Educación de calidad

Es uno de los sueños de los ciudadanos conscientes. Saben del poder de la educación y quieren eso para su país. De nada servirá la propaganda oficial sobre gratuidad en la educación si no se crean las condiciones para facilitar el acceso a niñas, niños y adolescentes mejor nutridos a escuelas bien equipadas, con maestros capacitados. No importa qué traten de aparentar los gobernantes cada vez que inauguran una obra, la realidad es que sólo cumplen –poco y mal- con su mandato constitucional y no es un arrebato de generosa solidaridad. La propaganda oficial es engañosa y las obras realizadas por un gobierno no son más que la continuación de planes ya iniciados por otros. Claro es que hay excepciones, pero en lo que va del período democrático, esas excepciones por lo general también implican una cadena bien montada de actos de corrupción en la contratación de empresas fantasma, pagos de comisiones y otra serie de irregularidades que convierten a esas obras en una fuente de enriquecimiento ilícito y no en un paso hacia el desarrollo. Cada vez que se aborda el tema de la educación –y esto sucede antes de cada proceso electoral-, la ciudadanía ha sido testigo del estado lamentable en que se encuentra la casi totalidad de la infraestructura educativa del país, pero también de los obstáculos burocráticos ante la posibilidad de una reestructuración y actualización de los programas educativos. En el caso de la infraestructura, es recurrente la imagen de niñas y niños sentados en blocks de cemento, recibiendo clases en pasillos porque las aulas son inhabitables, sin servicios sanitarios y carentes de una alimentación adecuada a sus necesidades nutricionales Es evidente que para proporcionar una educación de calidad se necesita elevar el nivel de los contenidos en el pensum con un programa equivalente de capacitación para maestros, pero también es preciso ir a la base de todo: la precaria calidad de vida de esas niñas y niños, quienes muchas veces están obligados a trabajar al salir de la escuela para contribuir a la economía familiar y carecen de la atención básica que les garantice un desarrollo físico y mental saludable. Si la situación es difícil para la población infantil en los centros urbanos, para quienes viven en aldeas y caseríos es aún peor. En esos casos, el trabajo infantil es prácticamente la norma y la asistencia a la escuela está condicionada al cumplimiento de otras obligaciones, siendo las niñas quienes tienen menos acceso al estudio. Las organizaciones de la sociedad civil tienen el derecho y el deber de exigir al gobierno el incremento sustancial del presupuesto destinado a la educación, uno de los más bajos de la región. Sin embargo, deben demandar también la ejecución correcta de esos fondos, fiscalizar su distribución y generar, de este modo, un cambio sustancial en las condiciones de abandono en las cuales se encuentra la niñez guatemalteca.

El gran fiasco

El Presidente lo dijo: “no fue fuga de información, sino una falla de inteligencia” y probablemente tenía razón. El show fue digno de una cobertura de CNN. Dos helicópteros Chinook y 5 Black Hawk llenos de G.I.Joe armados hasta las cejas, más un nutrido contingente local integrado por elementos del Ejército, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público invadieron con todo su poder las mansiones zacapanecas de los Lorenzana, sólo para constatar que viven como monarcas africanos, rodeados de lujo, guardaespaldas y armas convenientemente registradas de acuerdo a la ley. Pero los hombres buscados por la DEA no estaban en casa. Buenos ciudadanos, habían salido a realizar sus labores diarias como honrados empresarios que son, según se desprende de las declaraciones de uno de ellos, el único que no tiene orden de detención. Así es que a los helicópteros, G.I.Joes, soldados, policías y fiscales no les quedó más que retirarse cabizbajos y avergonzados por su sonado fracaso, lamentándose de haber convocado a la prensa, la cual publicó el fiasco en grandes titulares. Varios días después del intento de captura de estos magnates orientales, uno de los temas que no parece despertar curiosidad es cuál habría sido el epílogo de la historia si la aventura hubiera tenido el éxito esperado. ¿Habrían sido entregados directamente a la DEA para ser juzgados en Estados Unidos? ¿Ya se dio curso a la solicitud de extradición o el trámite simplemente se obvia para garantizar que no se les escapen de las cárceles guatemaltecas? Mientras el gobierno trata de aminorar el golpe a su imagen tratando de justificar este sonado fracaso, surge otro escándalo que también involucra al narcotráfico y a las autoridades, con la desaparición de 300 mil dólares en otra requisa, en la cual estaría involucrado nada menos que el nuevo director de la PNC y/o alguno de sus subalternos. Tampoco olvidemos que está en el aire el tema del hallazgo de un suculento paquete de 590 mil dólares en un automóvil BMW, los que poco después resultaron ser algo así como 1 millón y medio. En conclusión, hay casi un millón de dólares adicionales desaparecidos por arte de magia en los bolsillos de algunos elementos uniformados. Habida cuenta de tan extrañas formas de realizar el trabajo para acabar con las redes del narcotráfico, es dable suponer que esas organizaciones no sólo se afanan en la decoración rococó de sus mansiones, sino también tienen la habilidad y la inteligencia para prever cualquier amenaza en su contra, aceitando de manera constante y generosa los mecanismos de seguridad del Estado y de administración de justicia. Por lo tanto, hay que coincidir con el mandatario guatemalteco en que aquí hubo una seria falla de inteligencia. De otro modo, Guatemala no estaría en la situación actual.

