La Humanidad está en retroceso, empujada por su propia voracidad.
“No existió el genocidio”, dicen. “No hay que detener el desarrollo”, dicen. “Las organizaciones sociales son retrógradas y se oponen a la inversión privada, ¿qué tienen en contra de la minería y las hidroeléctricas?” “¡En ellas está el futuro!” Perversa manera de disfrazar la cruda realidad de la apropiación de las riquezas del planeta para el enriquecimiento de un puñado de empresas sin rostro humano.
El mundo que conocimos desaparece ante nuestros ojos. Sus bosques, su agua, su fauna y la riqueza del subsuelo ya tienen dueños, mientras las comunidades humanas que habitan los territorios son exterminadas por la violencia armada -y legalizada además por gobiernos corruptos- o simplemente por el hambre y la destrucción de sus medios de subsistencia.
Los escenarios varían, van de uno a otro continente. En Tanzania los hacendados avanzan con su maquinaria arrasando todo a su paso, tal como sucede en la Amazonia brasileña y en el gran territorio del Petén. Las reservas naturales y las grandes extensiones de bosques, algunas de cuyas funciones son proveer de oxígeno al planeta, depurar su atmósfera y brindar un hábitat adecuado a millones de especies de fauna y flora, se han convertido en el objetivo económico de los grandes consorcios explotadores y su exterminio crece de manera exponencial.
Pero esto, aun cuando no es nuevo, ya está marcando de manera directa la vida de los habitantes con sus efectos sobre el clima y la salud humana debido a la manipulación genética e industrial de los alimentos como una de las estrategias comerciales más exitosas de las últimas décadas, y por un desmedido afán de privatización.
Hoy, en un simple plato de pollo o cocido -alimento recomendado por ser saludable hace más de 20 años- una persona podría consumir altas dosis de hormonas, preservantes, colorantes y antibióticos cuyo efecto sobre el cuerpo se desconoce debido a la falta de controles de los organismos sanitarios de los países, así como gracias al magistral trabajo de cabildeo de las grandes empresas con los sectores políticos y su generosidad para conseguir una legislación que las proteja.
Ese es apenas un ejemplo. La industria de alimentos y el cartel farmacéutico mundial son el epítome de la deshumanización de la industria, cuyas estrategias se dirigen de manera explícita a la acumulación de riqueza y poder y no a propiciar la salud y el bienestar de la población de la cual obtienen esos inmensos beneficios.
La adición de vitamina A en el azúcar y de yodo en la sal constituyen medidas obligatorias por ley, destinadas a prevenir enfermedades de enorme impacto para las grandes masas de población de bajos ingresos. Sin embargo, ¿se sabe con certeza si esas medidas aun se respetan o algunos productores se ahorran ese gasto por su impacto en sus ganancias? En cuanto a sus consecuencias, tampoco existe en la sociedad una gran preocupación por conocer los efectos de la falta de esos nutrientes en la población infantil, cuyos indicadores de desarrollo revelan el abismo de carencias en el cual crecen las nuevas generaciones ¿Que el genocidio no existe? Por lo visto, eso depende de las interpretaciones.
(Publicado el 21/01/2013)
domingo, 14 de julio de 2013
Un día aciago
Seis cuerpos sin vida, seis mujeres asesinadas y un país a la deriva.
Los datos de la violencia en Guatemala parecen indicar que las estadísticas deben analizarse por períodos prolongados para establecer una curva más o menos real. Si se tabulan anualmente, como ha sucedido hasta ahora, esas ínfimas oscilaciones a la baja tienden a utilizarse para justificar políticas y hacer creer en la consecución de avances.
Pero en esto de las estadísticas también existen problemas de fondo. Sin un organismo oficial confiable, capaz de proporcionar la información real sobre los indicadores de país, se carece de una herramienta vital para diseñar políticas públicas y establecer prioridades sobre distintos temas de gran impacto social, como son los de seguridad y justicia.
Sin embargo, cuando se habla de femicidio no se trata de un simple asunto de números. Detrás de la violencia contra la mujer existe toda una cultura de opresión no reflejada en cifras. De hecho, la inmensa mayoría de abusos jamás se denuncia ni mucho menos es sujeto de sanción. Es ahí precisamente en donde reside uno de los grandes obstáculos para el avance de la democracia y la igualdad de derechos para el mayoritario segmento de la población femenina.
El vil asesinato de dos niñas, capítulo estremecedor para cualquier persona decente, pone una vez más en evidencia la falta de protección de la niñez en Guatemala. Y entre esa niñez desprotegida, son las niñas las más vulnerables. En ellas se refleja la imposición del patrón patriarcal de esta sociedad, al remitirlas al último peldaño de la escala del valor humano. Porque ellas no solo sufren abuso y carecen de mecanismos legales efectivos para defenderse por ser menores, sino también experimentan la discriminación adicional por su condición femenina, socialmente desvalorizada y, por tanto, relegada a una posición de completa marginación.
Una de las medidas políticas más urgentes es un masivo ataque contra la criminalidad que tiene a la población en vilo. Pero no mediante ejecuciones extrajudiciales como sugieren algunos ciudadanos indignados, sino por medio de la investigación oportuna y la aplicación efectiva de la justicia. Si estos individuos supieran que les espera un castigo seguro, sin duda lo pensarían dos veces antes de cometer las atrocidades a las cuales ya se han habituado, tanto como se han habituado a la impunidad.
