Pecado mortal

Anhelar la justicia social, defender el patrimonio natural y el estado de derecho no debe ser motivo de descrédito. Pobre Marielos Monzón: es una periodista de izquierda. De hecho, ser de izquierda en un país dominado por la ignorancia de sus clases dirigentes y el sometimiento de los políticos a los dictados de países extranjeros, ha constituído una especie de condena a muerte sin derecho a apelación. Las ideas, en un sistema represivo y claramente corrupto, son motivo de persecución per se. Desde la otra orilla ideológica no es preciso justificar nada, porque el entarimado político ha sido diseñado para conservar privilegios y la discrecionalidad de su actuar. Sin embargo, para eso existe la democracia; para redefinir límites, derechos y obligaciones de la ciudadanía, y eliminar todo mecanismo de discriminación. Marielos Monzón debe tener alguna razón para expresar un pensamiento progresista, como sucede con muchísimas personas en este país y en el resto del mundo. De hecho, quienes salen a protestar a las calles –los de blanco, los de caites y las de huipil- tienen todos motivos suficientemente rotundos para hacerlo. En Guatemala no hay justicia, el Estado no garantiza la vida de nadie, la corrupción se pasea impunemente por los pasadizos de las oficinas públicas, privadas, de los bancos y las empresas, porque así ha sido establecido desde hace ya muchos años. Los ataques en contra de esta periodista, cuya inclinación ideológica la coloca al parecer en gran peligro aún cuando la Guerra Fría se quedó en el siglo pasado, no tienen nada de sorprendente. Constituyen la reacción desesperada de un sector bien identificado de ciudadanos cuya ambición es mantener la estructura feudal y profundamente rezagada característica del subdesarrollo, porque eso les permite conservar sus privilegios con un mínimo esfuerzo. Claro que no todo conservador es tan torpe como quien presume de su machismo a ultranza al amenazar con el renacimiento de los siniestros grupos paramilitares del pasado. De hecho, su torpeza e ignorancia se reflejan en el desconocimiento de que esos grupos nunca fueron disueltos, sus integrantes jamás fueron condenados y sus herederos estratégicos –porque los originales ya caducaron por viejos- continúan dando guerra en la Guatemala actual. Marielos, al igual como Margarita Carrera, Silvia Tejeda, Magalí Rey Rosa, Silvia Gereda o Rosalinda Hernández, escribe como lo hace porque es una mujer con convicciones sólidas, profundamente identificada con su pueblo al que conoce y respeta. El mundo ha dado muchas vueltas ya desde que se podía callar la voz de la prensa con amenazas y bravuconadas. Soñar con un sistema democrático en el cual impere la justicia, la equidad y a partir de ahí actuar en consecuencia, ya ha dejado de ser un pecado mortal. Y no tenemos por qué confesarnos culpables al hacerlo.

Picando piedra

El trabajo infantil es una patología social de viejo cuño. La infancia ha sido explotada a lo largo de la historia de la Humanidad. Es parte de la cultura y así se ha tolerado gracias al amparo de leyes y doctrinas religiosas: los padres son dueños de sus hijos o, lo que es igual, niñas y niños dependen de la suprema voluntad de sus padres. De este modo, se han consolidado formas de abuso físico, sexual, económico, moral y psicológico contra la infancia y la adolescencia bajo la complaciente mirada de líderes políticos y espirituales. Si estas formas de explotación existen con relación a la mujer adulta, con mayor razón la población más vulnerable, aquella cuya edad y situación legal les priva de toda protección, se mantiene en una situación de completo sometimiento a las decisiones de sus mayores. En algunos casos el trabajo infantil corresponde a un patrón cultural de supervivencia familiar enraizado en las más antiguas tradiciones. Para ciertas comunidades, la llegada de los hijos es una forma de incrementar la mano de obra y, por ende, el patrimonio familiar. Entonces los vástagos se incorporan a las labores agrícolas en cuanto tienen la edad suficiente para resistir las duras jornadas, y así se convierten en eslabones de la cadena productiva. En el caso de las niñas, simplemente se las destina a labores domésticas y se les niega el derecho a la educación con la excusa de que de todos modos terminarán cocinando, barriendo, lavando y criando hijos. Esta manera de adoctrinamiento las va condicionando a una actitud de resignación y a aceptar un destino predeterminado por razones de género y su esfuerzo laboral, aún cuando sea extenuante, continúa siendo menos apreciado que el de sus hermanos varones. Este escenario es común en todos los países cuyo escaso desarrollo social y altos niveles de corrupción dejan a la población de escasos recursos a la deriva. Para estos sectores no hay razones que valgan. Si se obtienen más ganancias empleando a niñas y niños para las labores más duras y peligrosas, como fabricar artefactos pirotécnicos o picar piedrín, no habrá ley que lo impida. Al fin y al cabo, las sagradas leyes de la oferta y la demanda facilitan enormemente el reclutamiento de menores hambrientos y abusados. El esfuerzo por visibilizar la explotación de menores –especialmente en lo referente a su derecho a no trabajar- tendrá resultados a partir del momento en que se apliquen de manera implacable las penas por prevaricato, corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y otras violaciones presentes en la administración pública y en la iniciativa privada. Hasta que eso no suceda y no se corrija esa clase de abusos, de nada servirá proclamar nuestra complacencia y expresar nuestra aprobación por la celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