Agenda noticiosa

Es preciso insistir en la calidad institucional de los medios de comunicación, su responsabilidad social y su papel en la democracia. Recuerdo una antigua campaña publicitaria del directorio telefónico que decía “si no estás en nuestras páginas, es porque no existes”. Lo mismo sucede con los acontecimientos que afectan la vida de la sociedad. Si no se ventilan a través de los medios, es como si nunca hubieran sucedido y entonces, al pasar inadvertidos para las mayorías, quedan en la total oscuridad. Así era la vida durante las crueles dictaduras militares. Como la prensa estaba controlada por medio de atentados, asesinatos, secuestros y amenazas, las masacres y otros actos de barbarie, al no ser publicados y a veces ni siquiera investigados, eran desconocidos por el grueso de la población y de esa forma muchas personas llegaban a convencerse de que vivían en un paraíso de seguridad. Aquella ignorancia, que en esos tiempos de represión tenía alguna justificación, en época de democracia no tiene ninguna. La libertad de prensa es un derecho y un deber: el derecho de la ciudadanía a ser informada y el deber de la prensa de informar. Es evidente que cada medio tiene su propia agenda noticiosa. Unos dan más espacio que otros a determinados temas y seleccionan de una manera particular sus prioridades. Sin embargo, existen ciertos tópicos a los cuales les ha costado décadas llegar a ocupar un espacio en esa agenda. Por ejemplo, los temas de género y los conflictos sociales –en especial cuando se trata de la tenencia de tierras o la defensa de las áreas protegidas- han recorrido mucho camino para ser tomados en cuenta como parte del entorno político y social de Guatemala y aún no logran su lugar entre las prioridades. Debemos ser curiosos y exigir más de esos medios que tienen la obligación de informarnos. Guatemala no es sólo una capital repleta de centros comerciales y cafés boutique. Es mucho más que eso, es un territorio poblado por seres humanos cuyas carencias o logros sólo llaman la atención periodística cuando hay asesinatos, linchamientos o accidentes mortales. La prensa es uno de los pilares fundamentales de la democracia precisamente por su poder de denunciar, de poner a disposición de todos la información a la cual no tienen acceso; tiene esa virtud de acercar a las distintas comunidades para conectarlas y generar, de ese modo, un cierto espíritu de conjunto. La increíble segmentación de este país, cuyos habitantes llevan más de 500 años lidiando con una identidad dividida en una sociedad que difícilmente reconoce sus hermandades históricas, ha sido uno de los mayores obstáculos para salir del subdesarrollo. En este aspecto, el papel de un periodismo responsable e incluyente es crucial y puede marcar una enorme diferencia para el futuro del país.

