Quisieron exterminarlos y no pudieron. Hoy los ixiles cuentan la historia.
Nunca antes hubo un juicio tan trascendental en Guatemala y por eso ojos y oídos del mundo se dirigen hacia la sala de vistas del palacio de justicia, en donde desfilan peritos, testigos y víctimas relatando los horrores vividos durante el conflicto armado interno. Muchas personas han podido observar los testimonios a través de la red y para la mayoría de ellas es el primer acercamiento directo a lo sucedido durante ese período de la historia.
Ante la realidad de un juicio que se venía posponiendo desde hace décadas, una parte de la sociedad ha reaccionado con furor y se ha dado a la tarea de crear toda una estrategia mediática para confundir a la ciudadanía y descalificar no solo a los peritos y a las víctimas, sino también al tribunal que ha llevado este jucio de una manera impecable y ajustada a derecho.
Además y como rara coincidencia, han comenzado a surgir otros escándalos sabiamente dosificados para desviar la atención de la población hacia asuntos escabrosos en los cuales se involucra a funcionarios de gobierno, con lo cual se reduce el impacto de un juicio que, de no ser entorpecido por el tráfico de influencias de algunos sectores interesados, sentará las bases de una nueva visión de la justicia y los derechos humanos en el país.
Uno de los elementos surgidos durante este proceso ha sido el destino incierto de niñas y niños extraídos de su grupo y adoptados de manera ilegal por sus propios victimarios. Algo similar a lo sucedido en los países sudamericanos durante las dictaduras militares y que con el transcurrir de los años ha provocado innumerables investigaciones, búsquedas y denuncias por parte de familiares directos. Sin embargo, para estas niñas y niños ixiles sustraídos de su tierra y de sus comunidades, las oportunidades de reintegración son prácticamente inexistentes. Exterminada su familia y desplazados los demás miembros de las comunidades, esos lazos destruídos de manera irremediable impidieron su regreso a sus raíces.
La crueldad de la metodología de exterminio –la misma que no desean llamar genocidio pero cuyas características encajan con esa figura- fue cuidadosamente delineada y llevada a cabo con éxito hasta el extremo de reducir numéricamente a la etnia ixil, eliminar toda posibilidad de retorno a su vida normal, etiquetarla como enemiga del Estado y convertir a sus sobrevivientes en parias dentro de su propia tierra, quitándoles el acceso a sus fuentes de sustento, su cultura y sus tradiciones.
Las hábiles y a veces ridículas estratagemas de los abogados de la defensa de los generales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, señalados como responsables de todos los hechos consignados por la acusación en este caso paradigmático, han pretendido retrasar y, más aún, anular el juicio. De lograr su objetivo mediante maniobras arteras, quedaría en evidencia la desventaja de quienes, apegados a la ética, buscan el imperio de la ley y la consolidación del estado de Derecho en Guatemala. Este juicio no busca, como algunos opinan, abrir heridas del pasado. Todo lo contrario, más bien busca restañar las que nunca se cerraron.
(Publicado el 13/04/2013)
domingo, 14 de julio de 2013
Perros peligrosos
Creada la herramienta, ahora a perseguir chuchos…
No conozco las estadísticas sobre ataques de perros peligrosos, pero como opinan algunos conocedores, de estadísticas está empedrado todo el camino desde Guatemala hasta el mismísimo infierno. Lo que sí sé es la responsabilidad de los humanos en el comportamiento de sus mascotas, sean éstas perros, loros, gatos u hormigas.
Por eso no le he encontrado mucho sentido a la nueva Ley para el Control de animales peligrosos y menos aun la urgencia, como para que los honorables miembros del Congreso hayan abandonado un enorme cúmulo de proyectos de ley importantes, para dedicarle tiempo a la discusión y aprobación de algo que difícilmente se implementará.
De acuerdo con el artículo 1 de esta Ley, su objetivo es “de interés social y tiene por objeto establecer la normativa aplicable a la tenencia, crianza, control, entrenamiento y adiestramiento, cuando sean posibles, de animales considerados potencialmente peligrosos”, lo cual no parece mala idea si se considera que son los dueños de estos animales “peligrosos” quienes hacen lo posible por convertirlos en máquinas de matar. Por ende, el control tiene que orientarse, más que a perseguir a los perros, a realizar exámenes psicológicos y de adaptación social a sus propietarios.
Lo curioso es el artículo 6, en el cual se detallan las razas señaladas como peligrosas y altamente peligrosas. Es un listado de perros grandes y poderosos, pero no necesariamente peligrosos, dado este último comportamiento depende exclusivamente de la crianza y entrenamiento, ambos factores derivados de las intenciones, actitudes y habilidades de sus dueños. Un perro maltratado, dejado a la intemperie atado constantemente a una cadena pesada, sin comida ni agua, no será jamás un animal amistoso ni inofensivo. No importa cuál sea su raza.
Si a eso vamos, debería figurar en ese listado el Llhasa Apso. Yo rescaté uno y jamás he tenido un animal más cariñoso. Pero eso era conmigo. Al acercarse un extraño se convertía en una fiera y se lanzaba directo a los tobillos del intruso. Supongo que elegía los tobillos porque de haber sido más grande su objetivo habría sido la yugular. Eso era un perro peligroso, tan agresivo como aquel poodle miniatura que una vez me mordió la pantorrilla sin haber mediado alerta alguna.
Pero digamos que la ley sirviera para reducir significativamente los ataques a niñas y niños que inocentemente se acercan a estos ejemplares furiosos. Eso estaría bien, pero ¿quiénes van a aplicarla? Para ello, ha de haberse contemplado la contratación de un verdadero ejército de expertos cuya tarea será circular por las calles y los vecindarios cinta métrica en ristre para medir correas y listos para requisar a los perros que paseen sin bozal. Para ello necesitarán una buena provisión de vehículos acondicionados especialmente para el efecto, de esos mismos de los cuales carece la policía para capturar delincuentes.
No cabe duda de que los diputados saben muy bien cuáles son las necesidades más urgentes de la población. Tampoco cabe duda de que esos bozales, utilizados con buen criterio, tendrían mejor aplicación en otros lugares antes que en el hocico de un dogo guatemalteco.
(Publicado el 08/04/2013)
Por eso no le he encontrado mucho sentido a la nueva Ley para el Control de animales peligrosos y menos aun la urgencia, como para que los honorables miembros del Congreso hayan abandonado un enorme cúmulo de proyectos de ley importantes, para dedicarle tiempo a la discusión y aprobación de algo que difícilmente se implementará.
De acuerdo con el artículo 1 de esta Ley, su objetivo es “de interés social y tiene por objeto establecer la normativa aplicable a la tenencia, crianza, control, entrenamiento y adiestramiento, cuando sean posibles, de animales considerados potencialmente peligrosos”, lo cual no parece mala idea si se considera que son los dueños de estos animales “peligrosos” quienes hacen lo posible por convertirlos en máquinas de matar. Por ende, el control tiene que orientarse, más que a perseguir a los perros, a realizar exámenes psicológicos y de adaptación social a sus propietarios.
Lo curioso es el artículo 6, en el cual se detallan las razas señaladas como peligrosas y altamente peligrosas. Es un listado de perros grandes y poderosos, pero no necesariamente peligrosos, dado este último comportamiento depende exclusivamente de la crianza y entrenamiento, ambos factores derivados de las intenciones, actitudes y habilidades de sus dueños. Un perro maltratado, dejado a la intemperie atado constantemente a una cadena pesada, sin comida ni agua, no será jamás un animal amistoso ni inofensivo. No importa cuál sea su raza.
Si a eso vamos, debería figurar en ese listado el Llhasa Apso. Yo rescaté uno y jamás he tenido un animal más cariñoso. Pero eso era conmigo. Al acercarse un extraño se convertía en una fiera y se lanzaba directo a los tobillos del intruso. Supongo que elegía los tobillos porque de haber sido más grande su objetivo habría sido la yugular. Eso era un perro peligroso, tan agresivo como aquel poodle miniatura que una vez me mordió la pantorrilla sin haber mediado alerta alguna.
Pero digamos que la ley sirviera para reducir significativamente los ataques a niñas y niños que inocentemente se acercan a estos ejemplares furiosos. Eso estaría bien, pero ¿quiénes van a aplicarla? Para ello, ha de haberse contemplado la contratación de un verdadero ejército de expertos cuya tarea será circular por las calles y los vecindarios cinta métrica en ristre para medir correas y listos para requisar a los perros que paseen sin bozal. Para ello necesitarán una buena provisión de vehículos acondicionados especialmente para el efecto, de esos mismos de los cuales carece la policía para capturar delincuentes.
No cabe duda de que los diputados saben muy bien cuáles son las necesidades más urgentes de la población. Tampoco cabe duda de que esos bozales, utilizados con buen criterio, tendrían mejor aplicación en otros lugares antes que en el hocico de un dogo guatemalteco.
(Publicado el 08/04/2013)
No hay de qué presumir
El fracaso rotundo de las políticas educativas se ve en sus resultados.
El pobre desempeño de los estudiantes graduados de diversificado –quienes fracasaron en las pruebas de matemática y lectura de manera abrumadora (93 y 75.5 por ciento respectivamente) es una alerta urgente para las autoridades educativas, quienes deberán tomar medidas y revertir la situación a corto y mediano plazos.
