de alcanzar un mejor futuro, ya que esos fondos irán en desmedro de planes estructurales mediante los cuales podría construirse un mejor sistema educativo y, por ende, crear oportunidades para el segmento joven de la población.
Los problemas del país no se resolverán repartiendo bolsas con víveres ni dinero en efectivo. Esa es una estrategia de emergencia para un gobierno prácticamente colapsado y carente de otros objetivos que no sean conseguir la continuidad en el poder. Un país alcanza el desarrollo sobre una plataforma de programas con alcance nacional, cuyas acciones sean de largo plazo y estén enfocadas en la creación de estructuras autosostenibles.
Los resultados y las pretensiones están a la vista: ¿qué ha conseguido el gobierno con la aplicación de los programas asistencialistas? Adeptos. ¿Qué pretende conseguir con la repartidera de quetzales entre los jóvenes desempleados? Votos. ¿Cuál ha sido el aporte de la administración de la UNE para el desarrollo nacional? Ninguno relevante. La seguridad de la nación ha sufrido el peor deterioro de los últimos 20 años. La infraestructura escolar está colapsada, igual como lo está la de salud.
Políticas públicas para la atención de los grupos más vulnerables, como la niñez y la adolescencia, el sector de mujeres, los ciudadanos en edad de retiro y la población agrícola y campesina, son inexistentes. El término más descriptivo de la actitud de este gobierno es “asistencialismo electorero”, dado que sus programas -dirigidos en su mayoría a los más necesitados- han tenido como objetivo primordial mantenerse en el poder y consolidar sus redes de influencia y no cambiar las condiciones de vida de ese grupo poblacional.
Lo que falta por ver es cuál será la metodología en la aplicación de este plan de empleo mínimo para jóvenes en situación de vulnerabilidad. El Presidente afirma no conocer los detalles, como si alguien pudiera creer semejante vacío de información. De hecho, si efectivamente no los conoce, significa que no está haciendo su trabajo y permite iniciativas fuera de su control. De cualquier modo, un análisis somero indica que esta estratagema costará cara a quienes pagan sus impuestos y restará fuerza a programas con visión de futuro, más coherentes con una democracia firme y duradera basada en la equidad de oportunidades.
02.04.2011
“¡Ala… qué buena onda! Este gobierno es el primero que se preocupa por nosotros”, dirá probablemente un joven beneficiado con el cheque de 1,000 quetzales que recibirá a través del ministerio de Trabajo. Lo que ese joven no sabe es que, mientras el gobierno compra su voto con la mano derecha, con la izquierda destruye sus esperanzas de alcanzar un mejor futuro, ya que esos fondos irán en desmedro de planes estructurales mediante los cuales podría construirse un mejor sistema educativo y, por ende, crear oportunidades para el segmento joven de la población.
Los problemas del país no se resolverán repartiendo bolsas con víveres ni dinero en efectivo. Esa es una estrategia de emergencia para un gobierno prácticamente colapsado y carente de otros objetivos que no sean conseguir la continuidad en el poder. Un país alcanza el desarrollo sobre una plataforma de programas con alcance nacional, cuyas acciones sean de largo plazo y estén enfocadas en la creación de estructuras autosostenibles.
Los resultados y las pretensiones están a la vista: ¿qué ha conseguido el gobierno con la aplicación de los programas asistencialistas? Adeptos. ¿Qué pretende conseguir con la repartidera de quetzales entre los jóvenes desempleados? Votos. ¿Cuál ha sido el aporte de la administración de la UNE para el desarrollo nacional? Ninguno relevante. La seguridad de la nación ha sufrido el peor deterioro de los últimos 20 años. La infraestructura escolar está colapsada, igual como lo está la de salud.
Políticas públicas para la atención de los grupos más vulnerables, como la niñez y la adolescencia, el sector de mujeres, los ciudadanos en edad de retiro y la población agrícola y campesina, son inexistentes. El término más descriptivo de la actitud de este gobierno es “asistencialismo electorero”, dado que sus programas -dirigidos en su mayoría a los más necesitados- han tenido como objetivo primordial mantenerse en el poder y consolidar sus redes de influencia y no cambiar las condiciones de vida de ese grupo poblacional.
Lo que falta por ver es cuál será la metodología en la aplicación de este plan de empleo mínimo para jóvenes en situación de vulnerabilidad. El Presidente afirma no conocer los detalles, como si alguien pudiera creer semejante vacío de información. De hecho, si efectivamente no los conoce, significa que no está haciendo su trabajo y permite iniciativas fuera de su control. De cualquier modo, un análisis somero indica que esta estratagema costará cara a quienes pagan sus impuestos y restará fuerza a programas con visión de futuro, más coherentes con una democracia firme y duradera basada en la equidad de oportunidades.
02.04.2011
Pacto de honor
Hay un pacto entre medios de comunicación para el tratamiento de la noticia.
No cabe duda de que el crimen organizado ha cambiado la manera de ver el mundo, las relaciones y el estilo de vida de millones de habitantes en este pequeño planeta. En los últimos días, ha despertado apasionadas discusiones la noticia de la firma de un pacto entre más de 700 medios de comunicación mexicanos. Muchas de ellas a favor de la medida, otras en contra, pero la mayoría bien fundadas en sólidos argumentos.
El pacto, inserto en la Iniciativa México, en síntesis llama a los medios a tratar con responsabilidad las noticias sobre actos delictivos, respetar a las víctimas en el manejo de la información y no publicitar de manera sensacionalista las acciones relacionadas con estos grupos al margen de la ley, estableciendo criterios para determinar los espacios y no exagerar su difusión.
Hasta ahí el acuerdo no sólo parece lógico sino muy civilizado, dado que el amarillismo en la prensa –uno de los aspectos a eliminar en el tratamiento de la noticia- no hace más que horadar la credibilidad de los medios y, al mismo tiempo, crear una coraza de acostumbramiento en la mente de la ciudadanía que sigue el curso de los acontecimientos a través de las distintas plataformas informativas.
El problema surge cuando se apunta sobre la diferencia entre medios y periodistas. Aun cuando pareciera existir un vínculo muy estrecho entre ambos sectores, es importante diferenciar entre los propietarios de las empresas periodísticas –quienes conforman el grupo de “medios”- y aquellos trabajadores que ejercen la profesión desde esas organizaciones.
Uno de los reparos al acuerdo vendría desde la perspectiva de estos últimos, enfocados sobre el derecho a la libertad de expresión, el cual además de irrenunciable es absolutamente individual. Es decir, un periodista debería tener el derecho a auto regular el tono de sus notas y no a depender de una directriz superior que le impida ejercer ese derecho fundamental. Sin embargo, una cosa es recabar y elaborar la noticia y otra muy distinta publicarla sobre un soporte físico o virtual que no le pertenece y sobre el cual no tiene control.
Otra consideración es el posible compromiso de ciertos medios con esas organizaciones, ya sea por conveniencia económica, presiones o miedo a las represalias. No se puede desconocer el enorme poder que el crimen organizado ha adquirido en toda la región, demostrado a diario con actos de una violencia descomunal. El tema es nuevo, ya que el pacto se firmó recién el jueves 24 y ya cobró su primera víctima con el secuestro y asesinato de José Luis Cerda, presentador de noticias de Televisa en Monterrey. Está por verse qué sucede en los otros países que integran el pasadizo de la droga.
28.03.2011
No cabe duda de que el crimen organizado ha cambiado la manera de ver el mundo, las relaciones y el estilo de vida de millones de habitantes en este pequeño planeta. En los últimos días, ha despertado apasionadas discusiones la noticia de la firma de un pacto entre más de 700 medios de comunicación mexicanos. Muchas de ellas a favor de la medida, otras en contra, pero la mayoría bien fundadas en sólidos argumentos.