Defecto congénito

Las patologías políticas han pasado de generación en generación y hasta ahora no se vislumbra posibilidad alguna de corregirlas. Lo dijo Castresana con claridad meridiana. No recuerdo las palabras precisas, pero en el fondo el mensaje es que en los países colonizados por españoles y portugueses, el sistema político fue diseñado por pequeñas castas dirigentes, corruptas, ávidas de poder y decididas a conservar sus privilegios. De ahí que resulte fácil colegir por qué en Guatemala el analfabetismo ha sido siempre política de Estado, por qué los servidores del gran capital –funcionarios y políticos de todas las épocas- luchan con tal denuedo por servir a sus patrones, financistas de sus campañas electorales. De ahí, entonces, la tremenda resistencia a emitir leyes que corrijan las deficiencias en el sistema de justicia y su comprensible molestia ante los movimientos de protesta de la sociedad civil, a la cual ven como enemiga declarada. El antagonismo entre ricos y pobres resulta, entonces, una estrategia bien programada por una pequeña élite que no está dispuesta a soltar las riendas del poder. Ya les sirvieron en su momento las fuerzas armadas como frente de choque contra un pueblo hastiado de abusos y manipulaciones y también sus aliados de la Casa Blanca con generoso apoyo financiero y logístico, en una guerra focalizada en el exterminio de la intelectualidad y de las poblaciones indígenas. Hoy el esfuerzo está centrado en impedir la construcción de un estado de derecho y, sobre todo, entorpecer cualquier intento de consolidar un sistema de gobierno funcional cuyos mecanismos de control garanticen la transparencia y la legalidad. Todo esto ha conformado una sociedad acostumbrada a observar impotente cómo su país es destruido y sus riquezas expoliadas por un pequeño grupo invisible e inaccesible, inmune a la acción de la justicia porque las leyes fueron escritas por ellos y para su protección. De ahí que resulte imposible, casi, oponerse a la repartición de bienes nacionales –como la ocupación y destrucción de los bosques nativos en las áreas protegidas, la apropiación ilegítima de los recursos naturales, hasta algo aparentemente tan insignificante como la construcción de casas y edificios en las prometidas áreas verdes de las colonias residenciales. Entonces, no deberíamos asombrarnos por la resistencia de algunos rectores y otros dirigentes académicos a transparentar el trabajo de las Comisiones de Postulación para la elección de jueces y magistrados. No les conviene. De lograrse semejante adelanto hacia la democratización del sistema de justicia, no les quedaría mucho espacio para contubernios y manipulaciones. Y eso, sepámoslo bien, no figura en sus planes de carrera.

