Negar la realidad puede ser una estrategia muy perversa.
Ayer fue un día de mensajes positivos. Fue una jornada de reconocimiento al esfuerzo de mujeres, hombres y organizaciones de la sociedad en el camino de la igualdad de oportunidades, la equidad de género, la justicia y el respeto por los derechos de esta otra la mitad de la población que produce y aporta riqueza al país desde todos sus ámbitos.
Es evidente que en esa multiplicidad de manifestaciones no podía faltar una voz disonante. Más que disonante, estridente. Me refiero al comentario publicado en un medio de comunicación, en el cual una mujer califica de tontas a sus congéneres del mundo entero que viven sometidas a situaciones de exclusión y violencia.
El comentario no merece ser publicitado y por ello no mencionaré a su autora, pero sí es importante recalcar el hecho de que refleja el pensamiento de un cierto sector de hombres y mujeres cuya opinión sobre la lucha por la igualdad de género siempre ha sido negativa y descalificadora. Esa opinión, aunque hace ruido en el imaginario social, se basa en prejuicios y desconocimiento de la realidad y de los sólidos obstáculos jurídicos e ideológicos construidos por las culturas patriarcales contra los derechos de las mujeres, como ésta en la cual todavía vivimos.
Esa facilidad con la cual se etiqueta a grupos enteros confabula contra el análisis racional y equilibrado, convirtiendo los temas sustantivos en una especie de lucha en la cual vence quien grita más alto o quien pega más fuerte. En este caso, la postura agresiva de calificar como tontas a mujeres víctimas de violencia constituye, más que una ofensa, una muestra de ignorancia e irresponsabilidad ciudadana.
Los sistemas estructurados con una firme base en el privilegio masculino no son exclusivos de las culturas atadas a doctrinas religiosas, como sucede en los países musulmanes, en donde textos sagrados dictaminan el sometimiento absoluto de la mujer y la negación de muchos de sus derechos.
También en nuestras sociedades latinoamericanas supuestamente democráticas la religión y las costumbres han jugado el papel de cepos para la libertad y el desarrollo social, cultural y económico del sector femenino. De hecho, aun en pleno siglo XXI aun existe legislación condicionada por la supremacía del derecho masculino en temas como el matrimonio y el control sobre las decisiones y los bienes familiares.
Los ejemplos de discriminación y sometimiento de la mujer, sacralizado por las tradiciones, son innumerables. Ese concepto se refleja de la manera más evidente y cruda en las elevadas cifras de embarazos en niñas y adolescentes cuya vida transcurre en un medio familiar de abuso y violaciones reiteradas e impunes. Esas niñas no son tontas. Son víctimas de un sistema propiciado por quienes opinan con ligereza respecto a la realidad y pretenden distorsionarla.
Así es como se construye una sociedad disfuncional e injusta: negando la verdad de las cosas y adjudicando a las víctimas toda la responsabilidad por los hechos perpetrados en su contra. Quienes divulgan esta clase de pensamiento también se suman a la lista de victimarios.
(Publicado el 09/03/2013)
domingo, 14 de julio de 2013
A contracorriente
El generoso regalo de las componendas políticas: menos espacios para la mujer.
Las señales son nefastas. Se van cerrando los círculos y desaparecen por presiones políticas los espacios conquistados por medio de largas batallas de grupos organizados de la sociedad civil en los temas de derechos de las mujeres y combate al femicidio. Es así como Guatemala conmemorará el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.
Algo huele muy mal cuando son mujeres instaladas en altas instancias de poder quienes luchan con mayor ahínco por neutralizar al sector femenino y quitarles sus escasas plataformas de desarrollo. Parece una estrategia perversa pero muy efectiva, ya que esas mujeres poderosas cuentan con la complicidad de quienes se han resistido a ceder espacios en los centros de toma de decisiones, como los dirigentes de los partidos políticos o los funcionarios más influyentes de los organismos del Estado.
Los intentos de eliminar la Secretaría Presidencial de la Mujer comenzaron con la decisión de cerrarle el paso a las organizaciones de mujeres en la propuesta de candidata para la dirección de esa instancia. Entonces, quedó a discreción del jefe del Ejecutivo quién sería la encargada de administrar las políticas desde esa posición. Luego, viene una ex presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República y presenta un recurso de inconstitucionalidad, pidiendo a la CC declarar la supresión de la Seprem alegando que su existencia “contraviene el orden constitucional”.
Aun cuando el argumento de la diputada Delia Back puede ser técnicamente válido, resulta sospechoso que siendo la cabeza de la Comisión de la Mujer nunca pusiera el dedo en ese renglón, ahora tan importante para ella y sobre todo, para el partido Lider al cual pertenece. Es lamentable que el tema de la protección de los derechos de las mujeres dependa de caprichosos vaivenes políticos, transformándola en una herramienta de presión sin considerar para nada la enorme trascendencia de su papel en el diseño de políticas de desarrollo cuya incidencia es fundamental para el crecimiento económico y social de ese sector.
Estas acciones ponen en evidencia el desprecio de los politicos por la salud de la sociedad guatemalteca. Sus decisiones son erráticas y denotan una terrible inmadurez, toda vez van en la dirección contraria a las tendencias mundiales en cuanto a la incorporación de grupos minoritarios en el desarrollo de políticas públicas y en las estrategias para salir del subdesarrollo.
La mujer guatemalteca es un factor determinante para la recuperación de los valores democráticos, a la fecha debilitados hasta casi su extinción. La democracia descansa sobre la participación activa de todos los sectores de la sociedad en la toma de decisiones que afectan al conjunto. En Guatemala, hasta la primera vicepresidenta mujer que ha tenido este país trabaja contra iniciativas tan básicas como la paridad por cuotas dentro de la ley electoral y de partidos políticos, ya funcionales en muchos países desarrollados y en desarrollo. Si no vuelven sobre sus pasos y comienzan a trabajar en la dirección correcta, continuarán hundiendo toda esperanza de cambio. A menos, claro, que sea ésa su intención.
(Publicado el 04/03/2013(
Las señales son nefastas. Se van cerrando los círculos y desaparecen por presiones políticas los espacios conquistados por medio de largas batallas de grupos organizados de la sociedad civil en los temas de derechos de las mujeres y combate al femicidio. Es así como Guatemala conmemorará el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.
Algo huele muy mal cuando son mujeres instaladas en altas instancias de poder quienes luchan con mayor ahínco por neutralizar al sector femenino y quitarles sus escasas plataformas de desarrollo. Parece una estrategia perversa pero muy efectiva, ya que esas mujeres poderosas cuentan con la complicidad de quienes se han resistido a ceder espacios en los centros de toma de decisiones, como los dirigentes de los partidos políticos o los funcionarios más influyentes de los organismos del Estado.
Los intentos de eliminar la Secretaría Presidencial de la Mujer comenzaron con la decisión de cerrarle el paso a las organizaciones de mujeres en la propuesta de candidata para la dirección de esa instancia. Entonces, quedó a discreción del jefe del Ejecutivo quién sería la encargada de administrar las políticas desde esa posición. Luego, viene una ex presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República y presenta un recurso de inconstitucionalidad, pidiendo a la CC declarar la supresión de la Seprem alegando que su existencia “contraviene el orden constitucional”.
Aun cuando el argumento de la diputada Delia Back puede ser técnicamente válido, resulta sospechoso que siendo la cabeza de la Comisión de la Mujer nunca pusiera el dedo en ese renglón, ahora tan importante para ella y sobre todo, para el partido Lider al cual pertenece. Es lamentable que el tema de la protección de los derechos de las mujeres dependa de caprichosos vaivenes políticos, transformándola en una herramienta de presión sin considerar para nada la enorme trascendencia de su papel en el diseño de políticas de desarrollo cuya incidencia es fundamental para el crecimiento económico y social de ese sector.
Estas acciones ponen en evidencia el desprecio de los politicos por la salud de la sociedad guatemalteca. Sus decisiones son erráticas y denotan una terrible inmadurez, toda vez van en la dirección contraria a las tendencias mundiales en cuanto a la incorporación de grupos minoritarios en el desarrollo de políticas públicas y en las estrategias para salir del subdesarrollo.
La mujer guatemalteca es un factor determinante para la recuperación de los valores democráticos, a la fecha debilitados hasta casi su extinción. La democracia descansa sobre la participación activa de todos los sectores de la sociedad en la toma de decisiones que afectan al conjunto. En Guatemala, hasta la primera vicepresidenta mujer que ha tenido este país trabaja contra iniciativas tan básicas como la paridad por cuotas dentro de la ley electoral y de partidos políticos, ya funcionales en muchos países desarrollados y en desarrollo. Si no vuelven sobre sus pasos y comienzan a trabajar en la dirección correcta, continuarán hundiendo toda esperanza de cambio. A menos, claro, que sea ésa su intención.
(Publicado el 04/03/2013(
Mercado de niñas
Es, ni más ni menos, el viejo mecanismo de la oferta y la demanda.
Apenas saliendo de la cuna con su cuerpo frágil y su conciencia limpia, las niñas –aquí y en muchos otros paises desarrollados o no- empiezan a ser vistas como objeto de deseo. Así de crudo como suena, estas pequeñas habitantes de nuestro planeta se enfrentan desde la más tierna infancia a la amenaza del abuso, la violación y luego (muy luego) al embarazo no deseado.
