Estamos mal cuando vemos lo inconcebible como normal.
El titular de elPeriódico consignaba la noticia positiva del día: “La ciudad capital registró siete días sin homicidios durante agosto” y, más abajo, inserto, un medidor de homicidios con una gráfica ilustrativa de cuántas muertes violentas se producen a diario en el país. Agosto aparece como el mes menos violento con “solo” 494 asesinatos.
Esa es la realidad. La noticia positiva es el récord de toda una semana ¡7 días! sin un solo asesinato en la capital. Insólito, extraordinario, algo que merece pasar a los anales de la iniquidad. Un dato que nos arroja en el rostro lo pervertido de nuestra percepción de lo bueno y lo malo, nuestro acomodo al salvajismo en donde estamos inmersos cual círculo dantesco, entre victimarios y víctimas, en un eterno castigo.
Solo cabe preguntarse ¿cuándo me tocará a mí entrar en las estadísticas? ¿será mi asesinato merecedor de una investigación? ¿mi expediente quedará rezagado en los despachos del Ministerio Público o en alguno de los juzgados, entre otros miles de papeles polvorientos y olvidados?
No es simple conjetura, es la verdad real y concreta para muchos hombres y mujeres cuya muerte violenta pasó inadvertida en los medios de comunicación porque no era relevante, porque las páginas ya no pueden destinar tanto espacio a la tragedia, porque la rutina dejó de ser noticia.
Mientras tanto y a pesar de que la capacidad del Ministerio Público se ha visto afectada por un presupuesto extremadamente limitado para reducir el déficit en su capacidad de investigación, la burocracia ha obligado a la institución a pagar más de Q5 millones en los últimos 18 meses en salarios a trabajadores que fueron despedidos por distintos motivos, la mayoría por negligencia en su desempeño.
Las decisiones políticas van en sentido contrario a toda lógica. Se contraponen no solo al más elemental sentido común –como la de engavetar la ley anticorrupción en un país altamente vulnerable a ese flagelo- sino además constituyen un atentado contra la estabilidad democrática, al privar a la población de recursos esenciales para combatir al crimen y garantizar un nivel de seguridad básico a la ciudadanía.
No parece inminente que el país recobre algún nivel de estabilidad gracias a la prórroga del mandato de la Cicig. De hecho, esa entidad no ha cambiado significativamente el cuadro de inseguridad nacional y las organizaciones criminales no han visto reducido su poder de maniobra durante los últimos años. Lo que se requiere, más que una intervención de la ONU en ese ámbito de la política interna, es un auténtico compromiso de nación para dirigir los esfuerzos de manera coordinada y estricta hacia el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, cuya esencia es el desarrollo social con sentido humano.
Es una realidad que las nuevas generaciones son las más afectadas por la violencia y eso requiere planteamientos mucho más radicales en políticas públicas destinadas a educación, salud, vivienda y alimentación. Hasta entonces, el país deberá conformarse con el dudoso éxito de vivir una semana sin homicidios en la capital, afirmación que a decir verdad, también parece esconder un subregistro.
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sábado, 8 de septiembre de 2012
viernes, 7 de septiembre de 2012
Corrupción es...
El beneficio personal parece ser la máxima prioridad.
La ley anticorrupción no pasa. Para quienes condicionan el destino de 14 millones de seres humanos desde los despachos oficiales, la transparencia en el manejo del gasto público es una amenaza, por limitar su libertad para enriquecerse con esos fondos. Pero no hay por qué preocuparse, ya que entrampar la ley es un juego de niños gracias a la indiferencia de la ciudadanía ante los manejos y componendas de sus legisladores y demás integrantes de la rosca del poder.
Da asco ver cómo se reparten el botín por medio de concesiones, privilegios y contratos de todo tipo. Pero es más repugnante aun observar el descaro de políticos y empresarios quienes, en total complicidad, hacen del erario una fuente de enriquecimiento, delito no tipificado porque no les conviene. El sector privado maneja parte de la agenda y sus socios políticos se encargan del resto. La ciudadanía no tiene voz ni voto en este expolio de los bienes nacionales, ejecutado a la vista de todos.
Mientras tanto, la niñez de Guatemala sobrevive –cuando tiene suerte- en el más profundo de los abismos. No hay dinero para escuelas ni centros de salud, mucho menos para alimentación. Pero se celebran foros internacionales en hoteles de lujo, en donde se reunen los burócratas de la región para discutir estrategias que no se realizan, soluciones que nunca van a prosperar y a gastar en viáticos, honorarios, cenas y alojamientos de lujo el dinero que hubiera servido para paliar las necesidades básicas de toda una comunidad.
En esta fiesta de la irresponsabilidad humana están todos involucrados. Desde los organismos internacionales hasta la última de las alcaldías. Resulta ofensiva la manera cómo se escatiman a la población necesitada los recursos básicos de sobrevivencia para destinarlos a gastos de operación superfluos, contratos con empresas fantasma, plazas de trabajo inventadas para favorecer a los amigos y proyectos con intenciones proselitistas. Adicionalmente están los fondos que jamás sirvieron para nada por falta de capacidad de ejecución de las autoridades locales.
Las necesidades de la población se han ido reduciendo progresivamente con el correr de los años y con la profundización del abandono. Ahora la niñez guatemalteca se conforma con no ser violentamente abusada, cuando antes esperaba como mínimo tener acceso a una buena escuela con maestros preparados, alimentación suficiente para cubrir todas sus necesidades nutricionales, vestuario decente y oportunidades de juego y esparcimiento.
En lo referente a la juventud, las cosas han ido mucho más lejos. Sin institutos vocacionales que les permitan acceder a una capacitación adecuada para garantizarse un futuro productivo, vagan por las calles exponiéndose a toda clase de peligros y buscando la manera de sobrevivir. Muchos de ellos terminan siendo reclutados por las organizaciones criminales a cambio de protección y medios de vida.
Lo que hace falta para corregir esta realidad no es un misterio. Faltan conciencia social, responsabilidad política y el carácter suficiente para poner orden en este caos.
Da asco ver cómo se reparten el botín por medio de concesiones, privilegios y contratos de todo tipo. Pero es más repugnante aun observar el descaro de políticos y empresarios quienes, en total complicidad, hacen del erario una fuente de enriquecimiento, delito no tipificado porque no les conviene. El sector privado maneja parte de la agenda y sus socios políticos se encargan del resto. La ciudadanía no tiene voz ni voto en este expolio de los bienes nacionales, ejecutado a la vista de todos.
Mientras tanto, la niñez de Guatemala sobrevive –cuando tiene suerte- en el más profundo de los abismos. No hay dinero para escuelas ni centros de salud, mucho menos para alimentación. Pero se celebran foros internacionales en hoteles de lujo, en donde se reunen los burócratas de la región para discutir estrategias que no se realizan, soluciones que nunca van a prosperar y a gastar en viáticos, honorarios, cenas y alojamientos de lujo el dinero que hubiera servido para paliar las necesidades básicas de toda una comunidad.
En esta fiesta de la irresponsabilidad humana están todos involucrados. Desde los organismos internacionales hasta la última de las alcaldías. Resulta ofensiva la manera cómo se escatiman a la población necesitada los recursos básicos de sobrevivencia para destinarlos a gastos de operación superfluos, contratos con empresas fantasma, plazas de trabajo inventadas para favorecer a los amigos y proyectos con intenciones proselitistas. Adicionalmente están los fondos que jamás sirvieron para nada por falta de capacidad de ejecución de las autoridades locales.
Las necesidades de la población se han ido reduciendo progresivamente con el correr de los años y con la profundización del abandono. Ahora la niñez guatemalteca se conforma con no ser violentamente abusada, cuando antes esperaba como mínimo tener acceso a una buena escuela con maestros preparados, alimentación suficiente para cubrir todas sus necesidades nutricionales, vestuario decente y oportunidades de juego y esparcimiento.
En lo referente a la juventud, las cosas han ido mucho más lejos. Sin institutos vocacionales que les permitan acceder a una capacitación adecuada para garantizarse un futuro productivo, vagan por las calles exponiéndose a toda clase de peligros y buscando la manera de sobrevivir. Muchos de ellos terminan siendo reclutados por las organizaciones criminales a cambio de protección y medios de vida.
Lo que hace falta para corregir esta realidad no es un misterio. Faltan conciencia social, responsabilidad política y el carácter suficiente para poner orden en este caos.
domingo, 31 de julio de 2011
¿Cómo decía? Impuni...¿qué?
Publicado el 23/07/2011
La experiencia de los ciudadanos es más determinante que la sensibilidad de los jueces.
Los jueces cometieron un error de cálculo al reaccionar con el hígado a los señalamientos del titular de la Cicig respecto de la corrupción en el sistema de justicia, una de las principales causas del debilitamiento del estado de Derecho en Guatemala.
Dall’Anese no tuvo que mover ni un dedo para recibir una avalancha de muestras de respaldo. En este escabroso tema, no solo las organizaciones civiles, también los ciudadanos comunes tienen suficientes evidencias de vicios y actos anómalos en los procesos como para unir su voz en la demanda de depuración del organismo judicial.
La trascendencia de los casos que se ventilan en los tribunales, entre los cuales están algunos de los de mayor impacto, amerita un tratamiento serio de las dudas generales respecto de la imparcialidad de las sentencias y la honorabilidad de los funcionarios a cargo. Para nadie es un secreto la manera como se conducen algunos profesionales del Derecho cuando acuden a la torre de tribunales: se quitan el Rolex y lo introducen en el bolsillo para no arriesgarse a perderlo o, en el mejor de los casos, para usarlo en la negociación de ciertos privilegios. Y no es un tema oculto sino, aún peor, es motivo de broma entre colegas.
En este escenario, es evidente que quienes ejercen su profesión de manera recta y dentro del marco de la ley, están en enorme desventaja. Y lo mismo aplica a jueces cuyo comportamiento es transparente y apegado a las normas jurídicas, por encontrarse rodeados de una cadena de actos irregulares que desvirtúan su propio actuar. Por lo tanto, no se trata de despotricar contra los señalamientos de un funcionario internacional cuyo mandato es, precisamente, desarticular los mecanismos de la impunidad, sino sumarse a los esfuerzos por acabar con este estado de cosas y consolidar el imperio de la ley.
En las condiciones actuales de impunidad –recuerden, señores jueces, que se eleva a más del 85 por ciento de los casos- es muy fácil señalar a otros. Pero ese es el camino más directo hacia el estancamiento y la pérdida de terreno frente a organizaciones criminales muy eficaces en el trabajo de socavar los cimientos de la Nación.
Si lo que necesita esta joven democracia es reforzar su estado de Derecho, el primer paso es depurar el sistema de administración de justicia en todas sus instancias. Para ello, no se trata solamente de revisar expedientes y señalar a determinados jueces, sino también reestructurar a la Policía Nacional Civil, capacitar y dar apoyo logístico a los fiscales del Ministerio Público y de ese modo facilitar la impartición de justicia sobre bases más sólidas. Las expresiones destempladas y las demostraciones de honor mancillado están, en este contexto, completamente demás.
La experiencia de los ciudadanos es más determinante que la sensibilidad de los jueces.
Los jueces cometieron un error de cálculo al reaccionar con el hígado a los señalamientos del titular de la Cicig respecto de la corrupción en el sistema de justicia, una de las principales causas del debilitamiento del estado de Derecho en Guatemala.
Dall’Anese no tuvo que mover ni un dedo para recibir una avalancha de muestras de respaldo. En este escabroso tema, no solo las organizaciones civiles, también los ciudadanos comunes tienen suficientes evidencias de vicios y actos anómalos en los procesos como para unir su voz en la demanda de depuración del organismo judicial.