El miedo de esta sociedad se hace más y más evidente a medida que avanzan los días. Ya se levantan voces exigiendo la pena de muerte, sugiriendo linchamientos y otras medidas de violencia extrema a través de las cuales se percibe un profundo escepticismo sobre la eficacia de las fuerzas de seguridad y de los administradores de justicia. La población ha dejado de creer en sus instituciones y ese constituye un portal propicio para la anarquía y las desviaciones oportunistas de los sectores de poder.
El miércoles fue un día aciago. No solo por los asesinatos de estas dos criaturas inocentes aun sin identificar, sino por el significado detrás del hecho mismo como una declaración de guerra, como la ratificación del poder supremo del crimen organizado sobre la vida y la muerte de la ciudadanía.
(Publicado el 19/01/2013)
Los datos de la violencia en Guatemala parecen indicar que las estadísticas deben analizarse por períodos prolongados para establecer una curva más o menos real. Si se tabulan anualmente, como ha sucedido hasta ahora, esas ínfimas oscilaciones a la baja tienden a utilizarse para justificar políticas y hacer creer en la consecución de avances.
Pero en esto de las estadísticas también existen problemas de fondo. Sin un organismo oficial confiable, capaz de proporcionar la información real sobre los indicadores de país, se carece de una herramienta vital para diseñar políticas públicas y establecer prioridades sobre distintos temas de gran impacto social, como son los de seguridad y justicia.
Sin embargo, cuando se habla de femicidio no se trata de un simple asunto de números. Detrás de la violencia contra la mujer existe toda una cultura de opresión no reflejada en cifras. De hecho, la inmensa mayoría de abusos jamás se denuncia ni mucho menos es sujeto de sanción. Es ahí precisamente en donde reside uno de los grandes obstáculos para el avance de la democracia y la igualdad de derechos para el mayoritario segmento de la población femenina.
El vil asesinato de dos niñas, capítulo estremecedor para cualquier persona decente, pone una vez más en evidencia la falta de protección de la niñez en Guatemala. Y entre esa niñez desprotegida, son las niñas las más vulnerables. En ellas se refleja la imposición del patrón patriarcal de esta sociedad, al remitirlas al último peldaño de la escala del valor humano. Porque ellas no solo sufren abuso y carecen de mecanismos legales efectivos para defenderse por ser menores, sino también experimentan la discriminación adicional por su condición femenina, socialmente desvalorizada y, por tanto, relegada a una posición de completa marginación.
Una de las medidas políticas más urgentes es un masivo ataque contra la criminalidad que tiene a la población en vilo. Pero no mediante ejecuciones extrajudiciales como sugieren algunos ciudadanos indignados, sino por medio de la investigación oportuna y la aplicación efectiva de la justicia. Si estos individuos supieran que les espera un castigo seguro, sin duda lo pensarían dos veces antes de cometer las atrocidades a las cuales ya se han habituado, tanto como se han habituado a la impunidad.
El miedo de esta sociedad se hace más y más evidente a medida que avanzan los días. Ya se levantan voces exigiendo la pena de muerte, sugiriendo linchamientos y otras medidas de violencia extrema a través de las cuales se percibe un profundo escepticismo sobre la eficacia de las fuerzas de seguridad y de los administradores de justicia. La población ha dejado de creer en sus instituciones y ese constituye un portal propicio para la anarquía y las desviaciones oportunistas de los sectores de poder.
El miércoles fue un día aciago. No solo por los asesinatos de estas dos criaturas inocentes aun sin identificar, sino por el significado detrás del hecho mismo como una declaración de guerra, como la ratificación del poder supremo del crimen organizado sobre la vida y la muerte de la ciudadanía.
(Publicado el 19/01/2013)
Sutileza lingüística
El uso de las palabras corrrectas sigue siendo una ciencia oculta.
Crimen pasional. Esa fue la conclusión preliminar de los investigadores en los asesinatos de una pareja en Amatitlán. También se desliza el concepto en la investigación asesinatos de mujeres, así fue en el crimen de monseñor Gerardi y en el polémico escándalo Rosenberg. De fácil uso, la palabrita se cuela recurrentemente en los reportes policiales pero también en las notas de prensa sin ser objeto de cuestionamiento alguno.
La excusa del crimen pasional está muy bien elaborada. Sirve de maravilla para justificar un hecho de sangre -la muerte de un ser humano- facilitándole al criminal el pretexto de haberse encontrado bajo el efecto de fuerzas superiores que lo llevaron a cometer el asesinato aun en contra de su voluntad. Los celos, la rabia extrema, el despecho, aparecen como impulsos irrefrenables ante las cortes de justicia.
Bien adornados por los abogados defensores, estos motivos muchas veces logran desviar las sentencias, reducir penas y culpas para, finalmente, librar a un asesino sádico de pagar por su crimen.
El problema, sin embargo, no es solo el manejo irresponsable y descuidado de los conceptos por parte de las fuerzas del orden y los investigadores del sector judicial, también lo es la relajada actitud de los medios de comunicación al aceptar, sin mayores reservas, esa clase de explicaciones por parte de sus fuentes informativas.
El reportero rara vez cuestiona tales afirmaciones y no obliga a sus fuentes ni a sus lectores a profundizar en el análisis. Entonces la nota se traslada a la sociedad con un deformante concepto cuya validez quedó obsoleta ya desde el siglo pasado.
En la mayoría de femicidios, la primera versión es el crimen pasional. Aun si se aceptara esa definición -lo cual no debería suceder- queda en la oscuridad el tipo de pasión al cual se refiere el suceso en cuestión. Por ello es mejor recurrir al diccionario en el cual pasión es definida, entre otras acepciones, como “cualquier perturbación o afecto desordenado del ánimo” (Drae, 21.a edición) y no necesariamente como un amor intenso e incontrolable que empuja al individuo a cometer un acto irreflexivo aun en contra de su voluntad, como se pretende hacer creer a un público ávido de emociones.