Producto ellas mismas, muchas veces, de madres abusadas, su existencia parece estar condenada al servilismo sexual y doméstico sacralizado por doctrinas religiosas tanto como por leyes redactadas por hombres e impuestas en culturas eminentemente patriarcales. Las niñas, entonces, son vistas como encantadores seres inferiores sin voz ni voto, no solo en lo referente a su crianza y seguridad sino también en cuanto a sus derechos como ser humano integral.
El negocio de la trata las prefiere así, indefensas y tiernas. Es su más cara mercancía y se cotiza bien en los mercados internacionales. Entonces los gobiernos hacen como que combaten este tráfico inhumano pero en el fondo están comprometidos con él por medio de sus redes de corrupción, por su incapacidad para enfrentarlo, combatirlo y vencerlo. Entonces, las niñas son abandonadas a su suerte.
La sociedad en la cual vivimos tan conformes no está diseñada para protegerlas. Los trabajadores del sistema de salud observan las señales de maltrato o violación en una niña, así como los embarazos en niñas y adolescentes y raramente reportan estos casos. Si lo hicieran como parte de un estricto protocolo, estaríamos todos horrorizados por su enorme incidencia. Los embarazos en niñas y adolescentes son una epidemia nacional. Pero eso no sucede porque las niñas sean promiscuas ni porque anden “buscando” que las abusen. Es porque no las protegemos y porque ellas no saben defenderse. Les hemos grabado en el subconsciente que los hombres son superiores y ellos mandan.
Es de este modo como una niña no concibe oponerse a la voluntad de un padre, un tío, un hermano o un vecino abusador. Eso, porque la figura masculina, en su incipiente concepto de la sociedad, tiene un rol de autoridad.
La pequeña ventana de denuncia que ha comenzado a abrirse gracias a los esfuerzos de representantes de la sociedad civil, en conjunto con autoridades del sistema de administración de justicia, del Ministerio Público y de la prensa, muestran un aumento de las denuncias, algo que ha sorprendido a esta sociedad y la ha sacudido de su cómoda inercia. Esas denuncias no significan que en estos tiempos haya más abusos sexuales contra niñas, sino que por fin se comienzan a abordar como un tema de impacto social.
Este esfuerzo por cambiar nuestros parámetros de conducta y actualizar nuestra visión de las estructuras de poder en el interior de la familia y la sociedad debe ser objeto de políticas integrales orientadas a rescatar a la niñez del sitio marginal al cual la hemos relegado. Colocar a las niñas en un lugar prioritario en las políticas de educación y salud las salvará de un destino de esclavitud, pero también tendrá un impacto positivo en el resto de la comunidad. Y esto es una deuda pendiente, no una concesión que merezca aplausos.
(Publicado el 02/03/2013)
Apenas saliendo de la cuna con su cuerpo frágil y su conciencia limpia, las niñas –aquí y en muchos otros paises desarrollados o no- empiezan a ser vistas como objeto de deseo. Así de crudo como suena, estas pequeñas habitantes de nuestro planeta se enfrentan desde la más tierna infancia a la amenaza del abuso, la violación y luego (muy luego) al embarazo no deseado.
Producto ellas mismas, muchas veces, de madres abusadas, su existencia parece estar condenada al servilismo sexual y doméstico sacralizado por doctrinas religiosas tanto como por leyes redactadas por hombres e impuestas en culturas eminentemente patriarcales. Las niñas, entonces, son vistas como encantadores seres inferiores sin voz ni voto, no solo en lo referente a su crianza y seguridad sino también en cuanto a sus derechos como ser humano integral.
El negocio de la trata las prefiere así, indefensas y tiernas. Es su más cara mercancía y se cotiza bien en los mercados internacionales. Entonces los gobiernos hacen como que combaten este tráfico inhumano pero en el fondo están comprometidos con él por medio de sus redes de corrupción, por su incapacidad para enfrentarlo, combatirlo y vencerlo. Entonces, las niñas son abandonadas a su suerte.
La sociedad en la cual vivimos tan conformes no está diseñada para protegerlas. Los trabajadores del sistema de salud observan las señales de maltrato o violación en una niña, así como los embarazos en niñas y adolescentes y raramente reportan estos casos. Si lo hicieran como parte de un estricto protocolo, estaríamos todos horrorizados por su enorme incidencia. Los embarazos en niñas y adolescentes son una epidemia nacional. Pero eso no sucede porque las niñas sean promiscuas ni porque anden “buscando” que las abusen. Es porque no las protegemos y porque ellas no saben defenderse. Les hemos grabado en el subconsciente que los hombres son superiores y ellos mandan.
Es de este modo como una niña no concibe oponerse a la voluntad de un padre, un tío, un hermano o un vecino abusador. Eso, porque la figura masculina, en su incipiente concepto de la sociedad, tiene un rol de autoridad.
La pequeña ventana de denuncia que ha comenzado a abrirse gracias a los esfuerzos de representantes de la sociedad civil, en conjunto con autoridades del sistema de administración de justicia, del Ministerio Público y de la prensa, muestran un aumento de las denuncias, algo que ha sorprendido a esta sociedad y la ha sacudido de su cómoda inercia. Esas denuncias no significan que en estos tiempos haya más abusos sexuales contra niñas, sino que por fin se comienzan a abordar como un tema de impacto social.
Este esfuerzo por cambiar nuestros parámetros de conducta y actualizar nuestra visión de las estructuras de poder en el interior de la familia y la sociedad debe ser objeto de políticas integrales orientadas a rescatar a la niñez del sitio marginal al cual la hemos relegado. Colocar a las niñas en un lugar prioritario en las políticas de educación y salud las salvará de un destino de esclavitud, pero también tendrá un impacto positivo en el resto de la comunidad. Y esto es una deuda pendiente, no una concesión que merezca aplausos.
(Publicado el 02/03/2013)
Jennifer
Me cuesta imaginar el nivel de crueldad de quien la asesinó a golpes.
Imaginemos que esto es un duelo, una prueba de fuerza y poder. De un lado, una mujer manipuladora y violenta, cinta negra de karate, ducha en el arte de burlar a las autoridades. A su lado, una Procuraduría General de la Nación y un Ministerio Público débiles e inefectivos, con baja capacidad de investigación pero sobre todo indiferentes ante las denuncias.
Del otro lado, Jennifer. Una pequeña de apenas 3 años y algunos meses (a esta edad los meses todavía cuentan), condenada -por las leyes vigentes y por quienes tienen la obligación de protegerla- a una vida de pesadilla, tortura y miedo constantes. A su lado su padre, quien luchó sin descanso para salvar a su hija de ese tormento. Sin embargo este hombre fue incapaz de derribar los prejuicios sexistas y los obstáculos legales de un sistema institucional que prefiere remitirse a los textos para no verse en la ardua tarea de investigar los casos.
Esta no es una guerra entre sexos. Es un llamado de atención que llegó tarde para Jennifer, quien falleció de una manera imposible de imaginar para cualquier ser humano normal y decente. Los reportes forenses mencionan 83 golpes en vida. Golpes tan certeros y devastadores que destrozaron su pequeño cuerpo hasta quitarle el último aliento. Pero eso no bastó para descargar la rabia de su madre. Faltaban aun medio centenar de patadas y puñetazos para asegurarse de que esa criatura nunca volviera a entorpecer su miserable existencia.
A mí me cuesta imaginarlo y cuando lo intento me estrello contra la imposibilidad de comprender tanta crueldad. Veo la foto de Jennifer y pienso en todas esas niñas y niños bajo la custodia de una persona incapaz de dominar sus frustraciones, incapaz de aceptar el hecho de que la niñez merece respeto y protección más allá de cualquier otra consideración. Hombres y mujeres a quienes jamás se les debería confiar la custodia de otro ser humano.
Pero sobre todo me resulta repugnante la pasividad del Estado. Instituciones como la PGN, el MP y la PDH que se terminan lavando las manos y mirando hacia otro punto cardinal para no meterse en líos burocráticos. ¿Cómo es posible que el Procurador General de la Nación todavía esté en su puesto? ¿Acaso no es él el garante de la protección de la niñez guatemalteca? ¿Cree, acaso, que con despedir a un par de empleadas negligentes queda a salvo de pagar por esta falta mortal de responsabilidad?
Fácil resulta cortar la pita por su punto más delgado, pero hay un factor que no han tomado en cuenta. Jennifer no era solo una. Hay miles de pequeñas Jennifer y Luisitos por ahí, bajo la custodia de seres irresponsables y cuya vida es preciso proteger del abuso sexual, de las golpizas y de los arrebatos irracionales de sus madres y padres.
El Organismo Judicial tampoco ha actuado con justicia. La indemnización concedida al padre de Jennifer es ridícula, es una ofensa que no compensa el dolor y la frustración de ese padre, quien debió ver desde la distancia cómo la madre de Jennifer asesinaba a su pequeño tesoro. Y quien debe pagarla es el Estado por no haber actuado.
Algo tiene que cambiar y es el momento de comenzar ese tardío examen de conciencia.
(Publicado el 25/02/2013)
Imaginemos que esto es un duelo, una prueba de fuerza y poder. De un lado, una mujer manipuladora y violenta, cinta negra de karate, ducha en el arte de burlar a las autoridades. A su lado, una Procuraduría General de la Nación y un Ministerio Público débiles e inefectivos, con baja capacidad de investigación pero sobre todo indiferentes ante las denuncias.
Del otro lado, Jennifer. Una pequeña de apenas 3 años y algunos meses (a esta edad los meses todavía cuentan), condenada -por las leyes vigentes y por quienes tienen la obligación de protegerla- a una vida de pesadilla, tortura y miedo constantes. A su lado su padre, quien luchó sin descanso para salvar a su hija de ese tormento. Sin embargo este hombre fue incapaz de derribar los prejuicios sexistas y los obstáculos legales de un sistema institucional que prefiere remitirse a los textos para no verse en la ardua tarea de investigar los casos.