La trascendencia de los casos que se ventilan en los tribunales, entre los cuales están algunos de los de mayor impacto, amerita un tratamiento serio de las dudas generales respecto de la imparcialidad de las sentencias y la honorabilidad de los funcionarios a cargo. Para nadie es un secreto la manera como se conducen algunos profesionales del Derecho cuando acuden a la torre de tribunales: se quitan el Rolex y lo introducen en el bolsillo para no arriesgarse a perderlo o, en el mejor de los casos, para usarlo en la negociación de ciertos privilegios. Y no es un tema oculto sino, aún peor, es motivo de broma entre colegas.
En este escenario, es evidente que quienes ejercen su profesión de manera recta y dentro del marco de la ley, están en enorme desventaja. Y lo mismo aplica a jueces cuyo comportamiento es transparente y apegado a las normas jurídicas, por encontrarse rodeados de una cadena de actos irregulares que desvirtúan su propio actuar. Por lo tanto, no se trata de despotricar contra los señalamientos de un funcionario internacional cuyo mandato es, precisamente, desarticular los mecanismos de la impunidad, sino sumarse a los esfuerzos por acabar con este estado de cosas y consolidar el imperio de la ley.
En las condiciones actuales de impunidad –recuerden, señores jueces, que se eleva a más del 85 por ciento de los casos- es muy fácil señalar a otros. Pero ese es el camino más directo hacia el estancamiento y la pérdida de terreno frente a organizaciones criminales muy eficaces en el trabajo de socavar los cimientos de la Nación.
Si lo que necesita esta joven democracia es reforzar su estado de Derecho, el primer paso es depurar el sistema de administración de justicia en todas sus instancias. Para ello, no se trata solamente de revisar expedientes y señalar a determinados jueces, sino también reestructurar a la Policía Nacional Civil, capacitar y dar apoyo logístico a los fiscales del Ministerio Público y de ese modo facilitar la impartición de justicia sobre bases más sólidas. Las expresiones destempladas y las demostraciones de honor mancillado están, en este contexto, completamente demás.
lunes, 18 de julio de 2011
Justicia sin fronteras
Publicado el 18/07/2011
El temor de juzgar en Guatemala casos de alto impacto es una realidad justificada.
Las dudas expresadas por el titular de la Cicig respecto de las limitaciones del sistema de administración de justicia para juzgar a Carlos Vielmann y garantizar su seguridad no deberían extrañar a nadie, dadas sus evidentes debilidades.
Guatemala, sin embargo, no es una excepción. Todos los países en donde se consolidan círculos de poder cuya fuerza es capaz de torcer cualquier fortaleza institucional, están en enorme desventaja a la hora de imponer justicia o de hacer respetar las leyes. No digamos cuando se trata de sentar un precedente histórico al hacer valer la soberanía de la ley sobre una persona influyente y poderosa como el ex ministro de Gobernación o, en el caso de Portillo, sobre un ex presidente de la República.
Guatemala ha estado desde hace varios años en el vértice de la ola en temas como la corrupción, la falta de transparencia, el abuso de poder y la violencia institucionalizada, tanto desde las organizaciones criminales como desde el interior del Estado. Por lo tanto, la posibilidad de que sus instituciones del sector justicia puedan hacer valer la ley de una manera imparcial es muy relativa y provoca serios cuestionamientos.
El presidente del organismo judicial, por lo tanto, está en una posición muy difícil tratando de justificar la decisión de la jueza Carol Patricia Flores de solicitar a España la extradición de Carlos Vielmann, en un contexto de dudas sobre la pertinencia de esa decisión. Por un lado, descalificar a sus jueces sería como confesar que no hace bien su trabajo y, por otro, quien le hace estos señalamientos es un organismo internacional cuyo desempeño ha sido controversial y no siempre bien visto por los funcionarios locales.
Sin embargo, la jefa del Ministerio Público no opina igual. Para la doctora Paz y Paz la extradición de Vielmann es inconveniente por no existir en el país las condiciones que garanticen la integridad física y el acceso a la justicia para el acusado, debido a la existencia de cuerpos clandestinos y aparatos de seguridad, una realidad que ni siquiera el presidente de la CSJ puede poner en duda.
La situación es extremadamente compleja, pero para la opinión pública probablemente resulta evidente que los argumentos de los titulares del MP y la Cicig son válidos. Porque, ¿quién podría asegurar el hecho de que la decisión de la jueza Flores no es más un acto reivindicativo de la autoridad que una promesa de justicia? En el fondo, ningún operador de justicia en Guatemala puede presumir de transparencia, porque lo que está dañado hasta sus cimientos es el sistema mismo.
En resumen, quizás la intervención de una corte internacional sea el recurso más adecuado y el menos oneroso mientras en Guatemala se logran desarticular los mecanismos que impiden la impartición de justicia con integridad y transparencia.
domingo, 17 de julio de 2011
Un violento despertar
Publicado el 11/07/2011
El asesinato de Facundo Cabral fue el suceso de violencia que colmó el vaso.
Guatemala está pasando por un momento crucial de su vida democrática. Experimenta el ataque sistemático de grupos criminales con alto poder de fuego, sofisticados sistemas de información y poseedores de todo el dinero necesario para comprar voluntades y conciencias en cualquier instancia y en cualquier momento. A esto se añade un evento electoral plagado de crímenes, acusaciones y dudas sobre la integridad de quienes pelean el privilegio de llevar las riendas del país durante los próximos cuatro años.
El inconcebible asesinato de Cabral nos puso en los titulares del mundo entero desde tempranas horas de la mañana del sábado con un hecho de sangre más, esta vez en contra de un cantautor amable y carismático, pacífico como el que más, amante de la paz, de la vida y del amor.
Es muy triste que el crimen contra el artista argentino constituya uno más de los innumerables hechos de sangre que a diario se cometen en las calles y carreteras de Guatemala contra personas inocentes. Para ser víctimas, basta con el simple acto de subirse a un bus del transporte colectivo, transitar en su vehículo particular o poseer un teléfono celular. O, simplemente, estar en el lugar equivocado.
En la última semana, la ciudadanía se ha visto enfrentada a una cadena de acontecimientos que, a pesar de su obligado acostumbramiento a la violencia, la han dejado perpleja. Entre ellos, la captura del candidato a alcalde por San José Pinula, quien ha sido acusado del asesinato de dos de sus contendientes en la carrera por la vara edilicia y quien probablemente es responsable de otros atentados contra candidatos de ese municipio.
Luego, el ataque a balazos del guardaespaldas de la hija de Otto Pérez Molina contra un policía municipal de Tránsito desarmado, dejándolo gravemente herido y al borde de la muerte, así como una serie de secuestros y asesinatos que jalonan a diario las páginas de los periódicos y los noticiarios en radio y televisión.
No es preciso apuntar que esta es una de las campañas electorales más sangrientas de los últimos 20 años, tanto en el ámbito político como en la vida común de la ciudadanía. La mediocridad de la administración de Álvaro Colom se revela en toda su dimensión en este momento crucial para el país, con un escenario de caos y anarquía como hacía años no se había visto. Ante este panorama, no resulta extraño que algunos candidatos cuya bandera de lucha es la inseguridad, aprovechen la ocasión para demostrar a los electores la necesidad de un gobierno de mano dura. Lo que Guatemala necesita es otra cosa: volver a su cauce democrático. Para ello, el involucramiento de la sociedad es fundamental y el momento no es ahora. El “momento” ha sido siempre.
El asesinato de Facundo Cabral fue el suceso de violencia que colmó el vaso.
Guatemala está pasando por un momento crucial de su vida democrática. Experimenta el ataque sistemático de grupos criminales con alto poder de fuego, sofisticados sistemas de información y poseedores de todo el dinero necesario para comprar voluntades y conciencias en cualquier instancia y en cualquier momento. A esto se añade un evento electoral plagado de crímenes, acusaciones y dudas sobre la integridad de quienes pelean el privilegio de llevar las riendas del país durante los próximos cuatro años.
El inconcebible asesinato de Cabral nos puso en los titulares del mundo entero desde tempranas horas de la mañana del sábado con un hecho de sangre más, esta vez en contra de un cantautor amable y carismático, pacífico como el que más, amante de la paz, de la vida y del amor.
Es muy triste que el crimen contra el artista argentino constituya uno más de los innumerables hechos de sangre que a diario se cometen en las calles y carreteras de Guatemala contra personas inocentes. Para ser víctimas, basta con el simple acto de subirse a un bus del transporte colectivo, transitar en su vehículo particular o poseer un teléfono celular. O, simplemente, estar en el lugar equivocado.
En la última semana, la ciudadanía se ha visto enfrentada a una cadena de acontecimientos que, a pesar de su obligado acostumbramiento a la violencia, la han dejado perpleja. Entre ellos, la captura del candidato a alcalde por San José Pinula, quien ha sido acusado del asesinato de dos de sus contendientes en la carrera por la vara edilicia y quien probablemente es responsable de otros atentados contra candidatos de ese municipio.
Luego, el ataque a balazos del guardaespaldas de la hija de Otto Pérez Molina contra un policía municipal de Tránsito desarmado, dejándolo gravemente herido y al borde de la muerte, así como una serie de secuestros y asesinatos que jalonan a diario las páginas de los periódicos y los noticiarios en radio y televisión.
No es preciso apuntar que esta es una de las campañas electorales más sangrientas de los últimos 20 años, tanto en el ámbito político como en la vida común de la ciudadanía. La mediocridad de la administración de Álvaro Colom se revela en toda su dimensión en este momento crucial para el país, con un escenario de caos y anarquía como hacía años no se había visto. Ante este panorama, no resulta extraño que algunos candidatos cuya bandera de lucha es la inseguridad, aprovechen la ocasión para demostrar a los electores la necesidad de un gobierno de mano dura. Lo que Guatemala necesita es otra cosa: volver a su cauce democrático. Para ello, el involucramiento de la sociedad es fundamental y el momento no es ahora. El “momento” ha sido siempre.
La seguridad empieza en casa
Publicado el 09/07/2011
Es de suponer que si el policía de la PMT atacado por un guardaespaldas de la hija de Otto Pérez Molina logra sobrevivir, la acusación será intento de asesinato y las autoridades seguirán el caso hasta sus últimas consecuencias. Este hecho tan desfavorable e inoportuno para la campaña del candidato de la mano dura coloca nuevamente en el tapete el tema de la seguridad privada, la cual en Guatemala ya tiene antecedentes nefastos de abuso y violaciones a la ley por parte de los integrantes de estos grupos armados.
Es importante recordar que las empresas dedicadas a proporcionar servicios de seguridad han sido integradas, en su mayoría, por elementos que pertenecieron al Ejército Nacional y fueron desmovilizados después de la Firma de la Paz. Estas personas no solo tienen entrenamiento en lucha contrainsurgente, sino muchos de ellos pasaron por la escuela de kaibiles, altamente especializada para el combate en situaciones extremas, pero no para tratar con la sociedad civil.
El suceso que involucra a un elemento de seguridad de la hija del candidato se ha transformado muy rápidamente en una ola de descalificación por ser éste, precisamente, el político más identificado con las medidas represivas practicadas durante su pasado castrense y las promesas de mano dura que jalonan toda su campaña proselitista.
Sin embargo, los demás candidatos –especialmente Arzú- harían bien en cuidarse de lanzar acusaciones, porque todos ellos circulan por las calles de la ciudad y por el país rodeados de individuos tanto o más violentos que Luis Corado, el energúmeno que le disparó a un policía de tránsito obviamente desarmado.
