Publicado el 30/07/2011
El debate ideológico debería prevalecer por encima de insultos y descalificaciones.
Esta campaña proselitista se ha caracterizado por el machismo, el fundamentalismo religioso, la descalificación, el insulto racista y una agresividad enfocada en las diferencias entre uno y otro contendiente. En lugar de haberse convertido en un foro multiétnico, multicultural, pluralista e incluyente, es una arena en donde se hace gala de la peor batería de ofensas.
Sin embargo, hay una persona que se ha llevado la peor parte en este intercambio de malas vibras. Ella es Sandra Torres, candidata por el partido oficial, en quien se ha concentrado un inusual torrente de insultos en la escala completa de tonos, desde lo más ofensivo y sexista hasta el comentario velado destinado a destacar su extracción de clase popular como uno de sus peores defectos.
Es indudable que la señora Torres ha cometido casi todos los errores del catálogo: ha actuado con arrogancia, ha intentado concentrar el poder del Ejecutivo sin tener las credenciales para ello, ha demostrado inconsistencia entre su discurso y su actuar al rebajar los valores familiares a un asunto de conveniencia política y, aun divorciada del actual Presidente, utiliza los recursos del Estado en su campaña proselitista.
Por otro lado, ha demostrado mucha más capacidad intelectual y de trabajo que su ex marido, ha implementado programas interesantes que han tenido éxito en otros países del continente y ha sabido rodearse de un puñado de incondicionales, habilidad que la mayoría de sus colegas políticos envidian en silencio.
Es decir, son muchos los argumentos de peso que podrían dar a sus oponentes las herramientas para combatirla con armas más inteligentes. Sin embargo, el recurso del insulto parece haber tenido más arraigo entre los partidarios de otras opciones. La han llamado de todo, desde prostituta hasta arrimada, shuma y ordinaria. En ningún momento se ha visto un giro en esta degradante manera de oponerse a sus ambiciones, que no sea con epítetos ofensivos. Y esto, de algún modo, ha marcado el tono de la campaña retratando a una buena parte de la ciudadanía urbana y de clase media como una masa inculta, incapaz de entablar un debate de altura.
En el fondo, parece ser que el fantasma de la Navidad pasada tendría mucho trabajo si se pusiera a recordar a quienes alebrestan a sus huestes sobre sus propias fallas, errores, violaciones a la ley y otras minucias que podrían ponerlos en su lugar. Toda sociedad tiene sus fallas, pero aquí el deporte nacional parece ser escupir al cielo y esperar a que caiga en el terreno del vecino. Los ataques en contra de Sandra Torres deben evolucionar hacia una oposición racional, meditada e inteligente. Al final de cuentas, si participa o no, es algo que no se va a dilucidar con la lapidación verbal, recurso nada constructivo en una sociedad democrática.
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domingo, 31 de julio de 2011
domingo, 17 de julio de 2011
El foro de la vergüenza
Publicado el 16/07/2011
En ciertas ocasiones, es un consuelo saber que nunca cumplen lo que prometen.
La Conferencia Episcopal puso a los candidatos es una hábil encerrona con la finalidad de conseguir el compromiso de observar los preceptos de la Iglesia Católica antes de tomar decisiones de Estado. Y sin duda tuvo éxito. La mayoría de candidatos –excepto por una o dos respuestas más o menos consistentes con posturas opuestas a ciertas imposiciones del clero- se persignaron, agacharon la cabeza y aceptaron la presión sin chistar.
La foto de portada de Prensa Libre del jueves 14 habla por sí sola: once pretendientes al sillón presidencial con aspecto de inocente pureza en el acto de orar para sellar sus promesas de abstinencia. Abstinencia, claro, en lo relativo a sus decisiones en caso de llegar a la presidencia en temas tan “escabrosos” como el aborto, la salud sexual y reproductiva de la población guatemalteca y la educación sexual para adolescentes.
A medida que transcurría el foro, se pudo ver a Patricia de Arzú predicar contra el divorcio y calificar la homosexualidad como una abominación, a Suger pronunciarse contra los avances de la ciencia en el tema de la fertilización in vitro, a Pérez Molina defender el derecho a la vida y la importancia de la familia, mientras las dos mujeres con mayor formación política, Rigoberta Menchú y Adela Torrebiarte mantenían a duras penas una postura más apegada a las leyes y a los avances en materia de educación sexual y programas de salud reproductiva.
Es importante, en estos casos, subrayar la importancia de consultar las fuentes expertas en estudios sociales. Allí se encuentran los aberrantes indicadores de desarrollo social de Guatemala, entre los cuales destacan de manera abrumadora las muertes maternas y de recién nacidos, la desnutrición crónica que afecta a más de la mitad de los infantes menores de 4 años, los números en ascenso de embarazos en niñas y adolescentes -la mayoría de ellos provocados por incesto y violaciones- así como la falta de acceso de la población más pobre a métodos de control de la natalidad. Estos flagelos son solo algunos de los males provocados por falta de educación y de información sobre los temas del debate.
Lo interesante del foro fue la manera como la Conferencia episcopal puso en evidencia la doble moral de los candidatos. La conclusión obvia es que la vergüenza mencionada en el titular de esta columna no se refiere a la institución eclesiástica –la más coherente del evento, ya que no oculta su posición ni disimula sus objetivos- sino a quienes pretenden gobernar mostrando una ignorancia enciclopédica respecto de las leyes de la República y los tratados internacionales en temas de educación y salud sexual y reproductiva. Y ya que uno de ellos será Presidente, es fundamental blindar al Congreso con un voto cruzado que le impida regresar al país al medioevo.
En ciertas ocasiones, es un consuelo saber que nunca cumplen lo que prometen.
La Conferencia Episcopal puso a los candidatos es una hábil encerrona con la finalidad de conseguir el compromiso de observar los preceptos de la Iglesia Católica antes de tomar decisiones de Estado. Y sin duda tuvo éxito. La mayoría de candidatos –excepto por una o dos respuestas más o menos consistentes con posturas opuestas a ciertas imposiciones del clero- se persignaron, agacharon la cabeza y aceptaron la presión sin chistar.
La foto de portada de Prensa Libre del jueves 14 habla por sí sola: once pretendientes al sillón presidencial con aspecto de inocente pureza en el acto de orar para sellar sus promesas de abstinencia. Abstinencia, claro, en lo relativo a sus decisiones en caso de llegar a la presidencia en temas tan “escabrosos” como el aborto, la salud sexual y reproductiva de la población guatemalteca y la educación sexual para adolescentes.
A medida que transcurría el foro, se pudo ver a Patricia de Arzú predicar contra el divorcio y calificar la homosexualidad como una abominación, a Suger pronunciarse contra los avances de la ciencia en el tema de la fertilización in vitro, a Pérez Molina defender el derecho a la vida y la importancia de la familia, mientras las dos mujeres con mayor formación política, Rigoberta Menchú y Adela Torrebiarte mantenían a duras penas una postura más apegada a las leyes y a los avances en materia de educación sexual y programas de salud reproductiva.
Es importante, en estos casos, subrayar la importancia de consultar las fuentes expertas en estudios sociales. Allí se encuentran los aberrantes indicadores de desarrollo social de Guatemala, entre los cuales destacan de manera abrumadora las muertes maternas y de recién nacidos, la desnutrición crónica que afecta a más de la mitad de los infantes menores de 4 años, los números en ascenso de embarazos en niñas y adolescentes -la mayoría de ellos provocados por incesto y violaciones- así como la falta de acceso de la población más pobre a métodos de control de la natalidad. Estos flagelos son solo algunos de los males provocados por falta de educación y de información sobre los temas del debate.
Lo interesante del foro fue la manera como la Conferencia episcopal puso en evidencia la doble moral de los candidatos. La conclusión obvia es que la vergüenza mencionada en el titular de esta columna no se refiere a la institución eclesiástica –la más coherente del evento, ya que no oculta su posición ni disimula sus objetivos- sino a quienes pretenden gobernar mostrando una ignorancia enciclopédica respecto de las leyes de la República y los tratados internacionales en temas de educación y salud sexual y reproductiva. Y ya que uno de ellos será Presidente, es fundamental blindar al Congreso con un voto cruzado que le impida regresar al país al medioevo.