Este indicador, ilustrativo de cuán bajo es el nivel de la enseñanza en Guatemala, constituye una evidencia del precario nivel de competitividad del trabajador guatemalteco en un mundo cada vez más inclemente con las debilidades humanas y con la mediocridad de los sistemas de enseñanza pública y privada.
De ahí que la capacidad generadora y creativa de la fuerza laboral local es puesta a prueba contra países de la región como El Salvador o Costa Rica, cuya población juvenil obtiene mejores herramientas, saliendo del nivel medio capacitada de manera ventajosa para enfrentar los mercados y optar a mejores oportunidades de desarrollo en cualquier actividad productiva.
Con estas calificaciones académicas, el futuro no parece ser muy prometedor para un estudiante recién graduado y listo para entrar a la universidad o apostarle a un empleo de tiempo completo. Si ingresa a la universidad en esas condiciones tan desfavorables, parece difícil que llegue a convertirse en un profesional competente, capaz de enfrentar los retos de la tecnología avanzada en el campo laboral actual. Si decide, en cambio, buscar un trabajo que le dé lo suficiente para vivir, no tendrá las mismas oportunidades de quien ha coronado sus estudios con éxito y altas calificaciones, optando por el mismo puesto.
Este estudio, realizado por el Mineduc en establecimientos públicos y privados de todo el país y el cual refleja los resultados de 2012, muestra también y de manera muy particular, la necesidad de capacitar a los maestros, quienes en evaluaciones anteriores han mostrado tantas debilidades como sus alumnos. Aquí se plantea nuevamente el conflictivo tema de la eliminación de la carrera de magisterio con la intención de darle nivel universitario, lo cual hipotéticamente tendría incidencia en la calidad de la educación desde los primeros años de primaria.
Pero este fracaso no es una novedad. Los resultados de años anteriores fueron bastante similares con la excepción del período 2007-2009 cuyos porcentajes fueron francamente impresentables. En 2008, por ejemplo, solo 3.5 por ciento pasó las pruebas de matemática y 7 por ciento las de lectura. Es decir, no ha habido ningún esfuerzo sostenido por cambiar esta tendencia y tampoco se ha enfrentado el problema de manera integral, con políticas efectivas y con visión de futuro.
Esto coloca a la niñez y juventud del país en una situación de completa desprotección y desventaja para enfrentar los años venideros. Es importante recalcar, además, que el futuro de este sector es también el de Guatemala, país cuya deficiencia en la calidad educativa de su pueblo significa la baja respectiva en sus oportunidades de competir con éxito en el mundo globalizado y un descenso sostenido de la calidad de vida de sus habitantes.
(Publicado el 06/04/2013)
El pobre desempeño de los estudiantes graduados de diversificado –quienes fracasaron en las pruebas de matemática y lectura de manera abrumadora (93 y 75.5 por ciento respectivamente) es una alerta urgente para las autoridades educativas, quienes deberán tomar medidas y revertir la situación a corto y mediano plazos.
Este indicador, ilustrativo de cuán bajo es el nivel de la enseñanza en Guatemala, constituye una evidencia del precario nivel de competitividad del trabajador guatemalteco en un mundo cada vez más inclemente con las debilidades humanas y con la mediocridad de los sistemas de enseñanza pública y privada.
De ahí que la capacidad generadora y creativa de la fuerza laboral local es puesta a prueba contra países de la región como El Salvador o Costa Rica, cuya población juvenil obtiene mejores herramientas, saliendo del nivel medio capacitada de manera ventajosa para enfrentar los mercados y optar a mejores oportunidades de desarrollo en cualquier actividad productiva.
Con estas calificaciones académicas, el futuro no parece ser muy prometedor para un estudiante recién graduado y listo para entrar a la universidad o apostarle a un empleo de tiempo completo. Si ingresa a la universidad en esas condiciones tan desfavorables, parece difícil que llegue a convertirse en un profesional competente, capaz de enfrentar los retos de la tecnología avanzada en el campo laboral actual. Si decide, en cambio, buscar un trabajo que le dé lo suficiente para vivir, no tendrá las mismas oportunidades de quien ha coronado sus estudios con éxito y altas calificaciones, optando por el mismo puesto.
Este estudio, realizado por el Mineduc en establecimientos públicos y privados de todo el país y el cual refleja los resultados de 2012, muestra también y de manera muy particular, la necesidad de capacitar a los maestros, quienes en evaluaciones anteriores han mostrado tantas debilidades como sus alumnos. Aquí se plantea nuevamente el conflictivo tema de la eliminación de la carrera de magisterio con la intención de darle nivel universitario, lo cual hipotéticamente tendría incidencia en la calidad de la educación desde los primeros años de primaria.
Pero este fracaso no es una novedad. Los resultados de años anteriores fueron bastante similares con la excepción del período 2007-2009 cuyos porcentajes fueron francamente impresentables. En 2008, por ejemplo, solo 3.5 por ciento pasó las pruebas de matemática y 7 por ciento las de lectura. Es decir, no ha habido ningún esfuerzo sostenido por cambiar esta tendencia y tampoco se ha enfrentado el problema de manera integral, con políticas efectivas y con visión de futuro.
Esto coloca a la niñez y juventud del país en una situación de completa desprotección y desventaja para enfrentar los años venideros. Es importante recalcar, además, que el futuro de este sector es también el de Guatemala, país cuya deficiencia en la calidad educativa de su pueblo significa la baja respectiva en sus oportunidades de competir con éxito en el mundo globalizado y un descenso sostenido de la calidad de vida de sus habitantes.
(Publicado el 06/04/2013)
Detrás de la noticia
Escribimos, hablamos y discutimos sobre desnutrición, pero ¿la conocemos?
Uno de los más graves problemas de nuestra sociedad actual es la distancia que nos separa de los demás. Las mayores catástrofes, la realidad de nuestra niñez y las injusticias imperantes en el sistema en el cual estamos todos inmersos, nos resultan tan abstractas como lejanas, a menos que nos afecten de manera directa.
Por eso cuando nos referimos a la elevada incidencia de desnutrición crónica presente en más de la mitad de las niñas y niños guatemaltecos, difícilmente visualizamos el fenómeno y rara vez medimos sus proyecciones de largo plazo. Esto nos coloca a media distancia entre la responsabilidad propia como ciudadanos y el endoso de la culpa de esa inmensa deuda social a las autoridades de gobierno, masa amorfa de funcionarios cuyos nombres ni siquiera recordamos con exactitud y cuyo alto índice de rotación nos desubica en el mapa burocrático.
El resultado de este distanciamiento mental y de conciencia se replica en muchos otros aspectos de la vida. Pero en el caso de la niñez desnutrida esta indiferencia resulta en una especie de suicidio colectivo que nos conduce hacia la conformación de una población con capacidades reducidas, la cual no será útil ni siquiera para ejecutar las tareas más sencillas exigidas por el mundo laboral.
Tomando en cuenta que de ese 50 por ciento de niñez desnutrida crónica la mayoría logre sobrevivir a las infecciones, los parásitos, la diarrea y las afecciones cardiacas y respiratorias, pronto habrá varios millones de adolescentes y jóvenes de baja talla, de bajo peso corporal y cuyo cerebro no pudo desarrollarse del todo por falta de los nutrientes básicos para su formación y funcionamiento. Fenómeno que, por cierto, ya está presente en la mayor parte del país desde hace varios siglos.
Aquí aplica esa frase tan repetida “la niñez es el futuro de la nación” y en ella se dibuja, como en un mapa vivo, cuál será ese futuro si no se revierten las ominosas estadísticas que colocan a Guatemala a la zaga del continente. Adultos física y mentalmente privados de toda oportunidad de alcanzar un estándar mínimo y cuya precaria calidad de vida es determinada desde el nacimiento por una estrategia de explotación social y laboral definida en los círculos más elevados del poder económico.
Una de las responsabilidades de los medios, en un país con bajo nivel de lectura y más bajo aun de permanencia en establecimientos educativos, es dar información comprensible y actualizada respecto de los temas más importantes y de mayor incidencia en la sociedad. Sin embargo, por lo general el tema de la desnutrición crónica infantil se queda a nivel de noticia, y se deja pendiente la tarea de explicar a la población cuáles son los caminos posibles, desde los ámbitos familiares y comunitarios, para contribuir a reducir el impacto de esta terrible realidad.
Las causas de la desnutrición crónica no son un misterio para nadie y menos aun para el sector político. Pero las cifras aumentan cada vez que se realiza un informe de desarrollo humano y aun así no se observa reacción alguna en los despachos desde los cuales emanan las políticas públicas.
(Publicado el 02/04/2013)
Uno de los más graves problemas de nuestra sociedad actual es la distancia que nos separa de los demás. Las mayores catástrofes, la realidad de nuestra niñez y las injusticias imperantes en el sistema en el cual estamos todos inmersos, nos resultan tan abstractas como lejanas, a menos que nos afecten de manera directa.
Por eso cuando nos referimos a la elevada incidencia de desnutrición crónica presente en más de la mitad de las niñas y niños guatemaltecos, difícilmente visualizamos el fenómeno y rara vez medimos sus proyecciones de largo plazo. Esto nos coloca a media distancia entre la responsabilidad propia como ciudadanos y el endoso de la culpa de esa inmensa deuda social a las autoridades de gobierno, masa amorfa de funcionarios cuyos nombres ni siquiera recordamos con exactitud y cuyo alto índice de rotación nos desubica en el mapa burocrático.