Ejemplos de abuso de los elementos de seguridad privada de empresarios, narcotraficantes, políticos y funcionarios hay de sobra. Lo que se debería discutir de inmediato no es si Pérez Molina es co responsable del hecho, sino cómo prevenir y evitar que sucesos así se repitan a diario por la prepotencia de quienes adoptan como propios los aires de poder de sus patrones.
Guatemala no necesita más sangre inocente y esta campaña ya la ha derramado en abundancia. Lo correcto, en estos momentos, sería un acuerdo serio, con iniciativa de ley incluida, que regule de una vez por todas a las empresas de seguridad que, en lugar de ceñirse a los límites que marcan la ley y los derechos humanos, arrasan con ellos con la certeza de gozar de impunidad gracias a la influencia de quienes los contratan.
Esta iniciativa debería surgir de quienes hoy, en una carrera frenética por el poder, solo han demostrado mediocridad, falta de liderazgo y una insaciable sed de poder. Q así convenzan a una ciudadanía hastiada de que existe alguna esperanza de rehabilitación política para este sufrido país.
Abramos los ojos
Publicado el 27/06/2011
La primera noticia del día es un nuevo asesinato. Esta vez, relacionado con una familia que conozco, hijo de una amiga lejana pero querida, alguien que de algún modo toca más de cerca –mucho más- que las estadísticas a las cuales ya estamos habituados y que nos golpean a diario.
Esta es una guerra de todos. La población se ha visto inmersa en una conflagración injusta por innecesaria, absurda por ajena. Y sigue avanzando en esta extraña realidad a pesar de la amenaza que se cierne sobre todos y cada uno de los seres humanos que pueblan este país.
Las cifras solo mienten cuando son manipuladas por intereses particulares. Pero los números de la muerte en Guatemala raramente exageran y muestran en su enorme dimensión la anarquía reinante y la incapacidad de las autoridades para mantener el orden y garantizar el respeto a la vida.
Es extraño que aun cuando proliferan las denuncias de todas las organizaciones de la sociedad civil y de los organismos internacionales que tienen acceso a la información, el gobierno no parece recibir el mensaje. El pais se desangra a golpes, la niñez está abandonada a su suerte y muere por inanición. La juventud pulula dispersa por falta de oportunidades y de políticas públicas adecuadas para generar procesos de integración. Las personas de la tercera edad sobreviven apenas, pidiendo limosna en las esquinas cuando no están vegetando en un rincón miserable de algún refugio, sin medios para subsistir.
Y los criminales hacen de este escenario la base ideal de sus perversas operaciones.
¿Qué pasa con el Ejecutivo? ¿Dónde está la persona que detenta la máxima autoridad? Después de mucho observar su comportamiento vacilante e inadecuado, se podría colegir que el sillón presidencial está vacío por abandono. Que el equipo de gobierno no tiene dirección definida o simplemente espera a las elecciones para largarse sin responder por sus decisiones o la falta de ellas, listo para evadir la responsabilidad histótica que le toca en esta debacle anunciada hace mucho.
Es preciso tomar distancia y alejarse emocionalmente de la situación para apreciar la realidad. Esa perspectiva muestra lo que todos, en la intimidad de su pensamiento, ya saben. Que la institucionalidad de Guatemala será finalmente desarticulada a menos que se le dé un golpe de timón decisivo y oportuno. Que no se puede esperar a que el crimen organizado corone su triunfo en un evento electoral marcado por intereses espurios y una lucha sorda por el poder político y económico. Que de nada sirven las cumbres de presidentes si no se dice la verdad ni se acepta el compromiso de actuar en consonancia con ella. Que ya basta.
Responsabilidad compartida
Publicado el 25/06/2011
Se pierde el impulso entre demandas de transparencia y rechazo a nuevos impuestos.
El tema vuelve a saltar a la palestra con nuevos bríos, esta vez aderezado con el ingrediente adicional de la amenaza de perder espacios ante la arremetida de los grandes grupos criminales de la región. Aumentar la recaudación fiscal es la demanda reiterada de Estados Unidos y los países cooperantes, no solo con el propósito de incrementar los recursos para combatir al narcotráfico y al crimen organizado, sino para alimentar un sistema eficiente de apoyo a los planes de desarrollo que beneficien a la población más vulnerable.
De lo que se trata es de reducir la deuda de los países de la región, cuyos gobiernos han sido débiles ante la férrea resistencia de los grupos empresariales a tributar de manera más equitativa con el argumento de la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos. De hecho, el argumento continuará siendo sólido mientras no se establezca un control efectivo de la gestión pública por medio de mecanismos eficaces de monitoreo de la inversión y el gasto, así como la posibilidad de fiscalización por parte de la sociedad civil.
El tema del narcotráfico es muy distinto. Los países consumidores nos exigen combatir a los carteles, acabar con la industria de los estupefacientes, destruir las plantaciones de amapola, de cannabis y de coca, destinar gran parte de nuestros recursos en esa lucha desigual mientras ellos mantienen la venta libre de armas y una actitud irresponsablemente permisiva ante el consumo de drogas dentro de sus fronteras.
El escenario regional muestra diferencias significativas entre los distintos países, siendo Guatemala uno de los más afectados por su posición geográfica y su grave debilidad institucional. Es aquí donde se concentra la droga que transita hacia el norte y donde se han establecido las bases de los mayores carteles, favorecidos por una extensa y desprotegida frontera con México, amén de una serie de beneficios adicionales como la falta de radares para el rastreo de vuelos clandestinos, la abundancia de pistas de aterrizaje y la ausencia casi total de fuerzas de seguridad en las regiones estratégicas.
En donde se vinculan los temas de mejor recaudación fiscal y de combate al narcotráfico es en la necesidad urgente de integrar a todas las fuerzas vivas de la nación en una campaña conjunta de recuperación de la soberanía y dignificación de sus instituciones. Para ello se requiere de un gobierno honesto, capaz de convocar a los distintos sectores con una voz única, con el propósito coherente de restaurar el tejido social y consolidar la democracia, condiciones ineludibles para enfrentar el enorme desafío de recuperar el terreno ya perdido por la incapacidad y la falta de voluntad política de las actuales autoridades.
Se pierde el impulso entre demandas de transparencia y rechazo a nuevos impuestos.
El tema vuelve a saltar a la palestra con nuevos bríos, esta vez aderezado con el ingrediente adicional de la amenaza de perder espacios ante la arremetida de los grandes grupos criminales de la región. Aumentar la recaudación fiscal es la demanda reiterada de Estados Unidos y los países cooperantes, no solo con el propósito de incrementar los recursos para combatir al narcotráfico y al crimen organizado, sino para alimentar un sistema eficiente de apoyo a los planes de desarrollo que beneficien a la población más vulnerable.
De lo que se trata es de reducir la deuda de los países de la región, cuyos gobiernos han sido débiles ante la férrea resistencia de los grupos empresariales a tributar de manera más equitativa con el argumento de la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos. De hecho, el argumento continuará siendo sólido mientras no se establezca un control efectivo de la gestión pública por medio de mecanismos eficaces de monitoreo de la inversión y el gasto, así como la posibilidad de fiscalización por parte de la sociedad civil.
El tema del narcotráfico es muy distinto. Los países consumidores nos exigen combatir a los carteles, acabar con la industria de los estupefacientes, destruir las plantaciones de amapola, de cannabis y de coca, destinar gran parte de nuestros recursos en esa lucha desigual mientras ellos mantienen la venta libre de armas y una actitud irresponsablemente permisiva ante el consumo de drogas dentro de sus fronteras.
El escenario regional muestra diferencias significativas entre los distintos países, siendo Guatemala uno de los más afectados por su posición geográfica y su grave debilidad institucional. Es aquí donde se concentra la droga que transita hacia el norte y donde se han establecido las bases de los mayores carteles, favorecidos por una extensa y desprotegida frontera con México, amén de una serie de beneficios adicionales como la falta de radares para el rastreo de vuelos clandestinos, la abundancia de pistas de aterrizaje y la ausencia casi total de fuerzas de seguridad en las regiones estratégicas.
En donde se vinculan los temas de mejor recaudación fiscal y de combate al narcotráfico es en la necesidad urgente de integrar a todas las fuerzas vivas de la nación en una campaña conjunta de recuperación de la soberanía y dignificación de sus instituciones. Para ello se requiere de un gobierno honesto, capaz de convocar a los distintos sectores con una voz única, con el propósito coherente de restaurar el tejido social y consolidar la democracia, condiciones ineludibles para enfrentar el enorme desafío de recuperar el terreno ya perdido por la incapacidad y la falta de voluntad política de las actuales autoridades.
Corrientes ocultas
Publicado el 13/06/2011
El estado de Derecho depende de la fortaleza y estabilidad de las instituciones.
Desde palcos y galerías, lejos de los toros, es fácil emitir opiniones y criticar el desempeño de jueces y fiscales. Pero cuando se escarba un poco en la metodología de los criminales y las consecuencias que provoca cualquier acción contra su impunidad, las cosas cambian.
Guatemala está en guerra, y en una guerra como ésta –ubicua, sucia, solapada- toda la ciudadanía debe mantenerse en constante alerta. Un golpe en la puerta o un automóvil sospechoso son suficiente motivo para que se dispare la adrenalina y se erice la piel. Ningún habitante de este país es inmune ante la violencia, sobre todo desde que el Estado fue desmantelado por políticos oportunistas y carentes de visión de nación, como todos los que se han turnado en la Presidencia de la República para hacerse ricos ¡por fin! o más ricos de lo que ya eran.
Desde nuestras tribunas hemos criticado hasta la saciedad el desempeño de los servidores públicos en las áreas de seguridad y justicia. Sin embargo, no se hace suficiente presión sobre el Ejecutivo y sobre el Congreso para detener el derroche de recursos en estrategias de beneficio personal o partidista. Hoy vemos con repugnancia la prodigalidad de la UNE en su campaña proselitista, decorada con elementos pagados con los impuestos del pueblo y premunida de regalos sacados mágicamente del presupuesto de la Nación.
Como si esto no fuera suficiente evidencia de corrupción, están las patéticas imágenes del hospital general San Juan de Dios en donde a diario mueren las personas que no tienen otro centro de salud al cual acudir. ¿Dónde están las investigaciones y auditorías para establecer responsabilidades en el mal manejo de los recursos? ¿Hasta dónde llegan los hilos de la corrupción en la adjudicación de contratos?
El Ministerio Público denunció el recorte presupuestario que le quitó una tajada de 300 millones de quetzales a principios de este año. Con las carencias actuales, esa entidad es impotente para proteger a sus fiscales y cubrir todo el territorio nacional, donde la narcoactividad se mueve con entera libertad gracias a sus inagotables recursos económicos.
A esto es imperioso agregar la campaña de desprestigio que algunos sectores de poder han mantenido en contra de la CICIG, una entidad cuya presencia es indispensable para ayudar a desmantelar las fortalezas de impunidad y los cuerpos clandestinos establecidos desde hace algunos años con el entusiasta concurso de algunos ex presidentes. Las corrientes ocultas del tráfico de influencias calan hasta en los más recónditos rincones de la vida nacional. Si no se enfrentan con la voluntad de derrotarlas, Guatemala será muy pronto un narcoestado más, pero un paraíso menos.
El estado de Derecho depende de la fortaleza y estabilidad de las instituciones.
Desde palcos y galerías, lejos de los toros, es fácil emitir opiniones y criticar el desempeño de jueces y fiscales. Pero cuando se escarba un poco en la metodología de los criminales y las consecuencias que provoca cualquier acción contra su impunidad, las cosas cambian.