El valor de ser mujer
Publicado el 04/07/2011
La mujer vive sometida a los prejuicios de una sociedad machista y poco informada.
Aun cuando nunca falta quien afirme que en Guatemala no hay discriminación por sexo, cualquier mujer en sus cabales y consciente de la realidad de su entorno, puede atestiguar lo contrario. La discriminación no solo existe, sino es uno de los peores males que sufre esta sociedad.
Una de sus principales manifestaciones es la forma como la mujer se ve a sí misma. Incapaz de escapar a las ataduras de la costumbre y educada para considerar esas limitaciones como algo natural e inevitable, termina por ahogar sus propios impulsos de libertad en aras de la aceptación de su grupo social. De ese modo, se preservan estereotipos sexistas tales como la obligatoriedad de ser obediente, servicial y receptiva ante los hombres de su entorno, como una marca de identidad femenina.
Entrenadas desde la niñez en las artes de la sumisión, las mujeres deben superar enormes obstáculos para conquistar espacios propios y, luego, trabajar el doble para demostrar que esos espacios les pertenecen legítimamente. En este proceso el desgaste personal resulta inevitable.
Saco el tema a colación porque en un país con desigualdades sociales tan abismales, es precisamente el sector femenino el primero en encajar los golpes de la desnutrición, la pobreza extrema y la falta de acceso a todos los servicios básicos. El desempleo y la desinformación respecto de sus derechos cívicos y sociales atacan con mucha mayor fuerza a este segmento, sobre cuyos hombros descansa la construcción misma de la sociedad y la educación de las nuevas generaciones.
Me pregunto cuántas mujeres con liderazgo demostrado y aspiraciones políticas han debido renunciar a seguir ese rumbo de participación por presión de sus parejas o sus padres. Cuántas más habrán sufrido el acoso y la violencia de quienes se sienten ofendidos por la sola idea de que una mujer asuma una posición de poder. Y cuántas otras habrán abandonado la lucha porque la disyuntiva era el cuidado de la familia o sus sueños personales.
Son precisamente éstas las condiciones que detienen el desarrollo de un país, al marginar de manera tan perversamente estructurada a una mitad de su población. Es evidente que la equidad de género no es una moda pasajera y muchos grupos organizados de la sociedad civil no cejarán en su empeño de conquistarla. Sin embargo, las barreras, en lugar de desaparecer, son reforzadas cada vez más con especial énfasis en los sectores más pobres de la población.
Que haya muchas candidatas mujeres compitiendo por las posiciones más elevadas no significa un avance en la equidad de género. No cuando millones de mujeres pobres ni siquiera tienen la libertad para decidir cuántos hijos tener.
La mujer vive sometida a los prejuicios de una sociedad machista y poco informada.
Aun cuando nunca falta quien afirme que en Guatemala no hay discriminación por sexo, cualquier mujer en sus cabales y consciente de la realidad de su entorno, puede atestiguar lo contrario. La discriminación no solo existe, sino es uno de los peores males que sufre esta sociedad.
Una de sus principales manifestaciones es la forma como la mujer se ve a sí misma. Incapaz de escapar a las ataduras de la costumbre y educada para considerar esas limitaciones como algo natural e inevitable, termina por ahogar sus propios impulsos de libertad en aras de la aceptación de su grupo social. De ese modo, se preservan estereotipos sexistas tales como la obligatoriedad de ser obediente, servicial y receptiva ante los hombres de su entorno, como una marca de identidad femenina.
Entrenadas desde la niñez en las artes de la sumisión, las mujeres deben superar enormes obstáculos para conquistar espacios propios y, luego, trabajar el doble para demostrar que esos espacios les pertenecen legítimamente. En este proceso el desgaste personal resulta inevitable.
Saco el tema a colación porque en un país con desigualdades sociales tan abismales, es precisamente el sector femenino el primero en encajar los golpes de la desnutrición, la pobreza extrema y la falta de acceso a todos los servicios básicos. El desempleo y la desinformación respecto de sus derechos cívicos y sociales atacan con mucha mayor fuerza a este segmento, sobre cuyos hombros descansa la construcción misma de la sociedad y la educación de las nuevas generaciones.
Me pregunto cuántas mujeres con liderazgo demostrado y aspiraciones políticas han debido renunciar a seguir ese rumbo de participación por presión de sus parejas o sus padres. Cuántas más habrán sufrido el acoso y la violencia de quienes se sienten ofendidos por la sola idea de que una mujer asuma una posición de poder. Y cuántas otras habrán abandonado la lucha porque la disyuntiva era el cuidado de la familia o sus sueños personales.
Son precisamente éstas las condiciones que detienen el desarrollo de un país, al marginar de manera tan perversamente estructurada a una mitad de su población. Es evidente que la equidad de género no es una moda pasajera y muchos grupos organizados de la sociedad civil no cejarán en su empeño de conquistarla. Sin embargo, las barreras, en lugar de desaparecer, son reforzadas cada vez más con especial énfasis en los sectores más pobres de la población.
Que haya muchas candidatas mujeres compitiendo por las posiciones más elevadas no significa un avance en la equidad de género. No cuando millones de mujeres pobres ni siquiera tienen la libertad para decidir cuántos hijos tener.
Pago por participar
Publicado el 18/06/2011
A menos que se legisle sobre el financiamiento de los partidos, no habrá igualdad.
La única forma de garantizar igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos –hombres y mujeres, ladinos e indígenas- en posiciones de decisión dentro de las organizaciones políticas y en los listados para ocupar cargos de elección popular, es regular de manera efectiva y estricta el dinero que ingresa a las arcas partidistas y las condiciones que estas entidades imponen a sus afiliados.
Una de las razones para la escasa participación femenina en la contienda electoral actual es, precisamente, la poca capacidad de compra de espacios políticos. En una sociedad democrática resulta grotesco que los partidos exijan enormes cantidades de dinero a cambio de un lugar en los listados de candidatos. Eso solo garantiza que el Congreso y las alcaldías estarán condicionados por compromisos ajenos al interés de la Nación y sus iniciativas serán orientadas a pagar los favores de sus financistas.
En Guatemala, el sector más pobre de la sociedad es el femenino y, si queremos ser más específicos, el femenino, indígena y rural. Esto marca una frontera prácticamente insalvable para aquellas lideresas del interior del país capaces de contribuir al desarrollo de sus comunidades pero que no tienen con qué pagar la cuota que les exigen las organizaciones políticas para “hacerles el favor” de incluirlas.
Son múltiples las voces que se alzan en contra de la igualdad de oportunidades para la mujer, oponiéndose de manera enfática al establecimiento de cuotas y de un trato igualitario que le permita a este importante sector tener acceso a cargos de elección popular y a posiciones relevantes dentro de los partidos. Los argumentos abundan, pero la realidad es mucho más elocuente. Con un Padrón Electoral integrado mayoritariamente por mujeres, se espera que en el próximo período habrá menos presencia femenina en el organismo legisativo y casi ninguna en las alcaldías, lo cual actúa en desmedro del sistema democrático que se pretende consolidar.
La influencia del capital –de orígenes conocidos o no- en los procesos electorales, es un tema toral en el momento que vive Guatemala. Dada la debilidad de las instituciones y la falta de control sobre el origen de los grandes capitales, se ha ido delegando el poder político a individuos cuyo único interés es acumular dinero y poder en desmedro del futuro nacional.
Es probable que en Guatemala nunca se haya visto tales cantidades de dinero invertidas en propaganda política, pero tampoco jamás se había observado semejante nivel de pobreza y desnutrición afectando a casi el 80 por ciento de la población. Si esto no habla por sí solo y no convence a los diputados de tomar las decisiones correctas, entonces nada logrará hacerles recapacitar y corregir los errores que tanto dolor y muerte le cuestan a sus electores.
A menos que se legisle sobre el financiamiento de los partidos, no habrá igualdad.
La única forma de garantizar igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos –hombres y mujeres, ladinos e indígenas- en posiciones de decisión dentro de las organizaciones políticas y en los listados para ocupar cargos de elección popular, es regular de manera efectiva y estricta el dinero que ingresa a las arcas partidistas y las condiciones que estas entidades imponen a sus afiliados.