Esta no es una guerra entre sexos. Es un llamado de atención que llegó tarde para Jennifer, quien falleció de una manera imposible de imaginar para cualquier ser humano normal y decente. Los reportes forenses mencionan 83 golpes en vida. Golpes tan certeros y devastadores que destrozaron su pequeño cuerpo hasta quitarle el último aliento. Pero eso no bastó para descargar la rabia de su madre. Faltaban aun medio centenar de patadas y puñetazos para asegurarse de que esa criatura nunca volviera a entorpecer su miserable existencia.
A mí me cuesta imaginarlo y cuando lo intento me estrello contra la imposibilidad de comprender tanta crueldad. Veo la foto de Jennifer y pienso en todas esas niñas y niños bajo la custodia de una persona incapaz de dominar sus frustraciones, incapaz de aceptar el hecho de que la niñez merece respeto y protección más allá de cualquier otra consideración. Hombres y mujeres a quienes jamás se les debería confiar la custodia de otro ser humano.
Pero sobre todo me resulta repugnante la pasividad del Estado. Instituciones como la PGN, el MP y la PDH que se terminan lavando las manos y mirando hacia otro punto cardinal para no meterse en líos burocráticos. ¿Cómo es posible que el Procurador General de la Nación todavía esté en su puesto? ¿Acaso no es él el garante de la protección de la niñez guatemalteca? ¿Cree, acaso, que con despedir a un par de empleadas negligentes queda a salvo de pagar por esta falta mortal de responsabilidad?
Fácil resulta cortar la pita por su punto más delgado, pero hay un factor que no han tomado en cuenta. Jennifer no era solo una. Hay miles de pequeñas Jennifer y Luisitos por ahí, bajo la custodia de seres irresponsables y cuya vida es preciso proteger del abuso sexual, de las golpizas y de los arrebatos irracionales de sus madres y padres.
El Organismo Judicial tampoco ha actuado con justicia. La indemnización concedida al padre de Jennifer es ridícula, es una ofensa que no compensa el dolor y la frustración de ese padre, quien debió ver desde la distancia cómo la madre de Jennifer asesinaba a su pequeño tesoro. Y quien debe pagarla es el Estado por no haber actuado.
Algo tiene que cambiar y es el momento de comenzar ese tardío examen de conciencia.
(Publicado el 25/02/2013)
Dulce hogar
Es parte de la vida diaria de la mayoría de niñas, niños y adolescentes.
Mirada huidiza, temor constante, pesadillas y dolor físico y psicológico son algunas de las huellas que va dejando la violencia cotidiana en niñas y niños. Esto no es inusual, es la norma para millones de seres humanos en sus primeras etapas de desarrollo, cuya vida depende de personas adultas violentas, inmaduras e incapaces de asumir la responsabilidad de cuidarlos durante su formación.
La niñez es uno de los sectores tradicionalmente acallado por imposición, por la autoridad indiscutible de los adultos con quienes convive. En un mundo donde el poder es de los fuertes, la sumisión de la niñez es vista como parte de la naturaleza humana, algo imposible de cambiar. Es así como sus derechos son considerados tema abstracto, aplicable en el ámbito político pero rara vez manifiestado en el doméstico.
Es natural que en las familias predomine la voluntad de los padres o adultos a cargo. Sin embargo, no es frecuente que las personas ajusten su proceder a los protocolos mundiales respecto del trato a la niñez y mucho menos consideren los límites de sus derechos en lo que a su descendencia se refiere.
En las sociedades más primitivas –y también, probablemente las más sabias- las niñas y niños eran una parte importante de la comunidad y no se consideraban, como sucede en la actualidad, propiedad de sus padres. En ellas, las mujeres se encargaban del cultivo de la tierra al mismo tiempo que cultivaban a esos nuevos miembros de la comunidad para convertirlos en adultos capaces de participar en las labores productivas.
Cuando se menciona este tipo de estructura social, un temblor recorre el espinazo de nuestra idiosincracia. Para nosotros y las generaciones que nos precedieron, los hijos son considerados patrimonio, son personitas sin derecho a voz ni voto en el ámbito hogareño y se les forma a partir de un molde predeterminado. Se les premia o castiga de acuerdo a parámetros tan caprichosos como injustos dependiendo del humor o el estado de ánimo, lo cual va dejando una huella indeleble en su psiquis y en su escala de valores.
Si tenemos tiempo y ganas, les proveemos de buenos alimentos. Si no, los atiborramos de cualquier cosa que tengamos a mano, sin la menor consideración por sus valores nutritivos. Pero eso sí, somos tan resistentes a la crítica como al análisis de nuestro comportamiento de adultos, porque en casa nuestras decisiones son soberanas aunque esté en juego la vida y la salud de nuestros hijos.
Sin embargo, la amenaza más poderosa no viene desde el seno de un hogar mal integrado por jóvenes o adultos irresponsables e inmaduros. Viene de una institucionalidad incapaz de imponer las leyes y hacer valer el derecho de niñas y niños a una infancia protegida del maltrato en cualquiera de sus formas. Los ejemplos abundan y se acumulan en los expedientes, cuando la violencia ha traspasado el límite de lo tolerable. Pero esa otra violencia de la subordinación establecida, mucho más callada y sutil, va acumulando frustraciones y temores, odios y rencores que finalmente se proyectan con violencia en todos los ámbitos de la vida social.
(Publicado el 23/02/2013)
Mirada huidiza, temor constante, pesadillas y dolor físico y psicológico son algunas de las huellas que va dejando la violencia cotidiana en niñas y niños. Esto no es inusual, es la norma para millones de seres humanos en sus primeras etapas de desarrollo, cuya vida depende de personas adultas violentas, inmaduras e incapaces de asumir la responsabilidad de cuidarlos durante su formación.
La niñez es uno de los sectores tradicionalmente acallado por imposición, por la autoridad indiscutible de los adultos con quienes convive. En un mundo donde el poder es de los fuertes, la sumisión de la niñez es vista como parte de la naturaleza humana, algo imposible de cambiar. Es así como sus derechos son considerados tema abstracto, aplicable en el ámbito político pero rara vez manifiestado en el doméstico.
Es natural que en las familias predomine la voluntad de los padres o adultos a cargo. Sin embargo, no es frecuente que las personas ajusten su proceder a los protocolos mundiales respecto del trato a la niñez y mucho menos consideren los límites de sus derechos en lo que a su descendencia se refiere.
En las sociedades más primitivas –y también, probablemente las más sabias- las niñas y niños eran una parte importante de la comunidad y no se consideraban, como sucede en la actualidad, propiedad de sus padres. En ellas, las mujeres se encargaban del cultivo de la tierra al mismo tiempo que cultivaban a esos nuevos miembros de la comunidad para convertirlos en adultos capaces de participar en las labores productivas.
Cuando se menciona este tipo de estructura social, un temblor recorre el espinazo de nuestra idiosincracia. Para nosotros y las generaciones que nos precedieron, los hijos son considerados patrimonio, son personitas sin derecho a voz ni voto en el ámbito hogareño y se les forma a partir de un molde predeterminado. Se les premia o castiga de acuerdo a parámetros tan caprichosos como injustos dependiendo del humor o el estado de ánimo, lo cual va dejando una huella indeleble en su psiquis y en su escala de valores.
Si tenemos tiempo y ganas, les proveemos de buenos alimentos. Si no, los atiborramos de cualquier cosa que tengamos a mano, sin la menor consideración por sus valores nutritivos. Pero eso sí, somos tan resistentes a la crítica como al análisis de nuestro comportamiento de adultos, porque en casa nuestras decisiones son soberanas aunque esté en juego la vida y la salud de nuestros hijos.
Sin embargo, la amenaza más poderosa no viene desde el seno de un hogar mal integrado por jóvenes o adultos irresponsables e inmaduros. Viene de una institucionalidad incapaz de imponer las leyes y hacer valer el derecho de niñas y niños a una infancia protegida del maltrato en cualquiera de sus formas. Los ejemplos abundan y se acumulan en los expedientes, cuando la violencia ha traspasado el límite de lo tolerable. Pero esa otra violencia de la subordinación establecida, mucho más callada y sutil, va acumulando frustraciones y temores, odios y rencores que finalmente se proyectan con violencia en todos los ámbitos de la vida social.
(Publicado el 23/02/2013)
Señor Presidente
Comparto esta carta de un padre y esposo golpeado por la violencia.
“Hace un mes, la madre de mis hijos se convirtió en estadística al ser asesinada dentro de esta vorágine de violencia que azota al país. Madre, abuela, hija, profesional. Desapareció de repente de la vida de quienes la amaban.
No puedo culparlo a usted por esa muerte en particular. Pero como parte de este país que se desangra y que con esa sangre mancha las pancartas con su puño elevado y con la promesa de mano dura contra la delincuencia, si lo señalo a usted y a su gobierno. No se ufane en señalar si los asesinatos han disminuido o aumentado. Para mis hijos la muerte de su madre es toda la estadística que necesitan para clamar justicia y reclamarle a usted por tanta ineptitud.
Es espantoso que nadie esté ya seguro en ninguna parte, a ninguna hora. Hay balaceras a plena luz del día, en cualquier zona y lugar. Y atacan no solo a civiles y ciudadanos desarmados. Es tanta la magnitud de la inseguridad que se vive, que hasta las fuerzas de seguridad son atacadas con total impunidad y con total eficacia.