El pacto, inserto en la Iniciativa México, en síntesis llama a los medios a tratar con responsabilidad las noticias sobre actos delictivos, respetar a las víctimas en el manejo de la información y no publicitar de manera sensacionalista las acciones relacionadas con estos grupos al margen de la ley, estableciendo criterios para determinar los espacios y no exagerar su difusión.
Hasta ahí el acuerdo no sólo parece lógico sino muy civilizado, dado que el amarillismo en la prensa –uno de los aspectos a eliminar en el tratamiento de la noticia- no hace más que horadar la credibilidad de los medios y, al mismo tiempo, crear una coraza de acostumbramiento en la mente de la ciudadanía que sigue el curso de los acontecimientos a través de las distintas plataformas informativas.
El problema surge cuando se apunta sobre la diferencia entre medios y periodistas. Aun cuando pareciera existir un vínculo muy estrecho entre ambos sectores, es importante diferenciar entre los propietarios de las empresas periodísticas –quienes conforman el grupo de “medios”- y aquellos trabajadores que ejercen la profesión desde esas organizaciones.
Uno de los reparos al acuerdo vendría desde la perspectiva de estos últimos, enfocados sobre el derecho a la libertad de expresión, el cual además de irrenunciable es absolutamente individual. Es decir, un periodista debería tener el derecho a auto regular el tono de sus notas y no a depender de una directriz superior que le impida ejercer ese derecho fundamental. Sin embargo, una cosa es recabar y elaborar la noticia y otra muy distinta publicarla sobre un soporte físico o virtual que no le pertenece y sobre el cual no tiene control.
Otra consideración es el posible compromiso de ciertos medios con esas organizaciones, ya sea por conveniencia económica, presiones o miedo a las represalias. No se puede desconocer el enorme poder que el crimen organizado ha adquirido en toda la región, demostrado a diario con actos de una violencia descomunal. El tema es nuevo, ya que el pacto se firmó recién el jueves 24 y ya cobró su primera víctima con el secuestro y asesinato de José Luis Cerda, presentador de noticias de Televisa en Monterrey. Está por verse qué sucede en los otros países que integran el pasadizo de la droga.
28.03.2011
¿Qué pasa en el Polochic?
No es misterio que la población pobre y campesina es la última prioridad.
Mientras todos hablan de moral y familia, en el Valle del Polochic se gesta otro capítulo de la larga conflictividad agraria, demostrando de manera irrefutable el predominio de los intereses políticos y económicos de la cúpula empresarial por sobre cualquiera otra consideración de carácter social o humano.
Los desalojos de la población indígena y campesina recientemente realizados con uso masivo de las fuerzas combinadas y hombres armados al servicio de los finqueros, constituyen un episodio más de una saga cuyo origen se remonta a la época de la Conquista, con énfasis en las operaciones de despojo y esclavización de indígenas en tiempos de la Colonia y un renacimiento de sus tácticas –triste paradoja- en este período de gobiernos democráticos.
Resulta ocioso argüir que a los auténticos dueños los han despojado de sus tierras, porque la manera como se concentra la propiedad y los trucos utilizados por los latifundistas para ampiar sus enormes territorios han sido abundantemente estudiados. Aquí el problema toral reside en la profunda diferencia entre victimarios y víctimas, entre ricos y pobres, entre quienes pueden pagar por hacer desaparecer evidencias y quienes no tienen cómo resguardarlas.
Esta población marginada y empobrecida –el campesinado prácticamente en todo el territorio nacional- no sólo carece de los recursos para defender sus derechos, también es acosada por un sistema feudal apoyado con entusiasmo por gobiernos democráticamente electos que buscan asegurarse un lugar en los círculos de poder económico, para lo cual deben trabajar a favor de sus verdaderos patronos.
Lo que vuelve todo el panorama muy confuso es la manipulación ideológica que se hace del problema de la tierra y la conflictividad derivada de las profundas inequidades en el reparto de los recursos naturales. Ha sido muy fácil para los apóstoles del libre mercado regresar al discurso de la Guerra Fría impuesto durante decenios, mediante el cual se insistió en la descalificación de cualquier organización, movimiento o iniciativa tendente a defender los derechos sociales y humanos de la población. Junto con la satanización de cualquier acto de justicia se instauró un sistema de defensa territorial al cual se han plegado entusiastamente los gobiernos de turno, dándole una base de legalidad.
El problema es mucho más grave de lo que se trasluce a través de los medios y de la escasa información proveniente de las autoridades. El conflicto de tierras es un drama ancestral en aumento que ningún gobierno ha tenido el valor de abordar, ni siquiera el actual mandatario pese a sus proclamados vínculos con el sector indígena.
Mientras todos hablan de moral y familia, en el Valle del Polochic se gesta otro capítulo de la larga conflictividad agraria, demostrando de manera irrefutable el predominio de los intereses políticos y económicos de la cúpula empresarial por sobre cualquiera otra consideración de carácter social o humano.
Los desalojos de la población indígena y campesina recientemente realizados con uso masivo de las fuerzas combinadas y hombres armados al servicio de los finqueros, constituyen un episodio más de una saga cuyo origen se remonta a la época de la Conquista, con énfasis en las operaciones de despojo y esclavización de indígenas en tiempos de la Colonia y un renacimiento de sus tácticas –triste paradoja- en este período de gobiernos democráticos.
Resulta ocioso argüir que a los auténticos dueños los han despojado de sus tierras, porque la manera como se concentra la propiedad y los trucos utilizados por los latifundistas para ampiar sus enormes territorios han sido abundantemente estudiados. Aquí el problema toral reside en la profunda diferencia entre victimarios y víctimas, entre ricos y pobres, entre quienes pueden pagar por hacer desaparecer evidencias y quienes no tienen cómo resguardarlas.
Esta población marginada y empobrecida –el campesinado prácticamente en todo el territorio nacional- no sólo carece de los recursos para defender sus derechos, también es acosada por un sistema feudal apoyado con entusiasmo por gobiernos democráticamente electos que buscan asegurarse un lugar en los círculos de poder económico, para lo cual deben trabajar a favor de sus verdaderos patronos.
Lo que vuelve todo el panorama muy confuso es la manipulación ideológica que se hace del problema de la tierra y la conflictividad derivada de las profundas inequidades en el reparto de los recursos naturales. Ha sido muy fácil para los apóstoles del libre mercado regresar al discurso de la Guerra Fría impuesto durante decenios, mediante el cual se insistió en la descalificación de cualquier organización, movimiento o iniciativa tendente a defender los derechos sociales y humanos de la población. Junto con la satanización de cualquier acto de justicia se instauró un sistema de defensa territorial al cual se han plegado entusiastamente los gobiernos de turno, dándole una base de legalidad.
El problema es mucho más grave de lo que se trasluce a través de los medios y de la escasa información proveniente de las autoridades. El conflicto de tierras es un drama ancestral en aumento que ningún gobierno ha tenido el valor de abordar, ni siquiera el actual mandatario pese a sus proclamados vínculos con el sector indígena.
26.03.2011
Punto de ruptura
El maridaje entre gobierno y sector privado aumenta peligrosamente la presión social.
El discurso de tono demócrata y lleno de promesas de justicia social quedó atascado en la campaña electoral de 2007. Hoy, la realidad es muy diferente para la pareja presidencial y sus compromisos con el grupo que manda en el país –el que tiene la plata contante y sonante- les obliga a traicionar no sólo sus ideales políticos sino también a quienes les sentaron en el trono. Así de mal funciona la democracia en esta nación.
Los desalojos de campesinos en fincas de Alta Verapaz y otros departamentos no debería analizarse sin tomar en cuenta el contexto general, porque el problema de la miseria, la falta de oportunidades, la injusticia en el trato a los sectores más pobres y la violación de los derechos laborales es una epidemia a nivel general. Allí entran también las trabajadoras de maquilas y quienes deben conformarse con el trabajo informal para medio sobrevivir.