Mi amazonia y la tuya

Estamos muy cerca del cataclismo ecológico como para tomar distancia de lo que sucede en el vecindario. Pongámoslo en perspectiva geográfica: Guatemala cabe 8 veces en el territorio que ocupa la Amazonía peruana. Esta región privilegiada del planeta –cuya extensión total es de aproximadamente 6 millones de kilómetros cuadrados- posee la mayor diversidad en flora y fauna, constituyéndose así en un inmenso filtro purificador del aire y en una reserva de especies única en el mundo. Esta riqueza insuperable es precisamente su condena a muerte. En un mundo dominado por una insaciable tendencia mercantilista a sacar provecho de todo, aquí y ahora, los grandes capitalistas han decidido apoderarse de este magnífico patrimonio natural para explotarlo hasta acabar con él. Desde 1970 hasta hoy, es decir, en poco menos de 40 años, el territorio amazónico ha perdido más de 600 mil kilómetros cuadrados de bosque nativo, exterminándose de manera simultánea el hábitat de miles de especies animales y vegetales indispensables para la conservación del equilibrio natural. Ésta ha sido la razón fundamental de las protestas de los indios que habitan la región amazónica peruana contra el gobierno de Alan García, cuyas concesiones en el texto del TLC con Estados Unidos abren esa riqueza ecológica y la exponen a la explotación de las multinacionales, poniendo en peligro no sólo sus recursos y su biodiversidad, sino también la integridad de las comunidades autóctonas. No es preciso hacer un gran esfuerzo para comprender la frustración de esa población, acusada de terrorista, de subversiva y de enemiga del progreso, al igual que lo han sido los ciudadanos guatemaltecos opuestos a las operaciones de la mina Marlin. La destrucción no es un prejuicio, está ahí a la vista y representa una de las peores amenazas para el futuro del planeta y no sólo una agresión injusta e innecesaria para sus habitantes actuales. El tema de la defensa de los recursos naturales y la biodiversidad está actualmente en la agenda de todos los gobiernos del mundo. La lucha por hacer respetar los derechos de las comunidades indígenas, también. Entonces, esas negociaciones ilegítimas de algunos gobernantes poco éticos deberían ir a una corte internacional creada específicamente para tratar estos temas que nos atañen a todos por igual. El día que desaparezca la capa de ozono, cuando se extingan las fuentes de agua y se contaminen las tierras agrícolas, cuando por fin despertemos a esta insana fiebre de consumismo y contaminación en la cual estamos inmersos, podría ser muy tarde para salvar nuestra vida y la de nuestros descendientes. Por eso hay que pronunciarse en contra de la destrucción de la Amazonía peruana, porque en ella también está nuestro futuro.

El campo de batalla

Tendemos a olvidar que no jugamos ajedrez con novatos. Las organizaciones criminales van algunos pasos más adelante. La peligrosa combinación de delincuentes de altos vuelos con funcionarios corruptos es la fórmula ganadora para el crimen organizado. Ante eso, es poco lo que puede hacer una sociedad a menos que se organice adecuadamente y enfrente la realidad sin buscar la justificación de su debilidad, porque es superior numéricamente y tiene los mecanismos legales y legítimos de defensa que le otorga el sistema democrático. Estos grupos están conscientes de las debilidades estructurales de nuestra comunidad y las aprovechan. Conocen la voracidad de la clase política, su falta de consistencia ideológica, su oportunismo y su temor a perder privilegios, entonces ahí golpean: convencen, negocian y compran. Si alguien se opone extorsionan o, simplemente, asesinan. Su habilidad llega tan lejos como para infiltrarse sin obstáculos significativos en los sistemas financieros –Guatemala es uno de los países con mayores índices de lavado de narcodólares- y aún en aquellos sectores de élite que se consideran socialmente impermeables. Es decir, la inteligencia de quienes tienen mucho que perder si el sistema reacciona, supera en mucho a la del medio en el cual se instalan. Ellos han detectado nuestras debilidades y las usan sin cortapisas. Además de estudiar la mente primaria de algunos políticos bien ubicados, se han dado a la tarea de identificar los puntos vulnerables para golpear y hacer daño. Uno de esos lados flacos es la profunda y arraigada vocación patriarcal de esta sociedad, acostumbrada a relegar a la mujer a un segundo plano y a ignorar sus derechos. Esta patología se traduce en el convencimiento de que la mujer es propiedad privada y se puede disponer de ella a voluntad. Es probable, entonces, que el femicidio, con una tasa importante de asesinatos cometidos con una saña sólo comparable con la crueldad de las guerras más primitivas, se haya transformado en una constante como resultado de una estrategia puntual de ataque en una confrontación eminentemente territorial. Al parecer, y debido a esa cultura machista carente de todo concepto humano, las mujeres somos un trofeo de guerra. No importa la edad ni la condición social, la mujer es un blanco fácil, es una víctima propiciatoria en esta lucha a muerte por conquistar una plaza llena de oportunidades de enriquecimiento ilícito, una plaza donde la justicia no existe, un terreno fértil para acumular bienes mal habidos ante la mirada impotente de toda la sociedad. En este escenario, no existe posibilidad de cambio si no se produce una transformación profunda de nuestros patrones culturales.

