Y de cómo se convirtió en el cepo y la tortura.
En la vigésima segunda edición del Diccionario de la Lengua Española, una de las definiciones de honor es “honestidad y recato en las mujeres, y buena opinión que se granjean con estas virtudes”. Esta acepción no solo lleva implícito un estereotipo discriminatorio –el cual demanda de la mujer un comportamiento personal determinado y sujeto a censura respecto a su sexualidad- sino se proyecta en la sociedad como un valor, aun cuando conlleva una fuerte carga de prejuicio y la ratificación de la autoridad patriarcal que legitima y respalda un trato diferenciado entre hombres y mujeres.
El impacto de la idea del honor en la vida de millones de mujeres en el mundo no se detiene en el marco de la conducta. También afecta a su libertad, estilo de vida y oportunidades de desarrollo, hasta tocar el extremo de amenazar su supervivencia. Por cuestión de honor, mujeres de diferentes culturas son víctimas de tortura, lapidación y muerte. Son violadas y despojadas de sus bienes, alejadas de sus hijos y expulsadas de su hogar. Por el honor se cometen contra ellas crímenes abominables, los cuales –también por cuestión de honor- quedan impunes al estar protegidos sus hechores con la legitimidad que otorgan las leyes.
En días pasados se publicó una nota sobre el abuso sexual de niñas en India. En ella se mencionaba el nivel de impunidad en esos delitos cometidos por hombres cercanos a sus víctimas. Y esa impunidad se debe, precisamente, al tan arraigado como distorsionado concepto de honor, según el cual las familias afectadas –que son mayoría- sufrirían ostracismo y marginación por parte de la sociedad.
El concepto de honor debe experimentar una profunda revisión. No es aceptable, en una sociedad de este siglo, atribuir a la vida íntima y personal de una mujer –la cual solo a ella le pertenece- el peso de la reputación de todo un grupo social y mucho menos la condena moral por la manera como decida vivir.
Tampoco es aceptable (de hecho, es una monstruosidad por donde se le analice) condenar a las niñas al abuso sexual reiterado apelando al honor, porque desde el momento que el crimen se perpetra y los testigos callan, ese supuesto honor ya fue destruido. La complicidad en esta clase de actos de barbarie es tan perversa y culpable como la comisión misma del delito y no hay excusa alguna para ampararlo.
El honor, como el mismo Drae lo señala, es una cualidad moral. El ocultamiento de actos criminales no lo es. Por eso esta reflexión debería calar en lo profundo de la conciencia de quienes en Guatemala –tanto como en India, Pakistán, Estados Unidos, Brasil o cualquier otro país del mundo- ubican el honor en el sexo femenino, lo condenan, lo marcan a fuego, lo violan y lo satanizan a fuerza de prohibiciones, credos y mitos.
Si somos capaces de llevar la ciencia y el arte a niveles de sublime exquisitez, si la humanidad se pavonea con el desarrollo de sus grandes logros, si nos consideramos superiores a todas las especies, entonces estamos obligados a redefinir conceptos arcaicos cuya vigencia desmiente todo lo anterior y nos coloca en el peldaño más bajo de la escala.
(Publicado el 09/02/2013)
domingo, 14 de julio de 2013
El peso de la palabra
El fenómeno de la comunicación y sus significados.
Cuando una se sienta frente a la página en blanco con la mente también en blanco, le resulta mucho más evidente visualizar ese proceso de la comunicación de ideas que comienza por la elaboración –como una receta de cocina- de los distintos elementos del mensaje, el tono y la intención. Este guiso no siempre resulta como se espera. A veces es francamente desabrido y en otras ocasiones, tan carente de consistencia que es preciso repetirlo una y otra vez. Sin embargo, ahí está la página y si somos responsables y más o menos duchos en el oficio, terminamos por llenarla.