Cuando el presidente negocia el salario mínimo con el sector privado debería tener en cuenta que este grupo jamás le aceptará una medida que afecte sus ganancias. Y eso es natural. Por ello, un gobernante tiene la obligación de tomar distancia de todos los bandos y, después de un razonado y bien fundamentado análisis técnico, tomar la decisión que favorezca al país a largo plazo.
Los privilegios indiscriminados de la clase económicamente poderosa sólo han traído más pobreza, menos oportunidades de desarrollo y mucha confrontación social. Todo ello como consecuencia lógica de politicas clientelistas basadas en conveniencias electorales y ansias de poder de partidos políticos que, en lugar de consolidarse institucionalmente, se transforman en clubes de amigos con duración limitada.
En el proceso hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo es preciso sacrificar intereses particulares por el bien general. De nada le sirve al sector privado una fuerza de trabajo desnutrida y con retraso mental por falta de nutrientes básicos en sus primeros cinco años de vida. De nada sirve un contingente de ciudadanos incapaces de interpretar instrucciones porque nunca tuvieron la oportunidad de estudiar y menos aún de recibir capacitación técnica. De nada sirve al desarrollo nacional la discriminación contra miles de trabajadoras mujeres cuyos derechos laborales son violados, porque no hay un Estado funcional capaz de hacer cumplir la ley ni un cuerpo legislativo que lo obligue a actuar en consecuencia.
Un gobernante ético puede llegar a convertirse en un estadista. Un gobernante comprometido con un sector se inhabilita política e institucionalmente, traicionando su juramento constitucional y, de paso, dándole la espalda a la nación. La represión contra el pueblo cuando éste exige soluciones a los grandes problemas que lo aquejan es una reacción poco inteligente. Especialmente cuando “inteligencia” fue la promesa.
21.03.2011
El discurso de tono demócrata y lleno de promesas de justicia social quedó atascado en la campaña electoral de 2007. Hoy, la realidad es muy diferente para la pareja presidencial y sus compromisos con el grupo que manda en el país –el que tiene la plata contante y sonante- les obliga a traicionar no sólo sus ideales políticos sino también a quienes les sentaron en el trono. Así de mal funciona la democracia en esta nación.
Los desalojos de campesinos en fincas de Alta Verapaz y otros departamentos no debería analizarse sin tomar en cuenta el contexto general, porque el problema de la miseria, la falta de oportunidades, la injusticia en el trato a los sectores más pobres y la violación de los derechos laborales es una epidemia a nivel general. Allí entran también las trabajadoras de maquilas y quienes deben conformarse con el trabajo informal para medio sobrevivir.
Cuando el presidente negocia el salario mínimo con el sector privado debería tener en cuenta que este grupo jamás le aceptará una medida que afecte sus ganancias. Y eso es natural. Por ello, un gobernante tiene la obligación de tomar distancia de todos los bandos y, después de un razonado y bien fundamentado análisis técnico, tomar la decisión que favorezca al país a largo plazo.
Los privilegios indiscriminados de la clase económicamente poderosa sólo han traído más pobreza, menos oportunidades de desarrollo y mucha confrontación social. Todo ello como consecuencia lógica de politicas clientelistas basadas en conveniencias electorales y ansias de poder de partidos políticos que, en lugar de consolidarse institucionalmente, se transforman en clubes de amigos con duración limitada.
En el proceso hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo es preciso sacrificar intereses particulares por el bien general. De nada le sirve al sector privado una fuerza de trabajo desnutrida y con retraso mental por falta de nutrientes básicos en sus primeros cinco años de vida. De nada sirve un contingente de ciudadanos incapaces de interpretar instrucciones porque nunca tuvieron la oportunidad de estudiar y menos aún de recibir capacitación técnica. De nada sirve al desarrollo nacional la discriminación contra miles de trabajadoras mujeres cuyos derechos laborales son violados, porque no hay un Estado funcional capaz de hacer cumplir la ley ni un cuerpo legislativo que lo obligue a actuar en consecuencia.
Un gobernante ético puede llegar a convertirse en un estadista. Un gobernante comprometido con un sector se inhabilita política e institucionalmente, traicionando su juramento constitucional y, de paso, dándole la espalda a la nación. La represión contra el pueblo cuando éste exige soluciones a los grandes problemas que lo aquejan es una reacción poco inteligente. Especialmente cuando “inteligencia” fue la promesa.
21.03.2011
La puntada de la semana
Guatemala ha tenido importantes avances en seguridad y justicia, afirma Colom.
Habría que preguntarle al señor presidente si lo pensó bien antes de solicitar al Secretario General de la ONU la concesión a Guatemala de un asiento en el Consejo de Seguridad. El titular de La Hora de ayer lo dice todo: “Colom pide puesto en Consejo de Seguridad” y más abajo: “Dice que el país tiene experiencia para aportar…”
Sólo es posible especular -porque el señor Ban Ki-moon es un experimentado diplomático incapaz de dejar escapar una expresión que pudiera dar pábulo a interpretaciones- pero la solicitud ha de haberle parecido curiosa viniendo de un mandatario cuya administración se caracteriza por el caos institucional, la corrupción, la impunidad y un dominio sin precedentes del crimen organizado en todo el territorio nacional.
Los políticos sufren el síndrome de vértigo por exceso de poder. Tanta es la pérdida de contacto con la realidad que proyectan hacia el universo las características de su entorno inmediato, dibujando en su mente la ilusión de una nación capaz de satisfacer sus necesidades con la simple promulgación de leyes y decretos. Su ambición les juega en contra impidiéndoles adquirir conciencia de los alcances de sus decisiones y, más aún, de las consecuencias de sus indecisiones.
Es decir, la vista se les acorta y la mente ya no recibe los mensajes correctos. Se resisten a salir de la comodidad de su cascarón blindado y se tragan el cuento elaborado por sus asesores, quienes se ganan la vida gracias a su habilidad en el arte de la mentira y la adulación.
No es posible que el presidente guatemalteco crea que Guatemala ha avanzado en seguridad y justicia, si sabe bien que las instituciones encargadas de esa tarea ni siquiera tienen cobertura nacional y una enorme parte de su territorio ha sido tomada por los carteles de la droga. No puede haber justicia en Guatemala desde el momento que apenas el 3 por ciento de los crímenes llega a etapa de investigación y, a sentencia, menos del 2 por ciento, mientras los expedientes se pudren por abandono.
¿Cómo puede hablar de seguridad en un país donde cada día aumenta la trata de personas, el femicidio es un hecho habitual, donde 9 de cada diez ciudadanos ha sufrido un asalto y circulan las armas de calibre prohibido con total libertad? A esto se añade la falta de apoyo del Estado a los sectores más necesitados, especialmente en alimentación, educación y salud, contrastando con el sometimiento a las exigencias del sector privado, cuyos privilegios aumentan de manera inversamente proporcional. Si los políticos no cambian su actitud, muy distinta a la concesión de un asiento podría ser la decisión del Consejo de Seguridad respecto a Guatemala.
19.03.2011
Habría que preguntarle al señor presidente si lo pensó bien antes de solicitar al Secretario General de la ONU la concesión a Guatemala de un asiento en el Consejo de Seguridad. El titular de La Hora de ayer lo dice todo: “Colom pide puesto en Consejo de Seguridad” y más abajo: “Dice que el país tiene experiencia para aportar…”
Sólo es posible especular -porque el señor Ban Ki-moon es un experimentado diplomático incapaz de dejar escapar una expresión que pudiera dar pábulo a interpretaciones- pero la solicitud ha de haberle parecido curiosa viniendo de un mandatario cuya administración se caracteriza por el caos institucional, la corrupción, la impunidad y un dominio sin precedentes del crimen organizado en todo el territorio nacional.