Crímenes perversos como la tortura, violación o asesinato de una mujer nunca son crímenes pasionales motivados por el amor, un sentimiento noble cuya ausencia es la nota más evidente en la escena del crimen. El uso común de esta explicación, por lo tanto, debería ser erradicado para siempre del lenguaje jurídico y policial por inexacto y contradictorio con los hechos investigados.
Utilizar las palabras correctas no es cosa fácil, pero en ámbitos cuyos límites son precisos y de enorme relevancia para la aplicación de la justicia, este debe ser un requisito obligatorio para todos sus representantes, desde el primer agente de policía que llega a la escena del crimen hasta el juez que dicta la sentencia.
No se debe permitir a los criminales el privilegio de disimular sus actos de violencia detrás de un sentimiento noble. Es así como se burlan de la justicia y hacen mofa de sus víctimas.
(Publicado el 14/01/2013)
La excusa del crimen pasional está muy bien elaborada. Sirve de maravilla para justificar un hecho de sangre -la muerte de un ser humano- facilitándole al criminal el pretexto de haberse encontrado bajo el efecto de fuerzas superiores que lo llevaron a cometer el asesinato aun en contra de su voluntad. Los celos, la rabia extrema, el despecho, aparecen como impulsos irrefrenables ante las cortes de justicia.
Bien adornados por los abogados defensores, estos motivos muchas veces logran desviar las sentencias, reducir penas y culpas para, finalmente, librar a un asesino sádico de pagar por su crimen.
El problema, sin embargo, no es solo el manejo irresponsable y descuidado de los conceptos por parte de las fuerzas del orden y los investigadores del sector judicial, también lo es la relajada actitud de los medios de comunicación al aceptar, sin mayores reservas, esa clase de explicaciones por parte de sus fuentes informativas.
El reportero rara vez cuestiona tales afirmaciones y no obliga a sus fuentes ni a sus lectores a profundizar en el análisis. Entonces la nota se traslada a la sociedad con un deformante concepto cuya validez quedó obsoleta ya desde el siglo pasado.
En la mayoría de femicidios, la primera versión es el crimen pasional. Aun si se aceptara esa definición -lo cual no debería suceder- queda en la oscuridad el tipo de pasión al cual se refiere el suceso en cuestión. Por ello es mejor recurrir al diccionario en el cual pasión es definida, entre otras acepciones, como “cualquier perturbación o afecto desordenado del ánimo” (Drae, 21.a edición) y no necesariamente como un amor intenso e incontrolable que empuja al individuo a cometer un acto irreflexivo aun en contra de su voluntad, como se pretende hacer creer a un público ávido de emociones.
Crímenes perversos como la tortura, violación o asesinato de una mujer nunca son crímenes pasionales motivados por el amor, un sentimiento noble cuya ausencia es la nota más evidente en la escena del crimen. El uso común de esta explicación, por lo tanto, debería ser erradicado para siempre del lenguaje jurídico y policial por inexacto y contradictorio con los hechos investigados.
Utilizar las palabras correctas no es cosa fácil, pero en ámbitos cuyos límites son precisos y de enorme relevancia para la aplicación de la justicia, este debe ser un requisito obligatorio para todos sus representantes, desde el primer agente de policía que llega a la escena del crimen hasta el juez que dicta la sentencia.
No se debe permitir a los criminales el privilegio de disimular sus actos de violencia detrás de un sentimiento noble. Es así como se burlan de la justicia y hacen mofa de sus víctimas.
(Publicado el 14/01/2013)
Lastre político
Un enorme fardo de frustraciones es la herencia de años de violencia.
La nota decía: “Antropólogos de Guatemala encontraron al menos 500 osamentas de indígenas masacrados durante la guerra civil, tras 11 meses de excavaciones en un antiguo destacamento militar donde ahora funciona un comando de operaciones de paz de la ONU”. Un destacamento militar como muchos de los instalados a lo largo y ancho del país, dedicados a ejecutar las tácticas de combate antisubversivo en el marco de la Guerra Fría, entre otras funciones.
La noticia no tuvo repercusiones excepcionales en la sociedad guatemalteca. De hecho, no mereció primeras planas, declaraciones oficiales, demanda de explicaciones por parte de la sociedad ni el indicio de alguna protesta ciudadana. Tampoco parece haber seguimiento mediático. Muy poco ruido para tantas osamentas de indígenas masacrados durante un operativo militar en una de las regiones más castigadas por el conflicto armado.
500 osamentas, un niño abandonado bajo el cadáver de su madre en una carretera solitaria, una cabeza humana hallada en un mercado de la zona 5 de Mixco, todas noticias dispersas marcando el tono para 2013. Pero ya la costumbre ha sentado sus reales apagando la protesta y consolidando la resignación como un valor más que como una actitud. Anestésico imprescindible para vivir.
Quizás, entonces, la designación de un militar, kaibil, de la línea más dura, estratega de la contrainsurgencia y amigo fiel del poder económico sea congruente con esa realidad ya delineada como un estado indefinido de posguerra del cual Guatemala no puede escapar.
¿En dónde queda entonces el deseo de reconciliación si no es en puras quimeras? ¿Qué reconciliación puede surgir en una sociedad tan profundamente dividida y temerosa de todo lo que represente involucramiento y lucha por sus derechos? La democracia exige participación ciudadana como requisito para su propia existencia. Sin ella, el quehacer político se sustenta de autoritarismo y abuso de poder, perdiendo su esencia y cualquier esperanza de desarrollo en un marco de respeto por los derechos humanos.