El resultado de este distanciamiento mental y de conciencia se replica en muchos otros aspectos de la vida. Pero en el caso de la niñez desnutrida esta indiferencia resulta en una especie de suicidio colectivo que nos conduce hacia la conformación de una población con capacidades reducidas, la cual no será útil ni siquiera para ejecutar las tareas más sencillas exigidas por el mundo laboral.
Tomando en cuenta que de ese 50 por ciento de niñez desnutrida crónica la mayoría logre sobrevivir a las infecciones, los parásitos, la diarrea y las afecciones cardiacas y respiratorias, pronto habrá varios millones de adolescentes y jóvenes de baja talla, de bajo peso corporal y cuyo cerebro no pudo desarrollarse del todo por falta de los nutrientes básicos para su formación y funcionamiento. Fenómeno que, por cierto, ya está presente en la mayor parte del país desde hace varios siglos.
Aquí aplica esa frase tan repetida “la niñez es el futuro de la nación” y en ella se dibuja, como en un mapa vivo, cuál será ese futuro si no se revierten las ominosas estadísticas que colocan a Guatemala a la zaga del continente. Adultos física y mentalmente privados de toda oportunidad de alcanzar un estándar mínimo y cuya precaria calidad de vida es determinada desde el nacimiento por una estrategia de explotación social y laboral definida en los círculos más elevados del poder económico.
Una de las responsabilidades de los medios, en un país con bajo nivel de lectura y más bajo aun de permanencia en establecimientos educativos, es dar información comprensible y actualizada respecto de los temas más importantes y de mayor incidencia en la sociedad. Sin embargo, por lo general el tema de la desnutrición crónica infantil se queda a nivel de noticia, y se deja pendiente la tarea de explicar a la población cuáles son los caminos posibles, desde los ámbitos familiares y comunitarios, para contribuir a reducir el impacto de esta terrible realidad.
Las causas de la desnutrición crónica no son un misterio para nadie y menos aun para el sector político. Pero las cifras aumentan cada vez que se realiza un informe de desarrollo humano y aun así no se observa reacción alguna en los despachos desde los cuales emanan las políticas públicas.
(Publicado el 02/04/2013)
La infancia feliz
Un país que no protege a la niñez está condenado al fracaso.
Las investigaciones señalan que el 38 por ciento de los muertos por el Ejército en el área ixil durante el cnflicto armado, de acuerdo con las osamentas halladas en fosas clandestinas, eran menores de 12 años. Y el Informe de Desarrollo Humano 2013 indica que Guatemala está solo por encima de Haití en los indicadores de (sub)desarrollo, siendo su población infantil la más afectada del continente por la desnutrición crónica y la escasa cobertura en salud.
La juventud no está mejor. Esa desnutrición crónica no es un fenómeno de generación espontánea. Viene agravándose desde hace ya muchas generaciones por la falta de alimentación adecuada, poco acceso de la mayoría de la población a servicios básicos como agua potable y saneamiento, una pobreza cada vez más pronunciada en las áreas rurales y suburbanas con el crecimiento de los anillos de pobreza alrededor de las ciudades.
Para constatar los efectos de la desnutrición crónica no hay que investigar mucho. Es cosa de salir con una cinta métrica y observar la disminución progresiva de la talla de los habitantes menos favorecidos en la repartición de la abundante riqueza del país. En otras palabras, estamos matando de hambre a la niñez y no nos importa si vive o muere. Más aun, no habría que descartar la posibilidad de que a algún sector político o empresarial más bien le convenga lo segundo, porque de ese modo no será necesario atender más adelante a esa población improductiva cuyas capacidades intelectuales y físicas fueron reducidas al mínimo por la falta de alimento.
Entonces, hay que preguntarse ¿cuál es el propósito de las políticas impuestas por los gobiernos desde la última dictadura? Gobiernos democráticos, es preciso aclarar. Presidentes cuyo discurso se ha centrado fundamentalmente en promesas de atención a la niñez y a las mujeres más pobres, con promesas de maravillosos programas para darles la oportunidad de crecer y desarrollarse a plenitud y disfrutar de una vida, si no ideal, por lo menos decente. Eso dicen en las campañas, eso repiten a los representantes de otros Estados y de organismos internacionales, eso le cuentan al Papa mientras le besan el anillo. Y todos les creen.
Pero a la niñez de Guatemala no solo le afecta el hambre total, esa que la mantiene al borde de una muerte contra la cual ni siquiera se resiste, porque no hay energía más que para respirar. También es atacada por la violencia dentro de su hogar. Madres frustradas y agobiadas por partos continuos iniciados en la adolescencia en las condiciones más precarias, padres violentos, alcohólicos muchos de ellos y otros simplemente convencidos de tener poder absoluto sobre su descendencia para hacer con ella lo que le venga en gana.
No es asunto de negar esa realidad, porque los estudios de organizaciones expertas en el tema, así como el Ministerio Público, señalan que el 90 por ciento de las agresiones sexuales a niñas y niños se produce en el seno del hogar. Y entre esas paredes, por lo visto, reina la impunidad. La niñez debería ser la etapa más feliz y despreocupada del ser humano y los Estados existen para garantizarlo. Cuando no lo hacen, es porque son fallidos.
(Publicado el 25/03/2013)
Las investigaciones señalan que el 38 por ciento de los muertos por el Ejército en el área ixil durante el cnflicto armado, de acuerdo con las osamentas halladas en fosas clandestinas, eran menores de 12 años. Y el Informe de Desarrollo Humano 2013 indica que Guatemala está solo por encima de Haití en los indicadores de (sub)desarrollo, siendo su población infantil la más afectada del continente por la desnutrición crónica y la escasa cobertura en salud.
La juventud no está mejor. Esa desnutrición crónica no es un fenómeno de generación espontánea. Viene agravándose desde hace ya muchas generaciones por la falta de alimentación adecuada, poco acceso de la mayoría de la población a servicios básicos como agua potable y saneamiento, una pobreza cada vez más pronunciada en las áreas rurales y suburbanas con el crecimiento de los anillos de pobreza alrededor de las ciudades.
Para constatar los efectos de la desnutrición crónica no hay que investigar mucho. Es cosa de salir con una cinta métrica y observar la disminución progresiva de la talla de los habitantes menos favorecidos en la repartición de la abundante riqueza del país. En otras palabras, estamos matando de hambre a la niñez y no nos importa si vive o muere. Más aun, no habría que descartar la posibilidad de que a algún sector político o empresarial más bien le convenga lo segundo, porque de ese modo no será necesario atender más adelante a esa población improductiva cuyas capacidades intelectuales y físicas fueron reducidas al mínimo por la falta de alimento.
Entonces, hay que preguntarse ¿cuál es el propósito de las políticas impuestas por los gobiernos desde la última dictadura? Gobiernos democráticos, es preciso aclarar. Presidentes cuyo discurso se ha centrado fundamentalmente en promesas de atención a la niñez y a las mujeres más pobres, con promesas de maravillosos programas para darles la oportunidad de crecer y desarrollarse a plenitud y disfrutar de una vida, si no ideal, por lo menos decente. Eso dicen en las campañas, eso repiten a los representantes de otros Estados y de organismos internacionales, eso le cuentan al Papa mientras le besan el anillo. Y todos les creen.
Pero a la niñez de Guatemala no solo le afecta el hambre total, esa que la mantiene al borde de una muerte contra la cual ni siquiera se resiste, porque no hay energía más que para respirar. También es atacada por la violencia dentro de su hogar. Madres frustradas y agobiadas por partos continuos iniciados en la adolescencia en las condiciones más precarias, padres violentos, alcohólicos muchos de ellos y otros simplemente convencidos de tener poder absoluto sobre su descendencia para hacer con ella lo que le venga en gana.
No es asunto de negar esa realidad, porque los estudios de organizaciones expertas en el tema, así como el Ministerio Público, señalan que el 90 por ciento de las agresiones sexuales a niñas y niños se produce en el seno del hogar. Y entre esas paredes, por lo visto, reina la impunidad. La niñez debería ser la etapa más feliz y despreocupada del ser humano y los Estados existen para garantizarlo. Cuando no lo hacen, es porque son fallidos.
(Publicado el 25/03/2013)
La Azotea
Entre las iniciativas más idealistas, una editorial de fotografía.
Corría el año 1973. Eran las épocas de grandes cambios, revoluciones y golpes de Estado en América Latina cuando a la fotógrafa guatemalteca Cristina Orive y a la fotógrafa argentina Sara Facio se les ocurrió la genial idea de fundar una editorial dedicada a la fotografía.
Arte aun no suficientemente explorado, la fotografía no parecía llenar los requerimientos para hacerse acreedora de un proyecto de tanta magnitud. La iniciativa, entonces, parecía una utopía lejana y poco práctica. Sin embargo estas dos artistas detectaron con gran visión el potencial existente, la riqueza de los archivos y la enorme importancia de rescatar esas imágenes que constituyen uno de los bienes patrimoniales fundamentales de nuestra historia.
Así fue como nació la Editorial La Azotea en una calle de Buenos Aires, con los primeros trabajos de investigación y documentación de la obra de fotógrafos como Martín Chambi, de Perú, Juan José de Jesús Yas y José Domingo Noriega, de Guatemala, Alejandro S. Witcomb, cuya obra es considerada patrimonio histórico de Argentina y Grete Stern, también argentina y quien organizó una de las primeras exhibiciones de fotografía en su país, allá por 1935.