Una de las razones para la escasa participación femenina en la contienda electoral actual es, precisamente, la poca capacidad de compra de espacios políticos. En una sociedad democrática resulta grotesco que los partidos exijan enormes cantidades de dinero a cambio de un lugar en los listados de candidatos. Eso solo garantiza que el Congreso y las alcaldías estarán condicionados por compromisos ajenos al interés de la Nación y sus iniciativas serán orientadas a pagar los favores de sus financistas.
En Guatemala, el sector más pobre de la sociedad es el femenino y, si queremos ser más específicos, el femenino, indígena y rural. Esto marca una frontera prácticamente insalvable para aquellas lideresas del interior del país capaces de contribuir al desarrollo de sus comunidades pero que no tienen con qué pagar la cuota que les exigen las organizaciones políticas para “hacerles el favor” de incluirlas.
Son múltiples las voces que se alzan en contra de la igualdad de oportunidades para la mujer, oponiéndose de manera enfática al establecimiento de cuotas y de un trato igualitario que le permita a este importante sector tener acceso a cargos de elección popular y a posiciones relevantes dentro de los partidos. Los argumentos abundan, pero la realidad es mucho más elocuente. Con un Padrón Electoral integrado mayoritariamente por mujeres, se espera que en el próximo período habrá menos presencia femenina en el organismo legisativo y casi ninguna en las alcaldías, lo cual actúa en desmedro del sistema democrático que se pretende consolidar.
La influencia del capital –de orígenes conocidos o no- en los procesos electorales, es un tema toral en el momento que vive Guatemala. Dada la debilidad de las instituciones y la falta de control sobre el origen de los grandes capitales, se ha ido delegando el poder político a individuos cuyo único interés es acumular dinero y poder en desmedro del futuro nacional.
Es probable que en Guatemala nunca se haya visto tales cantidades de dinero invertidas en propaganda política, pero tampoco jamás se había observado semejante nivel de pobreza y desnutrición afectando a casi el 80 por ciento de la población. Si esto no habla por sí solo y no convence a los diputados de tomar las decisiones correctas, entonces nada logrará hacerles recapacitar y corregir los errores que tanto dolor y muerte le cuestan a sus electores.
Una lucha desigual
Publicado el 11/06/2011
La idea que flota en el ambiente es que Guatemala es impotente ante el crimen.
El narcotráfico ya entró en la cotidianidad del guatemalteco. Cada día esta sociedad se enfrenta a la dura realidad del crimen cometido con saña extrema, estrategia clásica de los grupos organizados cuando ingresan a un territorio para ejercer el dominio total subyugando a sus instituciones.
Como en una guerra cualquiera, el enemigo lanza sus proyectiles contra la sociedad civil ante cada amenaza de sus contrincantes, con la intención de demostrar su poderío. En Guatemala, sus adversarios son las instituciones encargadas de seguridad y justicia, las organizaciones civiles promotoras de los derechos humanos y otros organismos cuya función sea combatir a los grupos criminales para erradicar el tráfico de estupefacientes, la trata de personas, el contrabando y otras acciones que atentan contra el estado de Derecho.
Ante una situación de tan enorme envergadura, poco es lo que el Estado puede hacer por sí mismo. Conscientes de que el tema de la droga está íntimamente ligado a su mercado internacional, sería natural suponer que en esta batalla las víctimas estuvieran también en ámbitos internacionales, pero no es así.
Para que los ciudadanos norteamericanos y europeos puedan tener acceso a los estupefacientes, muchos latinoamericanos inocentes mueren cada día. Los mecanismos de control del tráfico de drogas castiga a estos países de manera inclemente, mientras en las naciones consumidoras las capturas de grandes capos –que los hay- son tan escasas como los decomisos del producto.
Las fuerzas armadas de las naciones de nuestro continente fueron primero entrenadas para combatir al comunismo, faena que también se llevó por delante a cientos de miles de civiles indefensos en guerras de una crueldad inimaginable. Muchas de esas fuerzas acuciosamente capacitadas en las técnicas de la tortura, la represión y el asesinato han alimentado las filas de las organizaciones criminales –ejemplo claro es el cuerpo de kaibiles- y hoy la población se enfrenta al acoso y la amenaza constante contra su vida y su propiedad por parte de esos elementos.
Ante esta realidad, los gobiernos son impotentes. De cada acción efectiva contra las organizaciones del crimen, se obtendrá una larga fila de muertos inocentes, demostración sanguinaria de la determinación inclaudicable de estos individuos de apoderarse del país entero y transformarlo en un narcoterritorio.
No importa cuántas promesas surjan durante esta campaña, ninguno de los candidatos tiene la respuesta y, menos aún, una plataforma viable de combate al crimen organizado. Las cartas están echadas y mientras los gobiernos norteamericanos y europeos no se involucren de lleno en esta cacería, de nada servirán nuestros muertos.
La idea que flota en el ambiente es que Guatemala es impotente ante el crimen.
El narcotráfico ya entró en la cotidianidad del guatemalteco. Cada día esta sociedad se enfrenta a la dura realidad del crimen cometido con saña extrema, estrategia clásica de los grupos organizados cuando ingresan a un territorio para ejercer el dominio total subyugando a sus instituciones.
Como en una guerra cualquiera, el enemigo lanza sus proyectiles contra la sociedad civil ante cada amenaza de sus contrincantes, con la intención de demostrar su poderío. En Guatemala, sus adversarios son las instituciones encargadas de seguridad y justicia, las organizaciones civiles promotoras de los derechos humanos y otros organismos cuya función sea combatir a los grupos criminales para erradicar el tráfico de estupefacientes, la trata de personas, el contrabando y otras acciones que atentan contra el estado de Derecho.
Ante una situación de tan enorme envergadura, poco es lo que el Estado puede hacer por sí mismo. Conscientes de que el tema de la droga está íntimamente ligado a su mercado internacional, sería natural suponer que en esta batalla las víctimas estuvieran también en ámbitos internacionales, pero no es así.
Para que los ciudadanos norteamericanos y europeos puedan tener acceso a los estupefacientes, muchos latinoamericanos inocentes mueren cada día. Los mecanismos de control del tráfico de drogas castiga a estos países de manera inclemente, mientras en las naciones consumidoras las capturas de grandes capos –que los hay- son tan escasas como los decomisos del producto.
Las fuerzas armadas de las naciones de nuestro continente fueron primero entrenadas para combatir al comunismo, faena que también se llevó por delante a cientos de miles de civiles indefensos en guerras de una crueldad inimaginable. Muchas de esas fuerzas acuciosamente capacitadas en las técnicas de la tortura, la represión y el asesinato han alimentado las filas de las organizaciones criminales –ejemplo claro es el cuerpo de kaibiles- y hoy la población se enfrenta al acoso y la amenaza constante contra su vida y su propiedad por parte de esos elementos.
Ante esta realidad, los gobiernos son impotentes. De cada acción efectiva contra las organizaciones del crimen, se obtendrá una larga fila de muertos inocentes, demostración sanguinaria de la determinación inclaudicable de estos individuos de apoderarse del país entero y transformarlo en un narcoterritorio.
No importa cuántas promesas surjan durante esta campaña, ninguno de los candidatos tiene la respuesta y, menos aún, una plataforma viable de combate al crimen organizado. Las cartas están echadas y mientras los gobiernos norteamericanos y europeos no se involucren de lleno en esta cacería, de nada servirán nuestros muertos.
sábado, 7 de mayo de 2011
Mujeres al ruedo
Es fundamental garantizar la participación de la mujer en las próximas elecciones.
La resistencia a la participación femenina en política tiene muchas facetas. Una de ellas, sutil y poderosa, es el temor de las propias mujeres a enfrentar la oposición de su pareja, de su familia o de su comunidad y, de hacerlo, a pagar las consecuencias por su rebeldía. La cultura patriarcal tiene fuerte raigambre en amplios sectores de la sociedad y constituye un valladar importante para el desarrollo pleno de la democracia, la cual no existe mientras no haya participación igualitaria de la otra mitad de la población.
Cada vez que se plantea la posibilidad de establecer un sistema de cuotas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, se escuchan los argumentos a favor y en contra de una medida considerada radical. Aún cuando esta política existe y se aplica en muchos países del mundo, en Guatemala los círculos de la política tradicional la rechazan por inconveniente, poco oportuna y difícil de implementar.