Los crímenes llamados “comunes” también forman parte de esa herencia de violencia política en la cual Guatemala se ha visto inmersa durante tantas décadas como precio por su tremenda debilidad frente a otras potencias y organismos mundiales desde los cuales han emanado directrices políticas y económicas que definieron su ruta. Esos crímenes comunes, esa delincuencia callejera, es producto directo de las desigualdades sociales y las fallas institucionales derivadas de la corrupción y la carencia de un concepto de nación.
Este escenario, por lo tanto, tiene una continuidad perfecta en el tiempo y conforma un complejo sistema de vasos comunicantes. Cuando se produce un acto de corrupción en una dependencia del Estado, tiene impacto directo en algún programa de desarrollo no ejecutado, en algún presupuesto reducido y en la pérdida de oportunidades para algún segmento de la población totalmente ajeno al motivo de su desgracia. Y eso, en cualquier sociedad, constituye un terrible lastre político casi imposible de sobrellevar.
(Publicado el 12/01/2013)
La nota decía: “Antropólogos de Guatemala encontraron al menos 500 osamentas de indígenas masacrados durante la guerra civil, tras 11 meses de excavaciones en un antiguo destacamento militar donde ahora funciona un comando de operaciones de paz de la ONU”. Un destacamento militar como muchos de los instalados a lo largo y ancho del país, dedicados a ejecutar las tácticas de combate antisubversivo en el marco de la Guerra Fría, entre otras funciones.
La noticia no tuvo repercusiones excepcionales en la sociedad guatemalteca. De hecho, no mereció primeras planas, declaraciones oficiales, demanda de explicaciones por parte de la sociedad ni el indicio de alguna protesta ciudadana. Tampoco parece haber seguimiento mediático. Muy poco ruido para tantas osamentas de indígenas masacrados durante un operativo militar en una de las regiones más castigadas por el conflicto armado.
500 osamentas, un niño abandonado bajo el cadáver de su madre en una carretera solitaria, una cabeza humana hallada en un mercado de la zona 5 de Mixco, todas noticias dispersas marcando el tono para 2013. Pero ya la costumbre ha sentado sus reales apagando la protesta y consolidando la resignación como un valor más que como una actitud. Anestésico imprescindible para vivir.
Quizás, entonces, la designación de un militar, kaibil, de la línea más dura, estratega de la contrainsurgencia y amigo fiel del poder económico sea congruente con esa realidad ya delineada como un estado indefinido de posguerra del cual Guatemala no puede escapar.
¿En dónde queda entonces el deseo de reconciliación si no es en puras quimeras? ¿Qué reconciliación puede surgir en una sociedad tan profundamente dividida y temerosa de todo lo que represente involucramiento y lucha por sus derechos? La democracia exige participación ciudadana como requisito para su propia existencia. Sin ella, el quehacer político se sustenta de autoritarismo y abuso de poder, perdiendo su esencia y cualquier esperanza de desarrollo en un marco de respeto por los derechos humanos.
Los crímenes llamados “comunes” también forman parte de esa herencia de violencia política en la cual Guatemala se ha visto inmersa durante tantas décadas como precio por su tremenda debilidad frente a otras potencias y organismos mundiales desde los cuales han emanado directrices políticas y económicas que definieron su ruta. Esos crímenes comunes, esa delincuencia callejera, es producto directo de las desigualdades sociales y las fallas institucionales derivadas de la corrupción y la carencia de un concepto de nación.
Este escenario, por lo tanto, tiene una continuidad perfecta en el tiempo y conforma un complejo sistema de vasos comunicantes. Cuando se produce un acto de corrupción en una dependencia del Estado, tiene impacto directo en algún programa de desarrollo no ejecutado, en algún presupuesto reducido y en la pérdida de oportunidades para algún segmento de la población totalmente ajeno al motivo de su desgracia. Y eso, en cualquier sociedad, constituye un terrible lastre político casi imposible de sobrellevar.
(Publicado el 12/01/2013)
La brújula rota
La vida política y social del país parece haber perdido la ruta.
Entre los mayores problemas provocados por la anarquía y el desorden desde los ámbitos institucionales están la pérdida de confianza y de oportunidades de crecimiento. Guatemala sufre ese síndrome. Parece haber perdido la brújula con la cual definió, en algún momento, la ruta hacia la reconciliación entre sus diferentes sectores y la búsqueda de desarrollo sostenible en un marco de respeto por los derechos humanos.
Las instituciones fundamentales de una nación, aquellas cuyo papel se centra en la defensa de las normas constitucionales y la imposición de un marco valórico común a toda la sociedad, han colapsado de manera pública y notoria.
El Congreso de la República se ha transformado en un mercado en el cual se transa la riqueza y el futuro del país con total descaro e impunidad y el organismo encargado de administrar justicia, cuyas funciones están claramente definidas por ley, parece un conjunto de compartimientos estancos en donde cada quien maneja sus asuntos a su manera.
Mientras eso sucede en dos de los pilares de la democracia, otras instancias acusan una absoluta falta de control por parte de la ciudadanía. El ejemplo perfecto es la comuna capitalina, cuya máxima autoridad ignora por completo que existe un mecanismo llamado rendición de cuentas. Y ese cuadro se repite una y otra vez en ministerios y municipalidades, gobernaciones y secretarías. Algo así como una red de influencias orientadas de manera exclusiva a satisfacer intereses particulares con total desprecio por la gran masa poblacional de la cual obtienen su riqueza.