Ciudadanía plena

La ciudadanía se ejerce no sólo con acciones puntuales como elección de autoridades, también es una forma de vida y participación social. En estos días se ha debatido ampliamente el tema de la elección de integrantes para las Comisiones de Postulación, pero podría apostar a que muy pocos ciudadanos comprenden a fondo cuáles son las implicaciones de este hecho y, menos aún, quienes se interesan por conocer todos los detalles. Esta apatía colectiva tiene su origen en el elevado nivel de escepticismo que priva en la sociedad cuando se menciona cualquier proceso político-institucional. Y no es para menos si el proceso involucra al sector justicia, uno de los más señalados por corrupción y falta de profesionalismo dentro de las estructuras de gobierno. Con esto volvemos al tema de la necesidad de impulsar una total reingeniería de la función pública, tal y como sugiere el Informe Barómetro, presentado por el Plan Regional para fortalecimiento y profesionalización de los servicios civiles y función pública en Centro América y República Dominicana. Este informe deja en evidencia las deficiencias de todos los países de la región en sus estructuras burocráticas, con excepción de Costa Rica, y señala los progresos alcanzados por República Dominicana gracias a la aprobación de una nueva ley que regula esta materia. Las precarias condiciones en las cuales funciona el sector justicia, por lo tanto, son otra de las consecuencias de un pobre concepto de la importancia de contar con un sistema estricto y bien diseñado de elección de funcionarios para todas las posiciones del escalafón, cuya oportunidad de hacer carrera esté garantizada por la calidad de su trabajo y la solidez de sus valores como factores clave de su estabilidad laboral, y no estén sujetos a la amenaza del clientelismo y la politización de los cuadros administrativos. Este punto, vital para construir un verdadero estado de Derecho capaz de sostener el proceso democrático, también es mencionado por el doctor José Antonio Martín, de la Comisión Internacional de Juristas. En otros aspectos, el experto también insiste en la importancia de involucrar a la ciudadanía como ente activo en los procesos de administración de justicia, remarcando que “un abogado que pretenda que no debe rendir cuentas frente a la sociedad, (…) está un poco desorientado dentro de la democracia”. En suma, tanto la profesionalización de la función pública como el involucramiento activo de la sociedad en la fiscalización de los procesos que garanticen la transparencia de esta función, constituyen ejes fundamentales para la recuperación de la credibilidad en las instituciones del Estado.

El costo del abandono

Existe la peligrosa tendencia a menospreciar la importancia de la función pública en el desarrollo del país. Ha sido un trabajo de relojería. Preciso hasta en el menor de los detalles, con una perfecta sincronía con el devenir político. Me refiero a la cuidadosa estrategia de los gobiernos del periodo democrático, los cuales -sin excepción- han logrado desmantelar el complejo engranaje de la burocracia estatal para convertirla en un recurso de uso personal en el pago de deudas políticas, para ubicar a personas de confianza en puestos clave con miras a encubrir actos de corrupción y, en algunos casos recientes, simplemente con la intención de debilitarla como mecanismo de consolidación del poder económico en el sector privado. Las consecuencias de estas tácticas, no obstante su enorme incidencia en la calidad de vida de la población, han sido casi ignoradas por los medios de comunicación y la sociedad civil organizada. El estado lamentable en el cual se encuentra la estructura burocrática del Estado y el enorme desafío que implica reconstruir el tejido funcional del servicio civil para que sea capaz de dar soporte a las políticas públicas de manera eficaz y eficiente, constituye uno de los grandes obstáculos en el desarrollo nacional. Esto no es pura teoría. Basta imaginar un Estado sólido, con instituciones administradas por funcionarios de carrera, cuya estabilidad laboral no dependa de la pertenencia a un partido político ni de la amistad con un funcionario electo. Es decir, un sistema burocrático diseñado y construído para servir de vínculo entre el gobierno y la ciudadanía, y no para transformarse en una herramienta que ampare toda clase de abusos de poder, tal como es actualmente. El desprestigio que rodea a la imagen de los funcionarios estatales no es necesariamente parte de la naturaleza de la función pública. Ha sido el resultado de décadas de abandono de la compleja ingeniería del sistema, del uso inmoderado de la discrecionalidad en la elección de empleados para puestos de responsabilidad, la falta de planes de capacitación y profesionalización que permitan ir avanzando en la calidad del servicio a la sociedad en todas las dependencias públicas, pero sobre todo del silencio que ha rodeado a este sector en cuyas manos se encuentra una buena parte de los recursos que hacen posible el avance de los planes de desarrollo y la correcta aplicación de las políticas públicas. Hay que poner más atención a las estrategias perversas de debilitamiento del aparato estatal. No hay que creer en las supuestas ventajas de una reducción del Estado. En el mundo no existe país desarrollado sin un Estado fuerte, bien estructurado y capaz de hacer respetar los límites marcados por la ley a los derechos y obligaciones de cada uno de los sectores que componen el tejido político, social y productivo de una Nación.