Los políticos sufren el síndrome de vértigo por exceso de poder. Tanta es la pérdida de contacto con la realidad que proyectan hacia el universo las características de su entorno inmediato, dibujando en su mente la ilusión de una nación capaz de satisfacer sus necesidades con la simple promulgación de leyes y decretos. Su ambición les juega en contra impidiéndoles adquirir conciencia de los alcances de sus decisiones y, más aún, de las consecuencias de sus indecisiones.
Es decir, la vista se les acorta y la mente ya no recibe los mensajes correctos. Se resisten a salir de la comodidad de su cascarón blindado y se tragan el cuento elaborado por sus asesores, quienes se ganan la vida gracias a su habilidad en el arte de la mentira y la adulación.
No es posible que el presidente guatemalteco crea que Guatemala ha avanzado en seguridad y justicia, si sabe bien que las instituciones encargadas de esa tarea ni siquiera tienen cobertura nacional y una enorme parte de su territorio ha sido tomada por los carteles de la droga. No puede haber justicia en Guatemala desde el momento que apenas el 3 por ciento de los crímenes llega a etapa de investigación y, a sentencia, menos del 2 por ciento, mientras los expedientes se pudren por abandono.
¿Cómo puede hablar de seguridad en un país donde cada día aumenta la trata de personas, el femicidio es un hecho habitual, donde 9 de cada diez ciudadanos ha sufrido un asalto y circulan las armas de calibre prohibido con total libertad? A esto se añade la falta de apoyo del Estado a los sectores más necesitados, especialmente en alimentación, educación y salud, contrastando con el sometimiento a las exigencias del sector privado, cuyos privilegios aumentan de manera inversamente proporcional. Si los políticos no cambian su actitud, muy distinta a la concesión de un asiento podría ser la decisión del Consejo de Seguridad respecto a Guatemala.
19.03.2011
¿Y si fuera en Guatemala?
Es imposible dejar de pensar qué sucedería a la hora de un terremoto.
Después del terremoto que devastó una enorme región del sur de Chile, muchos comenzamos a elucubrar sobre las posibles consecuencias, para Guatemala, de producirse aquí un cataclismo de esa magnitud. Ahora que está sucediendo en Japón y vemos en directo las imágenes aterradoras de la destrucción, resulta imposible no repetir el ejercicio mental y emitir algunos pronósticos en base a la realidad de este país.
En primer lugar, la red de servicios básicos y de salud no tiene la preparación ni los recursos para enfrentar una emergencia catastrófica y la prueba de ello es que cuando ocurre uno de los frecuentes accidentes viales con decenas de víctimas, sus instalaciones se ven sobrepasadas y su personal resulta insuficiente para resolver la crisis de manera eficaz.
De hecho, la infraestructura sanitaria ya se está viendo rebasada en su capacidad con el índice de muertes causadas por la violencia, no digamos si de pronto el país sufriera un daño tan extenso como el provocado por una cadena de sismos de gran intensidad.
Luego, los servicios básicos están congelados en el siglo pasado. El agua potable ya no es potable por las filtraciones en su sistema de distribución y la falta de recursos en las plantas de tratamiento. La energía eléctrica depende de una red de torres ubicadas en terrenos muy vulnerables a inundaciones y deslizamientos de tierra y el gas y otros combustibles se encuentran almacenados en plantas distantes en un país cuyo sistema de carreteras es sensible a cualquier fenómeno natural. A esto debemos añadir que los colectores de la capital no han recibido el mantenimiento adecuado y constituyen una trampa mortal para los vecinos de la urbe central.
En cuanto a la infraestructura estatal, comercial, industrial y de vivienda, es importante recalcar que muchos de los edificios han sido construidos sin controles estrictos en las estructuras, el calibre del hierro y las mezclas de material. Esto los convierte en tumbas potenciales para sus habitantes o usuarios, una situación derivada de la corrupción en las entidades encargadas de fiscalizar la aplicación estricta de las normas de construcción cuando éstas existen, ya que en muchos casos ni siquiera han sido elaboradas.
Guatemala, como país de terremotos, debería contar con un sistema de alarma y éste ser alimentado por una red de sensores de actividad sísmica como el existente en Japón y otros países vulnerables a esta clase de fenómenos. Las entidades responsables por la seguridad y la atención de desastres deberían funcionar de manera coordinada, contar con vehículos apropiados –empezando por una flotilla aérea- para esta clase de eventos, los cuales por lo general ocasionan más muertes por deficiencias en la atención posterior al desastre que por el desastre mismo. Por el bien de la población, esperemos que las autoridades empiecen a tomarse en serio esta amenaza.
Después del terremoto que devastó una enorme región del sur de Chile, muchos comenzamos a elucubrar sobre las posibles consecuencias, para Guatemala, de producirse aquí un cataclismo de esa magnitud. Ahora que está sucediendo en Japón y vemos en directo las imágenes aterradoras de la destrucción, resulta imposible no repetir el ejercicio mental y emitir algunos pronósticos en base a la realidad de este país.
En primer lugar, la red de servicios básicos y de salud no tiene la preparación ni los recursos para enfrentar una emergencia catastrófica y la prueba de ello es que cuando ocurre uno de los frecuentes accidentes viales con decenas de víctimas, sus instalaciones se ven sobrepasadas y su personal resulta insuficiente para resolver la crisis de manera eficaz.
De hecho, la infraestructura sanitaria ya se está viendo rebasada en su capacidad con el índice de muertes causadas por la violencia, no digamos si de pronto el país sufriera un daño tan extenso como el provocado por una cadena de sismos de gran intensidad.
Luego, los servicios básicos están congelados en el siglo pasado. El agua potable ya no es potable por las filtraciones en su sistema de distribución y la falta de recursos en las plantas de tratamiento. La energía eléctrica depende de una red de torres ubicadas en terrenos muy vulnerables a inundaciones y deslizamientos de tierra y el gas y otros combustibles se encuentran almacenados en plantas distantes en un país cuyo sistema de carreteras es sensible a cualquier fenómeno natural. A esto debemos añadir que los colectores de la capital no han recibido el mantenimiento adecuado y constituyen una trampa mortal para los vecinos de la urbe central.
En cuanto a la infraestructura estatal, comercial, industrial y de vivienda, es importante recalcar que muchos de los edificios han sido construidos sin controles estrictos en las estructuras, el calibre del hierro y las mezclas de material. Esto los convierte en tumbas potenciales para sus habitantes o usuarios, una situación derivada de la corrupción en las entidades encargadas de fiscalizar la aplicación estricta de las normas de construcción cuando éstas existen, ya que en muchos casos ni siquiera han sido elaboradas.
Guatemala, como país de terremotos, debería contar con un sistema de alarma y éste ser alimentado por una red de sensores de actividad sísmica como el existente en Japón y otros países vulnerables a esta clase de fenómenos. Las entidades responsables por la seguridad y la atención de desastres deberían funcionar de manera coordinada, contar con vehículos apropiados –empezando por una flotilla aérea- para esta clase de eventos, los cuales por lo general ocasionan más muertes por deficiencias en la atención posterior al desastre que por el desastre mismo. Por el bien de la población, esperemos que las autoridades empiecen a tomarse en serio esta amenaza.
14.03.2011
Maternidad infantil
En lugar de muñecas tienen bebés de verdad, pero en su vida el juego ya no tiene cabida.
Los registros del sistema de salud y de algunas organizaciones no gubernamentales como el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, la Asociación Guatemalteca de Mujeres Médicas y el Fondo de Población de Naciones Unidas, muestran que en Guatemala se producen partos en niñas a partir de los 10 años. Para que eso sea posible, han debido quedar embarazadas a los nueve, cuando deben estudiar, jugar y desarrollarse en un ambiente seguro de amor y protección.