Guatemala está en guerra, y en una guerra como ésta –ubicua, sucia, solapada- toda la ciudadanía debe mantenerse en constante alerta. Un golpe en la puerta o un automóvil sospechoso son suficiente motivo para que se dispare la adrenalina y se erice la piel. Ningún habitante de este país es inmune ante la violencia, sobre todo desde que el Estado fue desmantelado por políticos oportunistas y carentes de visión de nación, como todos los que se han turnado en la Presidencia de la República para hacerse ricos ¡por fin! o más ricos de lo que ya eran.
Desde nuestras tribunas hemos criticado hasta la saciedad el desempeño de los servidores públicos en las áreas de seguridad y justicia. Sin embargo, no se hace suficiente presión sobre el Ejecutivo y sobre el Congreso para detener el derroche de recursos en estrategias de beneficio personal o partidista. Hoy vemos con repugnancia la prodigalidad de la UNE en su campaña proselitista, decorada con elementos pagados con los impuestos del pueblo y premunida de regalos sacados mágicamente del presupuesto de la Nación.
Como si esto no fuera suficiente evidencia de corrupción, están las patéticas imágenes del hospital general San Juan de Dios en donde a diario mueren las personas que no tienen otro centro de salud al cual acudir. ¿Dónde están las investigaciones y auditorías para establecer responsabilidades en el mal manejo de los recursos? ¿Hasta dónde llegan los hilos de la corrupción en la adjudicación de contratos?
El Ministerio Público denunció el recorte presupuestario que le quitó una tajada de 300 millones de quetzales a principios de este año. Con las carencias actuales, esa entidad es impotente para proteger a sus fiscales y cubrir todo el territorio nacional, donde la narcoactividad se mueve con entera libertad gracias a sus inagotables recursos económicos.
A esto es imperioso agregar la campaña de desprestigio que algunos sectores de poder han mantenido en contra de la CICIG, una entidad cuya presencia es indispensable para ayudar a desmantelar las fortalezas de impunidad y los cuerpos clandestinos establecidos desde hace algunos años con el entusiasta concurso de algunos ex presidentes. Las corrientes ocultas del tráfico de influencias calan hasta en los más recónditos rincones de la vida nacional. Si no se enfrentan con la voluntad de derrotarlas, Guatemala será muy pronto un narcoestado más, pero un paraíso menos.
sábado, 21 de mayo de 2011
Esperando a Godot
El señor Presidente espera… pero aun no sabe qué.
El presidente Colom da declaraciones a la prensa y se encarga de que la ciudadanía sepa cuán consciente es de la situación crítica que atraviesa el país. A la pregunta de cajón: ¿y entonces, qué va a hacer? Responde con parsimonia: “esperamos el momento oportuno”.
Es probable que esta frase pase a la historia. También es probable que pasen, junto con la frase, el proceso democrático, el estado de Derecho, la soberanía nacional, la independencia de poderes y todos los sueños de justicia del pueblo de Guatemala. Es difícil establecer si Colom ve la matanza de 27 campesinos inocentes como “el momento oportuno” o si no lo pensó antes de decirlo. En todo caso, nunca se había visto un panorama tan nefasto bajo un gobierno que carece de una política coherente ante el peor embate del crimen organizado en los últimos años.
Aun cuando no es un asunto de broma, esto parece extraído de la famosa obra de Samuel Beckett, uno de los mejores exponentes del teatro del absurdo. Guatemala se ha pasado esperando. Esperó a que terminara una guerra insensata que diezmó a la población más vulnerable. Esperó a que con el fin del conflicto y una nueva Constitución, el país enderezara el rumbo. Esperó a que, con cada cambio de gobierno, se acabara la corrupción. Esperó a que los elegidos cumplieran sus promesas. Y sigue esperando que en el próximo período las cosas mejoren.
Y nada sucede ni sucederá, porque el sistema es el mismo y los protagonistas también. El problema es que ya Guatemala no puede seguir esperando, porque el camino es el equivocado y por allí no vendrán los cambios que el país necesita. Una de las medidas fundamentales para revertir la caída es reestructurar a la PNC, reforzar al Ministerio Público de manera sustancial, respetar la independencia del organismo judicial y de las demás instituciones del Estado y convertir al Ejército en un cuerpo efectivo para el combate del narcotráfico y el resguardo de las fronteras.
Pero también es urgente el combate a la pobreza extrema con políticas de largo plazo que propicien un desarrollo sostenible y una repartición justa de la riqueza. El juego perverso de favorecer a los empresarios que pagan su cuota para financiar las campañas ha transformado a la nación en su feudo, y es imperativo cambiar la ley electoral si es que existe voluntad de dar a la democracia una posibilidad de supervivencia.
Es notable cuán alejado está el mandatario de la realidad del pueblo al cual ha engañado durante estos cuatro años. No parece tener idea del sufrimiento de las familias que pierden a diario a sus integrantes por extorsiones, asaltos a mano armada, venganzas o simplemente la mala suerte de encontrarse en el momento y lugar equivocados. ¿Un acuerdo nacional? No es mala idea, pero entonces urge dejar de esperar.
El presidente Colom da declaraciones a la prensa y se encarga de que la ciudadanía sepa cuán consciente es de la situación crítica que atraviesa el país. A la pregunta de cajón: ¿y entonces, qué va a hacer? Responde con parsimonia: “esperamos el momento oportuno”.
Es probable que esta frase pase a la historia. También es probable que pasen, junto con la frase, el proceso democrático, el estado de Derecho, la soberanía nacional, la independencia de poderes y todos los sueños de justicia del pueblo de Guatemala. Es difícil establecer si Colom ve la matanza de 27 campesinos inocentes como “el momento oportuno” o si no lo pensó antes de decirlo. En todo caso, nunca se había visto un panorama tan nefasto bajo un gobierno que carece de una política coherente ante el peor embate del crimen organizado en los últimos años.
Aun cuando no es un asunto de broma, esto parece extraído de la famosa obra de Samuel Beckett, uno de los mejores exponentes del teatro del absurdo. Guatemala se ha pasado esperando. Esperó a que terminara una guerra insensata que diezmó a la población más vulnerable. Esperó a que con el fin del conflicto y una nueva Constitución, el país enderezara el rumbo. Esperó a que, con cada cambio de gobierno, se acabara la corrupción. Esperó a que los elegidos cumplieran sus promesas. Y sigue esperando que en el próximo período las cosas mejoren.
Y nada sucede ni sucederá, porque el sistema es el mismo y los protagonistas también. El problema es que ya Guatemala no puede seguir esperando, porque el camino es el equivocado y por allí no vendrán los cambios que el país necesita. Una de las medidas fundamentales para revertir la caída es reestructurar a la PNC, reforzar al Ministerio Público de manera sustancial, respetar la independencia del organismo judicial y de las demás instituciones del Estado y convertir al Ejército en un cuerpo efectivo para el combate del narcotráfico y el resguardo de las fronteras.
Pero también es urgente el combate a la pobreza extrema con políticas de largo plazo que propicien un desarrollo sostenible y una repartición justa de la riqueza. El juego perverso de favorecer a los empresarios que pagan su cuota para financiar las campañas ha transformado a la nación en su feudo, y es imperativo cambiar la ley electoral si es que existe voluntad de dar a la democracia una posibilidad de supervivencia.
Es notable cuán alejado está el mandatario de la realidad del pueblo al cual ha engañado durante estos cuatro años. No parece tener idea del sufrimiento de las familias que pierden a diario a sus integrantes por extorsiones, asaltos a mano armada, venganzas o simplemente la mala suerte de encontrarse en el momento y lugar equivocados. ¿Un acuerdo nacional? No es mala idea, pero entonces urge dejar de esperar.
Cuidado con los extremos
Del total anonimato sobre el uso de teléfonos celulares, al control absoluto.
Uno de los aspectos más importantes al proponer el establecimiento de medidas capaces de afectar la información privada de las personas, es quién tendrá acceso a ella. La propuesta de unificar el registro de identificación con la numeración telefónica puede ser muy interesante en países con un estado de Derecho funcional, pero es preciso ser muy cuidadoso en donde no existe una administración pública profesional controlada por un sistema adecuado de servicio civil.
En la actualidad, cada cuatro años se practica un relevo de prácticamente todos los puestos de importancia en la burocracia estatal, los cuales son ocupados bajo la premisa de premiar la fidelidad a las nuevas autoridades, la amistad o el parentesco con el mandatario, la afiliación al partido o la ayuda que se haya prestado durante la campaña. Los méritos y la capacidad técnica y profesional para ocupar una plaza determinada no se cuentan entre los factores de decisión.
Imaginemos que este procedimiento de control de identidad vinculado a la telefonía celular se estableciera en Guatemala, en donde la burocracia y las fuerzas de seguridad –entre las cuales es preciso incluir los cuerpos de investigación encubiertos- están tachonadas de elementos corruptos, muchas veces vinculados con el crimen organizado. ¿Qué garantía tendría cualquier ciudadano de que sus llamadas no fueran escuchadas, de que su ubicación física no estuviera bajo la mirada de algún criminal o sus datos personales no fueran convertidos en capital de intercambio entre pandillas?
Sin duda, esta medida reduciría de manera importante las estadísticas de robo de celulares. Sin embargo, podría incrementar significativamente el de extorsiones, precisamente por la vulnerabilidad a la cual se sometería a toda la población. Las redes criminales, al no ser ajenas al aparato burocrático -y eso lo saben muy bien los representantes en el Congreso de la República- cada día afianzan más su poder . Por lo tanto, proponer que se legisle sobre el tema y el nuevo sistema se imponga a nivel nacional debe ser precedido por acuciosos estudios que justifiquen el cambio y garanticen su transparencia.
Para controlar en parte el problema de los asaltos y el robo de celulares hay medidas mucho más accesibles y menos onerosas, como exigir a las compañías de telecomunicaciones que no se active ningún aparato cuya procedencia sea dudosa. Estas compañías transnacionales controlan el servicio estratégico por excelencia –las comunicaciones- y eso las obliga a privilegiar la seguridad del país en donde operan por encima de sus cuantiosos beneficios económicos, acumulados gracias a sus muy bien negociados privilegios.
Uno de los aspectos más importantes al proponer el establecimiento de medidas capaces de afectar la información privada de las personas, es quién tendrá acceso a ella. La propuesta de unificar el registro de identificación con la numeración telefónica puede ser muy interesante en países con un estado de Derecho funcional, pero es preciso ser muy cuidadoso en donde no existe una administración pública profesional controlada por un sistema adecuado de servicio civil.
En la actualidad, cada cuatro años se practica un relevo de prácticamente todos los puestos de importancia en la burocracia estatal, los cuales son ocupados bajo la premisa de premiar la fidelidad a las nuevas autoridades, la amistad o el parentesco con el mandatario, la afiliación al partido o la ayuda que se haya prestado durante la campaña. Los méritos y la capacidad técnica y profesional para ocupar una plaza determinada no se cuentan entre los factores de decisión.
Imaginemos que este procedimiento de control de identidad vinculado a la telefonía celular se estableciera en Guatemala, en donde la burocracia y las fuerzas de seguridad –entre las cuales es preciso incluir los cuerpos de investigación encubiertos- están tachonadas de elementos corruptos, muchas veces vinculados con el crimen organizado. ¿Qué garantía tendría cualquier ciudadano de que sus llamadas no fueran escuchadas, de que su ubicación física no estuviera bajo la mirada de algún criminal o sus datos personales no fueran convertidos en capital de intercambio entre pandillas?
Sin duda, esta medida reduciría de manera importante las estadísticas de robo de celulares. Sin embargo, podría incrementar significativamente el de extorsiones, precisamente por la vulnerabilidad a la cual se sometería a toda la población. Las redes criminales, al no ser ajenas al aparato burocrático -y eso lo saben muy bien los representantes en el Congreso de la República- cada día afianzan más su poder . Por lo tanto, proponer que se legisle sobre el tema y el nuevo sistema se imponga a nivel nacional debe ser precedido por acuciosos estudios que justifiquen el cambio y garanticen su transparencia.