Pero no solo en los grandes despachos se produce esta pérdida de visión y dirección. También en las pequeñas organizaciones dirigidas por personas ineptas y carentes de ese concepto de bien común indispensable para tomar las decisiones correctas. Uno de los casos ejemplificadores es la administración del Parque Zoológico La Aurora, recinto destinado a conservar, proteger y exhibir a la fauna en condiciones adecuadas, con el propósito de brindar a la población un medio de educación y entretenimiento saludable y constructivo, con un fuerte concepto de respeto por la naturaleza.
Sin embargo, el Parque Zoológico se está transformando en una nueva Plaza Obelisco o, peor aun, algo así como el salón popular La Flor de Chinique, en donde la música estridente y la parranda desenfrenada marcan la pauta. La salud de los valiosos ejemplares de fauna refugiados en el parque no es un tema de interés para los genios del mercadeo cuyas pésimas decisiones y su evidente ignorancia violan todos los preceptos conservacionistas.
Así se podría enumerar a muchas dependencias del Estado cuyo desempeño presenta gravísimas deficiencias. Para no ir tan lejos en el tiempo, dar una mirada a la desorganización y falta de estructura en la celebración del B’aqtun, oportunidad de oro desperdiciada por las autoridades de turismo y de cultura, quienes no tuvieron los alcances para realizar un evento de transcendencia mundial, el cual hubiera significado un importante logro para la imagen del país en el exterior. La pregunta es ¿quién tiene el timón de esta nave?
(Publicado el 07/01/2013)
Entre los mayores problemas provocados por la anarquía y el desorden desde los ámbitos institucionales están la pérdida de confianza y de oportunidades de crecimiento. Guatemala sufre ese síndrome. Parece haber perdido la brújula con la cual definió, en algún momento, la ruta hacia la reconciliación entre sus diferentes sectores y la búsqueda de desarrollo sostenible en un marco de respeto por los derechos humanos.
Las instituciones fundamentales de una nación, aquellas cuyo papel se centra en la defensa de las normas constitucionales y la imposición de un marco valórico común a toda la sociedad, han colapsado de manera pública y notoria.
El Congreso de la República se ha transformado en un mercado en el cual se transa la riqueza y el futuro del país con total descaro e impunidad y el organismo encargado de administrar justicia, cuyas funciones están claramente definidas por ley, parece un conjunto de compartimientos estancos en donde cada quien maneja sus asuntos a su manera.
Mientras eso sucede en dos de los pilares de la democracia, otras instancias acusan una absoluta falta de control por parte de la ciudadanía. El ejemplo perfecto es la comuna capitalina, cuya máxima autoridad ignora por completo que existe un mecanismo llamado rendición de cuentas. Y ese cuadro se repite una y otra vez en ministerios y municipalidades, gobernaciones y secretarías. Algo así como una red de influencias orientadas de manera exclusiva a satisfacer intereses particulares con total desprecio por la gran masa poblacional de la cual obtienen su riqueza.
Pero no solo en los grandes despachos se produce esta pérdida de visión y dirección. También en las pequeñas organizaciones dirigidas por personas ineptas y carentes de ese concepto de bien común indispensable para tomar las decisiones correctas. Uno de los casos ejemplificadores es la administración del Parque Zoológico La Aurora, recinto destinado a conservar, proteger y exhibir a la fauna en condiciones adecuadas, con el propósito de brindar a la población un medio de educación y entretenimiento saludable y constructivo, con un fuerte concepto de respeto por la naturaleza.
Sin embargo, el Parque Zoológico se está transformando en una nueva Plaza Obelisco o, peor aun, algo así como el salón popular La Flor de Chinique, en donde la música estridente y la parranda desenfrenada marcan la pauta. La salud de los valiosos ejemplares de fauna refugiados en el parque no es un tema de interés para los genios del mercadeo cuyas pésimas decisiones y su evidente ignorancia violan todos los preceptos conservacionistas.
Así se podría enumerar a muchas dependencias del Estado cuyo desempeño presenta gravísimas deficiencias. Para no ir tan lejos en el tiempo, dar una mirada a la desorganización y falta de estructura en la celebración del B’aqtun, oportunidad de oro desperdiciada por las autoridades de turismo y de cultura, quienes no tuvieron los alcances para realizar un evento de transcendencia mundial, el cual hubiera significado un importante logro para la imagen del país en el exterior. La pregunta es ¿quién tiene el timón de esta nave?
(Publicado el 07/01/2013)
El nuevo orden
Un golpe artero de quienes desean borrar las huellas del pasado.
El gobierno, con la publicación del Acuerdo Gubernativo 370-2012, parece tener la intención de elevar un muro de protección para quienes cometieron violaciones de los derechos humanos en los años 80 y épocas anteriores. Sin embargo, comete un error político y estratégico al provocar una ola de protestas y un renovado impulso de exigir justicia para las víctimas de esos crímenes.
El gobierno, con la publicación del Acuerdo Gubernativo 370-2012, parece tener la intención de elevar un muro de protección para quienes cometieron violaciones de los derechos humanos en los años 80 y épocas anteriores. Sin embargo, comete un error político y estratégico al provocar una ola de protestas y un renovado impulso de exigir justicia para las víctimas de esos crímenes.
Error de cálculo, quizás, o probablemente se contaba con el adormecimiento general que provocan las fiestas de fin de año en la población. Sin embargo, a pesar de que uno de los argumentos esgrimidos para marginar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los casos ocurridos antes del 9 de marzo de 1987 -fecha en la cual el Estado de Guatemala aceptó las funciones de esa Corte- es la no retroactividad, expertos aseguran que esa disposición es inconstitucional y viola acuerdos internacionales.