Usted, así como haraganes diputados y los presidentes de los otros poderes del Estado, viajan protegidos en carros blindados y viven rodeados por todo un cuerpo de seguridad. Se protegen con el dinero que pagamos los contribuyentes. Dinero que pagamos para nuestra protección, no para la suya.
Usted ha gastado dinero en hacerle publicidad a un gobierno que hasta ahora se muestra ineficaz. Todo ese dinero en carros, seguridad y publicidad llora la sangre de las victimas que no pudieron contar con protección; esa protección de la que su familia goza.
Déjeme darle otro ejemplo de su incongruencia. Usted, abusivamente, se permitió el lujo de amenazar a médicos que detienen sus labores exigiendo que les proporcione insumos a los hospitales. Usted gana mucho más que cualquiera de esos médicos que cada día, salvan vidas. Médicos que hacen turnos interminables, desvelados y cansados, mientras usted duerme cómodamente en el lujo de su posición. Los acusó diciendo que no han cumplido con el trabajo para el cual les pagan. Pues bien, el pueblo de Guatemala debe levantarle a usted un acta y debe despedirlo por no cumplir con su trabajo. Es indignante que mis hijos no tengan a su madre y que usted trate de demostrar su fuerza contra un grupo de médicos, cuando no ha podido hacerlo con los delincuentes que la asesinaron.
Señor Presidente, mis hijos le levantan un acta por no cumplir con su trabajo. Y por cada lágrima que mis hijos han derramado y que me ha desgarrado el alma, lo señalo a usted, y a su demagogia, como responsables.
No ha de ser fácil estar en sus zapatos. Pero usted se los puso. Le exijo que detenga esta carnicería. Le exijo que se levante cada día con la imagen de mis hijos llorando por su madre y que haga algo para que no existan más hijos, o más madres o más nietos, llorando por esta violencia que, sin importar lo que digan sus estadísticas, afecta ya a cada familia de alguna manera. Haga algo, Señor Presidente. Basta ya de palabras y promesas. Basta ya de demagogia.”
David Mendizábal - Ced A-1 26900-DPI 1665 03592 0101
(Publicado el 18/02/2013)
“Hace un mes, la madre de mis hijos se convirtió en estadística al ser asesinada dentro de esta vorágine de violencia que azota al país. Madre, abuela, hija, profesional. Desapareció de repente de la vida de quienes la amaban.
No puedo culparlo a usted por esa muerte en particular. Pero como parte de este país que se desangra y que con esa sangre mancha las pancartas con su puño elevado y con la promesa de mano dura contra la delincuencia, si lo señalo a usted y a su gobierno. No se ufane en señalar si los asesinatos han disminuido o aumentado. Para mis hijos la muerte de su madre es toda la estadística que necesitan para clamar justicia y reclamarle a usted por tanta ineptitud.
Es espantoso que nadie esté ya seguro en ninguna parte, a ninguna hora. Hay balaceras a plena luz del día, en cualquier zona y lugar. Y atacan no solo a civiles y ciudadanos desarmados. Es tanta la magnitud de la inseguridad que se vive, que hasta las fuerzas de seguridad son atacadas con total impunidad y con total eficacia.
Usted, así como haraganes diputados y los presidentes de los otros poderes del Estado, viajan protegidos en carros blindados y viven rodeados por todo un cuerpo de seguridad. Se protegen con el dinero que pagamos los contribuyentes. Dinero que pagamos para nuestra protección, no para la suya.
Usted ha gastado dinero en hacerle publicidad a un gobierno que hasta ahora se muestra ineficaz. Todo ese dinero en carros, seguridad y publicidad llora la sangre de las victimas que no pudieron contar con protección; esa protección de la que su familia goza.
Déjeme darle otro ejemplo de su incongruencia. Usted, abusivamente, se permitió el lujo de amenazar a médicos que detienen sus labores exigiendo que les proporcione insumos a los hospitales. Usted gana mucho más que cualquiera de esos médicos que cada día, salvan vidas. Médicos que hacen turnos interminables, desvelados y cansados, mientras usted duerme cómodamente en el lujo de su posición. Los acusó diciendo que no han cumplido con el trabajo para el cual les pagan. Pues bien, el pueblo de Guatemala debe levantarle a usted un acta y debe despedirlo por no cumplir con su trabajo. Es indignante que mis hijos no tengan a su madre y que usted trate de demostrar su fuerza contra un grupo de médicos, cuando no ha podido hacerlo con los delincuentes que la asesinaron.
Señor Presidente, mis hijos le levantan un acta por no cumplir con su trabajo. Y por cada lágrima que mis hijos han derramado y que me ha desgarrado el alma, lo señalo a usted, y a su demagogia, como responsables.
No ha de ser fácil estar en sus zapatos. Pero usted se los puso. Le exijo que detenga esta carnicería. Le exijo que se levante cada día con la imagen de mis hijos llorando por su madre y que haga algo para que no existan más hijos, o más madres o más nietos, llorando por esta violencia que, sin importar lo que digan sus estadísticas, afecta ya a cada familia de alguna manera. Haga algo, Señor Presidente. Basta ya de palabras y promesas. Basta ya de demagogia.”
David Mendizábal - Ced A-1 26900-DPI 1665 03592 0101
(Publicado el 18/02/2013)
Poquito a poco
El entumecimiento va ganando terreno hasta la insensibilidad total.
La semana termina y nos deja con la sensación ya instalada de que las cosas van de mal en peor. Es como si de pronto nos hubiéramos dado cuenta de la profunda brecha que nos separa de esas sociedades abiertas, democráticas y seguras en donde las personas tienen un lugar determinado y gozan de ciertos privilegios, como el de ser escuchadas.
La voz de los ciudadanos es importante. Se podría afirmar sin temor a exagerar que constituye uno de los factores fundamentales para el equilibrio institucional, para el funcionamiento óptimo de un sistema democrático; pero, sobre todo, para la fiscalización y el control de los gobiernos. El problema es que estamos algo afónicos o no hemos sabido desarrollar el recurso. O quizás nos atrofiaron las cuerdas vocales hace años a punta de amenazas, dictaduras y golpes de Estado y entonces hemos decidido que es más saludable aguantar en silencio.
Lo que esto provoca es una insensibilización progresiva, un entumecimiento que poquito a poco nos va quitando las ganas de participar, pero también el entusiasmo de vivir. Es el ingrediente ideal para dejar en manos de otros más listos aquellas decisiones que podrían definir un rumbo directo hacia el desarrollo y entonces no perdernos más en este laberinto de calles mal trazadas y callejones sin salida en donde estamos miserablemente atrapados.
Dicen algunos que la cosa no va tan mal, que Guatemala tiene buenos indicadores macroeconómicos y hay inversionistas europeos interesados en realizar grandes proyectos. Ese es el camino correcto, afirman. Dejar que vengan, inviertan y se lo lleven todo porque para eso los invitaron. Pero como no tenemos voz y no conocemos los detalles, dejamos esas importantes decisiones en manos de quienes firman los contratos, confiando en su vaga promesa de buscar lo mejor para el país.
No solo estamos mudos, también somos ingenuos. Permitimos el engaño porque no escudriñamos lo suficiente en los recovecos de la administración ni conocemos a fondo las iniciativas de ley. Dejamos que otros las discutan mientras nosotros soñamos con las vacaciones de semana santa. Sabemos, por supuesto, cuáles son las deficiencias de los legisladores pero tampoco los conocemos a todos. De hecho, si mucho nos sonarán conocidos una media docena de nombres. De los demás no tenemos idea a pesar de que deciden por nosotros en asuntos tan importantes como la elaboración de nuevas leyes y la fiscalización del gasto público.
Poco nos falta para convertir al país en una dictadura, pero desde el lado de la ciudadanía. Es decir, una especie de golpe al revés. Como no queremos alzar la voz, nos vamos quedando en la sombra sin participación alguna y entregamos a los grupos económicos y políticos todo el poder de decidir sobre nuestro futuro. Es cómodo, sí, pero muy inconveniente. Por ello, del modo como fuimos entrando poquito a poco en la afonía, así también salgamos de ella porque es el único camino para forzar un cambio profundo, dar un golpe de timón en la dirección correcta y salvar muchas vidas inocentes, hoy perdidas por causa de una violencia que nadie ha podido controlar.
(Publicado el 16/02/2013)
La semana termina y nos deja con la sensación ya instalada de que las cosas van de mal en peor. Es como si de pronto nos hubiéramos dado cuenta de la profunda brecha que nos separa de esas sociedades abiertas, democráticas y seguras en donde las personas tienen un lugar determinado y gozan de ciertos privilegios, como el de ser escuchadas.
La voz de los ciudadanos es importante. Se podría afirmar sin temor a exagerar que constituye uno de los factores fundamentales para el equilibrio institucional, para el funcionamiento óptimo de un sistema democrático; pero, sobre todo, para la fiscalización y el control de los gobiernos. El problema es que estamos algo afónicos o no hemos sabido desarrollar el recurso. O quizás nos atrofiaron las cuerdas vocales hace años a punta de amenazas, dictaduras y golpes de Estado y entonces hemos decidido que es más saludable aguantar en silencio.
Lo que esto provoca es una insensibilización progresiva, un entumecimiento que poquito a poco nos va quitando las ganas de participar, pero también el entusiasmo de vivir. Es el ingrediente ideal para dejar en manos de otros más listos aquellas decisiones que podrían definir un rumbo directo hacia el desarrollo y entonces no perdernos más en este laberinto de calles mal trazadas y callejones sin salida en donde estamos miserablemente atrapados.