Estos libros, joyas del arte fotográfico, editados con la perfección y la exigencia de dos especialistas en esa técnica, fueron la punta de lanza de un proyecto editorial que hoy cumple 40 años de existencia. Después se unieron a la colección nuevos valores como Sandra Eleta, de Panamá, Luis González Palma, de Guatemala y Marcos López de Argentina.
Pero la edición de libros era solo parte del sueño. Orive y Facio recorrieron mucho mundo dando a conocer los grandes valores latinoamericanos de la fotografía y montaron exposiciones en Argentina, México, Estados Unidos, Europa y Asia, acompañadas de los libros y las tarjetas postales como dos de sus productos más exitosos. Su presencia en las ferias del libro en distintos países y los premios internacionales de Arles, Francia; Leipzig, Alemania; Cámara de Editores de México y de la Cámara de Publicaciones de Argentina las llevaron por fin a ser la editorial fotográfica de mayor prestigio del continente.
¿Por qué les cuento esto en medio de un juicio por genocidio y el azote de la inseguridad? Porque este es un ejemplo de éxito y constancia en el campo del arte y la cultura en un país cuya imagen se encuentra teñida de violencia. Porque insistir en la importancia de la educación y el respeto a la cultura no bastan para elevar esas actividades esenciales al primer renglón de la agenda política. Porque Guatemala es más que pugna por espacios políticos y disturbios sociales. Es cultura.
Estos 40 años de existencia de una editorial pionera en América Latina es un orgullo para esta Guatemala en la cual el arte prospera a pesar de las vicisitudes. Es el legado de una extraordinaria fotógrafa guatemalteca, Cristina Orive, quien a lo largo de los años ha ido creando las bases para la reivindicación de un arte que antaño se consideraba oficio, pero que guarda una incalculable riqueza estética y documental. Gracias, Cristina y Sara, por esa Azotea.
(Publicado el 23/03/2013)
Corría el año 1973. Eran las épocas de grandes cambios, revoluciones y golpes de Estado en América Latina cuando a la fotógrafa guatemalteca Cristina Orive y a la fotógrafa argentina Sara Facio se les ocurrió la genial idea de fundar una editorial dedicada a la fotografía.
Arte aun no suficientemente explorado, la fotografía no parecía llenar los requerimientos para hacerse acreedora de un proyecto de tanta magnitud. La iniciativa, entonces, parecía una utopía lejana y poco práctica. Sin embargo estas dos artistas detectaron con gran visión el potencial existente, la riqueza de los archivos y la enorme importancia de rescatar esas imágenes que constituyen uno de los bienes patrimoniales fundamentales de nuestra historia.
Así fue como nació la Editorial La Azotea en una calle de Buenos Aires, con los primeros trabajos de investigación y documentación de la obra de fotógrafos como Martín Chambi, de Perú, Juan José de Jesús Yas y José Domingo Noriega, de Guatemala, Alejandro S. Witcomb, cuya obra es considerada patrimonio histórico de Argentina y Grete Stern, también argentina y quien organizó una de las primeras exhibiciones de fotografía en su país, allá por 1935.
Estos libros, joyas del arte fotográfico, editados con la perfección y la exigencia de dos especialistas en esa técnica, fueron la punta de lanza de un proyecto editorial que hoy cumple 40 años de existencia. Después se unieron a la colección nuevos valores como Sandra Eleta, de Panamá, Luis González Palma, de Guatemala y Marcos López de Argentina.
Pero la edición de libros era solo parte del sueño. Orive y Facio recorrieron mucho mundo dando a conocer los grandes valores latinoamericanos de la fotografía y montaron exposiciones en Argentina, México, Estados Unidos, Europa y Asia, acompañadas de los libros y las tarjetas postales como dos de sus productos más exitosos. Su presencia en las ferias del libro en distintos países y los premios internacionales de Arles, Francia; Leipzig, Alemania; Cámara de Editores de México y de la Cámara de Publicaciones de Argentina las llevaron por fin a ser la editorial fotográfica de mayor prestigio del continente.
¿Por qué les cuento esto en medio de un juicio por genocidio y el azote de la inseguridad? Porque este es un ejemplo de éxito y constancia en el campo del arte y la cultura en un país cuya imagen se encuentra teñida de violencia. Porque insistir en la importancia de la educación y el respeto a la cultura no bastan para elevar esas actividades esenciales al primer renglón de la agenda política. Porque Guatemala es más que pugna por espacios políticos y disturbios sociales. Es cultura.
Estos 40 años de existencia de una editorial pionera en América Latina es un orgullo para esta Guatemala en la cual el arte prospera a pesar de las vicisitudes. Es el legado de una extraordinaria fotógrafa guatemalteca, Cristina Orive, quien a lo largo de los años ha ido creando las bases para la reivindicación de un arte que antaño se consideraba oficio, pero que guarda una incalculable riqueza estética y documental. Gracias, Cristina y Sara, por esa Azotea.
(Publicado el 23/03/2013)
El negocio de la salud
La visión mercantilista de la salud es un vicio político.
Pocos negocios hay tan productivos como los relacionados con la salud. Desde el proceso de investigación de nuevas fórmulas hasta el producto puesto en el anaquel de una farmacia, la cadena resulta una auténtica mina de oro para quienes están involucrados. ¿Algún problema con eso? Claro que sí: la vida de quienes dependen de ese comercio.
En Guatemala y en otros países en desarrollo, la medicina es un lujo que pocos pueden costearse. De hecho, muchas personas mueren por ese motivo y dado que el porcentaje de población beneficiado por el seguro social es irrisorio, este país es uno de los más afectados por la falta de cobertura en salud, tanto desde el punto de vista cuantitativo como de la calidad de los servicios.
Por ello resulta contradictorio el hecho de marginar a las organizaciones que colaboran en la atención de pacientes con enfermedades tan graves y costosas como la insuficiencia renal crónica. Esto sucede actualmente con la Fundación Amor, la cual durante los últimos 12 años ha provisto de tratamiento de hemodiálisis a cientos de pacientes a un costo mínimo comparado con lo que cobra cualquier hospital por el mismo servicio. Esta fundación ha prestado apoyo y ha trabajado en conjunto con la Unidad Nacional del Enfermo Renal Crónico, Unaerc, la cual ha visto cómo cada año su presupuesto se ha ido volviendo más y más insuficiente para atender a sus miles de pacientes.
Las personas que viven con enfermedad renal crónica no son las únicas en sufrir las consecuencias de la visión materialista y poco solidaria en el sector de salud pública. Por el mismo calvario pasan los enfermos de sida, de cáncer, los que sufren enfermedades cardiovasculares y todos quienes dependen de servicios de salud eficientes y oportunos para sobrevivir a sus dolencias. Por ello resulta obvio que en tanto los criterios para administrar estos servicios pasen por el tamiz de la política con énfasis en la priorización de intereses particulares, el sector salud continuará apareciendo en los indicadores como uno de los menos eficientes de la región y la población guatemalteca como una de las más abandonadas en lo referente a este tema.
Quienes toman las decisiones de alto nivel no parecen tomar en cuenta a las personas a quienes afectan. Por lo menos los enfermos renales se han organizado para protestar y hacer oir su voz, pero hay otros afectados a quienes nadie les hace caso ¿qué pasa con las personas que llegan a morir por una infección prevenible o por un parto mal atendido? ¿Qué hay de los accidentados que llegan a los hospitales para ser enviados de regreso por falta de material para curaciones? ¿Y la falta de medicinas? ¿Y la contaminación nosocomial?
Lo importante, entonces, no es a quién adjudicarle los contratos para compra de insumos sino revisar los procedimientos con visión de nación, pensando en las personas que con sus impuestos pagan por los servicios y, por ello, tienen todo el derecho a exigirlos. Además, aunque no parezca estar en la mente de los burócratas, esto de la salud es un asunto de derechos humanos.
(Publicado el 18/03/2013)
Pocos negocios hay tan productivos como los relacionados con la salud. Desde el proceso de investigación de nuevas fórmulas hasta el producto puesto en el anaquel de una farmacia, la cadena resulta una auténtica mina de oro para quienes están involucrados. ¿Algún problema con eso? Claro que sí: la vida de quienes dependen de ese comercio.
En Guatemala y en otros países en desarrollo, la medicina es un lujo que pocos pueden costearse. De hecho, muchas personas mueren por ese motivo y dado que el porcentaje de población beneficiado por el seguro social es irrisorio, este país es uno de los más afectados por la falta de cobertura en salud, tanto desde el punto de vista cuantitativo como de la calidad de los servicios.
Por ello resulta contradictorio el hecho de marginar a las organizaciones que colaboran en la atención de pacientes con enfermedades tan graves y costosas como la insuficiencia renal crónica. Esto sucede actualmente con la Fundación Amor, la cual durante los últimos 12 años ha provisto de tratamiento de hemodiálisis a cientos de pacientes a un costo mínimo comparado con lo que cobra cualquier hospital por el mismo servicio. Esta fundación ha prestado apoyo y ha trabajado en conjunto con la Unidad Nacional del Enfermo Renal Crónico, Unaerc, la cual ha visto cómo cada año su presupuesto se ha ido volviendo más y más insuficiente para atender a sus miles de pacientes.
Las personas que viven con enfermedad renal crónica no son las únicas en sufrir las consecuencias de la visión materialista y poco solidaria en el sector de salud pública. Por el mismo calvario pasan los enfermos de sida, de cáncer, los que sufren enfermedades cardiovasculares y todos quienes dependen de servicios de salud eficientes y oportunos para sobrevivir a sus dolencias. Por ello resulta obvio que en tanto los criterios para administrar estos servicios pasen por el tamiz de la política con énfasis en la priorización de intereses particulares, el sector salud continuará apareciendo en los indicadores como uno de los menos eficientes de la región y la población guatemalteca como una de las más abandonadas en lo referente a este tema.