Uno de los factores de mayor incidencia en este fenómeno de la mente en blanco es el agotamiento físico o la carga psicológica resultante de vivir en inmersión constante en el tráfago de la noticia. En Guatemala son los hechos de violencia, las crisis institucionales, el manipuleo político y las denuncias de corrupción los temas situados en el nivel más alto de ese flujo.
Al final de cuentas, esos tópicos cargados de negatividad terminan por ser unos focos de atención tan poderosos que postergan a otros tanto o más importantes para el resto de la sociedad y, si nos rebelamos contra esa tendencia, corremos el riesgo de producir un material sin mayores repercusiones para un universo ávido de temas de actualidad.
Es curioso cuánto pesa la palabra. En medios escritos, lo impreso adquiere la categoría de verdad al punto de que para contradecirla es preciso tener evidencias, como si se tratara de un proceso judicial. Si está escrito y publicado, dicen muchos, ha de ser cierto. Si no lo es, entonces ¿cuál es la verdad? Ese poder tiene su balance, sin embargo, en la enorme responsabilidad de quien toma la decisión de imprimirla.
En ciertas circunstancias y dependiendo de quien las pronuncie, hay palabras no escritas cuyo impacto es enorme. El mejor ejemplo son los discursos políticos y, entre ellos, las alocuciones realizadas tanto en actos oficiales como en spots publicitarios. Esas palabras, como en el caso de un presidente de la República, deben reflejar la estatura de la investidura representada y, por ende, ser veraces y precisas.
En esos ámbitos del poder, la demagogia y la propaganda electoral han demostrado ser instrumentos de precisión de la mentira institucional. Lo que en discursos y elaborados mensajes políticos se manifiesta raramente coincide con los hechos y casi nunca se traduce en el cumplimiento real y concreto de acciones prometidas. Más aun, se espera la exageración y la manipulación de conceptos o de estadísticas como una consecuencia inevitable de la actividad política, perdiendo la palabra todo su valor.
En definitiva, esa herramienta tan poderosa, la palabra, es una materia prima maleable con la cual se produce tanto un pasquín de la peor calaña como una obra de arte trascendente y universal. Y si nos remitimos a los niveles intermedios entre lo malo y lo superior, encontramos toda clase de medios de comunicación -algunos más empeñados que otros en informar con apego a la verdad- pero la mayoría partiendo de esa plataforma de credibilidad que les otorga su naturaleza editorial. Por eso es comprensible y necesario temerle y tratarla con sumo cuidado.
(Publicado el 04/02/2013)
Cuando una se sienta frente a la página en blanco con la mente también en blanco, le resulta mucho más evidente visualizar ese proceso de la comunicación de ideas que comienza por la elaboración –como una receta de cocina- de los distintos elementos del mensaje, el tono y la intención. Este guiso no siempre resulta como se espera. A veces es francamente desabrido y en otras ocasiones, tan carente de consistencia que es preciso repetirlo una y otra vez. Sin embargo, ahí está la página y si somos responsables y más o menos duchos en el oficio, terminamos por llenarla.
Uno de los factores de mayor incidencia en este fenómeno de la mente en blanco es el agotamiento físico o la carga psicológica resultante de vivir en inmersión constante en el tráfago de la noticia. En Guatemala son los hechos de violencia, las crisis institucionales, el manipuleo político y las denuncias de corrupción los temas situados en el nivel más alto de ese flujo.
Al final de cuentas, esos tópicos cargados de negatividad terminan por ser unos focos de atención tan poderosos que postergan a otros tanto o más importantes para el resto de la sociedad y, si nos rebelamos contra esa tendencia, corremos el riesgo de producir un material sin mayores repercusiones para un universo ávido de temas de actualidad.
Es curioso cuánto pesa la palabra. En medios escritos, lo impreso adquiere la categoría de verdad al punto de que para contradecirla es preciso tener evidencias, como si se tratara de un proceso judicial. Si está escrito y publicado, dicen muchos, ha de ser cierto. Si no lo es, entonces ¿cuál es la verdad? Ese poder tiene su balance, sin embargo, en la enorme responsabilidad de quien toma la decisión de imprimirla.