Esto viene a reforzar la imagen dura de un gobierno que poco a poco se aleja del concepto democrático de participación ciudadana. Estos golpes de efecto del partido en el poder anuncian un nuevo estilo de gobierno muy a tono con el autoritarismo de décadas pasadas, aunque con un ligero toque demagógico, el cual sin duda le es útil para ganar adeptos entre los sectores más conservadores de la sociedad guatemalteca.
El hecho de que al Estado de Guatemala le salga económica y moralmente caro pagar las indemnizaciones dictadas por la CIDH en casos de graves violaciones y crímenes de lesa humanidad, debería servirle a los grupos de poder como lección aprendida para no volver a cometer esa clase de abusos y readecuar sus recursos para consolidar la democracia y el estado de Derecho, en lugar de permitir a sus funcionarios y aliados políticos un enriquecimiento ilícito que solo socava esos pilares institucionales.
Aunque ha sido estimulante la reacción inmediata de la sociedad civil organizada ante la publicación del Acuerdo 370-2012, aun falta un mayor involucramiento del resto de la ciudadanía en un asunto que al final de cuentas le compete, porque se trata de una decisión de Estado la cual incide no solo en la imagen de país en los ámbitos internacionales. También afecta la reparación del tejido social, gravemente dañado durante un conflicto que diezmó a un sector importante de la población y dejó secuelas en las actuales generaciones.
La derogación del Acuerdo de marras podría suavizar el ambiente político, pero no bastará para despejar las dudas ya existentes sobre las intenciones políticas de este gobierno. Una vez más, se observa que las promesas de mano dura incluían acciones de corte dictatorial las cuales, en lugar de reducir las tensiones, marcan una ruta divergente con las aspiraciones ciudadanas de construir bases más sólidas para asentar los valores democráticos.
Es evidente que instaurar una democracia participativa y conservar el equilibrio político es extremadamente difícil en un país tan convulsionado. Así como conciliar los intereses de todos los sectores involucrados. Pero, señor Presidente, nadie le dijo que sería fácil.
Esto viene a reforzar la imagen dura de un gobierno que poco a poco se aleja del concepto democrático de participación ciudadana. Estos golpes de efecto del partido en el poder anuncian un nuevo estilo de gobierno muy a tono con el autoritarismo de décadas pasadas, aunque con un ligero toque demagógico, el cual sin duda le es útil para ganar adeptos entre los sectores más conservadores de la sociedad guatemalteca.
El hecho de que al Estado de Guatemala le salga económica y moralmente caro pagar las indemnizaciones dictadas por la CIDH en casos de graves violaciones y crímenes de lesa humanidad, debería servirle a los grupos de poder como lección aprendida para no volver a cometer esa clase de abusos y readecuar sus recursos para consolidar la democracia y el estado de Derecho, en lugar de permitir a sus funcionarios y aliados políticos un enriquecimiento ilícito que solo socava esos pilares institucionales.
Aunque ha sido estimulante la reacción inmediata de la sociedad civil organizada ante la publicación del Acuerdo 370-2012, aun falta un mayor involucramiento del resto de la ciudadanía en un asunto que al final de cuentas le compete, porque se trata de una decisión de Estado la cual incide no solo en la imagen de país en los ámbitos internacionales. También afecta la reparación del tejido social, gravemente dañado durante un conflicto que diezmó a un sector importante de la población y dejó secuelas en las actuales generaciones.
La derogación del Acuerdo de marras podría suavizar el ambiente político, pero no bastará para despejar las dudas ya existentes sobre las intenciones políticas de este gobierno. Una vez más, se observa que las promesas de mano dura incluían acciones de corte dictatorial las cuales, en lugar de reducir las tensiones, marcan una ruta divergente con las aspiraciones ciudadanas de construir bases más sólidas para asentar los valores democráticos.
Es evidente que instaurar una democracia participativa y conservar el equilibrio político es extremadamente difícil en un país tan convulsionado. Así como conciliar los intereses de todos los sectores involucrados. Pero, señor Presidente, nadie le dijo que sería fácil.
(Publicado el 05/01/2013)
lunes, 19 de noviembre de 2012
La escuela del miedo
Existe en la
sociedad un estado de represión aprendido a la fuerza.
Por ello no debería sorprender la pasividad de una sociedad acostumbrada a “no meterse en problemas”. Esta actitud resulta evidente incluso cuando las personas presencian un acto delictivo o un crimen de mayor impacto. El silencio parece ser la consigna y entonces, cuando se produce un brote de protesta popular, éste se convierte en un acto violatorio de un protocolo tácitamente establecido.
Es así como los actos de intimidación resultan tan efectivos, porque empoderan todavía más a quienes los ejecutan. Y resulta paradójico que el amor por la propia vida constituya al mismo tiempo el más peligroso mecanismo de amenaza. Callar ante la violencia y el abuso representa un retroceso, una cesión de territorio y la entrega forzosa de la libertad. El silencio oprime a las víctimas hasta el extremo de afectar su equilibrio emocional y, por ende, todo su entorno.
El hecho de que las denuncias por violencia intrafamiliar, violación y otros abusos sexuales hayan aumentado de manera radical en los últimos meses, es un fenómeno inusual en una sociedad callada ante la agresión y acostumbrada a temer a las represalias. Eso puede significar tres cosas: 1. El temor ha disminuido por la gran cobertura mediática que han recibido esos hechos; 2. Esos crímenes son cada vez más frecuentes y por tanto más visibles, o 3. Existe mayor confianza en el sistema de justicia.