Para controlar en parte el problema de los asaltos y el robo de celulares hay medidas mucho más accesibles y menos onerosas, como exigir a las compañías de telecomunicaciones que no se active ningún aparato cuya procedencia sea dudosa. Estas compañías transnacionales controlan el servicio estratégico por excelencia –las comunicaciones- y eso las obliga a privilegiar la seguridad del país en donde operan por encima de sus cuantiosos beneficios económicos, acumulados gracias a sus muy bien negociados privilegios.
lunes, 2 de mayo de 2011
Libertad de prensa
La libertad de prensa no puede existir donde no se respetan los derechos humanos.
A los teóricos les encanta presumir de la existencia de un ambiente de libertad de prensa, basados en la idea de que Guatemala es, de hecho, un estado democrático. La teoría, sin embargo, es una cosa y la realidad del ejercicio periodístico otra muy distinta, si se toman en cuenta las diversas formas de amedrentamiento que se ejercen en contra de quienes hacen de la divulgación y análisis de la información una forma de vida.
El acto simbólico de la firma de la paz en 1996 no significó el fin de los enfrentamientos entre distintos sectores de la sociedad guatemalteca. En la práctica, la guerra entre guerrilla y Ejército –o, como lo definen otros, entre guerrilla y Estado- evolucionó hacia otras formas de conflicto, transformándose en un escenario caracterizado por la violencia criminal, la corrupción y el abandono de políticas públicas orientadas al desarrollo social, económico y cultural del país.
En este contexto, la libertad de prensa no podía expandir sus alas como lo hubiera hecho de haberse establecido un verdadero estado de Derecho, garante del respeto a la integridad y exento de amenazas y actos de intimidación contra el periodismo de investigación y denuncia.
Es innegable que los periodistas en Guatemala, así como en la mayoría de países latinoamericanos y de otras partes del mundo, continúan practicando un cierto nivel de autocensura. Por un lado, respondiendo al instinto de supervivencia que les conmina a moderar sus palabras y la información que entregan al público, y por otro lado cediendo a presiones de sectores de influencia cuya amenaza contra la libertad de expresión es tan sutil como poderosa.
Se podría afirmar, entonces, que la libertad es un mito. El ejercicio de expresar el pensamiento de manera libre y sin censura topa siempre con el límite de lo conveniente. Pocos son –medios de comunicación, periodistas o analistas- quienes traspasan esos límites y arriesgan todo por una verdad personal no siempre compartida. Al final, esos raros ejemplares se convierten en ejemplo de irreverencia y audacia en sociedades particularmente pacatas y conservadoras.
No obstante estas limitaciones contra la libertad de prensa, este es uno de los derechos humanos más relevantes, fundamental en la construcción de una democracia real y efectiva. Sin libertad de prensa ejercida en su plenitud tampoco se puede hablar de un estado de Derecho o de una sociedad que goza de sus garantías constitucionales.
Por ello es tan importante seguir tras su conquista por medio de un ejercicio periodístico responsable, orientado a cumplir con su misión de informar de manera independiente, con rigor y veracidad, pues de la prensa depende en gran medida el avance de la sociedad en la consolidación de sus instituciones democráticas.
A los teóricos les encanta presumir de la existencia de un ambiente de libertad de prensa, basados en la idea de que Guatemala es, de hecho, un estado democrático. La teoría, sin embargo, es una cosa y la realidad del ejercicio periodístico otra muy distinta, si se toman en cuenta las diversas formas de amedrentamiento que se ejercen en contra de quienes hacen de la divulgación y análisis de la información una forma de vida.
El acto simbólico de la firma de la paz en 1996 no significó el fin de los enfrentamientos entre distintos sectores de la sociedad guatemalteca. En la práctica, la guerra entre guerrilla y Ejército –o, como lo definen otros, entre guerrilla y Estado- evolucionó hacia otras formas de conflicto, transformándose en un escenario caracterizado por la violencia criminal, la corrupción y el abandono de políticas públicas orientadas al desarrollo social, económico y cultural del país.
En este contexto, la libertad de prensa no podía expandir sus alas como lo hubiera hecho de haberse establecido un verdadero estado de Derecho, garante del respeto a la integridad y exento de amenazas y actos de intimidación contra el periodismo de investigación y denuncia.
Es innegable que los periodistas en Guatemala, así como en la mayoría de países latinoamericanos y de otras partes del mundo, continúan practicando un cierto nivel de autocensura. Por un lado, respondiendo al instinto de supervivencia que les conmina a moderar sus palabras y la información que entregan al público, y por otro lado cediendo a presiones de sectores de influencia cuya amenaza contra la libertad de expresión es tan sutil como poderosa.
Se podría afirmar, entonces, que la libertad es un mito. El ejercicio de expresar el pensamiento de manera libre y sin censura topa siempre con el límite de lo conveniente. Pocos son –medios de comunicación, periodistas o analistas- quienes traspasan esos límites y arriesgan todo por una verdad personal no siempre compartida. Al final, esos raros ejemplares se convierten en ejemplo de irreverencia y audacia en sociedades particularmente pacatas y conservadoras.
No obstante estas limitaciones contra la libertad de prensa, este es uno de los derechos humanos más relevantes, fundamental en la construcción de una democracia real y efectiva. Sin libertad de prensa ejercida en su plenitud tampoco se puede hablar de un estado de Derecho o de una sociedad que goza de sus garantías constitucionales.
Por ello es tan importante seguir tras su conquista por medio de un ejercicio periodístico responsable, orientado a cumplir con su misión de informar de manera independiente, con rigor y veracidad, pues de la prensa depende en gran medida el avance de la sociedad en la consolidación de sus instituciones democráticas.
domingo, 1 de mayo de 2011
Guerra interna
No se puede hablar de la “época de la guerra interna” como si hubiera terminado.
La guerra está instalada. En nuestras calles y en los caminos del interior. Instalada en los buses atestados de trabajadores cansados, tanto como en las escuelas y universidades. En los hogares y en los ranchos destartalados donde reciben clases los niños de cualquier comunidad perdida.
La guerra, de acuerdo con algunas definiciones libres, es la forma de conflicto más grave entre dos o más grupos humanos. Por lo tanto, se podría afirmar que al existir un enfrentamiento entre la sociedad civil -conformada por una ciudadanía apegada a las leyes y responsable por el desarrollo social y económico de su país- y grupos criminales con gran poder de fuego y fuerte influencia en altos estratos políticos y empresariales, existe de hecho un conflicto bélico declarado.
La sociedad guatemalteca está indefensa ante este empoderamiento radical del crimen organizado en sus más elevados círculos. De acuerdo con el Mapa de Conflictividad 2011 divulgado por el Procurador de los Derechos Humanos, solo en 2010 se produjeron 5,347 casos de muertes por violencia, de las cuales 4,582 fueron por arma de fuego. En esta cifra están incluidas 42 muertes por linchamiento; 143 pilotos de autobuses, 52 ayudantes, 69 pasajeros, un guardia de seguridad y 11 presuntos delincuentes. Pero también están las atroces cifras del femicidio: alrededor de 700 mujeres asesinadas durante el año, un promedio de dos diarias.
El estado de guerra no se refleja únicamente en muertes por violencia física. También está la violencia ejercida desde el Estado en la toma de decisiones que afectan gravemente a la población en sus derechos fundamentales, como el acceso a la salud, a la educación, a la tierra, a la alimentación, a los servicios básicos y a la vivienda. En este sentido, la violencia se manifiesta en la negación de la dignidad de los habitantes más pobres del país a quienes se les reduce a ser actores de campañas de proselitismo desde el propio Estado mediante acciones paternalistas de asistencia en lugar de ser beneficiados con programas de desarrollo de largo plazo.
En otro orden de cosas, el cuadro de situación de guerra también incluye la absoluta falta de control en la tenencia de armas de grueso calibre en manos de niños y adolescentes pertenecientes a maras, clicas y otras organizaciones criminales, combinado esto con la distribución y el tránsito de drogas en todo el territorio nacional. Estos grupos, vinculados con otros de mayor envergadura y con nexos internacionales, conforman un retrato de la violencia y la anarquía nunca antes visto en Guatemala.
En un Estado en guerra, una de las características es la pérdida de control territorial. Esta situación ya se vive en varios departamentos del país, en donde grupos armados dominan y ejercen un poder casi ilimitado. La guerra interna, señores, no ha terminado.
La guerra está instalada. En nuestras calles y en los caminos del interior. Instalada en los buses atestados de trabajadores cansados, tanto como en las escuelas y universidades. En los hogares y en los ranchos destartalados donde reciben clases los niños de cualquier comunidad perdida.
La guerra, de acuerdo con algunas definiciones libres, es la forma de conflicto más grave entre dos o más grupos humanos. Por lo tanto, se podría afirmar que al existir un enfrentamiento entre la sociedad civil -conformada por una ciudadanía apegada a las leyes y responsable por el desarrollo social y económico de su país- y grupos criminales con gran poder de fuego y fuerte influencia en altos estratos políticos y empresariales, existe de hecho un conflicto bélico declarado.
La sociedad guatemalteca está indefensa ante este empoderamiento radical del crimen organizado en sus más elevados círculos. De acuerdo con el Mapa de Conflictividad 2011 divulgado por el Procurador de los Derechos Humanos, solo en 2010 se produjeron 5,347 casos de muertes por violencia, de las cuales 4,582 fueron por arma de fuego. En esta cifra están incluidas 42 muertes por linchamiento; 143 pilotos de autobuses, 52 ayudantes, 69 pasajeros, un guardia de seguridad y 11 presuntos delincuentes. Pero también están las atroces cifras del femicidio: alrededor de 700 mujeres asesinadas durante el año, un promedio de dos diarias.
El estado de guerra no se refleja únicamente en muertes por violencia física. También está la violencia ejercida desde el Estado en la toma de decisiones que afectan gravemente a la población en sus derechos fundamentales, como el acceso a la salud, a la educación, a la tierra, a la alimentación, a los servicios básicos y a la vivienda. En este sentido, la violencia se manifiesta en la negación de la dignidad de los habitantes más pobres del país a quienes se les reduce a ser actores de campañas de proselitismo desde el propio Estado mediante acciones paternalistas de asistencia en lugar de ser beneficiados con programas de desarrollo de largo plazo.
En otro orden de cosas, el cuadro de situación de guerra también incluye la absoluta falta de control en la tenencia de armas de grueso calibre en manos de niños y adolescentes pertenecientes a maras, clicas y otras organizaciones criminales, combinado esto con la distribución y el tránsito de drogas en todo el territorio nacional. Estos grupos, vinculados con otros de mayor envergadura y con nexos internacionales, conforman un retrato de la violencia y la anarquía nunca antes visto en Guatemala.
En un Estado en guerra, una de las características es la pérdida de control territorial. Esta situación ya se vive en varios departamentos del país, en donde grupos armados dominan y ejercen un poder casi ilimitado. La guerra interna, señores, no ha terminado.
domingo, 17 de abril de 2011
El crimen como industria
Es difícil cuantificar los volúmenes de dinero que se mueven alrededor del crimen.
Una buena porción de la economía nacional ha de estar subordinada a las redes organizadas del crimen. Esto, no solo con relación al dinero blanqueado por medio de la construcción y compraventa de inmuebles, adquisición de joyas de alto valor, piezas de arte, vehículos y toda clase de bienes suntuarios, sino también por medio del tráfico de armas de alto poder y, según investigaciones recientes, del pingüe negocio del alquiler de armamento a bajo costo, lo cual promueve el incremento de la demanda.