Esto hace suponer que si las niñas menstruaran antes, habría presencia de embarazos desde cualquier momento de su infancia, dado que para el abuso sexual no hay edad límite y estas criaturas lo sufren prácticamente desde el momento de su nacimiento. Semejante realidad, por cruda que parezca, es cada vez más obvia desde que existen campañas para visibilizar el problema.
En Guatemala, como en otros países, la cultura patriarcal considera una hazaña la violación sexual e instituye el maltrato intrafamiliar como un derecho masculino adquirido por tradición. Estas aberraciones forman parte del entorno cotidiano y tanto la sociedad como sus instituciones han sido cómplices al rehusarse a combatir estos crímenes pretendiendo ignorar sus alcances y, por ende, minimizando sus consecuencias.
A tal punto llega la tolerancia al abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes que incluso se culpa a las propias víctimas, en un vicioso círculo de manipulación de evidencias que termina eximiendo a los verdaderos perpetradores. Para explicar con mayor claridad la dimensión del problema, baste decir que una de cada 3 niñas inicia su vida sexual de manera traumática siendo violentada, la mayoría de las veces, por algún pariente cercano –muchas veces su propio padre- o un amigo de la familia.
Si se considera que apenas el 40 por ciento de los partos son atendidos en hospitales o centros de salud, a estas cifras habría que sumarles el amplio universo de casos no registrados, especialmente en el interior del país.
Las instituciones que trabajan sobre el objetivo de erradicar estas siniestras manifestaciones “culturales” y combatir la discriminación y el abuso contra niños, niñas y adolescentes, se encuentran muchas veces enfrentadas a un muro de silencio en los círculos de poder, por un pacto tácito entre políticos cuya vida personal es, probablemente, reflejo de la misma patología.
La niñez es el período formativo fundamental del ser humano. Una niña violada es destruida para siempre. Su cuerpo, al igual que su psiquis y su vida futura, quedan marcados por esa agresión salvaje que nada ni nadie puede reparar.
12.03.2011
Los registros del sistema de salud y de algunas organizaciones no gubernamentales como el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, la Asociación Guatemalteca de Mujeres Médicas y el Fondo de Población de Naciones Unidas, muestran que en Guatemala se producen partos en niñas a partir de los 10 años. Para que eso sea posible, han debido quedar embarazadas a los nueve, cuando deben estudiar, jugar y desarrollarse en un ambiente seguro de amor y protección.
Esto hace suponer que si las niñas menstruaran antes, habría presencia de embarazos desde cualquier momento de su infancia, dado que para el abuso sexual no hay edad límite y estas criaturas lo sufren prácticamente desde el momento de su nacimiento. Semejante realidad, por cruda que parezca, es cada vez más obvia desde que existen campañas para visibilizar el problema.
En Guatemala, como en otros países, la cultura patriarcal considera una hazaña la violación sexual e instituye el maltrato intrafamiliar como un derecho masculino adquirido por tradición. Estas aberraciones forman parte del entorno cotidiano y tanto la sociedad como sus instituciones han sido cómplices al rehusarse a combatir estos crímenes pretendiendo ignorar sus alcances y, por ende, minimizando sus consecuencias.
A tal punto llega la tolerancia al abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes que incluso se culpa a las propias víctimas, en un vicioso círculo de manipulación de evidencias que termina eximiendo a los verdaderos perpetradores. Para explicar con mayor claridad la dimensión del problema, baste decir que una de cada 3 niñas inicia su vida sexual de manera traumática siendo violentada, la mayoría de las veces, por algún pariente cercano –muchas veces su propio padre- o un amigo de la familia.
Si se considera que apenas el 40 por ciento de los partos son atendidos en hospitales o centros de salud, a estas cifras habría que sumarles el amplio universo de casos no registrados, especialmente en el interior del país.
Las instituciones que trabajan sobre el objetivo de erradicar estas siniestras manifestaciones “culturales” y combatir la discriminación y el abuso contra niños, niñas y adolescentes, se encuentran muchas veces enfrentadas a un muro de silencio en los círculos de poder, por un pacto tácito entre políticos cuya vida personal es, probablemente, reflejo de la misma patología.
La niñez es el período formativo fundamental del ser humano. Una niña violada es destruida para siempre. Su cuerpo, al igual que su psiquis y su vida futura, quedan marcados por esa agresión salvaje que nada ni nadie puede reparar.
12.03.2011
La mujer y su día
La resignación es el último recurso de supervivencia cuando se pierde la esperanza.
Miles de niñas y mujeres, atrapadas en un sistema de silencio y complicidad, sufren el abuso y la violencia contra su cuerpo, su espíritu y su dignidad. Han sido muchas las muertes provocadas por la cultura de la vergüenza, que condena a las féminas a pagar por las consecuencias de los crímenes cometidos en su contra y a cargar con ese estigma que no es el suyo.
Ser mujer en este país es una condena de por vida, pero si además de portar los cromosomas que la definen como tal es indígena y pobre, su destino es mil veces más desafiante, cien mil veces más poderosa la carga sobre su débil estructura. Y aun así sobreviven y producen riqueza, paren hijos en hilera por una política pública que nunca existió, porque algunos señores con mucho poder decidieron no aprobarla para no ofender a sus patrocinadores.
Ser mujer, pobre, indígena y analfabeta es una marca de identidad en este bello país de las injusticias. Se la puede observar en los mercados, en los campos, trabajando por nada –el salario le corresponde al marido- y cargando leña por los caminos para luego ser culpada por la deforestación de Guatemala. Si no fuera por lo patético, daría risa el discurso de los empresarios y políticos que defienden sus privilegios adjudicándole a la población indígena la responsabilidad por el subdesarrollo que ellos mismos provocan, por la pobreza a la cual condenan a más de la mitad de la sociedad a la cual, aunque les duela, todos ellos pertenecen.
En Guatemala, las mujeres nacen adultas porque no tienen derecho a la infancia. Sufren la discriminación desde el momento que ven la luz por vez primera, con el desencanto del padre, quien atribuye a su descendencia masculina valores superiores y deposita en ese cromosoma distinto su orgullo patriarcal. La niña, entonces, pasa a engrosar las largas filas de la servidumbre doméstica incluso antes de emitir su primer sonido.
Material propicio para los negocios ilícitos, miles de niñas son también producto para el tráfico sexual y el trabajo forzado. Cuando tienen suerte, quizás puedan salir de la miseria prostituyéndose por cuenta propia porque el Estado les ha negado toda posibilidad de educación para conseguir un trabajo digno; y, cuando han sufrido el abuso sexual desde la infancia, les han negado la protección de la justicia.
Quizás por todo esto es que me parece insustancial la celebración del día dedicado a la mujer. No puede ser que sólo pensemos en sus derechos una vez cada 365 días sólo por un protocolo institucionalizado. Los derechos de la mujer han sido violados –tanto como sus cuerpos- una y otra vez por medio de leyes casuísticas, funcionarios corruptos, empresarios voraces y, peor aún, por otras mujeres empecinadas en sostener el aberrante sistema patriarcal.
Miles de niñas y mujeres, atrapadas en un sistema de silencio y complicidad, sufren el abuso y la violencia contra su cuerpo, su espíritu y su dignidad. Han sido muchas las muertes provocadas por la cultura de la vergüenza, que condena a las féminas a pagar por las consecuencias de los crímenes cometidos en su contra y a cargar con ese estigma que no es el suyo.