Dicen algunos que la cosa no va tan mal, que Guatemala tiene buenos indicadores macroeconómicos y hay inversionistas europeos interesados en realizar grandes proyectos. Ese es el camino correcto, afirman. Dejar que vengan, inviertan y se lo lleven todo porque para eso los invitaron. Pero como no tenemos voz y no conocemos los detalles, dejamos esas importantes decisiones en manos de quienes firman los contratos, confiando en su vaga promesa de buscar lo mejor para el país.
No solo estamos mudos, también somos ingenuos. Permitimos el engaño porque no escudriñamos lo suficiente en los recovecos de la administración ni conocemos a fondo las iniciativas de ley. Dejamos que otros las discutan mientras nosotros soñamos con las vacaciones de semana santa. Sabemos, por supuesto, cuáles son las deficiencias de los legisladores pero tampoco los conocemos a todos. De hecho, si mucho nos sonarán conocidos una media docena de nombres. De los demás no tenemos idea a pesar de que deciden por nosotros en asuntos tan importantes como la elaboración de nuevas leyes y la fiscalización del gasto público.
Poco nos falta para convertir al país en una dictadura, pero desde el lado de la ciudadanía. Es decir, una especie de golpe al revés. Como no queremos alzar la voz, nos vamos quedando en la sombra sin participación alguna y entregamos a los grupos económicos y políticos todo el poder de decidir sobre nuestro futuro. Es cómodo, sí, pero muy inconveniente. Por ello, del modo como fuimos entrando poquito a poco en la afonía, así también salgamos de ella porque es el único camino para forzar un cambio profundo, dar un golpe de timón en la dirección correcta y salvar muchas vidas inocentes, hoy perdidas por causa de una violencia que nadie ha podido controlar.
(Publicado el 16/02/2013)
¿Cierto o falso?
Las encuestas y sondeos de opinión dan tema para debatir.
“El 66 por ciento de los encuestados aprueba la gestión de Pérez Molina”, asì comienza el análisis de resultado de la encuesta realizada por CID Gallup y publicada por El Periódico el sábado pasado. La pregunta que queda flotando es si esos resultados -66 por ciento aprueba gestión pero 54 cree que el país va por el camino equivocado- reflejan el sentir de la población, marcan alguna tendencia o tienen algún impacto en la ruta a seguir.
Los números no siempre son una medida real de las cosas. Las personas muchas veces responden de acuerdo con su experiencia más reciente o su estado de ánimo. Es decir, aunque las metodologías de medición sean las correctas, las desviaciones probablemente están definidas por lo aleatorio de la naturaleza humana.
En eso influyen factores tan particulares como la cortesía o la corrección política. Me ha tocado observar a personas criticar duramente a los funcionarios de gobierno en una plática informal, para transformarse en todo un dechado de diplomacia al nomás ser interrogada por algún desconocido. ¿Temores ancestrales, desconfianza?
No soy ninguna experta en estadísticas, pero como a cualquier persona me intriga la manera como operan estas mediciones y he dedicado algún tiempo a escudriñar en lo que sucede a mi alrededor en cuestión de opinión. Muchos ciudadanos lo hacen y en cierto modo elaboran sus propias estadísticas, pero eso solo configura un mundo de percepciones aisladas e inconexas.
Por ejemplo, ¿cuál es el concepto de buen gobierno en la mente de un ciudadano común? En Guatemala, es probable que un buen gobernante sea quien lo hace menos mal. Es decir, quien roba pero no mucho, quien se rodea de más expertos que de amigos y parientes, quien tiene una mejor campaña de imagen, quien hace un poco más de obra visible o quien tiene mayor carisma. Después de tantos años de mala ejecución y corrupción descaradas, los parámetros de calidad son excesivamente bajos en comparación con otros países cuyas normativas impiden esos desmanes.
Por lo tanto, criterios de preferencia de lo malo por sobre lo peor deberían, por lógica, constituir filtros distorsionadores de la auténtica valoración de una administración determinada. La población, por lo general, no tiene el tiempo ni el conocimiento técnico como para poner en duda la certeza de estos sondeos. Se asume su precisión y a partir de ahí se acepta el hecho de que si fulanito sacó 66 en conducta es porque no ha de ser tan deficiente. Y el propósito supuesto del estudio estadístico -el cual debería ser exigir mejores resultados en tal o cual aspecto de la administración- se queda como mera referencia numérica desvinculada de la fiscalización ciudadana.
Entonces, ¿cómo leer estos números y cuáles serían las interpretaciones correctas? Para saberlo con certeza hay que acercarse a los expertos. Muchas veces allí se genera una discusión interesante sobre los límites de la certeza y cuánto influyen sobre la opinión pública esas gráficas. Para mí, ellas revelan cuánto falta para lograr el ejercicio de una ciudadanía más exigente e involucrada con el desarrollo del país.
(Publicado el 11/02/2013)
“El 66 por ciento de los encuestados aprueba la gestión de Pérez Molina”, asì comienza el análisis de resultado de la encuesta realizada por CID Gallup y publicada por El Periódico el sábado pasado. La pregunta que queda flotando es si esos resultados -66 por ciento aprueba gestión pero 54 cree que el país va por el camino equivocado- reflejan el sentir de la población, marcan alguna tendencia o tienen algún impacto en la ruta a seguir.
Los números no siempre son una medida real de las cosas. Las personas muchas veces responden de acuerdo con su experiencia más reciente o su estado de ánimo. Es decir, aunque las metodologías de medición sean las correctas, las desviaciones probablemente están definidas por lo aleatorio de la naturaleza humana.
En eso influyen factores tan particulares como la cortesía o la corrección política. Me ha tocado observar a personas criticar duramente a los funcionarios de gobierno en una plática informal, para transformarse en todo un dechado de diplomacia al nomás ser interrogada por algún desconocido. ¿Temores ancestrales, desconfianza?
No soy ninguna experta en estadísticas, pero como a cualquier persona me intriga la manera como operan estas mediciones y he dedicado algún tiempo a escudriñar en lo que sucede a mi alrededor en cuestión de opinión. Muchos ciudadanos lo hacen y en cierto modo elaboran sus propias estadísticas, pero eso solo configura un mundo de percepciones aisladas e inconexas.
Por ejemplo, ¿cuál es el concepto de buen gobierno en la mente de un ciudadano común? En Guatemala, es probable que un buen gobernante sea quien lo hace menos mal. Es decir, quien roba pero no mucho, quien se rodea de más expertos que de amigos y parientes, quien tiene una mejor campaña de imagen, quien hace un poco más de obra visible o quien tiene mayor carisma. Después de tantos años de mala ejecución y corrupción descaradas, los parámetros de calidad son excesivamente bajos en comparación con otros países cuyas normativas impiden esos desmanes.
Por lo tanto, criterios de preferencia de lo malo por sobre lo peor deberían, por lógica, constituir filtros distorsionadores de la auténtica valoración de una administración determinada. La población, por lo general, no tiene el tiempo ni el conocimiento técnico como para poner en duda la certeza de estos sondeos. Se asume su precisión y a partir de ahí se acepta el hecho de que si fulanito sacó 66 en conducta es porque no ha de ser tan deficiente. Y el propósito supuesto del estudio estadístico -el cual debería ser exigir mejores resultados en tal o cual aspecto de la administración- se queda como mera referencia numérica desvinculada de la fiscalización ciudadana.
Entonces, ¿cómo leer estos números y cuáles serían las interpretaciones correctas? Para saberlo con certeza hay que acercarse a los expertos. Muchas veces allí se genera una discusión interesante sobre los límites de la certeza y cuánto influyen sobre la opinión pública esas gráficas. Para mí, ellas revelan cuánto falta para lograr el ejercicio de una ciudadanía más exigente e involucrada con el desarrollo del país.
(Publicado el 11/02/2013)
Por el honor
Y de cómo se convirtió en el cepo y la tortura.
En la vigésima segunda edición del Diccionario de la Lengua Española, una de las definiciones de honor es “honestidad y recato en las mujeres, y buena opinión que se granjean con estas virtudes”. Esta acepción no solo lleva implícito un estereotipo discriminatorio –el cual demanda de la mujer un comportamiento personal determinado y sujeto a censura respecto a su sexualidad- sino se proyecta en la sociedad como un valor, aun cuando conlleva una fuerte carga de prejuicio y la ratificación de la autoridad patriarcal que legitima y respalda un trato diferenciado entre hombres y mujeres.
El impacto de la idea del honor en la vida de millones de mujeres en el mundo no se detiene en el marco de la conducta. También afecta a su libertad, estilo de vida y oportunidades de desarrollo, hasta tocar el extremo de amenazar su supervivencia. Por cuestión de honor, mujeres de diferentes culturas son víctimas de tortura, lapidación y muerte. Son violadas y despojadas de sus bienes, alejadas de sus hijos y expulsadas de su hogar. Por el honor se cometen contra ellas crímenes abominables, los cuales –también por cuestión de honor- quedan impunes al estar protegidos sus hechores con la legitimidad que otorgan las leyes.
En días pasados se publicó una nota sobre el abuso sexual de niñas en India. En ella se mencionaba el nivel de impunidad en esos delitos cometidos por hombres cercanos a sus víctimas. Y esa impunidad se debe, precisamente, al tan arraigado como distorsionado concepto de honor, según el cual las familias afectadas –que son mayoría- sufrirían ostracismo y marginación por parte de la sociedad.