Guatemala ha cambiado y también lo ha hecho su escala de valores, pero entre las transformaciones más evidentes está la de su segmentación social con el advenimiento de nuevas fortunas acumuladas alrededor de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la trata de personas –incluidas en este grupo las adopciones irregulares- el contrabando, las extorsiones y otras menos agresivas pero igualmente ilegales como la venta libre y abierta de copias pirata de películas, música y programas de informática.
Hoy los nuevos ricos son, por lo general, hombres jóvenes que apenas rebasan la treintena y quienes de pronto aparecen luciendo aperos de millonario. En un país con un nivel mínimo de controles fiscales, esto no sería posible al detectarse con facilidad las irregularidades en movimientos bancarios inusuales, carencia de registros contables, transferencias misteriosas desde el extranjero y muchos otros indicios de que las cosas no han ido por el camino correcto.
El impacto de este dinero que entra y sale en cantidades astronómicas ha de provocar algún trastorno en el sistema bancario y, en general, en la economía del país como un todo. Sin embargo, no se habla del tema y aún más, parece que se omitiera deliberadamente entrar en esa clase de detalles, probablemente porque en un sistema institucionalmente débil resulta muy fácil que se contaminen todos los componentes. Es decir, resulta pertinente especular que esos millones de dólares de los grupos criminales pasan a través de entidades legítimas en su proceso de lavado, porque ese es justamente el procedimiento a seguir.
La cuestión es tan compleja que no parece posible encontrarle una respuesta concreta, pero sí despierta muchas interrogantes. Por ejemplo, ¿será posible retornar al país a un estado de legalidad en el futuro mediato? ¿Cual será el costo social de un intento de esa naturaleza y cuánto tiempo podría llevar? ¿Hasta dónde influye en esta permeabilización de la economía la falta de controles en otros países, por ejemplo, aquellos que reciben gustosamente el dinero de las actividades ilegales?
No existe almuerzo gratis, dicen por ahí y es cierto. Esta ausencia de controles fiscales cuando se trata de grandes fortunas, está cavando un gran agujero en una economía que fue una de las más sólidas de la región. ¿Quién se atreverá a poner ese cascabel?
09.04.2011
Una buena porción de la economía nacional ha de estar subordinada a las redes organizadas del crimen. Esto, no solo con relación al dinero blanqueado por medio de la construcción y compraventa de inmuebles, adquisición de joyas de alto valor, piezas de arte, vehículos y toda clase de bienes suntuarios, sino también por medio del tráfico de armas de alto poder y, según investigaciones recientes, del pingüe negocio del alquiler de armamento a bajo costo, lo cual promueve el incremento de la demanda.
Guatemala ha cambiado y también lo ha hecho su escala de valores, pero entre las transformaciones más evidentes está la de su segmentación social con el advenimiento de nuevas fortunas acumuladas alrededor de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la trata de personas –incluidas en este grupo las adopciones irregulares- el contrabando, las extorsiones y otras menos agresivas pero igualmente ilegales como la venta libre y abierta de copias pirata de películas, música y programas de informática.
Hoy los nuevos ricos son, por lo general, hombres jóvenes que apenas rebasan la treintena y quienes de pronto aparecen luciendo aperos de millonario. En un país con un nivel mínimo de controles fiscales, esto no sería posible al detectarse con facilidad las irregularidades en movimientos bancarios inusuales, carencia de registros contables, transferencias misteriosas desde el extranjero y muchos otros indicios de que las cosas no han ido por el camino correcto.
El impacto de este dinero que entra y sale en cantidades astronómicas ha de provocar algún trastorno en el sistema bancario y, en general, en la economía del país como un todo. Sin embargo, no se habla del tema y aún más, parece que se omitiera deliberadamente entrar en esa clase de detalles, probablemente porque en un sistema institucionalmente débil resulta muy fácil que se contaminen todos los componentes. Es decir, resulta pertinente especular que esos millones de dólares de los grupos criminales pasan a través de entidades legítimas en su proceso de lavado, porque ese es justamente el procedimiento a seguir.
La cuestión es tan compleja que no parece posible encontrarle una respuesta concreta, pero sí despierta muchas interrogantes. Por ejemplo, ¿será posible retornar al país a un estado de legalidad en el futuro mediato? ¿Cual será el costo social de un intento de esa naturaleza y cuánto tiempo podría llevar? ¿Hasta dónde influye en esta permeabilización de la economía la falta de controles en otros países, por ejemplo, aquellos que reciben gustosamente el dinero de las actividades ilegales?
No existe almuerzo gratis, dicen por ahí y es cierto. Esta ausencia de controles fiscales cuando se trata de grandes fortunas, está cavando un gran agujero en una economía que fue una de las más sólidas de la región. ¿Quién se atreverá a poner ese cascabel?
09.04.2011
La reina del ajedrez
Muchos se preguntan por qué el gobierno no logra controlar la inseguridad.
Entre las estrategias políticas, la inseguridad ciudadana es la reina del ajedrez. Constituye la pieza clave en el control de los vaivenes de la noticia y sirve muy eficientemente para enfocar la atención de la ciudadanía lejos de aquellas acciones verdaderamente peligrosas para la supervivencia de la democracia. Treta perversa, sí, pero absolutamente ligada a toda política orientada a manipular las riendas del poder.
No es sorprendente, entonces, que Guatemala continúe inmersa en una guerra interna y en esa lucha siga perdiendo vidas valiosas, con una abundancia sólo comparable a la de un conflicto armado. Hay que reconocer que las artimañas del crimen organizado resultan burdas y evidentes si se las observa desde una perspectiva real. Su dominio de los centros carcelarios y de las fronteras no es justificable para un Estado cuyos recursos tecnológicos y humanos le permitirían aplicar candados y evitar muchas de las acciones delictivas emanadas desde esos lugares.
Lo mismo se puede deducir de la falta de voluntad de los legisladores para controlar la actitud permisiva y negligente del Ejecutivo en estos temas, aun teniendo en sus manos los mecanismos para corregir sus deficiencias. Esto permite colegir la existencia de un pacto de silencio, un acuerdo bajo la mesa para dejar hacer y dejar pasar los horrores de la delincuencia hasta que la ciudadanía clame por una dictadura militar o una tiranía civil, hasta que se someta a un estado de sitio con tal de acabar con la pesadilla actual.
En medio de ese caldo de tiburones, la población se siente impotente y no sabe hacia dónde orientar sus preferencias electorales, uno de los pocos recursos de participación que le dejan las tácticas malévolas de sus líderes políticos. En esta ruta está todavía por verse cómo se va a desarrollar la campaña en los meses que faltan para los comicios y cuántos ciudadanos perderán la vida como chivos expiatorios de esta cruenta batalla.
La propaganda gubernamental intenta convencer a la ciudadanía de sus esfuerzos por erradicar el crimen y la violencia, pero la propaganda altera la verdad en el acto mismo de formularla y su contenido es siempre contradictorio con la realidad. Por lo cual, mientras el discurso oficial dice una cosa, en las calles y en los hogares se vive otra y el desencanto y la frustración aumentan de manera sostenida.
Ya no hay excusa para la inacción de las autoridades en el tema de seguridad. Si tanto es el poder de los carteles mexicanos de la droga infiltrados en el país, y tanta la astucia de los funcionarios vinculados con las mafias, entonces es imperativo organizar un frente de resistencia capaz de retomar el control de la nación en todos sus ámbitos, empezando por una verdadera toma de conciencia entre los representantes de la población en el Congreso de la República.
04.04.2011
Entre las estrategias políticas, la inseguridad ciudadana es la reina del ajedrez. Constituye la pieza clave en el control de los vaivenes de la noticia y sirve muy eficientemente para enfocar la atención de la ciudadanía lejos de aquellas acciones verdaderamente peligrosas para la supervivencia de la democracia. Treta perversa, sí, pero absolutamente ligada a toda política orientada a manipular las riendas del poder.
No es sorprendente, entonces, que Guatemala continúe inmersa en una guerra interna y en esa lucha siga perdiendo vidas valiosas, con una abundancia sólo comparable a la de un conflicto armado. Hay que reconocer que las artimañas del crimen organizado resultan burdas y evidentes si se las observa desde una perspectiva real. Su dominio de los centros carcelarios y de las fronteras no es justificable para un Estado cuyos recursos tecnológicos y humanos le permitirían aplicar candados y evitar muchas de las acciones delictivas emanadas desde esos lugares.
Lo mismo se puede deducir de la falta de voluntad de los legisladores para controlar la actitud permisiva y negligente del Ejecutivo en estos temas, aun teniendo en sus manos los mecanismos para corregir sus deficiencias. Esto permite colegir la existencia de un pacto de silencio, un acuerdo bajo la mesa para dejar hacer y dejar pasar los horrores de la delincuencia hasta que la ciudadanía clame por una dictadura militar o una tiranía civil, hasta que se someta a un estado de sitio con tal de acabar con la pesadilla actual.
En medio de ese caldo de tiburones, la población se siente impotente y no sabe hacia dónde orientar sus preferencias electorales, uno de los pocos recursos de participación que le dejan las tácticas malévolas de sus líderes políticos. En esta ruta está todavía por verse cómo se va a desarrollar la campaña en los meses que faltan para los comicios y cuántos ciudadanos perderán la vida como chivos expiatorios de esta cruenta batalla.
La propaganda gubernamental intenta convencer a la ciudadanía de sus esfuerzos por erradicar el crimen y la violencia, pero la propaganda altera la verdad en el acto mismo de formularla y su contenido es siempre contradictorio con la realidad. Por lo cual, mientras el discurso oficial dice una cosa, en las calles y en los hogares se vive otra y el desencanto y la frustración aumentan de manera sostenida.
Ya no hay excusa para la inacción de las autoridades en el tema de seguridad. Si tanto es el poder de los carteles mexicanos de la droga infiltrados en el país, y tanta la astucia de los funcionarios vinculados con las mafias, entonces es imperativo organizar un frente de resistencia capaz de retomar el control de la nación en todos sus ámbitos, empezando por una verdadera toma de conciencia entre los representantes de la población en el Congreso de la República.
04.04.2011
¿Qué pasa en el Polochic?
No es misterio que la población pobre y campesina es la última prioridad.
Mientras todos hablan de moral y familia, en el Valle del Polochic se gesta otro capítulo de la larga conflictividad agraria, demostrando de manera irrefutable el predominio de los intereses políticos y económicos de la cúpula empresarial por sobre cualquiera otra consideración de carácter social o humano.
Los desalojos de la población indígena y campesina recientemente realizados con uso masivo de las fuerzas combinadas y hombres armados al servicio de los finqueros, constituyen un episodio más de una saga cuyo origen se remonta a la época de la Conquista, con énfasis en las operaciones de despojo y esclavización de indígenas en tiempos de la Colonia y un renacimiento de sus tácticas –triste paradoja- en este período de gobiernos democráticos.
Resulta ocioso argüir que a los auténticos dueños los han despojado de sus tierras, porque la manera como se concentra la propiedad y los trucos utilizados por los latifundistas para ampiar sus enormes territorios han sido abundantemente estudiados. Aquí el problema toral reside en la profunda diferencia entre victimarios y víctimas, entre ricos y pobres, entre quienes pueden pagar por hacer desaparecer evidencias y quienes no tienen cómo resguardarlas.
Esta población marginada y empobrecida –el campesinado prácticamente en todo el territorio nacional- no sólo carece de los recursos para defender sus derechos, también es acosada por un sistema feudal apoyado con entusiasmo por gobiernos democráticamente electos que buscan asegurarse un lugar en los círculos de poder económico, para lo cual deben trabajar a favor de sus verdaderos patronos.