Ser mujer en este país es una condena de por vida, pero si además de portar los cromosomas que la definen como tal es indígena y pobre, su destino es mil veces más desafiante, cien mil veces más poderosa la carga sobre su débil estructura. Y aun así sobreviven y producen riqueza, paren hijos en hilera por una política pública que nunca existió, porque algunos señores con mucho poder decidieron no aprobarla para no ofender a sus patrocinadores.
Ser mujer, pobre, indígena y analfabeta es una marca de identidad en este bello país de las injusticias. Se la puede observar en los mercados, en los campos, trabajando por nada –el salario le corresponde al marido- y cargando leña por los caminos para luego ser culpada por la deforestación de Guatemala. Si no fuera por lo patético, daría risa el discurso de los empresarios y políticos que defienden sus privilegios adjudicándole a la población indígena la responsabilidad por el subdesarrollo que ellos mismos provocan, por la pobreza a la cual condenan a más de la mitad de la sociedad a la cual, aunque les duela, todos ellos pertenecen.
En Guatemala, las mujeres nacen adultas porque no tienen derecho a la infancia. Sufren la discriminación desde el momento que ven la luz por vez primera, con el desencanto del padre, quien atribuye a su descendencia masculina valores superiores y deposita en ese cromosoma distinto su orgullo patriarcal. La niña, entonces, pasa a engrosar las largas filas de la servidumbre doméstica incluso antes de emitir su primer sonido.
Material propicio para los negocios ilícitos, miles de niñas son también producto para el tráfico sexual y el trabajo forzado. Cuando tienen suerte, quizás puedan salir de la miseria prostituyéndose por cuenta propia porque el Estado les ha negado toda posibilidad de educación para conseguir un trabajo digno; y, cuando han sufrido el abuso sexual desde la infancia, les han negado la protección de la justicia.
Quizás por todo esto es que me parece insustancial la celebración del día dedicado a la mujer. No puede ser que sólo pensemos en sus derechos una vez cada 365 días sólo por un protocolo institucionalizado. Los derechos de la mujer han sido violados –tanto como sus cuerpos- una y otra vez por medio de leyes casuísticas, funcionarios corruptos, empresarios voraces y, peor aún, por otras mujeres empecinadas en sostener el aberrante sistema patriarcal.
07.03.2011
La cámara inclemente
Aparecer en televisión puede ser, para un político novato, un severo tropezón.
Esta semana fue de interesantes entrevistas televisadas. CNN en español se afanó buscando audiencia y sin duda consiguió un alza importante en sus estadísticas con los diálogos entre sus mejores reporteros y algunos líderes latinoamericanos como Mario Vargas Llosa, Sebastián Piñera, Zury Ríos y Otto Pérez.
Todas las entrevistas mostraron facetas a veces desconocidas de estos personajes, pero sobre todo dejaron en evidencia que el periodismo televisivo –cuando está en manos de profesionales con experiencia y talento- puede llegar muy lejos en la revelación del verdadero perfil de quienes caen bajo el escrutinio de sus cámaras.
Un ejemplo paradigmático es el del presidente chileno. Ante el aluvión de preguntas bien pensadas y de mucho fondo formuladas por José Levy, jefe de la oficina de CNN en Medio Oriente, no pudo disimular su falta de conocimiento sobre política internacional y, cuando se vio ante cuestiones específicas sobre políticas sociales de su país, usó una y otra vez las mismas frases para justificar buenas intenciones sin comprometerse con datos concluyentes ni propuestas específicas.
En su caso, resalta la falta de experiencia política pero aún más su desconocimiento de la trascendencia del discurso público, lo cual refleja una de las mayores debilidades de ciertos líderes cuyos objetivos están más enfocados en las apariencias que en la realidad y fundamentan su desempeño en su habilidad para exhibir cifras globales –como el PIB o el índice de crecimiento- para ocultar el verdadero rostro de la miseria que subyace en sociedades desiguales como la chilena.
Los políticos deberían prepararse muy bien antes de sentarse frente a una cámara. Los entrevistadores fogueados son tan inclementes como la lente fotográfica, logrando resultados muchas veces devastadores para la imagen de sus víctimas mediáticas. Otto Pérez, por ejemplo, se vio incómodo y poco convincente, contrastando de manera radical con la imagen pulida y el discurso inteligente y asertivo de Zury Ríos. Esto basta para demostrar que no es suficiente tener un buen eslogan de campaña o fotos retocadas en mupis para ganar adeptos y, aún más importante, retenerlos.
Otro muy distinto es el caso de Vargas Llosa quien, en su amena charla con la talentosísima Carmen Aristegui, lució sus dotes histriónicas y su inmenso acervo cultural a pesar de sus posiciones controversiales en el tema político. Esto debe servir de ejemplo para muchos aficionados que pretenden sentarse en una silla presidencial o en un palacio municipal. Para conseguir adeptos, de nada sirve la imagen estática. Hoy es esencial el dominio del lenguaje, el conocimiento profundo de los temas actuales, la empatía con sus espectadores y sobre todo, la honestidad en sus planteamientos porque la cámara lo capta todo.
05.03.2011
Esta semana fue de interesantes entrevistas televisadas. CNN en español se afanó buscando audiencia y sin duda consiguió un alza importante en sus estadísticas con los diálogos entre sus mejores reporteros y algunos líderes latinoamericanos como Mario Vargas Llosa, Sebastián Piñera, Zury Ríos y Otto Pérez.
Todas las entrevistas mostraron facetas a veces desconocidas de estos personajes, pero sobre todo dejaron en evidencia que el periodismo televisivo –cuando está en manos de profesionales con experiencia y talento- puede llegar muy lejos en la revelación del verdadero perfil de quienes caen bajo el escrutinio de sus cámaras.
Un ejemplo paradigmático es el del presidente chileno. Ante el aluvión de preguntas bien pensadas y de mucho fondo formuladas por José Levy, jefe de la oficina de CNN en Medio Oriente, no pudo disimular su falta de conocimiento sobre política internacional y, cuando se vio ante cuestiones específicas sobre políticas sociales de su país, usó una y otra vez las mismas frases para justificar buenas intenciones sin comprometerse con datos concluyentes ni propuestas específicas.
En su caso, resalta la falta de experiencia política pero aún más su desconocimiento de la trascendencia del discurso público, lo cual refleja una de las mayores debilidades de ciertos líderes cuyos objetivos están más enfocados en las apariencias que en la realidad y fundamentan su desempeño en su habilidad para exhibir cifras globales –como el PIB o el índice de crecimiento- para ocultar el verdadero rostro de la miseria que subyace en sociedades desiguales como la chilena.
Los políticos deberían prepararse muy bien antes de sentarse frente a una cámara. Los entrevistadores fogueados son tan inclementes como la lente fotográfica, logrando resultados muchas veces devastadores para la imagen de sus víctimas mediáticas. Otto Pérez, por ejemplo, se vio incómodo y poco convincente, contrastando de manera radical con la imagen pulida y el discurso inteligente y asertivo de Zury Ríos. Esto basta para demostrar que no es suficiente tener un buen eslogan de campaña o fotos retocadas en mupis para ganar adeptos y, aún más importante, retenerlos.
Otro muy distinto es el caso de Vargas Llosa quien, en su amena charla con la talentosísima Carmen Aristegui, lució sus dotes histriónicas y su inmenso acervo cultural a pesar de sus posiciones controversiales en el tema político. Esto debe servir de ejemplo para muchos aficionados que pretenden sentarse en una silla presidencial o en un palacio municipal. Para conseguir adeptos, de nada sirve la imagen estática. Hoy es esencial el dominio del lenguaje, el conocimiento profundo de los temas actuales, la empatía con sus espectadores y sobre todo, la honestidad en sus planteamientos porque la cámara lo capta todo.
05.03.2011
La niñez robada
¿Qué necesita un ser humano durante sus primeros años de vida, sino atención y cariño?