Los victimarios

Aplicar la justicia es imperioso, pero jamás será suficiente. Este país necesita una revisión profunda de su cultura y su escala de valores. ¿Qué hace su hija de 7, 8 u 12 años de edad? Probablemente va al colegio, juega y hace travesuras como cualquier niña de su edad. Sin embargo, no “cualquier” niña de su edad vive en un hogar cuya estructura le brinde la seguridad y el entorno favorables para su desarrollo en condiciones normales. A muchas niñas y niños en esa importante etapa de su vida –a demasiados, de acuerdo con las estadísticas- les ha tocado sobrevivir en un ambiente hostil, carente de los elementos indispensables para ofrecerles aquellos beneficios prometidos por la Constitución Política de la República, por la Convención de los Derechos de la Niñez, por cientos de documentos nacionales e internacionales cuyos textos les garantizan en un lenguaje institucionalmente categórico salud, educación y alimento, protección y bienestar. Sin embargo, en Guatemala violan y asesinan a estas niñas de 7, 8 y 12 años con la silenciosa complicidad de todos nosotros. No ha habido marchas con playeras blancas, no se han publicado declaraciones en campos pagados de los grandes grupos de poder ni partidos políticos. Ni siquiera han colgado listones. La tragedia de sus familiares apenas merece un comentario y pasará a las páginas de atrás porque entre tanta muerte, tanta sangre innecesaria, no hay tiempo ni espacio para darle seguimiento. ¿Cuál es la relación entre este vil asesinato y la amenaza de asfixiar a la Escuela Normal Central para Varones hasta obligarla al cierre? Muy sencillo. El crimen es una de las consecuencias de políticas erráticas atentatorias contra el desarrollo de una juventud que ya no tiene opciones y a la cual estamos empujando hacia el borde del barranco. En esto, como en otros temas de enorme trascendencia para la educación de la niñez y la juventud, la sociedad calla y permite, creando el sustrato propicio para que las organizaciones criminales se adueñen de amplios sectores de la juventud, transformándola en bandas de seres amorales y adictos a la violencia. Es difícil hablar de los victimarios de Wendy, Diana y Heidi y no evocar la pena de muerte. Sin embargo, ellos son el producto de una sociedad machista condicionada a despreciar de tal modo a las mujeres que las investigaciones de los crímenes en su contra terminan –ante la indiferencia general- en la criminalización de las víctimas. ¿Qué culpa van a descubrir los fiscales en la vida de estas tres niñas inocentes? Quizás la incipiente pubertad de una de ellas como el factor desencadenante del brutal ataque. Entoces, el mensaje es claro: las mujeres mueren así por su condición femenina y sus victimarios –sociedad incluída- continúan ciegos ante esta evidencia.