El fondo de la cuestión es un asunto de poder. Durante años se ha observado el tono despreciativo, peyorativo y sexista usado por los políticos para referirse a sus colegas mujeres. A las activistas políticas y a quienes han logrado puestos relevantes se las juzga por su condición de mujer y no por los resultados efectivos de su labor.
En la campaña actual, se percibe desde el interior de los partidos políticos una fuerte oposición a la participación femenina y a concederles espacios importantes en los listados para cargos de elección popular, los cuales se negocian entre los de siempre, quienes cierran filas para consolidar sus posiciones de privilegio.
La lucha de las mujeres por su derecho legítimo –garantizado, además, por la Constitución Política de la República- no debería ser una misión de alto riesgo. En la actualidad, se observa con preocupación que aquellas mujeres valientes y decididas a participar en representación de sus comunidades enfrentan amenazas contra su vida, intimidación y rechazo de oponentes ferozmente decididos a cerrarles el paso.
La mujer involucrada en el destino de su patria es, por lo general, más responsable, transparente y eficiente en su trabajo, como lo han demostrado la mayoría de diputadas y funcionarias en cargos de gran responsabilidad. El hecho de colocarles valladares a su intención de contribuir al desarrollo de la nación no es más que el miedo a perder esos anillos de complicidad que han llevado al país a convertirse en un paradigma de corrupción.
No se debe confundir con el hecho de que esta vez haya varias mujeres compitiendo por la presidencia, porque ése es un tema distinto que merece un análisis de fondo. Aquí hablamos de los impedimentos reales de esta sociedad machista contra el derecho de las mujeres a postularse para gobernadoras, alcaldesas, diputadas o dirigentes de los partidos políticos. Estamos en el siglo veintiuno, es tiempo de cambiar.
La resistencia a la participación femenina en política tiene muchas facetas. Una de ellas, sutil y poderosa, es el temor de las propias mujeres a enfrentar la oposición de su pareja, de su familia o de su comunidad y, de hacerlo, a pagar las consecuencias por su rebeldía. La cultura patriarcal tiene fuerte raigambre en amplios sectores de la sociedad y constituye un valladar importante para el desarrollo pleno de la democracia, la cual no existe mientras no haya participación igualitaria de la otra mitad de la población.
Cada vez que se plantea la posibilidad de establecer un sistema de cuotas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, se escuchan los argumentos a favor y en contra de una medida considerada radical. Aún cuando esta política existe y se aplica en muchos países del mundo, en Guatemala los círculos de la política tradicional la rechazan por inconveniente, poco oportuna y difícil de implementar.
El fondo de la cuestión es un asunto de poder. Durante años se ha observado el tono despreciativo, peyorativo y sexista usado por los políticos para referirse a sus colegas mujeres. A las activistas políticas y a quienes han logrado puestos relevantes se las juzga por su condición de mujer y no por los resultados efectivos de su labor.
En la campaña actual, se percibe desde el interior de los partidos políticos una fuerte oposición a la participación femenina y a concederles espacios importantes en los listados para cargos de elección popular, los cuales se negocian entre los de siempre, quienes cierran filas para consolidar sus posiciones de privilegio.
La lucha de las mujeres por su derecho legítimo –garantizado, además, por la Constitución Política de la República- no debería ser una misión de alto riesgo. En la actualidad, se observa con preocupación que aquellas mujeres valientes y decididas a participar en representación de sus comunidades enfrentan amenazas contra su vida, intimidación y rechazo de oponentes ferozmente decididos a cerrarles el paso.
La mujer involucrada en el destino de su patria es, por lo general, más responsable, transparente y eficiente en su trabajo, como lo han demostrado la mayoría de diputadas y funcionarias en cargos de gran responsabilidad. El hecho de colocarles valladares a su intención de contribuir al desarrollo de la nación no es más que el miedo a perder esos anillos de complicidad que han llevado al país a convertirse en un paradigma de corrupción.
No se debe confundir con el hecho de que esta vez haya varias mujeres compitiendo por la presidencia, porque ése es un tema distinto que merece un análisis de fondo. Aquí hablamos de los impedimentos reales de esta sociedad machista contra el derecho de las mujeres a postularse para gobernadoras, alcaldesas, diputadas o dirigentes de los partidos políticos. Estamos en el siglo veintiuno, es tiempo de cambiar.
domingo, 17 de abril de 2011
Maternidad infantil
En lugar de muñecas tienen bebés de verdad, pero en su vida el juego ya no tiene cabida.
Los registros del sistema de salud y de algunas organizaciones no gubernamentales como el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, la Asociación Guatemalteca de Mujeres Médicas y el Fondo de Población de Naciones Unidas, muestran que en Guatemala se producen partos en niñas a partir de los 10 años. Para que eso sea posible, han debido quedar embarazadas a los nueve, cuando deben estudiar, jugar y desarrollarse en un ambiente seguro de amor y protección.
Esto hace suponer que si las niñas menstruaran antes, habría presencia de embarazos desde cualquier momento de su infancia, dado que para el abuso sexual no hay edad límite y estas criaturas lo sufren prácticamente desde el momento de su nacimiento. Semejante realidad, por cruda que parezca, es cada vez más obvia desde que existen campañas para visibilizar el problema.
En Guatemala, como en otros países, la cultura patriarcal considera una hazaña la violación sexual e instituye el maltrato intrafamiliar como un derecho masculino adquirido por tradición. Estas aberraciones forman parte del entorno cotidiano y tanto la sociedad como sus instituciones han sido cómplices al rehusarse a combatir estos crímenes pretendiendo ignorar sus alcances y, por ende, minimizando sus consecuencias.
A tal punto llega la tolerancia al abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes que incluso se culpa a las propias víctimas, en un vicioso círculo de manipulación de evidencias que termina eximiendo a los verdaderos perpetradores. Para explicar con mayor claridad la dimensión del problema, baste decir que una de cada 3 niñas inicia su vida sexual de manera traumática siendo violentada, la mayoría de las veces, por algún pariente cercano –muchas veces su propio padre- o un amigo de la familia.
Si se considera que apenas el 40 por ciento de los partos son atendidos en hospitales o centros de salud, a estas cifras habría que sumarles el amplio universo de casos no registrados, especialmente en el interior del país.
Las instituciones que trabajan sobre el objetivo de erradicar estas siniestras manifestaciones “culturales” y combatir la discriminación y el abuso contra niños, niñas y adolescentes, se encuentran muchas veces enfrentadas a un muro de silencio en los círculos de poder, por un pacto tácito entre políticos cuya vida personal es, probablemente, reflejo de la misma patología.
La niñez es el período formativo fundamental del ser humano. Una niña violada es destruida para siempre. Su cuerpo, al igual que su psiquis y su vida futura, quedan marcados por esa agresión salvaje que nada ni nadie puede reparar.
12.03.2011
Los registros del sistema de salud y de algunas organizaciones no gubernamentales como el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, la Asociación Guatemalteca de Mujeres Médicas y el Fondo de Población de Naciones Unidas, muestran que en Guatemala se producen partos en niñas a partir de los 10 años. Para que eso sea posible, han debido quedar embarazadas a los nueve, cuando deben estudiar, jugar y desarrollarse en un ambiente seguro de amor y protección.
Esto hace suponer que si las niñas menstruaran antes, habría presencia de embarazos desde cualquier momento de su infancia, dado que para el abuso sexual no hay edad límite y estas criaturas lo sufren prácticamente desde el momento de su nacimiento. Semejante realidad, por cruda que parezca, es cada vez más obvia desde que existen campañas para visibilizar el problema.
En Guatemala, como en otros países, la cultura patriarcal considera una hazaña la violación sexual e instituye el maltrato intrafamiliar como un derecho masculino adquirido por tradición. Estas aberraciones forman parte del entorno cotidiano y tanto la sociedad como sus instituciones han sido cómplices al rehusarse a combatir estos crímenes pretendiendo ignorar sus alcances y, por ende, minimizando sus consecuencias.
A tal punto llega la tolerancia al abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes que incluso se culpa a las propias víctimas, en un vicioso círculo de manipulación de evidencias que termina eximiendo a los verdaderos perpetradores. Para explicar con mayor claridad la dimensión del problema, baste decir que una de cada 3 niñas inicia su vida sexual de manera traumática siendo violentada, la mayoría de las veces, por algún pariente cercano –muchas veces su propio padre- o un amigo de la familia.