En este mundo de egoísmo delirante, el ser humano ha pasado a ser un subproducto manipulable al servicio de grupos económicos, religiosos o políticos que han hecho de él la materia prima fundamental en la construcción de sus redes de influencia. La persona ha dejado de ser un individuo con derechos para derivar en un elemento neutro dentro de esta enorme pirámide de poder que constituye la sociedad mundial.
Por eso no debería sorprendernos el irrespeto por la niñez en países sometidos a la influencia de las grandes potencias, en los cuales prima el beneficio de una casta política y económica cuyos objetivos están enfocados en el enriquecimiento personal y la consecusión del poder a toda costa.
En Guatemala, así como en muchos otros países del tercer mundo, la niñez es prácticamente inexistente. Ese período durante el cual el ser humano desarrolla las bases de su potencial intelectual y físico es, en estas tierras, un tiempo de abandono, de abuso y de inanición. De ahí que ante el trabajo infantil, la carencia de recursos educativos o los embarazos en niñas y adolescentes nos quedamos impávidos y miramos hacia otro lado con ese gesto de fatalismo propio de los pueblos fracasados.
Dadas las circunstancias, ¿con qué derecho nos horrorizamos ante la proliferación de las maras o las muestras de sadismo en niños y adolescentes cuando cometen crímenes, la mayoría de las veces inducidos por adultos? ¿Dónde quedó nuestra capacidad de autocrítica y dónde la conciencia? En una nación incapaz de proporcionar un ambiente de mínima seguridad a sus niñas, niños y adolescentes, estas patologías se vuelven una amenaza a la integridad de su existencia misma.
Cuando escuchamos –y creemos- el discurso cliché de los políticos cuyas ambiciones les nublan la visión y les impiden hacer contacto con la realidad, lo que hacemos es transformarnos en cómplices activos del asesinato de una nación que alguna vez tuvo un futuro promisorio. Y también somos agentes de su destrucción al mantener una actitud pasiva frente a la expoliación de los recursos naturales, la corrupción gubernamental o la violencia que día a día golpea a nuestra sociedad.
Pero en este concierto desafinado lo más grave es el irrespeto a los derechos de la niñez y la juventud, segmento mayoritario de la población en el cual reside la única esperanza de recuperación de los valores que en algún momento de la historia dieron sentido a su orden constitucional y a sus instituciones.
En Guatemala, la niñez no existe. Ni en las clases más acomodadas pueden los niños salir a la calle sin ser vigilados o disfrutar de la compañía de sus padres sin amenaza de sufrir algun tipo de violencia. Entre los más pobres, la norma implacable es una muerte prematura.
En este mundo de egoísmo delirante, el ser humano ha pasado a ser un subproducto manipulable al servicio de grupos económicos, religiosos o políticos que han hecho de él la materia prima fundamental en la construcción de sus redes de influencia. La persona ha dejado de ser un individuo con derechos para derivar en un elemento neutro dentro de esta enorme pirámide de poder que constituye la sociedad mundial.
Por eso no debería sorprendernos el irrespeto por la niñez en países sometidos a la influencia de las grandes potencias, en los cuales prima el beneficio de una casta política y económica cuyos objetivos están enfocados en el enriquecimiento personal y la consecusión del poder a toda costa.
En Guatemala, así como en muchos otros países del tercer mundo, la niñez es prácticamente inexistente. Ese período durante el cual el ser humano desarrolla las bases de su potencial intelectual y físico es, en estas tierras, un tiempo de abandono, de abuso y de inanición. De ahí que ante el trabajo infantil, la carencia de recursos educativos o los embarazos en niñas y adolescentes nos quedamos impávidos y miramos hacia otro lado con ese gesto de fatalismo propio de los pueblos fracasados.
Dadas las circunstancias, ¿con qué derecho nos horrorizamos ante la proliferación de las maras o las muestras de sadismo en niños y adolescentes cuando cometen crímenes, la mayoría de las veces inducidos por adultos? ¿Dónde quedó nuestra capacidad de autocrítica y dónde la conciencia? En una nación incapaz de proporcionar un ambiente de mínima seguridad a sus niñas, niños y adolescentes, estas patologías se vuelven una amenaza a la integridad de su existencia misma.
Cuando escuchamos –y creemos- el discurso cliché de los políticos cuyas ambiciones les nublan la visión y les impiden hacer contacto con la realidad, lo que hacemos es transformarnos en cómplices activos del asesinato de una nación que alguna vez tuvo un futuro promisorio. Y también somos agentes de su destrucción al mantener una actitud pasiva frente a la expoliación de los recursos naturales, la corrupción gubernamental o la violencia que día a día golpea a nuestra sociedad.
Pero en este concierto desafinado lo más grave es el irrespeto a los derechos de la niñez y la juventud, segmento mayoritario de la población en el cual reside la única esperanza de recuperación de los valores que en algún momento de la historia dieron sentido a su orden constitucional y a sus instituciones.
En Guatemala, la niñez no existe. Ni en las clases más acomodadas pueden los niños salir a la calle sin ser vigilados o disfrutar de la compañía de sus padres sin amenaza de sufrir algun tipo de violencia. Entre los más pobres, la norma implacable es una muerte prematura.
Política en las redes
El valor de las redes sociales para difundir mensajes es innegable, pero muchos desperdician el recurso.
Los comunicadores tenemos en las redes sociales una herramienta valiosa para capturar y difundir información a una velocidad que hace apenas 5 años ni siquiera hubiéramos sospechado. Nuestra profesión nos convierte en uno de los grupos más identificados con este recurso y prueba de ello ha sido la inmediata incorporación de periodistas independientes, agencias de noticias y medios de comunicación a las redes sociales para compartir información con la inmediatez del último minuto.
A pesar del riesgo de asumir la veracidad de la noticia cuando ésta ni siquiera ha sido confirmada, muchos de los usuarios de las redes sociales ya han madurado al punto de transformar estas plataformas en foros de debate ideológico, cultural y social derribando de manera automática las barreras de la distancia física gracias a la proximidad virtual. Dado este brinco de popularidad de Facebook, Twitter, blogs y otros sistemas de intercambio de información en sectores muy diversos, muchos políticos locales han decidido subirse a estas plataformas para explotarlas de acuerdo a su muy particular visión de lo que les conviene desde el punto de vista proselitista.
Entonces, de un tiempo a esta parte, se ha visto a diputados, líderes partidistas y últimamente a “candidatos a candidato” de toda clase de grupos y tendencias sumergidos a tiempo completo en las discusiones y metiendo su nariz en las páginas de quienes consideran un buen auditorio. Entre ellos –y ellas- algunos han captado de manera magistral la esencia del sistema para acercarse de manera más directa a sus electores o a sus representados. Pero hay otros –y otras- cuyo vacío conceptual e ideológico les impide ir más allá de enviar mensajitos superficiales con una buena onda de nivel escolar que preocupa por su mediocridad en alguien que pretende postularse a un cargo de elección popular.
Meterse en las redes sociales para escribir sandeces es un deporte que sólo pueden practicar quienes no tienen compromiso alguno con la historia. Aquellos ciudadanos libres de opinar como les de la gana porque no les importa un comino la opinión ajena y ejercitan su libertad de expresión con el humor o la vulgaridad que les otorgue su nivel intelectual o su estado de ánimo.
Pero un político en funciones o con aspiraciones electorales debería cuidar su imagen con una acuciosidad delirante, porque cualquier resbalón quedará rondando ad aeternum por el universo virtual y nada podrá borrarlo. En el actual panorama político de Guatemala, lo menos que se espera de ellos es una actitud propositiva, un discurso inteligente, articulado con coherencia y buena ortografía, y un análisis profundo de la situación del país. En fin, seguiremos esperando a que aparezca.