Quienes toman las decisiones de alto nivel no parecen tomar en cuenta a las personas a quienes afectan. Por lo menos los enfermos renales se han organizado para protestar y hacer oir su voz, pero hay otros afectados a quienes nadie les hace caso ¿qué pasa con las personas que llegan a morir por una infección prevenible o por un parto mal atendido? ¿Qué hay de los accidentados que llegan a los hospitales para ser enviados de regreso por falta de material para curaciones? ¿Y la falta de medicinas? ¿Y la contaminación nosocomial?
Lo importante, entonces, no es a quién adjudicarle los contratos para compra de insumos sino revisar los procedimientos con visión de nación, pensando en las personas que con sus impuestos pagan por los servicios y, por ello, tienen todo el derecho a exigirlos. Además, aunque no parezca estar en la mente de los burócratas, esto de la salud es un asunto de derechos humanos.
(Publicado el 18/03/2013)
Apología de la violencia
El solo pensamiento de acabar con la vida de alguien provoca un daño irreparable.
Es doloroso ver u oir a ciudadanos honrados con tales ansias de venganza como para ser capaces de incitar a otros a cometer un asesinato. El solo hecho de legitimar con su actitud un acto tan extremo –el asesinato de otro ser humano- indica que algo anda muy mal en nuestra sociedad. En cualquier nación democrática y civilizada sería inaudito ver a ciudadanos amables y respetuosos de la ley tener los arrestos de linchar a alguien, convencidos de hacer lo correcto. Eso sucede hoy en Guatemala.
La escalada de violencia no es un producto de la imaginación de quienes se oponen al gobierno y quieren desprestigiarlo, sino una realidad palpable, cotidiana, capaz de transformar a un pueblo normal y pacífico en una sociedad rabiosa, frustrada y abrumada por el miedo de salir a las calles. Todos los días se acumulan tantos muertos por hechos de violencia que casi no da tiempo de contarlos y menos aun de llevar un registro exacto, porque algunos ni siquiera se llegan a conocer.
Entonces nuestro cerebro se bloquea y trata de olvidar. O bien, busca una salida a esa rabia contenida y clama a gritos por venganza. La búsqueda de paz y justicia se perdió en medio del caos que hoy se vive en el país, a pesar de los supuestos avances publicitados por las autoridades. Lo que no han entendido quienes asumieron la responsabilidad de gobernar y, con ella, la obligación de proteger la vida de las personas, es que no será con porcentajes como van a convencer a quienes suben a un autobús, caminan por la calle o manejan su automóvil con un nudo de pánico en el estómago.
En los dos primeros meses del año y aun con el sabor de las fiestas navideñas, fueron 69 las niñas y niños asesinados por heridas de arma de fuego. Nunca antes se había visto semejante saña en contra de la población infantil, pero tampoco se había visto tanta permisividad ante las acciones y el poder de las organizaciones criminales, cuyas huestes transitan libres por todo el territorio nacional.
La ira popular ante el incremento de estos hechos es absolutamente comprensible. Lo que no es aceptable son esas frenéticas ansias de buscar el castigo de manera directa, sin intermediarios, sin instituciones encargadas de administrar justicia, sin un cuerpo de policía que aplique los procedimientos de ley.
El problema es que ese cuerpo de policía no es confiable. Sus elementos, en demasiadas oportunidades, han sido sorprendidos delinquiendo, extorsionando, violando y cometiendo las peores fechorías. Que ese sistema de administración de justicia, la mayoría de veces, termina dejando ir a los criminales aun después de haberlos capturado en flagrancia. Que aun si los retiene en prisión, las deficiencias del sistema les permiten comunicarse con sus secuaces para buscar venganza.
El círculo está completo: desde el funcionario corrupto hasta el último de los delincuentes, la cadena de la impunidad funciona a favor de quienes tienen el poder de su lado y en contra de toda la ciudadanía. Para hablar de avances en seguridad, los números deben reducirse a la mitad y mostrar avances progresivos, sin retrocesos. Cualquier otro indicador significa que las promesas no se han cumplido.
(Publicado el 16/03/2013)
Es doloroso ver u oir a ciudadanos honrados con tales ansias de venganza como para ser capaces de incitar a otros a cometer un asesinato. El solo hecho de legitimar con su actitud un acto tan extremo –el asesinato de otro ser humano- indica que algo anda muy mal en nuestra sociedad. En cualquier nación democrática y civilizada sería inaudito ver a ciudadanos amables y respetuosos de la ley tener los arrestos de linchar a alguien, convencidos de hacer lo correcto. Eso sucede hoy en Guatemala.
La escalada de violencia no es un producto de la imaginación de quienes se oponen al gobierno y quieren desprestigiarlo, sino una realidad palpable, cotidiana, capaz de transformar a un pueblo normal y pacífico en una sociedad rabiosa, frustrada y abrumada por el miedo de salir a las calles. Todos los días se acumulan tantos muertos por hechos de violencia que casi no da tiempo de contarlos y menos aun de llevar un registro exacto, porque algunos ni siquiera se llegan a conocer.
Entonces nuestro cerebro se bloquea y trata de olvidar. O bien, busca una salida a esa rabia contenida y clama a gritos por venganza. La búsqueda de paz y justicia se perdió en medio del caos que hoy se vive en el país, a pesar de los supuestos avances publicitados por las autoridades. Lo que no han entendido quienes asumieron la responsabilidad de gobernar y, con ella, la obligación de proteger la vida de las personas, es que no será con porcentajes como van a convencer a quienes suben a un autobús, caminan por la calle o manejan su automóvil con un nudo de pánico en el estómago.
En los dos primeros meses del año y aun con el sabor de las fiestas navideñas, fueron 69 las niñas y niños asesinados por heridas de arma de fuego. Nunca antes se había visto semejante saña en contra de la población infantil, pero tampoco se había visto tanta permisividad ante las acciones y el poder de las organizaciones criminales, cuyas huestes transitan libres por todo el territorio nacional.
La ira popular ante el incremento de estos hechos es absolutamente comprensible. Lo que no es aceptable son esas frenéticas ansias de buscar el castigo de manera directa, sin intermediarios, sin instituciones encargadas de administrar justicia, sin un cuerpo de policía que aplique los procedimientos de ley.
El problema es que ese cuerpo de policía no es confiable. Sus elementos, en demasiadas oportunidades, han sido sorprendidos delinquiendo, extorsionando, violando y cometiendo las peores fechorías. Que ese sistema de administración de justicia, la mayoría de veces, termina dejando ir a los criminales aun después de haberlos capturado en flagrancia. Que aun si los retiene en prisión, las deficiencias del sistema les permiten comunicarse con sus secuaces para buscar venganza.
El círculo está completo: desde el funcionario corrupto hasta el último de los delincuentes, la cadena de la impunidad funciona a favor de quienes tienen el poder de su lado y en contra de toda la ciudadanía. Para hablar de avances en seguridad, los números deben reducirse a la mitad y mostrar avances progresivos, sin retrocesos. Cualquier otro indicador significa que las promesas no se han cumplido.
(Publicado el 16/03/2013)
La semilla fundamental
Educación es la palabra. Sin ella nunca habrá paz ni democracia.
A pesar de ser una pieza tan obvia del discurso político, la educación es y seguirá siendo un sueño inalcanzable para la mayoría de la población. No esa instrucción elemental de los planes de alfabetización creados para maquillar las políticas sobre la materia, sino una educación integral orientada al empoderamiento de la niñez y la juventud, con poderosa visión de derechos y apuntando hacia la eliminación de las barreras que dividen a la sociedad actual. En dos platos, la fórmula para una sociedad realmente incluyente y participativa. Una sociedad auténticamente democrática.
Pero no son esos los planes. Dado que la calidad en la educación se consigue por medio de medidas audaces, cambios estructurales, revolución en las ideas y en las acciones de cambio, además de una fuerte inversión, ese tema ha sido sistemáticamente marginado de la agenda pública. Los paños tibios a los cuales se ha acostumbrado la clase política solo ocultan por un tiempo la suciedad conceptual del modelo imperante, pero no calan hasta lo más hondo en la situación de empobrecimiento progresivo de este sector, que afecta a más de la mitad de la población escolar con absoluto énfasis en los sectores de bajos ingresos.
Mucho se discute respecto de programas y contenidos. Pero estamos frente a una escena de divorcio entre el hoy y el mañana provocada por la dicotomía entre lo que el país necesita y la visión particular de quienes llevan las riendas de las políticas educativas. Un diagnóstico preciso podría llevar a reformar no solo los planes de estudio sino también las ofertas de especialidades para una juventud que corre por vía directa hacia el desempleo y la criminalidad. Carreras técnicas orientadas a cubrir necesidades específicas que promuevan más desarrollo y mejores soluciones para problemas puntuales, podrían convertirse en la palanca que ayude a iniciar un movimiento de reforma con impacto en todos los aspectos de la vida nacional.