Un país inhóspito

La fragilidad del ser humano lo expone constantemente a la pérdida de sus capacidades físicas o intelectuales. En el proceso de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes, sobresale la carencia absoluta de información y experimentación respecto a las limitaciones físicas o intelectuales a las cuales todos estamos expuestos. No digamos la injustificable ausencia de facilidades para personas discapacitadas en la infraestructura de los centros urbanos con sus colonias residenciales, condominios, edificios públicos y privados, calles y transporte público diseñados y construídos de tal manera, que en ellos una persona con problemas de movilidad o incapacidad visual enfrenta un medio absolutamente hostil. Esta falta de empatía hacia las personas con limitaciones físicas parece una reacción de rechazo a la posibilidad de que algo así le suceda a uno mismo. Sin embargo, vivimos en un país cuyas características nos colocan a diario en situación de riesgo extremo de sufrir lesiones incapacitantes. Para ello, basta con cuantificar las consecuencias de los accidentes viales, la mayoría de ellos provocados por la circulación de vehículos en condiciones de alto riesgo y la falta de controles en la capacitación de los pilotos, tanto en el transporte personal como en el colectivo. Cualquier día, en cualquier lugar, podemos sufrir un asalto a mano armada que nos deje parapléjicos o con alguna lesión incapacitante que implique un cambio total de nuestra forma de vida. Por supuesto, la posibilidad nos es ajena hasta cuando enfrentamos la realidad de sus implicaciones. Sin embargo, esa cierta conciencia de la amenaza presente en nuestro medio no es suficiente para volvernos solidarios ante el calvario de quienes ya se encuentran en una situación de desventaja y deben lidiar a diario con severos obstáculos en cada momento de su vida. El aparato gubernamental ha resultado ciego y sordo a las demandas de organizaciones dedicadas a defender los derechos de las personas con limitaciones físicas. Se ha planteado en infinidad de ocasiones la necesidad de adecuar aceras, semáforos, acceso a edificios y al transporte público a los requerimientos de quienes usan sillas de ruedas, muletas o perros lazarillos. A pesar de ello, las municipalidades parecen no comprender que existe un derecho de la ciudadanía a tener un ambiente urbano amigable con las capacidades humanas, incluidos quienes sufren limitaciones por problemas congénitos, accidentes o lesiones. Este tema no debe seguir pospuesto con excusas económicas, porque en un país con los niveles de violencia y anarquía que imperan en Guatemala, estamos todos expuestos a experimentar la pérdida de alguna capacidad física y nadie merece ser discriminado en su propio país ni volverse un recluso de por vida, por no contar con el apoyo mínimo que merece su condición.

Presión de grupo

Oportuna y necesaria decisión de las organizaciones civiles, al unirse para defender el estado de derecho. Pocos avances se van a lograr en la lucha contra la impunidad y la corrupción, si las fuerzas civiles no se unen en acciones coordinadas para presionar a las instituciones a actuar dentro del marco de la ley. Por ello, el acto realizado el pasado jueves en el cual 38 organizaciones de la sociedad civil manifestaron su apoyo a la CICIG, reviste una especial importancia, sobre todo tomando en cuenta los peligrosos aires golpistas que se respiran en el vecindario. Con esta acción, la CICIG ha recibido un respaldo valioso en su misión de determinar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, colaborar con el Estado en la desarticulación de dichos cuerpos y recomendar políticas públicas para erradicarlos y prevenir su reorganización. Estas estructuras ilegales han sido el factor determinante en la crítica situación en que se encuentra el país en términos de seguridad ciudadana. Sus estrategias han promovido una inconcebible permisividad del Estado frente a los operativos de los carteles del narcotráfico y por medio de amenazas y sobornos han incidido directamente en la falta de eficacia de las investigaciones y la persecución penal de los culpables. Guatemala ha sufrido un debilitamiento progresivo de su capacidad de reacción frente al crimen organizado, el cual ha tenido todo el espacio y la ayuda oficial y no oficial para entronizarse en instituciones y partidos políticos, desde los cuales opera con total impunidad. El sistema financiero y productivo del país tampoco se ha conservado indemne ante esta acometida frontal y se ha vuelto permeable a toda clase de operaciones de lavado de dinero proveniente de las redes internacionales del tráfico de drogas. Este apoyo a la CICIG manifestado por diversas organizaciones de la sociedad civil se contrapone de manera radical a los intentos del ex presidente Portillo y de otros personajes de la política local quienes intentan descalificar su actuación en Guatemala para sacudírsela de encima y salir indemnes de serias acusaciones de corrupción y otros delitos. Sin embargo, es importante subrayar que la conformación de un bloque de entidades defensoras de derechos humanos, grupos religiosos, organizaciones campesinas, de jóvenes, de mujeres y otras que integran este frente de apoyo, por contundente que parezca, no será suficiente para neutralizar el deterioro de la situación de impunidad que predomina en Guatemala mientras no se sume a él el resto de la sociedad –organizada o dispersa- para enviar un mensaje rotundo de rechazo a los abusos y a la corrupción.