Si se considera que apenas el 40 por ciento de los partos son atendidos en hospitales o centros de salud, a estas cifras habría que sumarles el amplio universo de casos no registrados, especialmente en el interior del país.
Las instituciones que trabajan sobre el objetivo de erradicar estas siniestras manifestaciones “culturales” y combatir la discriminación y el abuso contra niños, niñas y adolescentes, se encuentran muchas veces enfrentadas a un muro de silencio en los círculos de poder, por un pacto tácito entre políticos cuya vida personal es, probablemente, reflejo de la misma patología.
La niñez es el período formativo fundamental del ser humano. Una niña violada es destruida para siempre. Su cuerpo, al igual que su psiquis y su vida futura, quedan marcados por esa agresión salvaje que nada ni nadie puede reparar.
12.03.2011
La mujer y su día
La resignación es el último recurso de supervivencia cuando se pierde la esperanza.
Miles de niñas y mujeres, atrapadas en un sistema de silencio y complicidad, sufren el abuso y la violencia contra su cuerpo, su espíritu y su dignidad. Han sido muchas las muertes provocadas por la cultura de la vergüenza, que condena a las féminas a pagar por las consecuencias de los crímenes cometidos en su contra y a cargar con ese estigma que no es el suyo.
Ser mujer en este país es una condena de por vida, pero si además de portar los cromosomas que la definen como tal es indígena y pobre, su destino es mil veces más desafiante, cien mil veces más poderosa la carga sobre su débil estructura. Y aun así sobreviven y producen riqueza, paren hijos en hilera por una política pública que nunca existió, porque algunos señores con mucho poder decidieron no aprobarla para no ofender a sus patrocinadores.
Ser mujer, pobre, indígena y analfabeta es una marca de identidad en este bello país de las injusticias. Se la puede observar en los mercados, en los campos, trabajando por nada –el salario le corresponde al marido- y cargando leña por los caminos para luego ser culpada por la deforestación de Guatemala. Si no fuera por lo patético, daría risa el discurso de los empresarios y políticos que defienden sus privilegios adjudicándole a la población indígena la responsabilidad por el subdesarrollo que ellos mismos provocan, por la pobreza a la cual condenan a más de la mitad de la sociedad a la cual, aunque les duela, todos ellos pertenecen.
En Guatemala, las mujeres nacen adultas porque no tienen derecho a la infancia. Sufren la discriminación desde el momento que ven la luz por vez primera, con el desencanto del padre, quien atribuye a su descendencia masculina valores superiores y deposita en ese cromosoma distinto su orgullo patriarcal. La niña, entonces, pasa a engrosar las largas filas de la servidumbre doméstica incluso antes de emitir su primer sonido.
Material propicio para los negocios ilícitos, miles de niñas son también producto para el tráfico sexual y el trabajo forzado. Cuando tienen suerte, quizás puedan salir de la miseria prostituyéndose por cuenta propia porque el Estado les ha negado toda posibilidad de educación para conseguir un trabajo digno; y, cuando han sufrido el abuso sexual desde la infancia, les han negado la protección de la justicia.
Quizás por todo esto es que me parece insustancial la celebración del día dedicado a la mujer. No puede ser que sólo pensemos en sus derechos una vez cada 365 días sólo por un protocolo institucionalizado. Los derechos de la mujer han sido violados –tanto como sus cuerpos- una y otra vez por medio de leyes casuísticas, funcionarios corruptos, empresarios voraces y, peor aún, por otras mujeres empecinadas en sostener el aberrante sistema patriarcal.
Miles de niñas y mujeres, atrapadas en un sistema de silencio y complicidad, sufren el abuso y la violencia contra su cuerpo, su espíritu y su dignidad. Han sido muchas las muertes provocadas por la cultura de la vergüenza, que condena a las féminas a pagar por las consecuencias de los crímenes cometidos en su contra y a cargar con ese estigma que no es el suyo.
Ser mujer en este país es una condena de por vida, pero si además de portar los cromosomas que la definen como tal es indígena y pobre, su destino es mil veces más desafiante, cien mil veces más poderosa la carga sobre su débil estructura. Y aun así sobreviven y producen riqueza, paren hijos en hilera por una política pública que nunca existió, porque algunos señores con mucho poder decidieron no aprobarla para no ofender a sus patrocinadores.
Ser mujer, pobre, indígena y analfabeta es una marca de identidad en este bello país de las injusticias. Se la puede observar en los mercados, en los campos, trabajando por nada –el salario le corresponde al marido- y cargando leña por los caminos para luego ser culpada por la deforestación de Guatemala. Si no fuera por lo patético, daría risa el discurso de los empresarios y políticos que defienden sus privilegios adjudicándole a la población indígena la responsabilidad por el subdesarrollo que ellos mismos provocan, por la pobreza a la cual condenan a más de la mitad de la sociedad a la cual, aunque les duela, todos ellos pertenecen.
En Guatemala, las mujeres nacen adultas porque no tienen derecho a la infancia. Sufren la discriminación desde el momento que ven la luz por vez primera, con el desencanto del padre, quien atribuye a su descendencia masculina valores superiores y deposita en ese cromosoma distinto su orgullo patriarcal. La niña, entonces, pasa a engrosar las largas filas de la servidumbre doméstica incluso antes de emitir su primer sonido.
Material propicio para los negocios ilícitos, miles de niñas son también producto para el tráfico sexual y el trabajo forzado. Cuando tienen suerte, quizás puedan salir de la miseria prostituyéndose por cuenta propia porque el Estado les ha negado toda posibilidad de educación para conseguir un trabajo digno; y, cuando han sufrido el abuso sexual desde la infancia, les han negado la protección de la justicia.
Quizás por todo esto es que me parece insustancial la celebración del día dedicado a la mujer. No puede ser que sólo pensemos en sus derechos una vez cada 365 días sólo por un protocolo institucionalizado. Los derechos de la mujer han sido violados –tanto como sus cuerpos- una y otra vez por medio de leyes casuísticas, funcionarios corruptos, empresarios voraces y, peor aún, por otras mujeres empecinadas en sostener el aberrante sistema patriarcal.
07.03.2011
¿Amas de casa?
Cabeza o señora de la casa o familia. Criada principal de una casa (DRAE)
Detesto las ambigüedades porque representan una forma de expresión hipócrita y de doble sentido. Ocultan las verdaderas intenciones y pretenden ser el lenguaje políticamente correcto, la fórmula obligatoria de las comunidades humanas civilizadas. El uso cotidiano de algunas de estas fórmulas institucionalizan los estereotipos al punto de convertirlos en verdades absolutas que no ameritan revisión alguna. Esto sucede con la denominación “ama de casa”, tan común que casi ni reparamos en ella.
Esto me ha venido rondando la mente desde hace mucho tiempo, porque constituye una simplificación casi despectiva del complejo trabajo y la enorme responsabilidad de las mujeres que dedican su vida a administrar el hogar y educar a sus hijos. Esta manera de encasillar a la mujer en una frase que no describe prácticamente nada e incluso se usa como sinónimo de “sin profesión” o “desempleada” pasa por un rasero el amplio cúmulo de especialidades desarrolladas por las mujeres en el desempeño de una de las labores más delicadas y trascendentales en la construcción de una sociedad funcional.
El verdadero título de lo que comúnmente llamamos ama de casa debería ser administradora del hogar. Y una buena administradora del hogar tiene, entre sus múltiples habilidades, una experiencia demostrada en economía doméstica, puericultura, psicología, resolución de conflictos, manejo del estrés, nutrición, medicina, carpintería y el conocimiento suficiente de ciencias políticas, matemáticas, lenguaje e historia como para asistir a sus hijos en las tareas escolares.
¿Alguien opina que el tema es irrelevante? Pues no lo es. El aporte de las mujeres desde su posición no remunerada en el hogar tiene un impacto real en la economía de los países, en términos del PIB, así como una fuerte repercusión en el desarrollo social de las comunidades, las cuales dependen del cuidado y la formación de los futuros ciudadanos durante sus primeros años de vida.