Un poco de ánimo

Después de un tiempo, cansa escribir sobre lo malo y se siente la imperiosa necesidad de abordar temas más optimistas. Guatemala es un país lleno de arte. Pese a quien le pese –sobre todo a los gobiernos que consideran estas expresiones un factor “prescindible” del desarrollo- el arte surge casi de la nada, se sobrepone a los obstáculos, llena los espacios vacíos y se despliega rebelde a través de los elementos más corrientes de la vida cotidiana. Casi se podría afirmar que la falta de apoyo estatal no ha logrado más que avivar esa energía y es la juventud, ese enorme contingente de guatemaltecos menores de 30 años que constituyen la gran mayoría, la llamada a nutrirla y hacerla parte de su diario vivir y del nuestro. Siempre pensé que Guatemala era un país eminentemente poético. Luego, comprendí que la exuberancia de su naturaleza y el talento innato de su gente también se expresaba por medio de los colores, los volumenes y las texturas. Ahora resulta que Guatemala también canta, y que lo hace bien. Sin embargo, esa pugna permanente entre el talento y la falta de medios para desarrollarlo resulta un factor determinante en la pérdida de oportunidades para miles de jóvenes, quienes ven frustradas sus esperanzas de transformarse en ejemplo y en ícono para el resto de sus compatriotas, llevando el nombre de su país en clave positiva al mundo entero. La semana pasada recibí la llamada telefónica de una persona preocupada por esta situación. Me habló sobre Mario Chang, un joven de 22 años quien a pesar de poseer un talento artístico excepcional, reconocido con entusiasmo en los círculos europeos del bel canto, carece del dinero suficiente para sufragar los gastos mínimos para aprovechar las oportunidades de triunfo que le ofrece el viejo continente. Mario Chang venció en el festival de Belluno, Italia, a otros concursantes que probablemente poseían el respaldo de sus respectivos países y el apoyo incondicional de sus compatriotas. Hoy, para cumplir dignamente con el privilegio que le otorgó el premio –realizar una gira por Europa como protagonista de la ópera Elixir de Amor, de Donizetti- este joven y brillante tenor tiene que recurrir a la ayuda de guatemaltecos de buena voluntad, porque su país no se la ofrece. ¿Dónde están el Ministerio de Relaciones Exteriores, el de Cultura y Deportes, el Congreso de la República que tan generosamente despilfarra sus fondos en lujos y viáticos innecesarios? Esta es una magnífica oportunidad para demostrar que los valores nacionales sí les importan, que la juventud no está sólo para servirles de plataforma electoral y que son capaces de comprender que el futuro del país merece un esfuerzo adicional.

Peso muerto

(Publicado el 30/05/2009 en Prensa Libre) La corrupción dentro de las instituciones del Estado ejerce la fuerza suficiente como para neutralizar cualquier intento de depuración. Es difícil saber qué pasó por la mente del señor Insulza cuando emitió su informe ante la asamblea de la OEA, afirmando su total confianza en la fortaleza institucional de Guatemala; porque, si hay algo débil en este país, son precisamente sus instituciones. En esa línea, hay que empezar por analizar la conducta del Congreso de la República, cuyos representantes han sido incapaces de actuar de manera unánime para exigir el fortalecimiento del sector justicia –no digamos adoptar una postura firme en relación con la actual crisis- ni han tenido la estatura moral para exigir transparencia en la administración de los asuntos públicos, incluidos los suyos propios. La impunidad reinante en este país no es un accidente ni una percepción equivocada de los desestabilizadores de siempre. Es la consecuencia directa del clientelismo político, la anarquía institucional, la absoluta falta de ética en los operadores de justicia, el crimen enquistado en las fuerzas de seguridad, las negociaciones entre partidos a espaldas de la ciudadanía, todo lo cual se traduce en un permanente abuso perpetrado a nivel institucional en contra de toda una sociedad debilitada en sus mecanismos de defensa cívica. ¿Es ésa la institucionalidad estable de la cual habla el señor Insulza? La realidad es que la institucionalidad debe fortalecerse y no es tapando el sol con un dedo como eso se va a lograr. Aquí es urgente enfrentar el problema de fondo, comprender que la crisis actual no es producto de un video sino de muchos años de corrupción y de la ausencia de un verdadero estado de derecho. Por supuesto, no es ése el discurso diplomático. Para comenzar a retomar el camino democrático, primero hay que terminar con las violaciones a los derechos humanos, incluída en este aspecto la falta de acceso de las mayorías a salud, educación y trabajo. Hay que proteger los derechos de las mujeres, de la niñez y la juventud, erradicando la discriminación y el abuso contra estas minorías. Hay que reducir los vergonzosos índices de desnutrición crónica que afecta a más de la mitad de la población y dejar de explotar los pocos avances con afán propagandístico. Hay que erradicar la corrupción en la administración pública y transparentar las finanzas del Estado respetando la ley de acceso a la información. Hay que luchar contra el narcotráfico y su influencia en todos los estamentos públicos, sin importar la influencia de los involucrados. Contrario a la impresión de Insulza, Guatemala debe iniciar una cruzada nacional por la recuperación de su institucionalidad. Para ello, tendrá que sacudirse el peso muerto, ese lastre moral que, enquistado en sus máximas instancias, no la deja avanzar.