Insensatez política

Sobre Centro América se cierne la amenaza golpista por la insensatez de políticos inmaduros que olvidan el valor elemental del consenso. Algunos líderes de izquierda actúan como si tuvieran el derecho de romper las normas establecidas por la Constitución y las leyes, al igual como los grupos de derecha creen ser dueños de sus países por el solo hecho de haber dominado la política desde la época colonial. Esta pugna insensata resta fuerza y legitimidad a las plataformas reformistas que buscan un sistema democrático justo y participativo, el cual jamás se va a lograr si los políticos y gobernantes no se apegan a las leyes y buscan consensos dentro de su marco constitucional. En esta última semana hemos presenciado una lucha ciega entre contrincantes políticos que sostienen una pugna cerrada de intereses particulares. Por un lado está Chávez y sus discípulos, por el otro los movimientos de extrema derecha que ven en los golpes de Estado la herramienta ideal para perpetuar sus privilegios. De este modo, América Latina está escenificando su propia versión de la Guerra Fría en un estilo ramplón, con un total desprecio por los límites que dicta la razón y con una codicia por el poder político y económico que vuelve aún más inaccesible cualquier acuerdo social que reduzca el abismo entre ricos y pobres. Las decisiones, entonces, se centran en consolidar sus propias cuotas de poder y abandonan todo interés por establecer las medidas urgentes que se necesita implementar para reducir los vergonzosos índices de analfabetismo, pobreza y desnutrición que se han convertido en la firma de identidad de la mayoría de países latinoamericanos. De esta manera están actuando los políticos hondureños en pleno, en una cadena de errores iniciada por el uso del ejército para consumar un golpe de Estado y luego continuada por la legitimación de ese golpe a través de un acuerdo unánime de los congresistas. La reacción ha sido inmediata: Europa, Estados Unidos y América Latina se oponen a reconocer al nuevo presidente hondureño y los organismos internacionales exigen una casi imposible vuelta atrás en la defenestración de Zelaya. Honduras no se merece tan violento retroceso, pero es imprescindible comenzar a reflexionar respecto a las debilidades endémicas de la institucionalidad en éste y otros países de la región. De ahí arranca el abuso de poder, las decisiones marcadas por el aprovechamiento personal y la apertura a la intervención inmoderada de caudillos como Chávez, quien gracias al poder petrolero que lo sostiene, pretende convertirse en líder continental cueste lo que cueste. Hoy el Secretario General de la OEA da muestras de ceder ante la aparente firmeza de Micheletti y de quienes lo apoyan. El regreso de Zelaya, por lo tanto, comienza a ser un tema negociable.