26.02.2011
Los comunicadores tenemos en las redes sociales una herramienta valiosa para capturar y difundir información a una velocidad que hace apenas 5 años ni siquiera hubiéramos sospechado. Nuestra profesión nos convierte en uno de los grupos más identificados con este recurso y prueba de ello ha sido la inmediata incorporación de periodistas independientes, agencias de noticias y medios de comunicación a las redes sociales para compartir información con la inmediatez del último minuto.
A pesar del riesgo de asumir la veracidad de la noticia cuando ésta ni siquiera ha sido confirmada, muchos de los usuarios de las redes sociales ya han madurado al punto de transformar estas plataformas en foros de debate ideológico, cultural y social derribando de manera automática las barreras de la distancia física gracias a la proximidad virtual. Dado este brinco de popularidad de Facebook, Twitter, blogs y otros sistemas de intercambio de información en sectores muy diversos, muchos políticos locales han decidido subirse a estas plataformas para explotarlas de acuerdo a su muy particular visión de lo que les conviene desde el punto de vista proselitista.
Entonces, de un tiempo a esta parte, se ha visto a diputados, líderes partidistas y últimamente a “candidatos a candidato” de toda clase de grupos y tendencias sumergidos a tiempo completo en las discusiones y metiendo su nariz en las páginas de quienes consideran un buen auditorio. Entre ellos –y ellas- algunos han captado de manera magistral la esencia del sistema para acercarse de manera más directa a sus electores o a sus representados. Pero hay otros –y otras- cuyo vacío conceptual e ideológico les impide ir más allá de enviar mensajitos superficiales con una buena onda de nivel escolar que preocupa por su mediocridad en alguien que pretende postularse a un cargo de elección popular.
Meterse en las redes sociales para escribir sandeces es un deporte que sólo pueden practicar quienes no tienen compromiso alguno con la historia. Aquellos ciudadanos libres de opinar como les de la gana porque no les importa un comino la opinión ajena y ejercitan su libertad de expresión con el humor o la vulgaridad que les otorgue su nivel intelectual o su estado de ánimo.
Pero un político en funciones o con aspiraciones electorales debería cuidar su imagen con una acuciosidad delirante, porque cualquier resbalón quedará rondando ad aeternum por el universo virtual y nada podrá borrarlo. En el actual panorama político de Guatemala, lo menos que se espera de ellos es una actitud propositiva, un discurso inteligente, articulado con coherencia y buena ortografía, y un análisis profundo de la situación del país. En fin, seguiremos esperando a que aparezca.
26.02.2011
Educación y alimento
La niñez guatemalteca no es tan exigente. Con que les alimenten el cuerpo y la mente, son felices.
Si esa mayoría de diputados señalados por corruptos e ineficientes tuviera un atisbo de inteligencia y sensibilidad social, se darían cuenta de las ventajas implícitas en adoptar una actitud más abierta y empática hacia los problemas fundamentales del pueblo y cuán fácil podría ser aminorar algunos de ellos con sólo acudir a las sesiones, participar en las discusiones, analizar las propuestas y votar.
Diversas instituciones han coincidido al señalar que se aproxima una crisis alimentaria más aguda que todas las anteriores. También existe la certeza de que los reportes oficiales de niñas y niños con desnutrición crónica y aguda son inexactos y que otros datos muestran con mayor crudeza el nivel de abandono de estos sectores, sobre todo en el interior del país y entre la población indígena. Sin embargo, tanto en el Congreso de la República como en los despachos ministeriales parece haber un pacto de silencio y un acuerdo tácito de centrarse en las negociaciones relacionadas con el proceso electoral.
Nunca como hoy las escuelas estuvieron tan ruinosas y abandonadas. La educación no es prioridad para nadie, lo cual se comprueba fácilmente al visitar los establecimientos educativos del sector público, donde los servicios más fundamentales, como instalaciones sanitarias y agua potable, son un lujo desconocido. Y para qué hablar de refacción escolar.
Estos factores serán determinantes en el futuro de la niñez guatemalteca, tanto como la falta de alimentos durante sus primeros cinco años de vida. Su cerebro no va a desarrollarse a plenitud, su cuerpo llevará el estigma de la pobreza y tendrá todas las patologías asociadas a una alimentación deficiente, su vida social estará limitada a un entorno degradante y amenazador para su integridad, en fin, será un paria en su propio territorio por decisión de quienes podrían haber marcado la diferencia con sólo poner atención a lo prioritario y dejar por un lado sus intereses personales.
Guatemala es un país que ha llegado al extremo de avergonzar a sus habitantes. Se habla de Guatemala por los crímenes de extrema violencia y sadismo; se menciona al país por ser territorio narco; salta a las primeras páginas por los inconcebibles niveles de corrupción de sus autoridades; por tener a ex presidentes y ministros encarcelados por ladrones; por haber descendido a lo más bajo de las categorías en indicadores de desarrollo; por no tener –ni sus autoridades ni sus ciudadanos más influyentes- concepto alguno de lo que significa la visión de nación.
La niñez se cobrará la deuda histórica de sus políticos y de sus sectores de poder económico. Algún día sus padres comprenderán cómo fueron atrapados en la mentira del juego político, pero entonces no habrá manera de reparar el daño causado.
21.02.2011
Si esa mayoría de diputados señalados por corruptos e ineficientes tuviera un atisbo de inteligencia y sensibilidad social, se darían cuenta de las ventajas implícitas en adoptar una actitud más abierta y empática hacia los problemas fundamentales del pueblo y cuán fácil podría ser aminorar algunos de ellos con sólo acudir a las sesiones, participar en las discusiones, analizar las propuestas y votar.
Diversas instituciones han coincidido al señalar que se aproxima una crisis alimentaria más aguda que todas las anteriores. También existe la certeza de que los reportes oficiales de niñas y niños con desnutrición crónica y aguda son inexactos y que otros datos muestran con mayor crudeza el nivel de abandono de estos sectores, sobre todo en el interior del país y entre la población indígena. Sin embargo, tanto en el Congreso de la República como en los despachos ministeriales parece haber un pacto de silencio y un acuerdo tácito de centrarse en las negociaciones relacionadas con el proceso electoral.
Nunca como hoy las escuelas estuvieron tan ruinosas y abandonadas. La educación no es prioridad para nadie, lo cual se comprueba fácilmente al visitar los establecimientos educativos del sector público, donde los servicios más fundamentales, como instalaciones sanitarias y agua potable, son un lujo desconocido. Y para qué hablar de refacción escolar.
Estos factores serán determinantes en el futuro de la niñez guatemalteca, tanto como la falta de alimentos durante sus primeros cinco años de vida. Su cerebro no va a desarrollarse a plenitud, su cuerpo llevará el estigma de la pobreza y tendrá todas las patologías asociadas a una alimentación deficiente, su vida social estará limitada a un entorno degradante y amenazador para su integridad, en fin, será un paria en su propio territorio por decisión de quienes podrían haber marcado la diferencia con sólo poner atención a lo prioritario y dejar por un lado sus intereses personales.
Guatemala es un país que ha llegado al extremo de avergonzar a sus habitantes. Se habla de Guatemala por los crímenes de extrema violencia y sadismo; se menciona al país por ser territorio narco; salta a las primeras páginas por los inconcebibles niveles de corrupción de sus autoridades; por tener a ex presidentes y ministros encarcelados por ladrones; por haber descendido a lo más bajo de las categorías en indicadores de desarrollo; por no tener –ni sus autoridades ni sus ciudadanos más influyentes- concepto alguno de lo que significa la visión de nación.
La niñez se cobrará la deuda histórica de sus políticos y de sus sectores de poder económico. Algún día sus padres comprenderán cómo fueron atrapados en la mentira del juego político, pero entonces no habrá manera de reparar el daño causado.
21.02.2011
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