Guatemala es un país dividido entre un pequeño sector altamente sofisticado y de altos ingresos y una enorme masa cuya energía se invierte casi totalmente en la lucha por la supervivencia. Esa brecha entre estos dos mundos ha sido acunada y propiciada a la sombra de pactos políticos y económicos, con vistas a mantener un gran contingente de mano de obra barata incapaz de negociar la venta de su trabajo y privado de las herramientas intelectuales que le permitan erigirse en una contraparte legítima para la defensa de sus intereses. En medio, un estamento político que actúa como defensor de los intereses de los primeros y represor de las protestas de los segundos.
Sin embargo, el discurso dice otra cosa. Se utiliza el tema de la educación como un recurso demagógico y se le menciona como un puntal para el desarrollo nacional pero negándole los recursos indispensables para hacer realidad sus planes más básicos. Guatemala es uno de los países de América Latina que menos invierte en la educación de su gente y eso tiene repercusiones inmediatas y de largo plazo en todos sus indicadores de desarrollo. Quienes definen las políticas públicas deberán revisar sus prioridades y conceder un mínimo de validez a las legítimas demandas de la ciudadanía.
(Publicado el 11/03/2013)
A pesar de ser una pieza tan obvia del discurso político, la educación es y seguirá siendo un sueño inalcanzable para la mayoría de la población. No esa instrucción elemental de los planes de alfabetización creados para maquillar las políticas sobre la materia, sino una educación integral orientada al empoderamiento de la niñez y la juventud, con poderosa visión de derechos y apuntando hacia la eliminación de las barreras que dividen a la sociedad actual. En dos platos, la fórmula para una sociedad realmente incluyente y participativa. Una sociedad auténticamente democrática.
Pero no son esos los planes. Dado que la calidad en la educación se consigue por medio de medidas audaces, cambios estructurales, revolución en las ideas y en las acciones de cambio, además de una fuerte inversión, ese tema ha sido sistemáticamente marginado de la agenda pública. Los paños tibios a los cuales se ha acostumbrado la clase política solo ocultan por un tiempo la suciedad conceptual del modelo imperante, pero no calan hasta lo más hondo en la situación de empobrecimiento progresivo de este sector, que afecta a más de la mitad de la población escolar con absoluto énfasis en los sectores de bajos ingresos.
Mucho se discute respecto de programas y contenidos. Pero estamos frente a una escena de divorcio entre el hoy y el mañana provocada por la dicotomía entre lo que el país necesita y la visión particular de quienes llevan las riendas de las políticas educativas. Un diagnóstico preciso podría llevar a reformar no solo los planes de estudio sino también las ofertas de especialidades para una juventud que corre por vía directa hacia el desempleo y la criminalidad. Carreras técnicas orientadas a cubrir necesidades específicas que promuevan más desarrollo y mejores soluciones para problemas puntuales, podrían convertirse en la palanca que ayude a iniciar un movimiento de reforma con impacto en todos los aspectos de la vida nacional.
Guatemala es un país dividido entre un pequeño sector altamente sofisticado y de altos ingresos y una enorme masa cuya energía se invierte casi totalmente en la lucha por la supervivencia. Esa brecha entre estos dos mundos ha sido acunada y propiciada a la sombra de pactos políticos y económicos, con vistas a mantener un gran contingente de mano de obra barata incapaz de negociar la venta de su trabajo y privado de las herramientas intelectuales que le permitan erigirse en una contraparte legítima para la defensa de sus intereses. En medio, un estamento político que actúa como defensor de los intereses de los primeros y represor de las protestas de los segundos.
Sin embargo, el discurso dice otra cosa. Se utiliza el tema de la educación como un recurso demagógico y se le menciona como un puntal para el desarrollo nacional pero negándole los recursos indispensables para hacer realidad sus planes más básicos. Guatemala es uno de los países de América Latina que menos invierte en la educación de su gente y eso tiene repercusiones inmediatas y de largo plazo en todos sus indicadores de desarrollo. Quienes definen las políticas públicas deberán revisar sus prioridades y conceder un mínimo de validez a las legítimas demandas de la ciudadanía.
(Publicado el 11/03/2013)
Mujeres tontas
Negar la realidad puede ser una estrategia muy perversa.
Ayer fue un día de mensajes positivos. Fue una jornada de reconocimiento al esfuerzo de mujeres, hombres y organizaciones de la sociedad en el camino de la igualdad de oportunidades, la equidad de género, la justicia y el respeto por los derechos de esta otra la mitad de la población que produce y aporta riqueza al país desde todos sus ámbitos.
Es evidente que en esa multiplicidad de manifestaciones no podía faltar una voz disonante. Más que disonante, estridente. Me refiero al comentario publicado en un medio de comunicación, en el cual una mujer califica de tontas a sus congéneres del mundo entero que viven sometidas a situaciones de exclusión y violencia.
El comentario no merece ser publicitado y por ello no mencionaré a su autora, pero sí es importante recalcar el hecho de que refleja el pensamiento de un cierto sector de hombres y mujeres cuya opinión sobre la lucha por la igualdad de género siempre ha sido negativa y descalificadora. Esa opinión, aunque hace ruido en el imaginario social, se basa en prejuicios y desconocimiento de la realidad y de los sólidos obstáculos jurídicos e ideológicos construidos por las culturas patriarcales contra los derechos de las mujeres, como ésta en la cual todavía vivimos.
Esa facilidad con la cual se etiqueta a grupos enteros confabula contra el análisis racional y equilibrado, convirtiendo los temas sustantivos en una especie de lucha en la cual vence quien grita más alto o quien pega más fuerte. En este caso, la postura agresiva de calificar como tontas a mujeres víctimas de violencia constituye, más que una ofensa, una muestra de ignorancia e irresponsabilidad ciudadana.
Los sistemas estructurados con una firme base en el privilegio masculino no son exclusivos de las culturas atadas a doctrinas religiosas, como sucede en los países musulmanes, en donde textos sagrados dictaminan el sometimiento absoluto de la mujer y la negación de muchos de sus derechos.
También en nuestras sociedades latinoamericanas supuestamente democráticas la religión y las costumbres han jugado el papel de cepos para la libertad y el desarrollo social, cultural y económico del sector femenino. De hecho, aun en pleno siglo XXI aun existe legislación condicionada por la supremacía del derecho masculino en temas como el matrimonio y el control sobre las decisiones y los bienes familiares.
Los ejemplos de discriminación y sometimiento de la mujer, sacralizado por las tradiciones, son innumerables. Ese concepto se refleja de la manera más evidente y cruda en las elevadas cifras de embarazos en niñas y adolescentes cuya vida transcurre en un medio familiar de abuso y violaciones reiteradas e impunes. Esas niñas no son tontas. Son víctimas de un sistema propiciado por quienes opinan con ligereza respecto a la realidad y pretenden distorsionarla.
Así es como se construye una sociedad disfuncional e injusta: negando la verdad de las cosas y adjudicando a las víctimas toda la responsabilidad por los hechos perpetrados en su contra. Quienes divulgan esta clase de pensamiento también se suman a la lista de victimarios.
(Publicado el 09/03/2013)
Ayer fue un día de mensajes positivos. Fue una jornada de reconocimiento al esfuerzo de mujeres, hombres y organizaciones de la sociedad en el camino de la igualdad de oportunidades, la equidad de género, la justicia y el respeto por los derechos de esta otra la mitad de la población que produce y aporta riqueza al país desde todos sus ámbitos.
Es evidente que en esa multiplicidad de manifestaciones no podía faltar una voz disonante. Más que disonante, estridente. Me refiero al comentario publicado en un medio de comunicación, en el cual una mujer califica de tontas a sus congéneres del mundo entero que viven sometidas a situaciones de exclusión y violencia.
El comentario no merece ser publicitado y por ello no mencionaré a su autora, pero sí es importante recalcar el hecho de que refleja el pensamiento de un cierto sector de hombres y mujeres cuya opinión sobre la lucha por la igualdad de género siempre ha sido negativa y descalificadora. Esa opinión, aunque hace ruido en el imaginario social, se basa en prejuicios y desconocimiento de la realidad y de los sólidos obstáculos jurídicos e ideológicos construidos por las culturas patriarcales contra los derechos de las mujeres, como ésta en la cual todavía vivimos.
Esa facilidad con la cual se etiqueta a grupos enteros confabula contra el análisis racional y equilibrado, convirtiendo los temas sustantivos en una especie de lucha en la cual vence quien grita más alto o quien pega más fuerte. En este caso, la postura agresiva de calificar como tontas a mujeres víctimas de violencia constituye, más que una ofensa, una muestra de ignorancia e irresponsabilidad ciudadana.
Los sistemas estructurados con una firme base en el privilegio masculino no son exclusivos de las culturas atadas a doctrinas religiosas, como sucede en los países musulmanes, en donde textos sagrados dictaminan el sometimiento absoluto de la mujer y la negación de muchos de sus derechos.
También en nuestras sociedades latinoamericanas supuestamente democráticas la religión y las costumbres han jugado el papel de cepos para la libertad y el desarrollo social, cultural y económico del sector femenino. De hecho, aun en pleno siglo XXI aun existe legislación condicionada por la supremacía del derecho masculino en temas como el matrimonio y el control sobre las decisiones y los bienes familiares.
Los ejemplos de discriminación y sometimiento de la mujer, sacralizado por las tradiciones, son innumerables. Ese concepto se refleja de la manera más evidente y cruda en las elevadas cifras de embarazos en niñas y adolescentes cuya vida transcurre en un medio familiar de abuso y violaciones reiteradas e impunes. Esas niñas no son tontas. Son víctimas de un sistema propiciado por quienes opinan con ligereza respecto a la realidad y pretenden distorsionarla.