Pero otros delitos tales como el tráfico de influencias, la corrupción y el abuso de poder se repiten a diario y al no atentar contra un individuo específico sino contra toda la ciudadanía en su conjunto, no parecen ser objeto de protesta pública ni persecución efectiva de ningún sector de la población que se considere afectado por ellos. Estos casos pasan por los titulares de prensa, son objeto de investigación y denuncia mediática para terminar en páginas interiores sin haber levantado movilización ciudadana de ninguna especie, más que comentarios más o menos airados a través de las redes sociales.
La capacidad de indignación, como bien mencionaba Mariela Castañón en su reportaje publicado hace unos días en La Hora, parece responder a un acelerado proceso de deshumanización derivado de la violencia y la frustración. Eso puede ser normal en un país institucionalmente débil como Guatemala, pero es precisamente ahí en donde reside la peor de las amenazas para su estado de Derecho y para la salud psicológica de la población. La paranoia y el delirio de persecución son hoy conductas aprendidas a fuerza de impunidad.
Lo que se debe tener muy en cuenta es que la frustración de la ciudadanía no se evapora en el aire. Al estar reprimida y sin vías de escape, se acumula para convertirse en el germen de conflictos mucho más severos que una jornada de protesta o un bloqueo de caminos. Por eso y por la salud de la democracia, es preciso expresarla.
Publicado en Prensa Libre el 27/10/2012
domingo, 14 de octubre de 2012
Redondillas
Hombres necios que acusáis
a la mujer, sin razón,
sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis;
si con ansia sin igual
solicitáis su desdén,
por qué queréis que obren bien
si las incitáis al mal?
Combatís su resistencia
y luego, con gravedad,
decís que fue liviandad
lo que hizo la diligencia.
Parecer quiere el denuedo
de vuestro parecer loco,
al niño que pone el coco
y luego le tiene miedo.
Queréis, con presunción necia,
hallar a la que buscáis
para prentendida, Thais,
y en la posesión, Lucrecia.
¿Qué humor puede ser más raro
que el que, falto de consejo,
él mismo empaña el espejo
y siente que no esté claro?
Con el favor y el desdén
tenéis condición igual,
quejándoos, si os tratan mal,
burlándoos, si os quieren bien.
Opinión, ninguna gana,
pues la que más se recata,
si no os admite, es ingrata,
y si os admite, es liviana.
Siempre tan necios andáis
que, con desigual nivel,
a una culpáis por cruel
y a otra por fácil culpáis.
¿Pues como ha de estar templada
la que vuestro amor pretende?,
¿si la que es ingrata ofende,
y la que es fácil enfada?
Mas, entre el enfado y la pena
que vuestro gusto refiere,
bien haya la que no os quiere
y quejaos en hora buena.
Dan vuestras amantes penas
a sus libertades alas,
y después de hacerlas malas
las queréis hallar muy buenas.
¿Cuál mayor culpa ha tenido
en una pasión errada:
la que cae de rogada,
o el que ruega de caído?
¿O cuál es de más culpar,
aunque cualquiera mal haga;
la que peca por la paga
o el que paga por pecar?
¿Pues, para qué os espantáis
de la culpa que tenéis?
Queredlas cual las hacéis
o hacedlas cual las buscáis.
Dejad de solicitar,
y después, con más razón,
acusaréis la afición
de la que os fuere a rogar.
Bien con muchas armas fundo
que lidia vuestra arrogancia,
pues en promesa e instancia
juntáis diablo, carne y mundo.
a la mujer, sin razón,
sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis;
si con ansia sin igual
solicitáis su desdén,
por qué queréis que obren bien
si las incitáis al mal?
Combatís su resistencia
y luego, con gravedad,
decís que fue liviandad
lo que hizo la diligencia.
Parecer quiere el denuedo
de vuestro parecer loco,
al niño que pone el coco
y luego le tiene miedo.
Queréis, con presunción necia,
hallar a la que buscáis
para prentendida, Thais,
y en la posesión, Lucrecia.
¿Qué humor puede ser más raro
que el que, falto de consejo,
él mismo empaña el espejo
y siente que no esté claro?
Con el favor y el desdén
tenéis condición igual,
quejándoos, si os tratan mal,
burlándoos, si os quieren bien.
Opinión, ninguna gana,
pues la que más se recata,
si no os admite, es ingrata,
y si os admite, es liviana.
Siempre tan necios andáis
que, con desigual nivel,
a una culpáis por cruel
y a otra por fácil culpáis.
¿Pues como ha de estar templada
la que vuestro amor pretende?,
¿si la que es ingrata ofende,
y la que es fácil enfada?
Mas, entre el enfado y la pena
que vuestro gusto refiere,
bien haya la que no os quiere
y quejaos en hora buena.
Dan vuestras amantes penas
a sus libertades alas,
y después de hacerlas malas
las queréis hallar muy buenas.
¿Cuál mayor culpa ha tenido
en una pasión errada:
la que cae de rogada,
o el que ruega de caído?
¿O cuál es de más culpar,
aunque cualquiera mal haga;
la que peca por la paga
o el que paga por pecar?
¿Pues, para qué os espantáis
de la culpa que tenéis?
Queredlas cual las hacéis
o hacedlas cual las buscáis.
Dejad de solicitar,
y después, con más razón,
acusaréis la afición
de la que os fuere a rogar.
Bien con muchas armas fundo
que lidia vuestra arrogancia,
pues en promesa e instancia
juntáis diablo, carne y mundo.
(Sor Juana Inés De la Cruz)
sábado, 13 de octubre de 2012
A la niña en su día
Ante la vulnerabilidad de la niñez, es imperativo actuar.