Honduras

El olor a pólvora provoca pesadillas en quienes experimentaron la represión militar en carne propia y también en quienes la conocen sólo de oídas. Casi puedo oir el razonamiento: “Nosotros seremos quienes demos legitimidad al relevo de poder, porque somos los representantes del pueblo y los garantes de la institucionalidad”. Con esa lógica ramplona de los políticos latinoamericanos acostumbrados a hacer de su túnica un sayal y del poder un instrumento de usos varios, el Congreso hondureño en pleno declaró la victoria de un rompimiento del estado de derecho el cual, de romplón y sin paliativos, trasladó a Honduras a un pasado de violencia que parecía superado. Por supuesto, los representantes de la asambles legislativa hondureña nunca imaginaron el poder de la diplomacia ni la fuerza del miedo al retroceso. Asumieron, sin más, que al coronar al sucesor de entre los funcionarios civiles, el acento militarista iba a pasar a segundo plano. No contaban con la globalización de las comunicaciones que colocaron en primera plana del mundo entero las imágenes de sus fuerzas armadas agrediendo a la población en resistencia. Como todo golpe de Estado, éste también tiene sus aliados internos y, como toda asonada fascista, el apoyo viene desde la extrema derecha dueña del poder económico, lo cual lo convierte en un movimiento peligroso no sólo para la democracia hondureña sino también para los países fronterizos cuyas características similares desde muchos puntos de vista resultan amenazantes para la estabilidad de toda la región. El hecho de que Mel Zelaya haya cometido la imprudencia de presionar más allá de lo razonable con sus pretensiones de ser reelecto, no justifica la decisión de enviar a un pelotón de soldados a echar abajo la puerta de su residencia, sacarlo de su cama a punta de ametralladora y enviarlo al exilio. Esta acción únicamente demuestra la total estupidez de la clase política hondureña que apañó semejante despropósito. La comunidad internacional no tardó ni cinco minutos en ponerse en sintonía para condenar la asonada, consciente de que una sola voz discordante pondría en peligro no sólo la deseada estabilidad democrática en América Latina, sino también la delicada trama financiera, comercial y diplomática cuyas bases se asientan en el apoyo a la institucionalidad y al respeto por los derechos humanos. La saga hondureña le ha puesto los pelos de punta a sus vecinos inmediatos. El olor de la pólvora remueve imágenes truculentas de un pasado demasiado sangriento como para que merezca olvido. Los ejércitos de la región son, con mucho, la peor de las instituciones en lo que respecta a corrupción y abuso de autoridad y nadie quiere verlos paseándose por los pasillos de los palacios presidenciales, no importa cuántos errores cometan los civiles en el poder.

Funcionarios de lujo

¡Vaya galería de notables la de Guatemala! Ladrones, corruptos e inmorales capaces de engañar a toda una nación. Acostumbrados a ingresar a los salones al son de la Granadera, rodeándose de lujos nunca antes vistos, custodiados por una corte de guardaespaldas y usando el presupuesto público como si se tratara de su propia cuenta bancaria, los funcionarios de antes y de ahora constituyen una plaga de langostas capaces de arrasar con todo. De acuerdo con publicaciones de prensa y, por supuesto, a partir de investigaciones judiciales, en los bolsillos de apenas cinco personajes pertenecientes al Ejército de Guatemala: Alfonso Portillo, Moisés Galindo, Eduardo Arévalo Lacs, Enrique Ríos Sosa y Luis Alberto Gómez –no olvidemos que Portillo fue Comandante en Jefe- parecen haberse perdido más de mil doscientos millones de quetzales del erario nacional. Eso, sin contar los cientos de miles de quetzales que se han de haber deslizado hacia las cuentas más modestas de sus allegados, quienes sin duda consideraron justo compartir una cuota de tan enormes privilegios. Lo vergonzoso de esta situación no es tanto la comisión de los delitos como la impunidad que ha rodeado a estos y otros individuos, amparados por un sistema incapaz de enderezar la acción de la justicia para castigarlos y sin ningún mecanismo realmente eficaz que permita recuperar lo robado. Esta galería de notables -obviamente satisfechos de su hazaña- confirma la hipótesis de que el poder absoluto corrompe absolutamente. Basta con analizar las carreras de estos personajes y el alcance de sus actos delictivos bajo la sombrilla protectora de la institución armada, para darse cuenta de cuán vulnerable es la supuesta democracia de la cual tan orgullosos están los políticos actuales. Pero, ¿de cuál democracia hablan? En Guatemala no existe un estado de derecho, el poder judicial y las fuerzas del orden están totalmente infiltrados por grupos de poder y organizaciones criminales de altos vuelos y las instituciones más sólidas parecen haber sufrido un proceso acelerado de descomposición perdiendo a sus mejores elementos. Esta situación provocada por la clase política y tolerada por la sociedad, establece las bases para la impunidad en la comisión de delitos desde el interior mismo de la administración pública. El descaro con el cual los sindicados se pasean juntos por los estadios y el cinismo de sus declaraciones evidencia algo aún peor, y es que poseen información y contactos suficientemente potentes para no temer a la acción de la justicia. Al final de cuentas, ¿para qué pagar una fianza millonaria si unos cuantos cientos de miles bien ubicados garantizan su libertad?