En ciertas circunstancias y dependiendo de quien las pronuncie, hay palabras no escritas cuyo impacto es enorme. El mejor ejemplo son los discursos políticos y, entre ellos, las alocuciones realizadas tanto en actos oficiales como en spots publicitarios. Esas palabras, como en el caso de un presidente de la República, deben reflejar la estatura de la investidura representada y, por ende, ser veraces y precisas.
En esos ámbitos del poder, la demagogia y la propaganda electoral han demostrado ser instrumentos de precisión de la mentira institucional. Lo que en discursos y elaborados mensajes políticos se manifiesta raramente coincide con los hechos y casi nunca se traduce en el cumplimiento real y concreto de acciones prometidas. Más aun, se espera la exageración y la manipulación de conceptos o de estadísticas como una consecuencia inevitable de la actividad política, perdiendo la palabra todo su valor.
En definitiva, esa herramienta tan poderosa, la palabra, es una materia prima maleable con la cual se produce tanto un pasquín de la peor calaña como una obra de arte trascendente y universal. Y si nos remitimos a los niveles intermedios entre lo malo y lo superior, encontramos toda clase de medios de comunicación -algunos más empeñados que otros en informar con apego a la verdad- pero la mayoría partiendo de esa plataforma de credibilidad que les otorga su naturaleza editorial. Por eso es comprensible y necesario temerle y tratarla con sumo cuidado.
(Publicado el 04/02/2013)
El costo del abandono
Las necesidades básicas satisfechas también construyen ciudadanía.
Es imposible no pensar en una intención oculta tras las decisiones de privar a la población de los recursos básicos para subsistir y desarrollarse. Es difícil creer en la buena intención de los políticos y en su discurso conciliador, cuando las personas acuden a los hospitales y centros de salud para encontar entidades desprovistas de recursos, incapaces de atenderlos en un nivel sanitario básico y muchas veces en condiciones de ruina física por ausencia de mantenimiento.
Esta falta de atención, de interés o de sentido humanitario coincide muchas veces con estrategias económicas orientadas hacia el mantenimiento de una sociedad subordinada y carente de poder, incapaz de exigir el respeto de sus derechos. Esto también juega en contra de las oportunidades de crecimiento económico y estabilidad laboral de grandes sectores de la población, con lo cual se establece una distancia mucho mayor entre patronos y trabajadores, con el detrimento de la capacidad de negociación de estos últimos.
Algo similar sucede con la niñez y la juventud privadas de la atención alimentaria suficiente durante su período de crecimiento y formación, condenadas por el Estado a un futuro mediocre y sin perspectivas. Niñas y niños ávidos de recibir educación en establecimientos adecuados y accesibles, en un sistema funcional que les garantice un trato digno y les permita disfrutar de una niñez protegida solo encuentran cabida en aulas ruinosas, sin servicios sanitarios y sin un techo seguro.
Es un hecho que la mayoría de guatemaltecos experimenta grandes privaciones. Pero éstas nada tienen que ver con el recurso económico, argumento explotado hasta el cansancio por quienes toman las decisiones importantes en el país. Dinero hay y mucho, pero no invertido de la manera correcta ni controlado con la eficacia con la cual debería regularse todo movimiento financiero derivado de las complejas funciones del Estado.
Se ha dicho hasta el cansancio que Guatemala es un país rico lleno de gente pobre. Y esa idea se confirma cada vez que se descubre algún acto de corrupción en alcaldías, ministerios, secretarías y en cualquier dependencia, sea ésta grande e importante o pequeña y sin demasiada relevancia. La sobrevaloración de insumos, las ventajas estampadas en los contratos y la discrecionalidad en los gastos –los cuales llevan incluída una jugosa comisión- representan de manera automática menos inversión en redes de agua potable, servicios de salud, escuelas, mantenimiento de caminos, construcción de puentes, drenajes y cuanto servicio se requiere como base fundamental para el desarrollo de un país.