El lado positivo

(Publicado el 25/05/2009 en Prensa Libre) De acontecimientos trágicos que desembocaron en la peor crisis política de los últimos tiempos, algo positivo se rescata. Uno de los efectos más estimulantes de una crisis como la actual es la reacción institucional –en este caso del Congreso de la República- hacia la corrección política. La aprobación en tercera lectura de la ley de comisiones de postulación, la cual permite aspirar a un proceso más transparente en las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cortes de Apelaciones, fiscal general y contralor general de cuentas, constituye un hito de enorme trascendencia para el futuro del país. Las mencionadas instancias son la base fundamental de un sistema de justicia funcional capaz de restaurar la confianza de la población y detener, gracias a acciones apegadas a derecho, la violencia y la impunidad que en la actualidad se encuentran totalmente fuera de control. La sola posibilidad de contar con magistrados, jueces y fiscales responsables y cuidadosos al momento de emitir sentencias y de investigar casos, alimenta la esperanza de cambio y, a la vez, obliga a quienes violan la ley de manera consuetudinaria a revisar su conducta. El efecto de una decisión acertada tiene impacto multiplicador. No cabe duda de que las repercusiones de los señalamientos en el video grabado por el abogado Rosenberg poseen muchos matices, uno de los cuales ha sido un cambio en la línea de acción de algunos políticos, un mayor énfasis en las investigaciones para detectar irregularidades en ciertas instituciones bancarias y gremiales, un poco más de mesura en la publicidad de la información sobre estos casos y quizás menos tolerancia hacia actos ilegales cometidos por funcionarios o elementos pertenecientes a las fuerzas del orden. Al final de cuentas, el caso que ha puesto al país de cabeza ha sido un pequeño huracán el cual, aún cuando no ha tenido la fuerza suficiente para romper estructuras, sí las ha puesto a temblar. Lo esencial en este momento es aprovechar la ocasión para corregir y exigir la corrección de aquellas patologías administrativas expuestas al escrutinio público, sin convertirla en excusa para promover el divisionismo, para atacarse unos a otros ni para transformar el momento en el preludio de una crisis mayor con el convenientemente añadido odio de clases. Uno de los efectos más positivos de este vendaval de acusaciones es el hecho de que la juventud decida romper su apatía para sumarse a una recuperación de valores cívicos. Aún cuando es demasiado prematuro suponer que eso incidirá en una sociedad más participativa, no deja de ser un paso promisorio que antes no se había producido, pero que resulta muy bienvenido en un país cuya población es mayoritariamente joven.

La integridad no está obsoleta

(Publicado el 23/05/2009 en Prensa Libre) Parece que los valores hubieran pasado de moda. Hoy se trata de perseguir el enriquecimiento fácil y rápido. No importa cómo. Aunque parezca cuento de viejos, en el pasado sí hubo épocas de un ejercicio político inteligente, estratégico, idealista y enfocado en el engrandecimiento del país. La codicia y la corrupción –tan normal para los políticos actuales- era mal vista y quien se enriquecía a costa del abuso de poder se exponía a ser señalado públicamente. Por supuesto, corruptos siempre hubo. Las cosas han cambiado y actualmente se tiende a creer que la integridad es una limitación innecesaria en la realización de un proyecto de vida. Así se han ido delineando los nuevos modus operandi políticos, empresariales y profesionales. El abogado más tramposo es el más “buzo” y quien no utiliza los trucos del chantaje, el soborno y la extorsión, es considerado un baboso. Así como sucede con los profesionales de las leyes, también se observa entre quienes ejercen la medicina o se mueven en el ámbito de las finanzas, porque la degradación moral no tiene especialización y se cuela por todos los resquicios de la sociedad. En el ámbito político, la mentira se ha entronizado como estrategia de comunicación, con el aval de todos los estamentos oficiales. La propaganda de gobierno –la cual debería ser ilegal por constituir un despilfarro innecesario de fondos públicos- está llena de inexactitudes. Los gobernantes de turno colocan su rúbrica en cada obra que se construye, en cada tragante que se limpia, en cada chorrito que se instala. Buscan el reconocimiento personal en un trabajo que no es más que su obligación e intentan construir imagen a costa del esfuerzo y el dinero de otros. Esta distorsión de los valores no es poca cosa. A partir de una práctica viciada del poder se van corrompiendo una tras otra las instituciones fundamentales para el ejercicio democrático y, a partir de ese punto, deja de existir el Estado de Derecho. Lo que hoy se vive en Guatemala, la confrontación entre sectores, patrocinada y avalada por el gobierno, el distanciamiento entre los políticos y sus electores y la falta de credibilidad que todo ello provoca, es sólo una muestra de lo profundo del desgaste que experimenta el sistema. A ello se agrega la descomposición del sector justicia y de las fuerzas del orden, con lo cual el cuadro está completo. Urge una vuelta al orden, una depuración efectiva de los organismos del Estado y un retorno a los valores que dieron sentido al establecimiento de la democracia. De otro modo no existirá la menor probabilidad de superar la crisis actual ni de salir adelante con un proyecto de Nación coherente, sólido y con mínimas expectativas de éxito. El país lo merece, pero sobre todo lo merecen sus habitantes honestos y trabajadores.