Intereses particulares

Los 11 rectores de las universidades sacaron las uñas y, para no dejar duda, actuaron en grupo contra la Ley de Comisiones de Postulación. Asombrados deben estar muchos guatemaltecos al ver que los rectores de las universidades, en pleno, han decidido boicotear la Ley de Comisiones de Postulación porque no están de acuerdo con la elección de los presidentes de dichas comisiones a través de un sorteo público. Con razón se preguntarán: “¿Y no que querían transparencia, pues?”. Es importante señalar que pocas instituciones tienen mayor credibilidad que las universidades, en términos generales. Es evidente que hay excepciones, unas defienden con mayor entusiasmo los privilegios de ciertos sectores y otras se han perdido en su laberinto de concesiones políticas y burocracia. Sin embargo, en general el ámbito académico tiene la reputación de congregar a lo mejor de la intelectualidad y eso, sin duda, constituye una de sus mayores virtudes. Pero la realidad parece ser muy diferente. Si alguien esperaba encontrar en estos centros del saber una actitud congruente con su elaborado discurso sobre la búsqueda de respuestas a los problemas nacionales, la relevancia del papel de las universidades en el desarrollo educativo, intelectual, técnico y profesional del país o su aparente neutralidad ante la pugna política, puede empezar a aterrizar en el suelo firme porque las cosas no van por ese lado. No cabe la menor duda de que la Ley de Comisiones de Postulación altera los nervios de algunos rectores cuyas ambiciones políticas son de dominio público. No quieren transparencia. Prefieren que las cosas se hagan a puerta cerrada sin testigos incómodos que puedan cuestionar sus maneras de negociar. Es decir, todo al más puro estilo del Congreso de la República, con ases en la manga y papelitos bajo la mesa porque lo que hoy hago por ti mañana te lo voy a cobrar. Con esta actitud y la connivencia de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que les han dado el sí, los rectores han opacado uno de los procesos más importantes en el establecimiento del estado de derecho, como la elección de los magistrados de las cortes. Conscientes de los vicios en este proceso, resulta altamente sospechoso que este grupo de alto nivel –cuyos integrantes deben ser ejemplo de rectitud y ética- se confabule de manera rotunda y sistemática en contra de la transparencia. Resulta burlesca la maniobra de presentar un recurso de inconstitucionalidad ante un grupo de magistrados que obviamente se han beneficiado con el actual mecanismo de elección. Sin embargo, es imperioso seguir luchando por hacer valer la razón en un asunto fundamental para la transparencia, la legalidad y la ética en las instancias fundamentales de este proyecto de democracia.