El discurso oficial ha estado siempre lleno de afirmaciones aventuradas. Al escucharlo, parece referirse a otro país, el país supuesto en donde las cosas funcionan correctamente, en donde las curules no se transan por millones –los mismos que faltan en inversión social- en donde no existe el enriquecimiento ilícito. El problema parece residir en el debilitamiento de las estructuras del Estado, estrategia bien diseñada por los grupos de poder más influyentes y los menos interesados en el verdadero desarrollo del país: el de su gente.
(Publicado el 02/02/2013)
Es imposible no pensar en una intención oculta tras las decisiones de privar a la población de los recursos básicos para subsistir y desarrollarse. Es difícil creer en la buena intención de los políticos y en su discurso conciliador, cuando las personas acuden a los hospitales y centros de salud para encontar entidades desprovistas de recursos, incapaces de atenderlos en un nivel sanitario básico y muchas veces en condiciones de ruina física por ausencia de mantenimiento.
Esta falta de atención, de interés o de sentido humanitario coincide muchas veces con estrategias económicas orientadas hacia el mantenimiento de una sociedad subordinada y carente de poder, incapaz de exigir el respeto de sus derechos. Esto también juega en contra de las oportunidades de crecimiento económico y estabilidad laboral de grandes sectores de la población, con lo cual se establece una distancia mucho mayor entre patronos y trabajadores, con el detrimento de la capacidad de negociación de estos últimos.
Algo similar sucede con la niñez y la juventud privadas de la atención alimentaria suficiente durante su período de crecimiento y formación, condenadas por el Estado a un futuro mediocre y sin perspectivas. Niñas y niños ávidos de recibir educación en establecimientos adecuados y accesibles, en un sistema funcional que les garantice un trato digno y les permita disfrutar de una niñez protegida solo encuentran cabida en aulas ruinosas, sin servicios sanitarios y sin un techo seguro.
Es un hecho que la mayoría de guatemaltecos experimenta grandes privaciones. Pero éstas nada tienen que ver con el recurso económico, argumento explotado hasta el cansancio por quienes toman las decisiones importantes en el país. Dinero hay y mucho, pero no invertido de la manera correcta ni controlado con la eficacia con la cual debería regularse todo movimiento financiero derivado de las complejas funciones del Estado.
Se ha dicho hasta el cansancio que Guatemala es un país rico lleno de gente pobre. Y esa idea se confirma cada vez que se descubre algún acto de corrupción en alcaldías, ministerios, secretarías y en cualquier dependencia, sea ésta grande e importante o pequeña y sin demasiada relevancia. La sobrevaloración de insumos, las ventajas estampadas en los contratos y la discrecionalidad en los gastos –los cuales llevan incluída una jugosa comisión- representan de manera automática menos inversión en redes de agua potable, servicios de salud, escuelas, mantenimiento de caminos, construcción de puentes, drenajes y cuanto servicio se requiere como base fundamental para el desarrollo de un país.
El discurso oficial ha estado siempre lleno de afirmaciones aventuradas. Al escucharlo, parece referirse a otro país, el país supuesto en donde las cosas funcionan correctamente, en donde las curules no se transan por millones –los mismos que faltan en inversión social- en donde no existe el enriquecimiento ilícito. El problema parece residir en el debilitamiento de las estructuras del Estado, estrategia bien diseñada por los grupos de poder más influyentes y los menos interesados en el verdadero desarrollo del país: el de su gente.
(Publicado el 02/02/2013)
Atavismos
Las doctrinas religiosas deben actualizarse.