El concepto de honor debe experimentar una profunda revisión. No es aceptable, en una sociedad de este siglo, atribuir a la vida íntima y personal de una mujer –la cual solo a ella le pertenece- el peso de la reputación de todo un grupo social y mucho menos la condena moral por la manera como decida vivir.
Tampoco es aceptable (de hecho, es una monstruosidad por donde se le analice) condenar a las niñas al abuso sexual reiterado apelando al honor, porque desde el momento que el crimen se perpetra y los testigos callan, ese supuesto honor ya fue destruido. La complicidad en esta clase de actos de barbarie es tan perversa y culpable como la comisión misma del delito y no hay excusa alguna para ampararlo.
El honor, como el mismo Drae lo señala, es una cualidad moral. El ocultamiento de actos criminales no lo es. Por eso esta reflexión debería calar en lo profundo de la conciencia de quienes en Guatemala –tanto como en India, Pakistán, Estados Unidos, Brasil o cualquier otro país del mundo- ubican el honor en el sexo femenino, lo condenan, lo marcan a fuego, lo violan y lo satanizan a fuerza de prohibiciones, credos y mitos.
Si somos capaces de llevar la ciencia y el arte a niveles de sublime exquisitez, si la humanidad se pavonea con el desarrollo de sus grandes logros, si nos consideramos superiores a todas las especies, entonces estamos obligados a redefinir conceptos arcaicos cuya vigencia desmiente todo lo anterior y nos coloca en el peldaño más bajo de la escala.
(Publicado el 09/02/2013)
En la vigésima segunda edición del Diccionario de la Lengua Española, una de las definiciones de honor es “honestidad y recato en las mujeres, y buena opinión que se granjean con estas virtudes”. Esta acepción no solo lleva implícito un estereotipo discriminatorio –el cual demanda de la mujer un comportamiento personal determinado y sujeto a censura respecto a su sexualidad- sino se proyecta en la sociedad como un valor, aun cuando conlleva una fuerte carga de prejuicio y la ratificación de la autoridad patriarcal que legitima y respalda un trato diferenciado entre hombres y mujeres.
El impacto de la idea del honor en la vida de millones de mujeres en el mundo no se detiene en el marco de la conducta. También afecta a su libertad, estilo de vida y oportunidades de desarrollo, hasta tocar el extremo de amenazar su supervivencia. Por cuestión de honor, mujeres de diferentes culturas son víctimas de tortura, lapidación y muerte. Son violadas y despojadas de sus bienes, alejadas de sus hijos y expulsadas de su hogar. Por el honor se cometen contra ellas crímenes abominables, los cuales –también por cuestión de honor- quedan impunes al estar protegidos sus hechores con la legitimidad que otorgan las leyes.
En días pasados se publicó una nota sobre el abuso sexual de niñas en India. En ella se mencionaba el nivel de impunidad en esos delitos cometidos por hombres cercanos a sus víctimas. Y esa impunidad se debe, precisamente, al tan arraigado como distorsionado concepto de honor, según el cual las familias afectadas –que son mayoría- sufrirían ostracismo y marginación por parte de la sociedad.
El concepto de honor debe experimentar una profunda revisión. No es aceptable, en una sociedad de este siglo, atribuir a la vida íntima y personal de una mujer –la cual solo a ella le pertenece- el peso de la reputación de todo un grupo social y mucho menos la condena moral por la manera como decida vivir.
Tampoco es aceptable (de hecho, es una monstruosidad por donde se le analice) condenar a las niñas al abuso sexual reiterado apelando al honor, porque desde el momento que el crimen se perpetra y los testigos callan, ese supuesto honor ya fue destruido. La complicidad en esta clase de actos de barbarie es tan perversa y culpable como la comisión misma del delito y no hay excusa alguna para ampararlo.
El honor, como el mismo Drae lo señala, es una cualidad moral. El ocultamiento de actos criminales no lo es. Por eso esta reflexión debería calar en lo profundo de la conciencia de quienes en Guatemala –tanto como en India, Pakistán, Estados Unidos, Brasil o cualquier otro país del mundo- ubican el honor en el sexo femenino, lo condenan, lo marcan a fuego, lo violan y lo satanizan a fuerza de prohibiciones, credos y mitos.
Si somos capaces de llevar la ciencia y el arte a niveles de sublime exquisitez, si la humanidad se pavonea con el desarrollo de sus grandes logros, si nos consideramos superiores a todas las especies, entonces estamos obligados a redefinir conceptos arcaicos cuya vigencia desmiente todo lo anterior y nos coloca en el peldaño más bajo de la escala.
(Publicado el 09/02/2013)
El peso de la palabra
El fenómeno de la comunicación y sus significados.
Cuando una se sienta frente a la página en blanco con la mente también en blanco, le resulta mucho más evidente visualizar ese proceso de la comunicación de ideas que comienza por la elaboración –como una receta de cocina- de los distintos elementos del mensaje, el tono y la intención. Este guiso no siempre resulta como se espera. A veces es francamente desabrido y en otras ocasiones, tan carente de consistencia que es preciso repetirlo una y otra vez. Sin embargo, ahí está la página y si somos responsables y más o menos duchos en el oficio, terminamos por llenarla.
Uno de los factores de mayor incidencia en este fenómeno de la mente en blanco es el agotamiento físico o la carga psicológica resultante de vivir en inmersión constante en el tráfago de la noticia. En Guatemala son los hechos de violencia, las crisis institucionales, el manipuleo político y las denuncias de corrupción los temas situados en el nivel más alto de ese flujo.
Al final de cuentas, esos tópicos cargados de negatividad terminan por ser unos focos de atención tan poderosos que postergan a otros tanto o más importantes para el resto de la sociedad y, si nos rebelamos contra esa tendencia, corremos el riesgo de producir un material sin mayores repercusiones para un universo ávido de temas de actualidad.
Es curioso cuánto pesa la palabra. En medios escritos, lo impreso adquiere la categoría de verdad al punto de que para contradecirla es preciso tener evidencias, como si se tratara de un proceso judicial. Si está escrito y publicado, dicen muchos, ha de ser cierto. Si no lo es, entonces ¿cuál es la verdad? Ese poder tiene su balance, sin embargo, en la enorme responsabilidad de quien toma la decisión de imprimirla.
En ciertas circunstancias y dependiendo de quien las pronuncie, hay palabras no escritas cuyo impacto es enorme. El mejor ejemplo son los discursos políticos y, entre ellos, las alocuciones realizadas tanto en actos oficiales como en spots publicitarios. Esas palabras, como en el caso de un presidente de la República, deben reflejar la estatura de la investidura representada y, por ende, ser veraces y precisas.
En esos ámbitos del poder, la demagogia y la propaganda electoral han demostrado ser instrumentos de precisión de la mentira institucional. Lo que en discursos y elaborados mensajes políticos se manifiesta raramente coincide con los hechos y casi nunca se traduce en el cumplimiento real y concreto de acciones prometidas. Más aun, se espera la exageración y la manipulación de conceptos o de estadísticas como una consecuencia inevitable de la actividad política, perdiendo la palabra todo su valor.
En definitiva, esa herramienta tan poderosa, la palabra, es una materia prima maleable con la cual se produce tanto un pasquín de la peor calaña como una obra de arte trascendente y universal. Y si nos remitimos a los niveles intermedios entre lo malo y lo superior, encontramos toda clase de medios de comunicación -algunos más empeñados que otros en informar con apego a la verdad- pero la mayoría partiendo de esa plataforma de credibilidad que les otorga su naturaleza editorial. Por eso es comprensible y necesario temerle y tratarla con sumo cuidado.
(Publicado el 04/02/2013)
Cuando una se sienta frente a la página en blanco con la mente también en blanco, le resulta mucho más evidente visualizar ese proceso de la comunicación de ideas que comienza por la elaboración –como una receta de cocina- de los distintos elementos del mensaje, el tono y la intención. Este guiso no siempre resulta como se espera. A veces es francamente desabrido y en otras ocasiones, tan carente de consistencia que es preciso repetirlo una y otra vez. Sin embargo, ahí está la página y si somos responsables y más o menos duchos en el oficio, terminamos por llenarla.
Uno de los factores de mayor incidencia en este fenómeno de la mente en blanco es el agotamiento físico o la carga psicológica resultante de vivir en inmersión constante en el tráfago de la noticia. En Guatemala son los hechos de violencia, las crisis institucionales, el manipuleo político y las denuncias de corrupción los temas situados en el nivel más alto de ese flujo.
Al final de cuentas, esos tópicos cargados de negatividad terminan por ser unos focos de atención tan poderosos que postergan a otros tanto o más importantes para el resto de la sociedad y, si nos rebelamos contra esa tendencia, corremos el riesgo de producir un material sin mayores repercusiones para un universo ávido de temas de actualidad.
Es curioso cuánto pesa la palabra. En medios escritos, lo impreso adquiere la categoría de verdad al punto de que para contradecirla es preciso tener evidencias, como si se tratara de un proceso judicial. Si está escrito y publicado, dicen muchos, ha de ser cierto. Si no lo es, entonces ¿cuál es la verdad? Ese poder tiene su balance, sin embargo, en la enorme responsabilidad de quien toma la decisión de imprimirla.
En ciertas circunstancias y dependiendo de quien las pronuncie, hay palabras no escritas cuyo impacto es enorme. El mejor ejemplo son los discursos políticos y, entre ellos, las alocuciones realizadas tanto en actos oficiales como en spots publicitarios. Esas palabras, como en el caso de un presidente de la República, deben reflejar la estatura de la investidura representada y, por ende, ser veraces y precisas.