Pecado mortal

Anhelar la justicia social, defender el patrimonio natural y el estado de derecho no debe ser motivo de descrédito. Pobre Marielos Monzón: es una periodista de izquierda. De hecho, ser de izquierda en un país dominado por la ignorancia de sus clases dirigentes y el sometimiento de los políticos a los dictados de países extranjeros, ha constituído una especie de condena a muerte sin derecho a apelación. Las ideas, en un sistema represivo y claramente corrupto, son motivo de persecución per se. Desde la otra orilla ideológica no es preciso justificar nada, porque el entarimado político ha sido diseñado para conservar privilegios y la discrecionalidad de su actuar. Sin embargo, para eso existe la democracia; para redefinir límites, derechos y obligaciones de la ciudadanía, y eliminar todo mecanismo de discriminación. Marielos Monzón debe tener alguna razón para expresar un pensamiento progresista, como sucede con muchísimas personas en este país y en el resto del mundo. De hecho, quienes salen a protestar a las calles –los de blanco, los de caites y las de huipil- tienen todos motivos suficientemente rotundos para hacerlo. En Guatemala no hay justicia, el Estado no garantiza la vida de nadie, la corrupción se pasea impunemente por los pasadizos de las oficinas públicas, privadas, de los bancos y las empresas, porque así ha sido establecido desde hace ya muchos años. Los ataques en contra de esta periodista, cuya inclinación ideológica la coloca al parecer en gran peligro aún cuando la Guerra Fría se quedó en el siglo pasado, no tienen nada de sorprendente. Constituyen la reacción desesperada de un sector bien identificado de ciudadanos cuya ambición es mantener la estructura feudal y profundamente rezagada característica del subdesarrollo, porque eso les permite conservar sus privilegios con un mínimo esfuerzo. Claro que no todo conservador es tan torpe como quien presume de su machismo a ultranza al amenazar con el renacimiento de los siniestros grupos paramilitares del pasado. De hecho, su torpeza e ignorancia se reflejan en el desconocimiento de que esos grupos nunca fueron disueltos, sus integrantes jamás fueron condenados y sus herederos estratégicos –porque los originales ya caducaron por viejos- continúan dando guerra en la Guatemala actual. Marielos, al igual como Margarita Carrera, Silvia Tejeda, Magalí Rey Rosa, Silvia Gereda o Rosalinda Hernández, escribe como lo hace porque es una mujer con convicciones sólidas, profundamente identificada con su pueblo al que conoce y respeta. El mundo ha dado muchas vueltas ya desde que se podía callar la voz de la prensa con amenazas y bravuconadas. Soñar con un sistema democrático en el cual impere la justicia, la equidad y a partir de ahí actuar en consecuencia, ya ha dejado de ser un pecado mortal. Y no tenemos por qué confesarnos culpables al hacerlo.

Picando piedra

El trabajo infantil es una patología social de viejo cuño. La infancia ha sido explotada a lo largo de la historia de la Humanidad. Es parte de la cultura y así se ha tolerado gracias al amparo de leyes y doctrinas religiosas: los padres son dueños de sus hijos o, lo que es igual, niñas y niños dependen de la suprema voluntad de sus padres. De este modo, se han consolidado formas de abuso físico, sexual, económico, moral y psicológico contra la infancia y la adolescencia bajo la complaciente mirada de líderes políticos y espirituales. Si estas formas de explotación existen con relación a la mujer adulta, con mayor razón la población más vulnerable, aquella cuya edad y situación legal les priva de toda protección, se mantiene en una situación de completo sometimiento a las decisiones de sus mayores. En algunos casos el trabajo infantil corresponde a un patrón cultural de supervivencia familiar enraizado en las más antiguas tradiciones. Para ciertas comunidades, la llegada de los hijos es una forma de incrementar la mano de obra y, por ende, el patrimonio familiar. Entonces los vástagos se incorporan a las labores agrícolas en cuanto tienen la edad suficiente para resistir las duras jornadas, y así se convierten en eslabones de la cadena productiva. En el caso de las niñas, simplemente se las destina a labores domésticas y se les niega el derecho a la educación con la excusa de que de todos modos terminarán cocinando, barriendo, lavando y criando hijos. Esta manera de adoctrinamiento las va condicionando a una actitud de resignación y a aceptar un destino predeterminado por razones de género y su esfuerzo laboral, aún cuando sea extenuante, continúa siendo menos apreciado que el de sus hermanos varones. Este escenario es común en todos los países cuyo escaso desarrollo social y altos niveles de corrupción dejan a la población de escasos recursos a la deriva. Para estos sectores no hay razones que valgan. Si se obtienen más ganancias empleando a niñas y niños para las labores más duras y peligrosas, como fabricar artefactos pirotécnicos o picar piedrín, no habrá ley que lo impida. Al fin y al cabo, las sagradas leyes de la oferta y la demanda facilitan enormemente el reclutamiento de menores hambrientos y abusados. El esfuerzo por visibilizar la explotación de menores –especialmente en lo referente a su derecho a no trabajar- tendrá resultados a partir del momento en que se apliquen de manera implacable las penas por prevaricato, corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y otras violaciones presentes en la administración pública y en la iniciativa privada. Hasta que eso no suceda y no se corrija esa clase de abusos, de nada servirá proclamar nuestra complacencia y expresar nuestra aprobación por la celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.