Lo que vuelve todo el panorama muy confuso es la manipulación ideológica que se hace del problema de la tierra y la conflictividad derivada de las profundas inequidades en el reparto de los recursos naturales. Ha sido muy fácil para los apóstoles del libre mercado regresar al discurso de la Guerra Fría impuesto durante decenios, mediante el cual se insistió en la descalificación de cualquier organización, movimiento o iniciativa tendente a defender los derechos sociales y humanos de la población. Junto con la satanización de cualquier acto de justicia se instauró un sistema de defensa territorial al cual se han plegado entusiastamente los gobiernos de turno, dándole una base de legalidad.
El problema es mucho más grave de lo que se trasluce a través de los medios y de la escasa información proveniente de las autoridades. El conflicto de tierras es un drama ancestral en aumento que ningún gobierno ha tenido el valor de abordar, ni siquiera el actual mandatario pese a sus proclamados vínculos con el sector indígena.
Mientras todos hablan de moral y familia, en el Valle del Polochic se gesta otro capítulo de la larga conflictividad agraria, demostrando de manera irrefutable el predominio de los intereses políticos y económicos de la cúpula empresarial por sobre cualquiera otra consideración de carácter social o humano.
Los desalojos de la población indígena y campesina recientemente realizados con uso masivo de las fuerzas combinadas y hombres armados al servicio de los finqueros, constituyen un episodio más de una saga cuyo origen se remonta a la época de la Conquista, con énfasis en las operaciones de despojo y esclavización de indígenas en tiempos de la Colonia y un renacimiento de sus tácticas –triste paradoja- en este período de gobiernos democráticos.
Resulta ocioso argüir que a los auténticos dueños los han despojado de sus tierras, porque la manera como se concentra la propiedad y los trucos utilizados por los latifundistas para ampiar sus enormes territorios han sido abundantemente estudiados. Aquí el problema toral reside en la profunda diferencia entre victimarios y víctimas, entre ricos y pobres, entre quienes pueden pagar por hacer desaparecer evidencias y quienes no tienen cómo resguardarlas.
Esta población marginada y empobrecida –el campesinado prácticamente en todo el territorio nacional- no sólo carece de los recursos para defender sus derechos, también es acosada por un sistema feudal apoyado con entusiasmo por gobiernos democráticamente electos que buscan asegurarse un lugar en los círculos de poder económico, para lo cual deben trabajar a favor de sus verdaderos patronos.
Lo que vuelve todo el panorama muy confuso es la manipulación ideológica que se hace del problema de la tierra y la conflictividad derivada de las profundas inequidades en el reparto de los recursos naturales. Ha sido muy fácil para los apóstoles del libre mercado regresar al discurso de la Guerra Fría impuesto durante decenios, mediante el cual se insistió en la descalificación de cualquier organización, movimiento o iniciativa tendente a defender los derechos sociales y humanos de la población. Junto con la satanización de cualquier acto de justicia se instauró un sistema de defensa territorial al cual se han plegado entusiastamente los gobiernos de turno, dándole una base de legalidad.
El problema es mucho más grave de lo que se trasluce a través de los medios y de la escasa información proveniente de las autoridades. El conflicto de tierras es un drama ancestral en aumento que ningún gobierno ha tenido el valor de abordar, ni siquiera el actual mandatario pese a sus proclamados vínculos con el sector indígena.
26.03.2011
Maternidad infantil
En lugar de muñecas tienen bebés de verdad, pero en su vida el juego ya no tiene cabida.
Los registros del sistema de salud y de algunas organizaciones no gubernamentales como el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, la Asociación Guatemalteca de Mujeres Médicas y el Fondo de Población de Naciones Unidas, muestran que en Guatemala se producen partos en niñas a partir de los 10 años. Para que eso sea posible, han debido quedar embarazadas a los nueve, cuando deben estudiar, jugar y desarrollarse en un ambiente seguro de amor y protección.
Esto hace suponer que si las niñas menstruaran antes, habría presencia de embarazos desde cualquier momento de su infancia, dado que para el abuso sexual no hay edad límite y estas criaturas lo sufren prácticamente desde el momento de su nacimiento. Semejante realidad, por cruda que parezca, es cada vez más obvia desde que existen campañas para visibilizar el problema.
En Guatemala, como en otros países, la cultura patriarcal considera una hazaña la violación sexual e instituye el maltrato intrafamiliar como un derecho masculino adquirido por tradición. Estas aberraciones forman parte del entorno cotidiano y tanto la sociedad como sus instituciones han sido cómplices al rehusarse a combatir estos crímenes pretendiendo ignorar sus alcances y, por ende, minimizando sus consecuencias.
A tal punto llega la tolerancia al abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes que incluso se culpa a las propias víctimas, en un vicioso círculo de manipulación de evidencias que termina eximiendo a los verdaderos perpetradores. Para explicar con mayor claridad la dimensión del problema, baste decir que una de cada 3 niñas inicia su vida sexual de manera traumática siendo violentada, la mayoría de las veces, por algún pariente cercano –muchas veces su propio padre- o un amigo de la familia.
Si se considera que apenas el 40 por ciento de los partos son atendidos en hospitales o centros de salud, a estas cifras habría que sumarles el amplio universo de casos no registrados, especialmente en el interior del país.
Las instituciones que trabajan sobre el objetivo de erradicar estas siniestras manifestaciones “culturales” y combatir la discriminación y el abuso contra niños, niñas y adolescentes, se encuentran muchas veces enfrentadas a un muro de silencio en los círculos de poder, por un pacto tácito entre políticos cuya vida personal es, probablemente, reflejo de la misma patología.
La niñez es el período formativo fundamental del ser humano. Una niña violada es destruida para siempre. Su cuerpo, al igual que su psiquis y su vida futura, quedan marcados por esa agresión salvaje que nada ni nadie puede reparar.
12.03.2011
Los registros del sistema de salud y de algunas organizaciones no gubernamentales como el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, la Asociación Guatemalteca de Mujeres Médicas y el Fondo de Población de Naciones Unidas, muestran que en Guatemala se producen partos en niñas a partir de los 10 años. Para que eso sea posible, han debido quedar embarazadas a los nueve, cuando deben estudiar, jugar y desarrollarse en un ambiente seguro de amor y protección.
Esto hace suponer que si las niñas menstruaran antes, habría presencia de embarazos desde cualquier momento de su infancia, dado que para el abuso sexual no hay edad límite y estas criaturas lo sufren prácticamente desde el momento de su nacimiento. Semejante realidad, por cruda que parezca, es cada vez más obvia desde que existen campañas para visibilizar el problema.
En Guatemala, como en otros países, la cultura patriarcal considera una hazaña la violación sexual e instituye el maltrato intrafamiliar como un derecho masculino adquirido por tradición. Estas aberraciones forman parte del entorno cotidiano y tanto la sociedad como sus instituciones han sido cómplices al rehusarse a combatir estos crímenes pretendiendo ignorar sus alcances y, por ende, minimizando sus consecuencias.
A tal punto llega la tolerancia al abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes que incluso se culpa a las propias víctimas, en un vicioso círculo de manipulación de evidencias que termina eximiendo a los verdaderos perpetradores. Para explicar con mayor claridad la dimensión del problema, baste decir que una de cada 3 niñas inicia su vida sexual de manera traumática siendo violentada, la mayoría de las veces, por algún pariente cercano –muchas veces su propio padre- o un amigo de la familia.
Si se considera que apenas el 40 por ciento de los partos son atendidos en hospitales o centros de salud, a estas cifras habría que sumarles el amplio universo de casos no registrados, especialmente en el interior del país.
Las instituciones que trabajan sobre el objetivo de erradicar estas siniestras manifestaciones “culturales” y combatir la discriminación y el abuso contra niños, niñas y adolescentes, se encuentran muchas veces enfrentadas a un muro de silencio en los círculos de poder, por un pacto tácito entre políticos cuya vida personal es, probablemente, reflejo de la misma patología.
La niñez es el período formativo fundamental del ser humano. Una niña violada es destruida para siempre. Su cuerpo, al igual que su psiquis y su vida futura, quedan marcados por esa agresión salvaje que nada ni nadie puede reparar.
12.03.2011
El testigo de cargo
Muchos asesinatos se cometen contra posibles testigos de actos criminales, pero nunca se sabe si queda otro.
Hay una cierta forma de justicia misteriosa e inexplicable. Se revela por medio de actos de excepcional coraje realizados por personas que prefieren arriesgar su vida en aras de lo correcto, de lo que debe ser, antes de permitir el triunfo de la impunidad. Estas rara avis de la especie humana marcan la diferencia entre lo común y lo extraordinario, entre la preeminencia del yo y la difícil elección del nosotros.
En Guatemala han sido las voces no silenciadas de unos pocos testigos de cargo las que han permitido avanzar en el esclarecimiento de casos de alto impacto, en los cuales el involucramiento de redes criminales -infiltradas en círculos de poder aparentemente inexpugnables- representaba una garantía de impunidad. Este punto de ruptura, indetectable a veces y siempre ubicuo, puede encontrarse en el eslabón más débil de la cadena y en algunos casos en personas aparentemente inofensivas.
Sin embargo, el sistema actual de justicia no parece apreciar en toda su dimensión la importancia de proteger a estos elementos cuya existencia constituye una carta de triunfo para la aplicación de la ley de manera pronta y cumplida. El sistema de protección de testigos es uno de los lados más débil en este poliedro formado por los distintos pasos a seguir en la investigación criminal. Los testigos de cargo suelen desaparecer de manera violenta y entonces los casos se caen por falta de evidencias, ante el estupor de una ciudadanía incapaz de comprender tanta ineptitud.
Las fallas del sistema de investigación criminal y administración de justicia son múltiples y graves, pero entre las más perjudiciales está la falta de recursos para la investigación de los casos, la etapa más critica de los procesos. Esta pobreza de medios es provocada en parte por la irresponsabilidad del sector político, el cual ha instrumentalizado a la violencia como recurso de propaganda electoral, usando a la población como carne de cañón en la persecusión de sus propios fines y, en parte, por la actitud pasiva de una ciudadanía incapaz de protestar.
Todo esto hace pensar en el riesgo de que un día los testigos clave se cansen de testificar y su valentía se disipe en una nube de escepticismo al no encontrar eco en quienes deben protegerlos para garantizar su seguridad, ante la amenaza de ser borrados del mapa. En otras palabras, si en Guatemala no se atiende a esta deficiencia de manera urgente, está muy cercana la posibilidad de que la justicia pierda esa palanca irreemplazable de la declaración jurada de quien presenció el crimen, de quien posee documentos incriminatorios, de quien es capaz de jugarse el todo por el todo por la sola satisfacción de ser testigo de un acto de verdadera justicia.
14.02.2011
Hay una cierta forma de justicia misteriosa e inexplicable. Se revela por medio de actos de excepcional coraje realizados por personas que prefieren arriesgar su vida en aras de lo correcto, de lo que debe ser, antes de permitir el triunfo de la impunidad. Estas rara avis de la especie humana marcan la diferencia entre lo común y lo extraordinario, entre la preeminencia del yo y la difícil elección del nosotros.
En Guatemala han sido las voces no silenciadas de unos pocos testigos de cargo las que han permitido avanzar en el esclarecimiento de casos de alto impacto, en los cuales el involucramiento de redes criminales -infiltradas en círculos de poder aparentemente inexpugnables- representaba una garantía de impunidad. Este punto de ruptura, indetectable a veces y siempre ubicuo, puede encontrarse en el eslabón más débil de la cadena y en algunos casos en personas aparentemente inofensivas.