En esos ámbitos del poder, la demagogia y la propaganda electoral han demostrado ser instrumentos de precisión de la mentira institucional. Lo que en discursos y elaborados mensajes políticos se manifiesta raramente coincide con los hechos y casi nunca se traduce en el cumplimiento real y concreto de acciones prometidas. Más aun, se espera la exageración y la manipulación de conceptos o de estadísticas como una consecuencia inevitable de la actividad política, perdiendo la palabra todo su valor.
En definitiva, esa herramienta tan poderosa, la palabra, es una materia prima maleable con la cual se produce tanto un pasquín de la peor calaña como una obra de arte trascendente y universal. Y si nos remitimos a los niveles intermedios entre lo malo y lo superior, encontramos toda clase de medios de comunicación -algunos más empeñados que otros en informar con apego a la verdad- pero la mayoría partiendo de esa plataforma de credibilidad que les otorga su naturaleza editorial. Por eso es comprensible y necesario temerle y tratarla con sumo cuidado.
(Publicado el 04/02/2013)
El costo del abandono
Las necesidades básicas satisfechas también construyen ciudadanía.
Es imposible no pensar en una intención oculta tras las decisiones de privar a la población de los recursos básicos para subsistir y desarrollarse. Es difícil creer en la buena intención de los políticos y en su discurso conciliador, cuando las personas acuden a los hospitales y centros de salud para encontar entidades desprovistas de recursos, incapaces de atenderlos en un nivel sanitario básico y muchas veces en condiciones de ruina física por ausencia de mantenimiento.
Esta falta de atención, de interés o de sentido humanitario coincide muchas veces con estrategias económicas orientadas hacia el mantenimiento de una sociedad subordinada y carente de poder, incapaz de exigir el respeto de sus derechos. Esto también juega en contra de las oportunidades de crecimiento económico y estabilidad laboral de grandes sectores de la población, con lo cual se establece una distancia mucho mayor entre patronos y trabajadores, con el detrimento de la capacidad de negociación de estos últimos.
Algo similar sucede con la niñez y la juventud privadas de la atención alimentaria suficiente durante su período de crecimiento y formación, condenadas por el Estado a un futuro mediocre y sin perspectivas. Niñas y niños ávidos de recibir educación en establecimientos adecuados y accesibles, en un sistema funcional que les garantice un trato digno y les permita disfrutar de una niñez protegida solo encuentran cabida en aulas ruinosas, sin servicios sanitarios y sin un techo seguro.
Es un hecho que la mayoría de guatemaltecos experimenta grandes privaciones. Pero éstas nada tienen que ver con el recurso económico, argumento explotado hasta el cansancio por quienes toman las decisiones importantes en el país. Dinero hay y mucho, pero no invertido de la manera correcta ni controlado con la eficacia con la cual debería regularse todo movimiento financiero derivado de las complejas funciones del Estado.
Se ha dicho hasta el cansancio que Guatemala es un país rico lleno de gente pobre. Y esa idea se confirma cada vez que se descubre algún acto de corrupción en alcaldías, ministerios, secretarías y en cualquier dependencia, sea ésta grande e importante o pequeña y sin demasiada relevancia. La sobrevaloración de insumos, las ventajas estampadas en los contratos y la discrecionalidad en los gastos –los cuales llevan incluída una jugosa comisión- representan de manera automática menos inversión en redes de agua potable, servicios de salud, escuelas, mantenimiento de caminos, construcción de puentes, drenajes y cuanto servicio se requiere como base fundamental para el desarrollo de un país.
El discurso oficial ha estado siempre lleno de afirmaciones aventuradas. Al escucharlo, parece referirse a otro país, el país supuesto en donde las cosas funcionan correctamente, en donde las curules no se transan por millones –los mismos que faltan en inversión social- en donde no existe el enriquecimiento ilícito. El problema parece residir en el debilitamiento de las estructuras del Estado, estrategia bien diseñada por los grupos de poder más influyentes y los menos interesados en el verdadero desarrollo del país: el de su gente.
(Publicado el 02/02/2013)
Es imposible no pensar en una intención oculta tras las decisiones de privar a la población de los recursos básicos para subsistir y desarrollarse. Es difícil creer en la buena intención de los políticos y en su discurso conciliador, cuando las personas acuden a los hospitales y centros de salud para encontar entidades desprovistas de recursos, incapaces de atenderlos en un nivel sanitario básico y muchas veces en condiciones de ruina física por ausencia de mantenimiento.
Esta falta de atención, de interés o de sentido humanitario coincide muchas veces con estrategias económicas orientadas hacia el mantenimiento de una sociedad subordinada y carente de poder, incapaz de exigir el respeto de sus derechos. Esto también juega en contra de las oportunidades de crecimiento económico y estabilidad laboral de grandes sectores de la población, con lo cual se establece una distancia mucho mayor entre patronos y trabajadores, con el detrimento de la capacidad de negociación de estos últimos.
Algo similar sucede con la niñez y la juventud privadas de la atención alimentaria suficiente durante su período de crecimiento y formación, condenadas por el Estado a un futuro mediocre y sin perspectivas. Niñas y niños ávidos de recibir educación en establecimientos adecuados y accesibles, en un sistema funcional que les garantice un trato digno y les permita disfrutar de una niñez protegida solo encuentran cabida en aulas ruinosas, sin servicios sanitarios y sin un techo seguro.
Es un hecho que la mayoría de guatemaltecos experimenta grandes privaciones. Pero éstas nada tienen que ver con el recurso económico, argumento explotado hasta el cansancio por quienes toman las decisiones importantes en el país. Dinero hay y mucho, pero no invertido de la manera correcta ni controlado con la eficacia con la cual debería regularse todo movimiento financiero derivado de las complejas funciones del Estado.
Se ha dicho hasta el cansancio que Guatemala es un país rico lleno de gente pobre. Y esa idea se confirma cada vez que se descubre algún acto de corrupción en alcaldías, ministerios, secretarías y en cualquier dependencia, sea ésta grande e importante o pequeña y sin demasiada relevancia. La sobrevaloración de insumos, las ventajas estampadas en los contratos y la discrecionalidad en los gastos –los cuales llevan incluída una jugosa comisión- representan de manera automática menos inversión en redes de agua potable, servicios de salud, escuelas, mantenimiento de caminos, construcción de puentes, drenajes y cuanto servicio se requiere como base fundamental para el desarrollo de un país.
El discurso oficial ha estado siempre lleno de afirmaciones aventuradas. Al escucharlo, parece referirse a otro país, el país supuesto en donde las cosas funcionan correctamente, en donde las curules no se transan por millones –los mismos que faltan en inversión social- en donde no existe el enriquecimiento ilícito. El problema parece residir en el debilitamiento de las estructuras del Estado, estrategia bien diseñada por los grupos de poder más influyentes y los menos interesados en el verdadero desarrollo del país: el de su gente.
(Publicado el 02/02/2013)
Atavismos
Las doctrinas religiosas deben actualizarse.
El hombre se acercó a la mujer que manifestaba frente a casa presidencial y con aire de enojo le espetó: “Ustedes las mujeres deberían estar en su casa atendiendo sus labores domésticas, tal y como lo manda la Biblia, no tienen nada que hacer en la calle”. Luego dio media vuelta y se alejó satisfecho de haber cumplido con un deber superior.
Esto no es novedoso. Basta con asistir a una boda para escuchar cómo los estereotipos sexistas marcan la vida de una pareja desde el momento de su unión, bajo la indiscutible norma espiritual. A partir de allí se establecen las jerarquías, en las cuales la mujer siempre termina en posición secundaria, cuando no se la coloca de entrada en un peldaño inferior al de sus propios hijos en el esquema familiar.
Esta costumbre se repetía también hasta hace algunos años en la boda civil, al leer los artículos del Código relativos a la unión matrimonial, conminando a la esposa a cuidar del hogar, prohibiéndosele trabajar fuera de él sin autorización del esposo. Este Código fue reformado, pero sin duda los viejos ejemplares aun circulan y se utilizan en muchas ceremonias, ante la ignorancia de las parejas sobre la derogación de tales monstruosidades jurídicas.
Por eso, cuando se analiza la violencia de género, resulta evidente que en las estrategias para combatirla y erradicarla no pueden quedar al margen las instituciones religiosas ni los profesionales participantes en la institucionalización de las uniones. Allí debe insistirse en la toma de conciencia y la reeducación de hombres y mujeres sobre derechos y obligaciones. Es un momento oportuno para dejar estampada la igualdad con tinta indeleble. En estos tiempos y ante la violencia imperante, ese compromiso podría constituir un toque de timón hacia la dirección correcta.
Los atavismos tienen la característica de impregnar la vida casi sin sentir, son unos elementos subrepticios capaces de condenar a la miseria a todo un grupo social, escatimándole derechos a unos para otorgárselos a otros. En esos atavismos cargados de prejuicios no existe la justicia. Ni la divina ni la terrenal. Y es desquiciante vivir bajo sus parámetros.
El progreso y la actualización de los roles masculino y femenino, como los percibimos desde un centro urbano desarrollado y de costumbres cosmopolitas, no es igual al de la aldea perdida en la montaña en donde los hombres no permiten a su mujer parir por cesárea “porque ya no estará completa”. Y peor aún, en donde el personal de salud muchas veces respeta más la voluntad del esposo que la vida de su mujer.