Relegar a este contingente de trabajadoras incansables a una clasificación ambigua que niega sus méritos es una de las peores características de las sociedades regidas por códigos patriarcales. Tal ha sido la subestimación de este segmento que incluso ellas mismas, ante la pregunta de si trabajan, dicen: “no, soy ama de casa” aceptando de manera tácita la minusvaloración de su gran esfuerzo.
Una de las conquistas políticas más elevantes de la administración presidencial de Michelle Bachelet en Chile fue el reconocimiento económico del trabajo doméstico de las mujeres dedicadas a la administración del hogar. Este fue un hito histórico que, por supuesto, tardará muchos años en replicarse en otros países de la región. Sin embargo, es un paso importante hacia la construcción de una sociedad equitativa, más justa y humana, todo lo que se requiere para consolidar la democracia.
17.01.2011
Detesto las ambigüedades porque representan una forma de expresión hipócrita y de doble sentido. Ocultan las verdaderas intenciones y pretenden ser el lenguaje políticamente correcto, la fórmula obligatoria de las comunidades humanas civilizadas. El uso cotidiano de algunas de estas fórmulas institucionalizan los estereotipos al punto de convertirlos en verdades absolutas que no ameritan revisión alguna. Esto sucede con la denominación “ama de casa”, tan común que casi ni reparamos en ella.
Esto me ha venido rondando la mente desde hace mucho tiempo, porque constituye una simplificación casi despectiva del complejo trabajo y la enorme responsabilidad de las mujeres que dedican su vida a administrar el hogar y educar a sus hijos. Esta manera de encasillar a la mujer en una frase que no describe prácticamente nada e incluso se usa como sinónimo de “sin profesión” o “desempleada” pasa por un rasero el amplio cúmulo de especialidades desarrolladas por las mujeres en el desempeño de una de las labores más delicadas y trascendentales en la construcción de una sociedad funcional.
El verdadero título de lo que comúnmente llamamos ama de casa debería ser administradora del hogar. Y una buena administradora del hogar tiene, entre sus múltiples habilidades, una experiencia demostrada en economía doméstica, puericultura, psicología, resolución de conflictos, manejo del estrés, nutrición, medicina, carpintería y el conocimiento suficiente de ciencias políticas, matemáticas, lenguaje e historia como para asistir a sus hijos en las tareas escolares.
¿Alguien opina que el tema es irrelevante? Pues no lo es. El aporte de las mujeres desde su posición no remunerada en el hogar tiene un impacto real en la economía de los países, en términos del PIB, así como una fuerte repercusión en el desarrollo social de las comunidades, las cuales dependen del cuidado y la formación de los futuros ciudadanos durante sus primeros años de vida.
Relegar a este contingente de trabajadoras incansables a una clasificación ambigua que niega sus méritos es una de las peores características de las sociedades regidas por códigos patriarcales. Tal ha sido la subestimación de este segmento que incluso ellas mismas, ante la pregunta de si trabajan, dicen: “no, soy ama de casa” aceptando de manera tácita la minusvaloración de su gran esfuerzo.
Una de las conquistas políticas más elevantes de la administración presidencial de Michelle Bachelet en Chile fue el reconocimiento económico del trabajo doméstico de las mujeres dedicadas a la administración del hogar. Este fue un hito histórico que, por supuesto, tardará muchos años en replicarse en otros países de la región. Sin embargo, es un paso importante hacia la construcción de una sociedad equitativa, más justa y humana, todo lo que se requiere para consolidar la democracia.
17.01.2011
Si me denuncias, te mato
La impunidad en los casos de violación, incesto y maltrato, es muestra de misoginia.
No es paranoia. Tampoco es un feminismo histérico ni un delirio de persecución llevado al paroxismo; la misoginia está latente, actuando en todos los ámbitos de esta sociedad y las mujeres continúan siendo el objetivo de una violencia cotidiana que apenas se comienza a clasificar.
Una niña violada es una mujer marcada para siempre con el estigma de la humillación y la condena de una sexualidad atormentada. Es un crimen y no el “error” de algún hombre impulsivo, como se le quiere hacer ver en esta sociedad disfuncional y cargada de prejuicios machistas.
Después del hecho, después del sexo forzado o la golpiza, viene la amenaza. Y miles de mujeres han escuchado esa frase: “si me denuncias, te mato…” y esas mujeres han de haber callado porque conocen la realidad de la vida en un ambiente poco propicio para la justicia, poco amigable con sus tormentos domésticos, en un sistema que insiste en llamarse democrático pero probadamente incapaz de imponer el respeto a los derechos humanos en toda su dimensión, lo cual implica castigar a quienes atenten contra la vida y la integridad de las personas.
A pesar de que en los últimos años el número de denuncias de violación o maltrato han aumentado, el sub registro es un hecho innegable. Si las cifras actuales asustan, las estadísticas reales le pararían el pelo al más indiferente. Mujeres de todos los estratos sociales, desde el más acomodado hasta quienes sobreviven en el rincón más mísero del sector rural, sufren a diario una violencia que han llegado a creer natural, dadas las enseñanzas de una cultura que le da al autoritarismo masculino una legitimidad absoluta.
De ese desprecio por la mujer deriva también la homofobia. Porque la homosexualidad tiene un toque femenino que, de acuerdo con los patrones sociales vigentes, es denigrante y constituye una traición a lo viril. Es como ser negro, revolucionario y agnóstico en un mundo de blancos caucásicos, conservadores y cristianos. Inaceptable.
Muchas de las patologías de la sociedad están vinculadas a la cultura patriarcal, a esa negación de lo femenino que se refleja en la ausencia de mujeres en posiciones de poder, a la tendencia a discriminarlas en los ámbitos laborales y políticos de manera automática, al hecho de exigirles pruebas de capacidad como si por ser del sexo femenino carecieran de algún gen misterioso que aún no tiene nombre.
Ya pasamos a la segunda década del siglo XXI y la mujer guatemalteca sigue padeciendo los males de la Inquisición. Es una vergüenza para esta sociedad que se precia de progresista y democrática. Una vergüenza presente en los hogares acomodados y en los más humildes. Simplemente, una vergüenza.
No es paranoia. Tampoco es un feminismo histérico ni un delirio de persecución llevado al paroxismo; la misoginia está latente, actuando en todos los ámbitos de esta sociedad y las mujeres continúan siendo el objetivo de una violencia cotidiana que apenas se comienza a clasificar.
Una niña violada es una mujer marcada para siempre con el estigma de la humillación y la condena de una sexualidad atormentada. Es un crimen y no el “error” de algún hombre impulsivo, como se le quiere hacer ver en esta sociedad disfuncional y cargada de prejuicios machistas.
Después del hecho, después del sexo forzado o la golpiza, viene la amenaza. Y miles de mujeres han escuchado esa frase: “si me denuncias, te mato…” y esas mujeres han de haber callado porque conocen la realidad de la vida en un ambiente poco propicio para la justicia, poco amigable con sus tormentos domésticos, en un sistema que insiste en llamarse democrático pero probadamente incapaz de imponer el respeto a los derechos humanos en toda su dimensión, lo cual implica castigar a quienes atenten contra la vida y la integridad de las personas.
A pesar de que en los últimos años el número de denuncias de violación o maltrato han aumentado, el sub registro es un hecho innegable. Si las cifras actuales asustan, las estadísticas reales le pararían el pelo al más indiferente. Mujeres de todos los estratos sociales, desde el más acomodado hasta quienes sobreviven en el rincón más mísero del sector rural, sufren a diario una violencia que han llegado a creer natural, dadas las enseñanzas de una cultura que le da al autoritarismo masculino una legitimidad absoluta.
De ese desprecio por la mujer deriva también la homofobia. Porque la homosexualidad tiene un toque femenino que, de acuerdo con los patrones sociales vigentes, es denigrante y constituye una traición a lo viril. Es como ser negro, revolucionario y agnóstico en un mundo de blancos caucásicos, conservadores y cristianos. Inaceptable.
Muchas de las patologías de la sociedad están vinculadas a la cultura patriarcal, a esa negación de lo femenino que se refleja en la ausencia de mujeres en posiciones de poder, a la tendencia a discriminarlas en los ámbitos laborales y políticos de manera automática, al hecho de exigirles pruebas de capacidad como si por ser del sexo femenino carecieran de algún gen misterioso que aún no tiene nombre.