El Día de los Museos

(Publicado el 18/05/2009 en Prensa Libre) En 145 países se celebra el Día Internacional de los Museos, una oportunidad para destacar su valor e importancia. Hablemos de museos. De esos vetustos edificios cuya existencia constituye en algunos países una especie de mal necesario -especialmente en aquellos donde el concepto de desarrollo cultural es ajeno a los intereses burocráticos- pero que a nivel mundial son referente de la evolución de los pueblos. En Guatemala, quienes hemos observado la lucha por establecer mínimos estándares de calidad y acompañado de cerca el trabajo de personas conscientes que han realizado grandes esfuerzos por lograr la consolidación de una infraestructura capaz de alimentar y sostener el quehacer artístico y cultural, nos damos cuenta del abandono y la indiferencia que rodea a esta parte esencial de la historia nacional, cuyas bodegas guardan tesoros invaluables de su patrimonio. La relevancia de la actividad museística abarca no solamente un afán de conservación de los tesoros nacionales y universales, sino también –y sobre todo- el estudio, el análisis y la interpretación de los procesos evolutivos de las civilizaciones y el aporte a una mejor relación humana con su entorno y con su pasado. Los museos no son los mausoleos del arte y la historia, como algunos pretenden clasificarlos, sino centros de encuentro con la diversidad de las culturas en el mundo al cual pertenecemos. El apoyo al engrandecimiento de esta parte esencial de la identidad nacional no constituye en modo alguno un despilfarro innecesario de recursos del Estado. Es una inversión a futuro para la construcción de una comunidad humana identificada con su historia, consciente de su papel en el establecimiento de una sociedad democrática y capaz de romper barreras en un proceso de crecimiento intelectual propio de los pueblos libres y soberanos. No es casualidad que en los países más desarrollados los museos sean objeto de algo cercano a la veneración. No sólo poseen un compendio de su gloria artística e histórica, sino también constituyen centros de encuentro, atractivos turísticos fundamentales para el desarrollo económico y son lugares de referencia cuya función educativa es vital en esas sociedades. Quienes hayan tenido la fortuna de visitar los grandes museos del mundo, han podido observar el efecto poderoso que ejercen sobre la comunidad que los rodea y sobre los millones de turistas que hacen largas colas para ingresar a sus instalaciones. El trabajo minucioso y especializado de sus curadores no se limita, como muchos parecen creer, a quitar el polvo de las esculturas. Es una labor incansable de investigación y un aporte fundamental al acervo cultural del mundo al cual pertenecemos. Hoy visitemos uno de ellos.