Esas ideas primitivas de autoridad y dominio masculino inciden en los índices de violaciones sexuales y abuso en el seno de la familia. El concepto arcaico de “jefe” de hogar determina implícitamente una jerarquía sacralizada por las doctrinas religiosas y reproducida por la sociedad. ¿Por qué no se habla de “socios” en la complicada aventura de una vida en pareja? ¿Por qué no se educa en el concepto de equidad desde la más tierna infancia? ¿Por qué se sigue sacrificando un lechón cuando nace un varón y se instala una atmósfera de frustración cuando la recién nacida es una niña? Esos perversos atavismos nuestros…
(Publicado el 28/01/2013)
El hombre se acercó a la mujer que manifestaba frente a casa presidencial y con aire de enojo le espetó: “Ustedes las mujeres deberían estar en su casa atendiendo sus labores domésticas, tal y como lo manda la Biblia, no tienen nada que hacer en la calle”. Luego dio media vuelta y se alejó satisfecho de haber cumplido con un deber superior.
Esto no es novedoso. Basta con asistir a una boda para escuchar cómo los estereotipos sexistas marcan la vida de una pareja desde el momento de su unión, bajo la indiscutible norma espiritual. A partir de allí se establecen las jerarquías, en las cuales la mujer siempre termina en posición secundaria, cuando no se la coloca de entrada en un peldaño inferior al de sus propios hijos en el esquema familiar.
Esta costumbre se repetía también hasta hace algunos años en la boda civil, al leer los artículos del Código relativos a la unión matrimonial, conminando a la esposa a cuidar del hogar, prohibiéndosele trabajar fuera de él sin autorización del esposo. Este Código fue reformado, pero sin duda los viejos ejemplares aun circulan y se utilizan en muchas ceremonias, ante la ignorancia de las parejas sobre la derogación de tales monstruosidades jurídicas.
Por eso, cuando se analiza la violencia de género, resulta evidente que en las estrategias para combatirla y erradicarla no pueden quedar al margen las instituciones religiosas ni los profesionales participantes en la institucionalización de las uniones. Allí debe insistirse en la toma de conciencia y la reeducación de hombres y mujeres sobre derechos y obligaciones. Es un momento oportuno para dejar estampada la igualdad con tinta indeleble. En estos tiempos y ante la violencia imperante, ese compromiso podría constituir un toque de timón hacia la dirección correcta.
Los atavismos tienen la característica de impregnar la vida casi sin sentir, son unos elementos subrepticios capaces de condenar a la miseria a todo un grupo social, escatimándole derechos a unos para otorgárselos a otros. En esos atavismos cargados de prejuicios no existe la justicia. Ni la divina ni la terrenal. Y es desquiciante vivir bajo sus parámetros.
El progreso y la actualización de los roles masculino y femenino, como los percibimos desde un centro urbano desarrollado y de costumbres cosmopolitas, no es igual al de la aldea perdida en la montaña en donde los hombres no permiten a su mujer parir por cesárea “porque ya no estará completa”. Y peor aún, en donde el personal de salud muchas veces respeta más la voluntad del esposo que la vida de su mujer.
Esas ideas primitivas de autoridad y dominio masculino inciden en los índices de violaciones sexuales y abuso en el seno de la familia. El concepto arcaico de “jefe” de hogar determina implícitamente una jerarquía sacralizada por las doctrinas religiosas y reproducida por la sociedad. ¿Por qué no se habla de “socios” en la complicada aventura de una vida en pareja? ¿Por qué no se educa en el concepto de equidad desde la más tierna infancia? ¿Por qué se sigue sacrificando un lechón cuando nace un varón y se instala una atmósfera de frustración cuando la recién nacida es una niña? Esos perversos atavismos nuestros…
(Publicado el 28/01/2013)
Miedotenango
¿Por qué la sociedad se encierra en su burbuja?
Parece que la violencia criminal no fuera suficiente motivo para sacudir la modorra social. Cada nuevo hecho de violencia provoca un cierto burbujeo que dura lo que permanece la noticia en los medios, ni un día más. Luego, se calma; cada quien regresa a su rutina mascullando frustración y finalmente todo se disuelve en la nada, hasta el estallido noticioso de un nuevo crimen excepcionalmente perverso.
Las muertes por asfixia, ataque armado o tortura, violación y desmembramiento coexisten con las cuentas por pagar, el precio de la gasolina y las dificultades para encontrar estacionamiento. Parecen ser parte del estilo de vida en Guatemala y los países vecinos, con los cuales comparte esta horripilante costumbre de vivir bajo amenaza.
Pero los seres humanos no son inmunes a este ataque psicológico constante. En unos, la atmósfera de incertidumbre –(¿viviré lo suficiente para amanecer mañana?)- se manifiesta en un tono de agresividad que impregna toda su vida diaria, dirigido contra quienes le rodean: su familia, sus amistades, sus compañeros de trabajo y, sobre todo, los transeúntes o automovilistas que se cruzan en su camino, como aquel pasajero de bus que vació la tolva de su pistola matando a un hombre inocente solo porque el piloto no aceleró lo suficiente. En otros, en cambio, se convierte en puro y simple miedo de salir a la calle.
El denominador común es la impotencia. Habría que analizar a fondo cuáles son los mecanismos que liberan este sentimiento tan agobiador de no encontrar respuestas ni salidas a una situación extremadamente adversa. Pero no cabe duda de que una persona atrapada por la falta de satisfacciones a su necesidad de seguridad se convierte en un ser desequilibrado en más de un sentido.
Con estas características no hay sociedad que avance hacia sus objetivos, si es que los tiene. Se transforma en una comunidad humana apática, frenada por la atmósfera de intimidación en la cual transcurre su vida diaria y cuya visión de futuro –algo indispensable en todo conglomerado social- está siempre en duda. La familia normal en estos días invierte la mayor parte de su energía en protegerse de las amenazas, latentes o explícitas, en lugar de desarrollar su potencial y avanzar en sus logros con cierta certeza de que su vida no está en peligro.
Lo curioso es la manera como este ambiente ya pasó a ser normal. Quienes disfrutan de algún reducto seguro en el cual sus hijos salen a jugar sin peligro o tienen la dicha de pasear sin temor a ser asaltados, se consideran privilegiados. Eso que antes fue norma es ahora la excepción y todos aprendieron a aceptarlo como parte de su realidad.
No es extraño, entonces, observar una fragmentación cada vez más acentuada en la sociedad. Aun cuando se producen pequeñas explosiones de rechazo al estado de cosas, son apenas burbujas más grandes y ruidosas, sin llegar a la envergadura de una protesta colectiva ni una demanda de cambio. ¿Salir a las calles a manifestar el repudio contra la corrupción y la violencia? No. Eso aquí no sucede.
(Publicado el 26/01/2013)
Parece que la violencia criminal no fuera suficiente motivo para sacudir la modorra social. Cada nuevo hecho de violencia provoca un cierto burbujeo que dura lo que permanece la noticia en los medios, ni un día más. Luego, se calma; cada quien regresa a su rutina mascullando frustración y finalmente todo se disuelve en la nada, hasta el estallido noticioso de un nuevo crimen excepcionalmente perverso.
Las muertes por asfixia, ataque armado o tortura, violación y desmembramiento coexisten con las cuentas por pagar, el precio de la gasolina y las dificultades para encontrar estacionamiento. Parecen ser parte del estilo de vida en Guatemala y los países vecinos, con los cuales comparte esta horripilante costumbre de vivir bajo amenaza.
Pero los seres humanos no son inmunes a este ataque psicológico constante. En unos, la atmósfera de incertidumbre –(¿viviré lo suficiente para amanecer mañana?)- se manifiesta en un tono de agresividad que impregna toda su vida diaria, dirigido contra quienes le rodean: su familia, sus amistades, sus compañeros de trabajo y, sobre todo, los transeúntes o automovilistas que se cruzan en su camino, como aquel pasajero de bus que vació la tolva de su pistola matando a un hombre inocente solo porque el piloto no aceleró lo suficiente. En otros, en cambio, se convierte en puro y simple miedo de salir a la calle.
El denominador común es la impotencia. Habría que analizar a fondo cuáles son los mecanismos que liberan este sentimiento tan agobiador de no encontrar respuestas ni salidas a una situación extremadamente adversa. Pero no cabe duda de que una persona atrapada por la falta de satisfacciones a su necesidad de seguridad se convierte en un ser desequilibrado en más de un sentido.
Con estas características no hay sociedad que avance hacia sus objetivos, si es que los tiene. Se transforma en una comunidad humana apática, frenada por la atmósfera de intimidación en la cual transcurre su vida diaria y cuya visión de futuro –algo indispensable en todo conglomerado social- está siempre en duda. La familia normal en estos días invierte la mayor parte de su energía en protegerse de las amenazas, latentes o explícitas, en lugar de desarrollar su potencial y avanzar en sus logros con cierta certeza de que su vida no está en peligro.
Lo curioso es la manera como este ambiente ya pasó a ser normal. Quienes disfrutan de algún reducto seguro en el cual sus hijos salen a jugar sin peligro o tienen la dicha de pasear sin temor a ser asaltados, se consideran privilegiados. Eso que antes fue norma es ahora la excepción y todos aprendieron a aceptarlo como parte de su realidad.
No es extraño, entonces, observar una fragmentación cada vez más acentuada en la sociedad. Aun cuando se producen pequeñas explosiones de rechazo al estado de cosas, son apenas burbujas más grandes y ruidosas, sin llegar a la envergadura de una protesta colectiva ni una demanda de cambio. ¿Salir a las calles a manifestar el repudio contra la corrupción y la violencia? No. Eso aquí no sucede.
(Publicado el 26/01/2013)
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