Así es como se construye una sociedad disfuncional e injusta: negando la verdad de las cosas y adjudicando a las víctimas toda la responsabilidad por los hechos perpetrados en su contra. Quienes divulgan esta clase de pensamiento también se suman a la lista de victimarios.
(Publicado el 09/03/2013)
A contracorriente
El generoso regalo de las componendas políticas: menos espacios para la mujer.
Las señales son nefastas. Se van cerrando los círculos y desaparecen por presiones políticas los espacios conquistados por medio de largas batallas de grupos organizados de la sociedad civil en los temas de derechos de las mujeres y combate al femicidio. Es así como Guatemala conmemorará el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.
Algo huele muy mal cuando son mujeres instaladas en altas instancias de poder quienes luchan con mayor ahínco por neutralizar al sector femenino y quitarles sus escasas plataformas de desarrollo. Parece una estrategia perversa pero muy efectiva, ya que esas mujeres poderosas cuentan con la complicidad de quienes se han resistido a ceder espacios en los centros de toma de decisiones, como los dirigentes de los partidos políticos o los funcionarios más influyentes de los organismos del Estado.
Los intentos de eliminar la Secretaría Presidencial de la Mujer comenzaron con la decisión de cerrarle el paso a las organizaciones de mujeres en la propuesta de candidata para la dirección de esa instancia. Entonces, quedó a discreción del jefe del Ejecutivo quién sería la encargada de administrar las políticas desde esa posición. Luego, viene una ex presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República y presenta un recurso de inconstitucionalidad, pidiendo a la CC declarar la supresión de la Seprem alegando que su existencia “contraviene el orden constitucional”.
Aun cuando el argumento de la diputada Delia Back puede ser técnicamente válido, resulta sospechoso que siendo la cabeza de la Comisión de la Mujer nunca pusiera el dedo en ese renglón, ahora tan importante para ella y sobre todo, para el partido Lider al cual pertenece. Es lamentable que el tema de la protección de los derechos de las mujeres dependa de caprichosos vaivenes políticos, transformándola en una herramienta de presión sin considerar para nada la enorme trascendencia de su papel en el diseño de políticas de desarrollo cuya incidencia es fundamental para el crecimiento económico y social de ese sector.
Estas acciones ponen en evidencia el desprecio de los politicos por la salud de la sociedad guatemalteca. Sus decisiones son erráticas y denotan una terrible inmadurez, toda vez van en la dirección contraria a las tendencias mundiales en cuanto a la incorporación de grupos minoritarios en el desarrollo de políticas públicas y en las estrategias para salir del subdesarrollo.
La mujer guatemalteca es un factor determinante para la recuperación de los valores democráticos, a la fecha debilitados hasta casi su extinción. La democracia descansa sobre la participación activa de todos los sectores de la sociedad en la toma de decisiones que afectan al conjunto. En Guatemala, hasta la primera vicepresidenta mujer que ha tenido este país trabaja contra iniciativas tan básicas como la paridad por cuotas dentro de la ley electoral y de partidos políticos, ya funcionales en muchos países desarrollados y en desarrollo. Si no vuelven sobre sus pasos y comienzan a trabajar en la dirección correcta, continuarán hundiendo toda esperanza de cambio. A menos, claro, que sea ésa su intención.
(Publicado el 04/03/2013(
Las señales son nefastas. Se van cerrando los círculos y desaparecen por presiones políticas los espacios conquistados por medio de largas batallas de grupos organizados de la sociedad civil en los temas de derechos de las mujeres y combate al femicidio. Es así como Guatemala conmemorará el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.
Algo huele muy mal cuando son mujeres instaladas en altas instancias de poder quienes luchan con mayor ahínco por neutralizar al sector femenino y quitarles sus escasas plataformas de desarrollo. Parece una estrategia perversa pero muy efectiva, ya que esas mujeres poderosas cuentan con la complicidad de quienes se han resistido a ceder espacios en los centros de toma de decisiones, como los dirigentes de los partidos políticos o los funcionarios más influyentes de los organismos del Estado.
Los intentos de eliminar la Secretaría Presidencial de la Mujer comenzaron con la decisión de cerrarle el paso a las organizaciones de mujeres en la propuesta de candidata para la dirección de esa instancia. Entonces, quedó a discreción del jefe del Ejecutivo quién sería la encargada de administrar las políticas desde esa posición. Luego, viene una ex presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República y presenta un recurso de inconstitucionalidad, pidiendo a la CC declarar la supresión de la Seprem alegando que su existencia “contraviene el orden constitucional”.
Aun cuando el argumento de la diputada Delia Back puede ser técnicamente válido, resulta sospechoso que siendo la cabeza de la Comisión de la Mujer nunca pusiera el dedo en ese renglón, ahora tan importante para ella y sobre todo, para el partido Lider al cual pertenece. Es lamentable que el tema de la protección de los derechos de las mujeres dependa de caprichosos vaivenes políticos, transformándola en una herramienta de presión sin considerar para nada la enorme trascendencia de su papel en el diseño de políticas de desarrollo cuya incidencia es fundamental para el crecimiento económico y social de ese sector.
Estas acciones ponen en evidencia el desprecio de los politicos por la salud de la sociedad guatemalteca. Sus decisiones son erráticas y denotan una terrible inmadurez, toda vez van en la dirección contraria a las tendencias mundiales en cuanto a la incorporación de grupos minoritarios en el desarrollo de políticas públicas y en las estrategias para salir del subdesarrollo.
La mujer guatemalteca es un factor determinante para la recuperación de los valores democráticos, a la fecha debilitados hasta casi su extinción. La democracia descansa sobre la participación activa de todos los sectores de la sociedad en la toma de decisiones que afectan al conjunto. En Guatemala, hasta la primera vicepresidenta mujer que ha tenido este país trabaja contra iniciativas tan básicas como la paridad por cuotas dentro de la ley electoral y de partidos políticos, ya funcionales en muchos países desarrollados y en desarrollo. Si no vuelven sobre sus pasos y comienzan a trabajar en la dirección correcta, continuarán hundiendo toda esperanza de cambio. A menos, claro, que sea ésa su intención.
(Publicado el 04/03/2013(
Mercado de niñas
Es, ni más ni menos, el viejo mecanismo de la oferta y la demanda.
Apenas saliendo de la cuna con su cuerpo frágil y su conciencia limpia, las niñas –aquí y en muchos otros paises desarrollados o no- empiezan a ser vistas como objeto de deseo. Así de crudo como suena, estas pequeñas habitantes de nuestro planeta se enfrentan desde la más tierna infancia a la amenaza del abuso, la violación y luego (muy luego) al embarazo no deseado.
Producto ellas mismas, muchas veces, de madres abusadas, su existencia parece estar condenada al servilismo sexual y doméstico sacralizado por doctrinas religiosas tanto como por leyes redactadas por hombres e impuestas en culturas eminentemente patriarcales. Las niñas, entonces, son vistas como encantadores seres inferiores sin voz ni voto, no solo en lo referente a su crianza y seguridad sino también en cuanto a sus derechos como ser humano integral.
El negocio de la trata las prefiere así, indefensas y tiernas. Es su más cara mercancía y se cotiza bien en los mercados internacionales. Entonces los gobiernos hacen como que combaten este tráfico inhumano pero en el fondo están comprometidos con él por medio de sus redes de corrupción, por su incapacidad para enfrentarlo, combatirlo y vencerlo. Entonces, las niñas son abandonadas a su suerte.
La sociedad en la cual vivimos tan conformes no está diseñada para protegerlas. Los trabajadores del sistema de salud observan las señales de maltrato o violación en una niña, así como los embarazos en niñas y adolescentes y raramente reportan estos casos. Si lo hicieran como parte de un estricto protocolo, estaríamos todos horrorizados por su enorme incidencia. Los embarazos en niñas y adolescentes son una epidemia nacional. Pero eso no sucede porque las niñas sean promiscuas ni porque anden “buscando” que las abusen. Es porque no las protegemos y porque ellas no saben defenderse. Les hemos grabado en el subconsciente que los hombres son superiores y ellos mandan.
Es de este modo como una niña no concibe oponerse a la voluntad de un padre, un tío, un hermano o un vecino abusador. Eso, porque la figura masculina, en su incipiente concepto de la sociedad, tiene un rol de autoridad.
La pequeña ventana de denuncia que ha comenzado a abrirse gracias a los esfuerzos de representantes de la sociedad civil, en conjunto con autoridades del sistema de administración de justicia, del Ministerio Público y de la prensa, muestran un aumento de las denuncias, algo que ha sorprendido a esta sociedad y la ha sacudido de su cómoda inercia. Esas denuncias no significan que en estos tiempos haya más abusos sexuales contra niñas, sino que por fin se comienzan a abordar como un tema de impacto social.
Este esfuerzo por cambiar nuestros parámetros de conducta y actualizar nuestra visión de las estructuras de poder en el interior de la familia y la sociedad debe ser objeto de políticas integrales orientadas a rescatar a la niñez del sitio marginal al cual la hemos relegado. Colocar a las niñas en un lugar prioritario en las políticas de educación y salud las salvará de un destino de esclavitud, pero también tendrá un impacto positivo en el resto de la comunidad. Y esto es una deuda pendiente, no una concesión que merezca aplausos.