Ya pasamos a la segunda década del siglo XXI y la mujer guatemalteca sigue padeciendo los males de la Inquisición. Es una vergüenza para esta sociedad que se precia de progresista y democrática. Una vergüenza presente en los hogares acomodados y en los más humildes. Simplemente, una vergüenza.
sábado, 5 de marzo de 2011
La mujer y su día
La resignación es el último recurso de supervivencia cuando se pierde la esperanza.
Miles de niñas y mujeres, atrapadas en un sistema de silencio y complicidad, sufren el abuso y la violencia contra su cuerpo, su espíritu y su dignidad. Han sido muchas las muertes provocadas por la cultura de la vergüenza, que condena a las féminas a pagar por las consecuencias de los crímenes cometidos en su contra y a cargar con ese estigma que no es el suyo.
Ser mujer en este país es una condena de por vida, pero si además de portar los cromosomas que la definen como tal es indígena y pobre, su destino es mil veces más desafiante, cien mil veces más poderosa la carga sobre su débil estructura. Y aun así sobreviven y producen riqueza, paren hijos en hilera por una política pública que nunca existió, porque algunos señores con mucho poder decidieron no aprobarla para no ofender a sus patrocinadores.
Ser mujer, pobre, indígena y analfabeta es una marca de identidad en este bello país de las injusticias. Se la puede observar en los mercados, en los campos, trabajando por nada –el salario le corresponde al marido- y cargando leña por los caminos para luego ser culpada por la deforestación de Guatemala. Si no fuera por lo patético, daría risa el discurso de los empresarios y políticos que defienden sus privilegios adjudicándole a la población indígena la responsabilidad por el subdesarrollo que ellos mismos provocan, por la pobreza a la cual condenan a más de la mitad de la sociedad a la cual, aunque les duela, todos ellos pertenecen.
En Guatemala, las mujeres nacen adultas porque no tienen derecho a la infancia. Sufren la discriminación desde el momento que ven la luz por vez primera, con el desencanto del padre, quien atribuye a su descendencia masculina valores superiores y deposita en ese cromosoma distinto su orgullo patriarcal. La niña, entonces, pasa a engrosar las largas filas de la servidumbre doméstica incluso antes de emitir su primer sonido.
Material propicio para los negocios ilícitos, miles de niñas son también producto para el tráfico sexual y el trabajo forzado. Cuando tienen suerte, quizás puedan salir de la miseria prostituyéndose por cuenta propia porque el Estado les ha negado toda posibilidad de educación para conseguir un trabajo digno; y, cuando han sufrido el abuso sexual desde la infancia, les han negado la protección de la justicia.
Quizás por todo esto es que me parece insustancial la celebración del día dedicado a la mujer. No puede ser que sólo pensemos en sus derechos una vez cada 365 días sólo por un protocolo institucionalizado. Los derechos de la mujer han sido violados –tanto como sus cuerpos- una y otra vez por medio de leyes casuísticas, funcionarios corruptos, empresarios voraces y, peor aún, por otras mujeres empecinadas en sostener el aberrante sistema patriarcal.
Miles de niñas y mujeres, atrapadas en un sistema de silencio y complicidad, sufren el abuso y la violencia contra su cuerpo, su espíritu y su dignidad. Han sido muchas las muertes provocadas por la cultura de la vergüenza, que condena a las féminas a pagar por las consecuencias de los crímenes cometidos en su contra y a cargar con ese estigma que no es el suyo.
Ser mujer en este país es una condena de por vida, pero si además de portar los cromosomas que la definen como tal es indígena y pobre, su destino es mil veces más desafiante, cien mil veces más poderosa la carga sobre su débil estructura. Y aun así sobreviven y producen riqueza, paren hijos en hilera por una política pública que nunca existió, porque algunos señores con mucho poder decidieron no aprobarla para no ofender a sus patrocinadores.
Ser mujer, pobre, indígena y analfabeta es una marca de identidad en este bello país de las injusticias. Se la puede observar en los mercados, en los campos, trabajando por nada –el salario le corresponde al marido- y cargando leña por los caminos para luego ser culpada por la deforestación de Guatemala. Si no fuera por lo patético, daría risa el discurso de los empresarios y políticos que defienden sus privilegios adjudicándole a la población indígena la responsabilidad por el subdesarrollo que ellos mismos provocan, por la pobreza a la cual condenan a más de la mitad de la sociedad a la cual, aunque les duela, todos ellos pertenecen.
En Guatemala, las mujeres nacen adultas porque no tienen derecho a la infancia. Sufren la discriminación desde el momento que ven la luz por vez primera, con el desencanto del padre, quien atribuye a su descendencia masculina valores superiores y deposita en ese cromosoma distinto su orgullo patriarcal. La niña, entonces, pasa a engrosar las largas filas de la servidumbre doméstica incluso antes de emitir su primer sonido.
Material propicio para los negocios ilícitos, miles de niñas son también producto para el tráfico sexual y el trabajo forzado. Cuando tienen suerte, quizás puedan salir de la miseria prostituyéndose por cuenta propia porque el Estado les ha negado toda posibilidad de educación para conseguir un trabajo digno; y, cuando han sufrido el abuso sexual desde la infancia, les han negado la protección de la justicia.
Quizás por todo esto es que me parece insustancial la celebración del día dedicado a la mujer. No puede ser que sólo pensemos en sus derechos una vez cada 365 días sólo por un protocolo institucionalizado. Los derechos de la mujer han sido violados –tanto como sus cuerpos- una y otra vez por medio de leyes casuísticas, funcionarios corruptos, empresarios voraces y, peor aún, por otras mujeres empecinadas en sostener el aberrante sistema patriarcal.
sábado, 8 de agosto de 2009
Esa vieja esclavitud
Entre las manifestaciones más claras del desprecio por el género femenino está la manera de abordar el tema del servicio doméstico.
Guatemala es uno de esos países donde aún existe el servicio doméstico casi como un derecho adquirido, sin regulación legal alguna, fuente de explotación laboral y de abuso físico y económico contra las mujeres cuya situación les impide tener acceso a otras fuentes de trabajo, principalmente porque jamás tuvieron acceso a la educación.
El tema de las regulaciones legales del trabajo doméstico, en Guatemala, es casi como discutir la legalización del aborto en una asamblea de fundamentalistas religiosos: casi imposible. Existe una resistencia atávica de un fuerte sector de la población cuyos ingresos les permiten conservar el privilegio de tener una empleada trabajando a tiempo completo por un sueldo de miseria, y no será fácil cambiar su visión de las cosas.
Uno de los mayores obstáculos lo constituye la grada socio económica entre patrones y empleadas, con toda la carga de menosprecio y discriminación que ello involucra. La mayoría de las mujeres trabajadoras en casas particulares pertenecen a la población indígena. Son jóvenes que emigraron hacia las ciudades en la búsqueda de mejores oportunidades para ganarse la vida y se encontraron, la mayoria de las veces, enfrentadas a una situación de dependencia y explotación fomentada por los altos índices de desempleo y la enorme competencia por encontrar una fuente de ingresos.
Obligadas a iniciar el día durante las primeras horas del alba y a mantenerse atenta a servir hasta que el último miembro de la familia decida lo contrario a avanzadas horas de la noche, la mayoría de trabajadoras recibe a cambio un sueldo inferior al mínimo fijado por ley.
Mantenido a capricho de la sociedad como una actividad informal, el servicio doméstico se ha convertido en una de las más humillantes formas de esclavitud para miles de mujeres cuyas limitadas opciones de supervivencia las someten a la aceptación forzada de unas condiciones de vida tan precarias como humillantes.
En este contexto, el maltrato contra la mujer toma una forma de convivencia natural e indiscutible. So pretexto de proporcionarles trabajo, casa y comida, sus patrones tranquilizan su conciencia ante las variadas forma de abuso a las cuales las someten de manera consuetudinaria.
Por supuesto, las excepciones existen y eso hace la regla. Sin embargo, el sólo hecho de comenzar a discutir recién en el siglo veintiuno el tema de las regulaciones laborales para este numeroso contingente de trabajadoras, demuestra lo poco que se las valora en el ámbito de la productividad y la generación de riqueza. En estos tiempos de búsqueda de la justicia y la equidad de género, es imperioso enderezar estos entuertos, resabios de la época colonial, y eliminar esta degradante forma de discriminación.