Sin embargo, el sistema actual de justicia no parece apreciar en toda su dimensión la importancia de proteger a estos elementos cuya existencia constituye una carta de triunfo para la aplicación de la ley de manera pronta y cumplida. El sistema de protección de testigos es uno de los lados más débil en este poliedro formado por los distintos pasos a seguir en la investigación criminal. Los testigos de cargo suelen desaparecer de manera violenta y entonces los casos se caen por falta de evidencias, ante el estupor de una ciudadanía incapaz de comprender tanta ineptitud.
Las fallas del sistema de investigación criminal y administración de justicia son múltiples y graves, pero entre las más perjudiciales está la falta de recursos para la investigación de los casos, la etapa más critica de los procesos. Esta pobreza de medios es provocada en parte por la irresponsabilidad del sector político, el cual ha instrumentalizado a la violencia como recurso de propaganda electoral, usando a la población como carne de cañón en la persecusión de sus propios fines y, en parte, por la actitud pasiva de una ciudadanía incapaz de protestar.
Todo esto hace pensar en el riesgo de que un día los testigos clave se cansen de testificar y su valentía se disipe en una nube de escepticismo al no encontrar eco en quienes deben protegerlos para garantizar su seguridad, ante la amenaza de ser borrados del mapa. En otras palabras, si en Guatemala no se atiende a esta deficiencia de manera urgente, está muy cercana la posibilidad de que la justicia pierda esa palanca irreemplazable de la declaración jurada de quien presenció el crimen, de quien posee documentos incriminatorios, de quien es capaz de jugarse el todo por el todo por la sola satisfacción de ser testigo de un acto de verdadera justicia.
14.02.2011
Correlación de fuerzas
No hay que ser un genio para saber que quien tiene el dinero, tiene el poder.
Está bien ser ingenuo, pero no hay que abusar. Pedirle al Ministerio Público que funcione con eficiencia y austeridad cuando le están recortando una tajada de 200 millones en su presupuesto es, peor que una burla, una condena a muerte para miles de guatemaltecos enfrentados a una violencia criminal en escalada ascendente.
La falta de presencia institucional del sector justicia en las regiones en donde el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas son práctica corriente de diversos grupos –algunos vinculados a los carteles internacionales y otros chapines al ciento por ciento- constituye una amenaza a la vida y la integridad de sus habitantes. Sin embargo, los ríos de dinero del Estado fluyen libremente hacia cuentas indetectables a través de contratos dudosos y plazas fantasma.
Mientras esto sucede con el Ministerio Público, el cual apenas tiene presencia nacional con 34 fiscalías mal equipadas y peor protegidas, los recursos para propaganda gubernamental llegan hasta el último de los 333 municipios del país en vallas, repartición de regalos identificados con el logotipo del partido oficial y prebendas especiales para quienes apoyen el continuismo sin hacer preguntas.
Es verdaderamente repugnante la falta de visión del sector político. Aún cuando no hubiera suficientes fondos en las arcas del Estado para erigir un sistema de investigación criminal y una administración de justicia blindados, a prueba de chantajes y corrupción, nadie puede negar que eso sería más que posible con el dinero y los bienes de todo tipo confiscados en los decomisos de droga.
Guatemala es gobernada de manera empírica y orientada hacia el aprovechamiento de la oportunidad de enriquecimiento que brinda una estructura diseñada por políticos venales. No existe siquiera el concepto de visión de país –suficiente prueba hay en el estado de la infraestructura educativa y de salud- y tampoco hay una lista de prioridades en la cual aparezca siquiera el bienestar colectivo. Todo se reduce, como se puede ver en esta sucia campaña electoral anticipada, al beneficio de quien abusa más del caos general.
En estos días, los diputados han demostrado con total desfachatez su falta de conciencia y de patriotismo al usar como palanca de negociación la supervivencia de cientos de enfermos de VIH/sida, negándose a aprobar una donación del Fondo Mundial destinada a la compra de retrovirales y tramientos contra la malaria y la tuberculosis.
Mientras los gatos se pelean los privilegios, las organizaciones criminales aprovechan el descuido y se fortifican, se apoderan de porciones importantes del territorio nacional, trazan sus bien pensadas estrategias para instalarse en gobernaciones y alcaldías, solazándose con la visión de su triunfo fácil y su actuar impune.
Está bien ser ingenuo, pero no hay que abusar. Pedirle al Ministerio Público que funcione con eficiencia y austeridad cuando le están recortando una tajada de 200 millones en su presupuesto es, peor que una burla, una condena a muerte para miles de guatemaltecos enfrentados a una violencia criminal en escalada ascendente.
La falta de presencia institucional del sector justicia en las regiones en donde el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas son práctica corriente de diversos grupos –algunos vinculados a los carteles internacionales y otros chapines al ciento por ciento- constituye una amenaza a la vida y la integridad de sus habitantes. Sin embargo, los ríos de dinero del Estado fluyen libremente hacia cuentas indetectables a través de contratos dudosos y plazas fantasma.
Mientras esto sucede con el Ministerio Público, el cual apenas tiene presencia nacional con 34 fiscalías mal equipadas y peor protegidas, los recursos para propaganda gubernamental llegan hasta el último de los 333 municipios del país en vallas, repartición de regalos identificados con el logotipo del partido oficial y prebendas especiales para quienes apoyen el continuismo sin hacer preguntas.
Es verdaderamente repugnante la falta de visión del sector político. Aún cuando no hubiera suficientes fondos en las arcas del Estado para erigir un sistema de investigación criminal y una administración de justicia blindados, a prueba de chantajes y corrupción, nadie puede negar que eso sería más que posible con el dinero y los bienes de todo tipo confiscados en los decomisos de droga.
Guatemala es gobernada de manera empírica y orientada hacia el aprovechamiento de la oportunidad de enriquecimiento que brinda una estructura diseñada por políticos venales. No existe siquiera el concepto de visión de país –suficiente prueba hay en el estado de la infraestructura educativa y de salud- y tampoco hay una lista de prioridades en la cual aparezca siquiera el bienestar colectivo. Todo se reduce, como se puede ver en esta sucia campaña electoral anticipada, al beneficio de quien abusa más del caos general.
En estos días, los diputados han demostrado con total desfachatez su falta de conciencia y de patriotismo al usar como palanca de negociación la supervivencia de cientos de enfermos de VIH/sida, negándose a aprobar una donación del Fondo Mundial destinada a la compra de retrovirales y tramientos contra la malaria y la tuberculosis.
Mientras los gatos se pelean los privilegios, las organizaciones criminales aprovechan el descuido y se fortifican, se apoderan de porciones importantes del territorio nacional, trazan sus bien pensadas estrategias para instalarse en gobernaciones y alcaldías, solazándose con la visión de su triunfo fácil y su actuar impune.
07.02.2011
Cien millones
La propaganda oficial no tiene lugar entre las prioridades del presupuesto de gastos.
El presidente Colom necesita que le canten alabanzas. Para eso gastó casi 150 millones de quetzales el año pasado y quiere por lo menos 100 para 2011, porque según su secretario de comunicación “tienen la obligación de informar a los guatemaltecos (sic)” sobre cada uno de sus supuestos avances, enfatizando de paso las cualidades de sus potenciales candidatos (o candidatas) a cargos de elección popular.
Ese dinero para alabar al señor Presidente y a su honorable esposa debe ser una parte de los 200 millones que le recortaron al Ministerio Público con respecto al presupuesto del año anterior. Como Guatemala está en jauja y su sistema de investigación y administración de justicia no necesita nada más que el aire de las montañas para funcionar como un reloj suizo, quizás el mandatario haya considerado fútil concederle los fondos requeridos por la Fiscal General para echar a andar las dependencias mínimas necesarias en el interior del país y contratar investigadores para los miles de casos acumulados.
Otro de los sectores que nada en la abundancia es el de la educación, con sus escuelas cinco estrellas en las cuales ni siquiera hay letrinas. Pero ahí tampoco se requiere mayor atención y mucho menos dinero del Estado, porque probablemente los niños y niñas que acuden a ellas ni siquiera terminarán el ciclo escolar. O los hospitales, cuyos magníficos edificios –carentes de mantenimiento, de camas, de personal, de ropa, de medicinas y de servicios básicos- albergan la miseria humana en su máxima expresión. Tampoco ellos merecen esa limosna.
El cacareo de las obras públicas no es necesario. De hecho, es inmoral hacer tanto ruido por un trabajo mal hecho y a medias, porque constituye un engaño a la población que vive de manera precaria esquivando asaltantes, estirando los pocos quetzales con que sobrevive el mes y pagando las consecuencias de la campante corrupción tolerada y consentida por el propio gobierno.
Si todavía les queda algo de sentido común –la decencia es un lujo en los ámbitos políticos- entreguen esos 100 millones para que sean invertidos en algo necesario y, si después de ese acto de generosidad se entusiasman con la idea de trabajar en la solución de alguno de los múltiples problemas graves que enfrenta este país, entonces de una vez tomen la decisión y eliminen esa secretaría de comunicación con todo y secretario para destinar esos fondos a una causa verdaderamente útil.
La propaganda oficial en año de elecciones es, además, una espada de doble filo. Para hacerla creíble se necesitaría de algún súper genio de la creatividad y eso es demasiado caro, por lo cual esos 100 millones van a despilfarrarse en vano.
31.01.2011
El presidente Colom necesita que le canten alabanzas. Para eso gastó casi 150 millones de quetzales el año pasado y quiere por lo menos 100 para 2011, porque según su secretario de comunicación “tienen la obligación de informar a los guatemaltecos (sic)” sobre cada uno de sus supuestos avances, enfatizando de paso las cualidades de sus potenciales candidatos (o candidatas) a cargos de elección popular.
Ese dinero para alabar al señor Presidente y a su honorable esposa debe ser una parte de los 200 millones que le recortaron al Ministerio Público con respecto al presupuesto del año anterior. Como Guatemala está en jauja y su sistema de investigación y administración de justicia no necesita nada más que el aire de las montañas para funcionar como un reloj suizo, quizás el mandatario haya considerado fútil concederle los fondos requeridos por la Fiscal General para echar a andar las dependencias mínimas necesarias en el interior del país y contratar investigadores para los miles de casos acumulados.
Otro de los sectores que nada en la abundancia es el de la educación, con sus escuelas cinco estrellas en las cuales ni siquiera hay letrinas. Pero ahí tampoco se requiere mayor atención y mucho menos dinero del Estado, porque probablemente los niños y niñas que acuden a ellas ni siquiera terminarán el ciclo escolar. O los hospitales, cuyos magníficos edificios –carentes de mantenimiento, de camas, de personal, de ropa, de medicinas y de servicios básicos- albergan la miseria humana en su máxima expresión. Tampoco ellos merecen esa limosna.
El cacareo de las obras públicas no es necesario. De hecho, es inmoral hacer tanto ruido por un trabajo mal hecho y a medias, porque constituye un engaño a la población que vive de manera precaria esquivando asaltantes, estirando los pocos quetzales con que sobrevive el mes y pagando las consecuencias de la campante corrupción tolerada y consentida por el propio gobierno.
Si todavía les queda algo de sentido común –la decencia es un lujo en los ámbitos políticos- entreguen esos 100 millones para que sean invertidos en algo necesario y, si después de ese acto de generosidad se entusiasman con la idea de trabajar en la solución de alguno de los múltiples problemas graves que enfrenta este país, entonces de una vez tomen la decisión y eliminen esa secretaría de comunicación con todo y secretario para destinar esos fondos a una causa verdaderamente útil.
La propaganda oficial en año de elecciones es, además, una espada de doble filo. Para hacerla creíble se necesitaría de algún súper genio de la creatividad y eso es demasiado caro, por lo cual esos 100 millones van a despilfarrarse en vano.
31.01.2011
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