(Publicado el 02/03/2013)
Apenas saliendo de la cuna con su cuerpo frágil y su conciencia limpia, las niñas –aquí y en muchos otros paises desarrollados o no- empiezan a ser vistas como objeto de deseo. Así de crudo como suena, estas pequeñas habitantes de nuestro planeta se enfrentan desde la más tierna infancia a la amenaza del abuso, la violación y luego (muy luego) al embarazo no deseado.
Producto ellas mismas, muchas veces, de madres abusadas, su existencia parece estar condenada al servilismo sexual y doméstico sacralizado por doctrinas religiosas tanto como por leyes redactadas por hombres e impuestas en culturas eminentemente patriarcales. Las niñas, entonces, son vistas como encantadores seres inferiores sin voz ni voto, no solo en lo referente a su crianza y seguridad sino también en cuanto a sus derechos como ser humano integral.
El negocio de la trata las prefiere así, indefensas y tiernas. Es su más cara mercancía y se cotiza bien en los mercados internacionales. Entonces los gobiernos hacen como que combaten este tráfico inhumano pero en el fondo están comprometidos con él por medio de sus redes de corrupción, por su incapacidad para enfrentarlo, combatirlo y vencerlo. Entonces, las niñas son abandonadas a su suerte.
La sociedad en la cual vivimos tan conformes no está diseñada para protegerlas. Los trabajadores del sistema de salud observan las señales de maltrato o violación en una niña, así como los embarazos en niñas y adolescentes y raramente reportan estos casos. Si lo hicieran como parte de un estricto protocolo, estaríamos todos horrorizados por su enorme incidencia. Los embarazos en niñas y adolescentes son una epidemia nacional. Pero eso no sucede porque las niñas sean promiscuas ni porque anden “buscando” que las abusen. Es porque no las protegemos y porque ellas no saben defenderse. Les hemos grabado en el subconsciente que los hombres son superiores y ellos mandan.
Es de este modo como una niña no concibe oponerse a la voluntad de un padre, un tío, un hermano o un vecino abusador. Eso, porque la figura masculina, en su incipiente concepto de la sociedad, tiene un rol de autoridad.
La pequeña ventana de denuncia que ha comenzado a abrirse gracias a los esfuerzos de representantes de la sociedad civil, en conjunto con autoridades del sistema de administración de justicia, del Ministerio Público y de la prensa, muestran un aumento de las denuncias, algo que ha sorprendido a esta sociedad y la ha sacudido de su cómoda inercia. Esas denuncias no significan que en estos tiempos haya más abusos sexuales contra niñas, sino que por fin se comienzan a abordar como un tema de impacto social.
Este esfuerzo por cambiar nuestros parámetros de conducta y actualizar nuestra visión de las estructuras de poder en el interior de la familia y la sociedad debe ser objeto de políticas integrales orientadas a rescatar a la niñez del sitio marginal al cual la hemos relegado. Colocar a las niñas en un lugar prioritario en las políticas de educación y salud las salvará de un destino de esclavitud, pero también tendrá un impacto positivo en el resto de la comunidad. Y esto es una deuda pendiente, no una concesión que merezca aplausos.
(Publicado el 02/03/2013)
Jennifer
Me cuesta imaginar el nivel de crueldad de quien la asesinó a golpes.
Imaginemos que esto es un duelo, una prueba de fuerza y poder. De un lado, una mujer manipuladora y violenta, cinta negra de karate, ducha en el arte de burlar a las autoridades. A su lado, una Procuraduría General de la Nación y un Ministerio Público débiles e inefectivos, con baja capacidad de investigación pero sobre todo indiferentes ante las denuncias.
Del otro lado, Jennifer. Una pequeña de apenas 3 años y algunos meses (a esta edad los meses todavía cuentan), condenada -por las leyes vigentes y por quienes tienen la obligación de protegerla- a una vida de pesadilla, tortura y miedo constantes. A su lado su padre, quien luchó sin descanso para salvar a su hija de ese tormento. Sin embargo este hombre fue incapaz de derribar los prejuicios sexistas y los obstáculos legales de un sistema institucional que prefiere remitirse a los textos para no verse en la ardua tarea de investigar los casos.
Esta no es una guerra entre sexos. Es un llamado de atención que llegó tarde para Jennifer, quien falleció de una manera imposible de imaginar para cualquier ser humano normal y decente. Los reportes forenses mencionan 83 golpes en vida. Golpes tan certeros y devastadores que destrozaron su pequeño cuerpo hasta quitarle el último aliento. Pero eso no bastó para descargar la rabia de su madre. Faltaban aun medio centenar de patadas y puñetazos para asegurarse de que esa criatura nunca volviera a entorpecer su miserable existencia.
A mí me cuesta imaginarlo y cuando lo intento me estrello contra la imposibilidad de comprender tanta crueldad. Veo la foto de Jennifer y pienso en todas esas niñas y niños bajo la custodia de una persona incapaz de dominar sus frustraciones, incapaz de aceptar el hecho de que la niñez merece respeto y protección más allá de cualquier otra consideración. Hombres y mujeres a quienes jamás se les debería confiar la custodia de otro ser humano.
Pero sobre todo me resulta repugnante la pasividad del Estado. Instituciones como la PGN, el MP y la PDH que se terminan lavando las manos y mirando hacia otro punto cardinal para no meterse en líos burocráticos. ¿Cómo es posible que el Procurador General de la Nación todavía esté en su puesto? ¿Acaso no es él el garante de la protección de la niñez guatemalteca? ¿Cree, acaso, que con despedir a un par de empleadas negligentes queda a salvo de pagar por esta falta mortal de responsabilidad?
Fácil resulta cortar la pita por su punto más delgado, pero hay un factor que no han tomado en cuenta. Jennifer no era solo una. Hay miles de pequeñas Jennifer y Luisitos por ahí, bajo la custodia de seres irresponsables y cuya vida es preciso proteger del abuso sexual, de las golpizas y de los arrebatos irracionales de sus madres y padres.
El Organismo Judicial tampoco ha actuado con justicia. La indemnización concedida al padre de Jennifer es ridícula, es una ofensa que no compensa el dolor y la frustración de ese padre, quien debió ver desde la distancia cómo la madre de Jennifer asesinaba a su pequeño tesoro. Y quien debe pagarla es el Estado por no haber actuado.
Algo tiene que cambiar y es el momento de comenzar ese tardío examen de conciencia.
(Publicado el 25/02/2013)
Imaginemos que esto es un duelo, una prueba de fuerza y poder. De un lado, una mujer manipuladora y violenta, cinta negra de karate, ducha en el arte de burlar a las autoridades. A su lado, una Procuraduría General de la Nación y un Ministerio Público débiles e inefectivos, con baja capacidad de investigación pero sobre todo indiferentes ante las denuncias.
Del otro lado, Jennifer. Una pequeña de apenas 3 años y algunos meses (a esta edad los meses todavía cuentan), condenada -por las leyes vigentes y por quienes tienen la obligación de protegerla- a una vida de pesadilla, tortura y miedo constantes. A su lado su padre, quien luchó sin descanso para salvar a su hija de ese tormento. Sin embargo este hombre fue incapaz de derribar los prejuicios sexistas y los obstáculos legales de un sistema institucional que prefiere remitirse a los textos para no verse en la ardua tarea de investigar los casos.
Esta no es una guerra entre sexos. Es un llamado de atención que llegó tarde para Jennifer, quien falleció de una manera imposible de imaginar para cualquier ser humano normal y decente. Los reportes forenses mencionan 83 golpes en vida. Golpes tan certeros y devastadores que destrozaron su pequeño cuerpo hasta quitarle el último aliento. Pero eso no bastó para descargar la rabia de su madre. Faltaban aun medio centenar de patadas y puñetazos para asegurarse de que esa criatura nunca volviera a entorpecer su miserable existencia.
A mí me cuesta imaginarlo y cuando lo intento me estrello contra la imposibilidad de comprender tanta crueldad. Veo la foto de Jennifer y pienso en todas esas niñas y niños bajo la custodia de una persona incapaz de dominar sus frustraciones, incapaz de aceptar el hecho de que la niñez merece respeto y protección más allá de cualquier otra consideración. Hombres y mujeres a quienes jamás se les debería confiar la custodia de otro ser humano.
Pero sobre todo me resulta repugnante la pasividad del Estado. Instituciones como la PGN, el MP y la PDH que se terminan lavando las manos y mirando hacia otro punto cardinal para no meterse en líos burocráticos. ¿Cómo es posible que el Procurador General de la Nación todavía esté en su puesto? ¿Acaso no es él el garante de la protección de la niñez guatemalteca? ¿Cree, acaso, que con despedir a un par de empleadas negligentes queda a salvo de pagar por esta falta mortal de responsabilidad?
Fácil resulta cortar la pita por su punto más delgado, pero hay un factor que no han tomado en cuenta. Jennifer no era solo una. Hay miles de pequeñas Jennifer y Luisitos por ahí, bajo la custodia de seres irresponsables y cuya vida es preciso proteger del abuso sexual, de las golpizas y de los arrebatos irracionales de sus madres y padres.
El Organismo Judicial tampoco ha actuado con justicia. La indemnización concedida al padre de Jennifer es ridícula, es una ofensa que no compensa el dolor y la frustración de ese padre, quien debió ver desde la distancia cómo la madre de Jennifer asesinaba a su pequeño tesoro. Y quien debe pagarla es el Estado por no haber actuado.
Algo tiene que cambiar y es el momento de comenzar ese tardío examen de conciencia.
(Publicado el 25/02/2013)
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