La ley no basta
Cuatrocientas mujeres asesinadas durante el primer semestre del año son la prueba palpable de que se requiere algo más que una ley para detener el femicidio.
El tema del femicidio ha pasado a tercer plano. Se desgastó por su recurrencia, tal como sucede con todo lo que se repite una y otra y otra vez, hasta que la conciencia se anestesia y deja de reaccionar ante la miseria humana. A las mujeres las torturan y las matan por ser mujeres, eso es un hecho. Y es parte de nuestra cultura, como las tortillas y los tamales.
Las 16 muertes violentas –entre hombres y mujeres- por día en promedio en el primer semestre del año, hacen que el femicidio pierda protagonismo y se confunda en el contexto de la criminalidad incontrolable que agobia a la ciudadanía. A los asesinatos hay que sumar los secuestros, las violaciones, las extorsiones, los asaltos a mano armada y un sinnúmero de otros delitos que se cometen a diario.
De acuerdo con investigaciones realizadas por la Fundación Myrna Mack, el Ministerio Público sólo presenta acusaciones ante un juez en el 3% de los casos y, de ese número irrisorio, pocos son los que llegan a una sentencia condenatoria. El hilo procesal de esa ínfima proporción de casos remata en un centro carcelario desde el cual, por medio de sobornos o amenazas, los reos tienen total libertad para continuar cometiendo fechorías.
En esta abrumadora inseguridad, los integrantes de las fuerzas del orden tienen una participación activa y creciente. Los cambios en Gobernación no han contribuido en nada a la estabilidad de esa cartera, la mayor responsable de contrarrestar la violencia en el país, y sus funcionarios han fracasado rotundamente en la tarea de integrar un cuerpo policial limpio de antecedentes, bien entrenado y capaz de inspirar confianza.
Por eso cuando se asesina a una mujer, nada sucede. Los casos quedan enterrados bajo toneladas de expedientes paralizados por la burocracia. La escena del crimen no se investiga, no se busca identificar a los culpables y el crimen simplemente se suma a otros en la lista de la impunidad. Si esto sucede con los asesinatos, a nadie puede extrañar que para fiscales y jueces, los casos de violaciones y de abuso contra las mujeres no pasen de ser hechos anecdóticos que apenas merecen un comentario sarcástico.
¿De qué sirven entonces los cacareados programas de cohesión social? ¿A quién benefician? ¿A una sociedad carente de líderes, de gobernantes capaces, de funcionarios honestos y eficientes? En Guatemala se requiere de un plan integral de desarrollo, una total reingeniería del aparato estatal con la depuración de toda la lacra acumulada durante las últimas décadas y no de campañas de autobombo que no involucran una voluntad real de transparentar el gasto público ni acabar con la anarquía.
sábado, 30 de mayo de 2009
Amenazadas
(Publicado el 11/05/2009 en Prensa Libre)
La acción valiente y decidida de algunas mujeres, quienes enfrentan la amenaza constante de grupos clandestinos, ha cambiado la faz de Guatemala.
Los mensajes amenazadores contra las activistas de derechos humanos Iduvina Hernández y Claudia Samayoa, representantes de SEDEM y UDEFEGUA, confirma la efectividad de su trabajo y ratifica la importancia de unir a la sociedad en torno a su plataforma de lucha, dado el impacto que comienza a tener en los grupos armados semi clandestinos.
La confrontación entre defensores de derechos humanos y organizaciones de corte golpista no es un asunto de izquierdas políticas. Es un tema para todas y todos los ciudadanos conscientes de que, sin una estructura limpia capaz de hacer funcionar la democracia, vamos todos juntos al fracaso.
La actitud casi suicida de las mujeres guatemaltecas –aquellas que sin garantía ni padrinazgo alguno se han alzado contra la violación de los derechos de todos- merece ser reconocida no sólo por romper el silencio y la sumisión, sino por haber cambiado el rumbo de la historia nacional. De esa perseverancia, comprometida única y exclusivamente con la justicia, han surgido sentencias paradigmáticas contra altos oficiales del ejército, quienes amparados en su inmenso poder abusaron de él sin obstáculo alguno.
Aún cuando estas lideresas han contado, por supuesto, con el apoyo de hombres dignos y conscientes de la necesidad de un cambio en las estructuras de poder, fueron punta de lanza en la lucha contra la impunidad. Por ello hoy constituyen un blanco perfecto para los esbirros que aún se escudan tras las redes institucionales, decididos a detener los procesos de investigación de los actos criminales de los cuales son culpables.
En países como los nuestros, la imagen delicada y vulnerable de la femineidad, tan típica de los estereotipos paternalistas, debe revisarse. La entereza de la mujer guatemalteca es digna de admiración y respeto, comenzando por aquellas madres-niñas capaces de mantener a su familia con enorme esfuerzo personal y sin apoyo alguno, hasta las brillantes profesionales que han puesto en jaque a lo más granado del crimen organizado existente dentro y fuera de las estructuras del Estado.
El trabajo de Claudia Samayoa e Iduvina Hernández, así como la incansable labor de otras muchas lideresas de las áreas urbanas y de las comunidades del interior de la República quienes, decididas a cambiar la faz violenta de Guatemala se han unido contra el abuso y la impunidad, está dando frutos. De ahí el miedo que reflejan las amenazas proferidas en su contra, los ataques y las intimidaciones. Unir filas es lo que resta por hacer.
sábado, 14 de marzo de 2009
En mi día
publicado el 7 de marzo de 2009
Mañana es el Día Internacional de la Mujer, de la niña, de la adolescente que comienza a vivir y de la madre que empieza a envejecer.
En este siglo tan avanzado en artilugios tecnológicos como rezagado en valores humanos, estamos observando impávidos las mayores desigualdades y los peores cuadros de pobreza que se hayan visto en la historia de nuestros pueblos. Hoy, cuando la medicina y la farmacología han logrado auténticas hazañas en la prevención y el tratamiento de enfermedades, en Guatemala mueren, cada día, por lo menos dos mujeres por problemas prevenibles asociados con el embarazo y el parto.
La mayoría de las muertes maternas se produce por hemorragias durante un parto carente de atención sanitaria, el cual muchas veces es atendido por una vecina o la propia parturienta. Otras, se deben al ataque de violentas infecciones provocadas por la falta de higiene, la ausencia de asistencia médica, o la desnutrición crónica que les arrebata a estas mujeres hasta la última de sus defensas.
El contraste es grotesco. Mientras en la capital se levantan decenas de torres de oficinas y apartamentos en una oferta inmobiliaria sospechosa y ridículamente abundante, a pocos kilómetros se revela el rostro verdadero de una Guatemala a punto de colapsar, cuyas expectativas se han diluído en promesas incumplidas.
Este será el año marcado por una de las peores crisis económicas que haya visto el mundo. Pero no todos la van a experimentar del mismo modo ni con la misma intensidad. Así como la mujer campesina, indígena y pobre es la última figura de la escala social y queda invisibilizada por un sistema que por costumbre y tradición niega hasta su existencia jurídica, el resto de las mujeres será también golpeado por el desempleo y la pérdida de oportunidades de desarrollo en una proporción mucho más alta que los hombres de sus grupos sociales. La ola originada en Wall Street, un hecho aparentemente lejano y abstracto para un maestro de Totonicapán o una campesina de Quiché, va a golpear con fuerza de tsunami a la ya debilitada economía doméstica y pondrá en evidencia aún más cruda las desigualdades sociales y la discriminación de género.
Buen trabajo han hecho los grandes organismos financieros, las poderosas organizaciones de la banca, de la industria y del comercio internacional, cuyos alto ejecutivos han salido indemnes de la catástrofe con sus cuentas bien hinchadas del dinero de los contribuyentes y su reputación casi sin tacha después de haber hundido la economía mundial. Pero aún cuando sus nombres son totalmente desconocidos para sus víctimas, el impacto de sus actos va a repercutir con violencia en el proyecto de vida, en los pequeños avances logrados y en la integridad humana, económica y social de las mujeres que mañana celebran su día.
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