El verdadero líder

(Publicado el 16/05/2009 en Prensa Libre) Un verdadero líder debe ser respetuoso de los principios y valores inherentes a su posición, en todos los actos de su vida. El liderazgo no es algo que se compra en el mercado. Se construye a través de una conducta personal coherente, un actuar intachable y un irrestricto respeto por los derechos de los demás. Por eso no puede otorgarse esa calidad a un dictador ni a un personaje de dudosa reputación, quienes podrán quizás presumir de caciquismo pero jamás de liderazgo. En circunstancias como las que atraviesa Guatemala, lo peor que pueden hacer las autoridades es creer que ser líder es asumir una actitud revanchista, usando el poder y los recursos públicos para generar confrontación entre ciudadanos, sólo porque algunos sectores manifiestan su descontento con la actual administración y exigen cambios. La Constitución de la República, al garantizar la libertad de acción (Artículo 5°), limita cualquier acto de persecución oficial contra las personas, en tanto las opiniones y acciones de éstas no infrinjan la ley, por mucho que estas acciones y opiniones molesten a los funcionarios en el poder. Por ello, la detención de un joven técnico en informática por haber enviado un tweeter con un mensaje alusivo a Banrural –operativo ejecutado con todo el escándalo mediático propio de los canales afines al oficialismo- resulta una maniobra desproporcionada y más parece un mensaje de intimidación dirigido a la sociedad, además de una abierta amenaza a la libertad de expresión. El Presidente tiene problemas y uno de ellos es su falta de asesores calificados. Millones de televidentes observaron con estupor la entrevista en CNN con la periodista Patricia Janiot, quien durante varios minutos lo mantuvo contra las cuerdas asestándole uno tras otro los golpes certeros de preguntas directas que el mandatario guatemalteco apenas logró responder. Durante los últimos días, las decisiones desde su despacho se han vuelto más y más confusas, alimentando un fuerte rechazo en amplios sectores de la sociedad que exigen justicia. Pero esta demanda de transparencia ya no sólo se refiere a los casos Musa y Rosenberg, sino a todos aquellos que reflejan la negligencia, el tráfico de influencias, la corruptela política, las oscuras transacciones en el Congreso, la sospechosa conducta de fiscales, jueces y magistrados y todo el entorno que envuelve la cosa pública. De haberse cumplido siquiera una parte mínima de las promesas de campaña –por ejemplo, aquellas relativas a justicia, seguridad y transparencia- ni él ni sus allegados se verían envueltos en semejante resaca política. Quizás lo único positivo de toda esta debacle sea el despertar de una sociedad harta de muerte, mentiras y corrupción.

Amenazadas

(Publicado el 11/05/2009 en Prensa Libre) La acción valiente y decidida de algunas mujeres, quienes enfrentan la amenaza constante de grupos clandestinos, ha cambiado la faz de Guatemala. Los mensajes amenazadores contra las activistas de derechos humanos Iduvina Hernández y Claudia Samayoa, representantes de SEDEM y UDEFEGUA, confirma la efectividad de su trabajo y ratifica la importancia de unir a la sociedad en torno a su plataforma de lucha, dado el impacto que comienza a tener en los grupos armados semi clandestinos. La confrontación entre defensores de derechos humanos y organizaciones de corte golpista no es un asunto de izquierdas políticas. Es un tema para todas y todos los ciudadanos conscientes de que, sin una estructura limpia capaz de hacer funcionar la democracia, vamos todos juntos al fracaso. La actitud casi suicida de las mujeres guatemaltecas –aquellas que sin garantía ni padrinazgo alguno se han alzado contra la violación de los derechos de todos- merece ser reconocida no sólo por romper el silencio y la sumisión, sino por haber cambiado el rumbo de la historia nacional. De esa perseverancia, comprometida única y exclusivamente con la justicia, han surgido sentencias paradigmáticas contra altos oficiales del ejército, quienes amparados en su inmenso poder abusaron de él sin obstáculo alguno. Aún cuando estas lideresas han contado, por supuesto, con el apoyo de hombres dignos y conscientes de la necesidad de un cambio en las estructuras de poder, fueron punta de lanza en la lucha contra la impunidad. Por ello hoy constituyen un blanco perfecto para los esbirros que aún se escudan tras las redes institucionales, decididos a detener los procesos de investigación de los actos criminales de los cuales son culpables. En países como los nuestros, la imagen delicada y vulnerable de la femineidad, tan típica de los estereotipos paternalistas, debe revisarse. La entereza de la mujer guatemalteca es digna de admiración y respeto, comenzando por aquellas madres-niñas capaces de mantener a su familia con enorme esfuerzo personal y sin apoyo alguno, hasta las brillantes profesionales que han puesto en jaque a lo más granado del crimen organizado existente dentro y fuera de las estructuras del Estado. El trabajo de Claudia Samayoa e Iduvina Hernández, así como la incansable labor de otras muchas lideresas de las áreas urbanas y de las comunidades del interior de la República quienes, decididas a cambiar la faz violenta de Guatemala se han unido contra el abuso y la impunidad, está dando frutos. De ahí el miedo que reflejan las amenazas proferidas en su contra, los ataques y las intimidaciones. Unir filas es lo que resta por hacer.