El Día Internacional de la Niña fue instituido a partir de una realidad concreta: la situación de vulnerabilidad e inequidad de ese enorme contingente humano cuyos derechos y oportunidades de desarrollo son sistemáticamente relegados a segundo plano por razones de género. Muchos —y también muchas— arguyen que la discriminación positiva es tan perjudicial como aquella a la cual intenta atacar. Sin embargo, en el caso de la niña resulta casi imposible hablar de discriminación pura, ya que el marco cultural en el cual se inscribe su existencia ni siquiera le da el espacio inicial para constituirse en una persona con derechos.
Esto significa que la niña viene al mundo en desventaja desde su concepción. Por lo tanto, para establecer cierto equilibrio, es preciso y urgente adoptar medidas correctivas a una cultura patriarcal cuyos patrones han sido consolidados por la costumbre en el seno de las familias, en el ámbito laboral, en la sociedad y en las instituciones cuyas normas sancionan el “deber ser” según el cual la niña debe someterse a la autoridad masculina por el resto de su vida.
La negativa a aceptar esta realidad como verdadera proviene, por lo general, de los ámbitos urbanos. Sin embargo, en Guatemala uno de los cuadros más reveladores de esta frontera impenetrable que separa a la niña del desarrollo humano se encuentra en las poblaciones campesinas e indígenas, en las áreas marginales de las ciudades e incluso en muchos de los hogares de clases socioeconómicas más elevadas, en donde aún se practica una relación de privilegios y autoridades masculinas.
Thelma Aldana, desde la presidencia de la CSJ —una de las instancias tradicionalmente representadas y administradas casi exclusivamente por hombres— luchó para desvanecer prejuicios, romper paradigmas y dejar establecido un sistema capaz de brindar apoyo a la mujer y a la niñez de Guatemala. Hizo lo que jamás antes se vio en ese organismo del Estado: dejar sentadas las bases para una justicia con visión de equidad, crear los juzgados especializados en femicidio y violencia contra la mujer y propiciar un ambiente de seguridad para los jueces que les permita actuar libres de presiones. Su énfasis en la cobertura departamental, allá en donde tanta falta hace la presencia del Estado, es una muestra de su sólida visión de futuro.
Por lo tanto, la acertada decisión del sistema de Naciones Unidas viene a entroncar con un organismo Judicial más permeable a su propia transformación, capaz de aceptar que para las niñas y las mujeres la justicia con equidad es aún una meta por alcanzar.
Esperamos que el doctor Gabriel Medrano acepte y afronte con éxito ese importantísimo reto.A la niña en su día
lunes, 8 de octubre de 2012
El castigo ancestral
Ser indígena y pobre es, para la sociedad ladina, un estigma imperdonable.
En cada una de las manifestaciones de rechazo a las políticas de marginación impuestas por el poder político y económico contra amplios sectores de campesinos e indígenas, resurge ese racismo visceral de quienes se creen los únicos y legítimos dueños del territorio y poseedores de la verdad. En esa visión estrecha y discriminatoria entran desde los insultos contra quienes ejercen su derecho a la protesta, como las decisiones unilaterales y absurdas de celebrar una fecha de trascendencia histórica para la cultura maya –como sucederá con el 13 Baktún- convirtiéndola en un espectáculo superficial y mundano, propio de la ignorancia de quienes tienen en sus manos el desarrollo del turismo en el país.
Los recientes acontecimientos de Totonicapán, la represión violenta en contra de campesinos indígenas con cauda de seis muertos y más de 30 heridos, seguidos por declaraciones engañosas y contradictorias de las autoridades responsables, no solo revelan la poca importancia que para la cúpula de poder tiene la vida humana, sino cuánto menosprecian a la ciudadanía si ni siquiera se cuidan de disimular sus inconsistencias y, menos aún, sus propósitos de establecer un gobierno eminentemente represivo.
Guatemala se precia de ser uno de los países con mayores avances tecnológicos en la región, algo así como la capital del desarrollo centroamericano. Pero su realidad muestra algo muy diferente. La escasa capacidad de diálogo y la nula voluntad política de construir una democracia asentada en el desarrollo humano, sumados a la resistencia a reforzar el marco jurídico para detener la corrupción y el tráfico de influencias, dejan en evidencia un proceso de involución cada vez más acelerado en el cual la vida y los derechos de la ciudadanía son relegados a un segundo plano.
No importa cuánto presuma el Estado de los esfuerzos por reducir los índices de mortalidad materna, desnutrición infantil o analfabetismo. Todas esas acciones serán cosméticas en tanto no se resuelvan los temas sustantivos como los derechos de los pueblos indígenas y su acceso a la tierra, las políticas públicas en educación, la atención prioritaria a las graves deficiencias del sector salud, la carencia de acceso a los servicios básicos y otras muchas que deterioran la calidad de vida de las grandes mayorías.
Aquí no se puede hablar de democracia si niñas de 10 años llegan a parir a los centros de salud y el sistema ni siquiera reporta estas violaciones. Y no lo hace por indiferencia, o porque así es la costumbre, o por pura desidia ya que si no se ha hecho antes, por algo será.
Entonces, si el Estado no acata los mandatos consignados en la Constitución de la República y la sociedad no tiene la palanca suficiente para exigírselo, es perfectamente lógico concluir que los sectores más rezagados en la pirámide social se encuentran totalmente desprotegidos. En ese multitudinario contingente, uno de los grupos más olvidados continuará siendo el de las mujeres y las niñas, porque el lejano círculo de los privilegiados, quienes poseen los recursos y el poder de decidir el destino de la nación, así lo ha decidido.
El castigo ancestral
domingo, 7 de octubre de 2012
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