El hombre se acercó a la mujer que manifestaba frente a casa presidencial y con aire de enojo le espetó: “Ustedes las mujeres deberían estar en su casa atendiendo sus labores domésticas, tal y como lo manda la Biblia, no tienen nada que hacer en la calle”. Luego dio media vuelta y se alejó satisfecho de haber cumplido con un deber superior.
Esto no es novedoso. Basta con asistir a una boda para escuchar cómo los estereotipos sexistas marcan la vida de una pareja desde el momento de su unión, bajo la indiscutible norma espiritual. A partir de allí se establecen las jerarquías, en las cuales la mujer siempre termina en posición secundaria, cuando no se la coloca de entrada en un peldaño inferior al de sus propios hijos en el esquema familiar.
Esta costumbre se repetía también hasta hace algunos años en la boda civil, al leer los artículos del Código relativos a la unión matrimonial, conminando a la esposa a cuidar del hogar, prohibiéndosele trabajar fuera de él sin autorización del esposo. Este Código fue reformado, pero sin duda los viejos ejemplares aun circulan y se utilizan en muchas ceremonias, ante la ignorancia de las parejas sobre la derogación de tales monstruosidades jurídicas.
Por eso, cuando se analiza la violencia de género, resulta evidente que en las estrategias para combatirla y erradicarla no pueden quedar al margen las instituciones religiosas ni los profesionales participantes en la institucionalización de las uniones. Allí debe insistirse en la toma de conciencia y la reeducación de hombres y mujeres sobre derechos y obligaciones. Es un momento oportuno para dejar estampada la igualdad con tinta indeleble. En estos tiempos y ante la violencia imperante, ese compromiso podría constituir un toque de timón hacia la dirección correcta.
Los atavismos tienen la característica de impregnar la vida casi sin sentir, son unos elementos subrepticios capaces de condenar a la miseria a todo un grupo social, escatimándole derechos a unos para otorgárselos a otros. En esos atavismos cargados de prejuicios no existe la justicia. Ni la divina ni la terrenal. Y es desquiciante vivir bajo sus parámetros.
El progreso y la actualización de los roles masculino y femenino, como los percibimos desde un centro urbano desarrollado y de costumbres cosmopolitas, no es igual al de la aldea perdida en la montaña en donde los hombres no permiten a su mujer parir por cesárea “porque ya no estará completa”. Y peor aún, en donde el personal de salud muchas veces respeta más la voluntad del esposo que la vida de su mujer.
Esas ideas primitivas de autoridad y dominio masculino inciden en los índices de violaciones sexuales y abuso en el seno de la familia. El concepto arcaico de “jefe” de hogar determina implícitamente una jerarquía sacralizada por las doctrinas religiosas y reproducida por la sociedad. ¿Por qué no se habla de “socios” en la complicada aventura de una vida en pareja? ¿Por qué no se educa en el concepto de equidad desde la más tierna infancia? ¿Por qué se sigue sacrificando un lechón cuando nace un varón y se instala una atmósfera de frustración cuando la recién nacida es una niña? Esos perversos atavismos nuestros…
(Publicado el 28/01/2013)
El hombre se acercó a la mujer que manifestaba frente a casa presidencial y con aire de enojo le espetó: “Ustedes las mujeres deberían estar en su casa atendiendo sus labores domésticas, tal y como lo manda la Biblia, no tienen nada que hacer en la calle”. Luego dio media vuelta y se alejó satisfecho de haber cumplido con un deber superior.
Esto no es novedoso. Basta con asistir a una boda para escuchar cómo los estereotipos sexistas marcan la vida de una pareja desde el momento de su unión, bajo la indiscutible norma espiritual. A partir de allí se establecen las jerarquías, en las cuales la mujer siempre termina en posición secundaria, cuando no se la coloca de entrada en un peldaño inferior al de sus propios hijos en el esquema familiar.
Esta costumbre se repetía también hasta hace algunos años en la boda civil, al leer los artículos del Código relativos a la unión matrimonial, conminando a la esposa a cuidar del hogar, prohibiéndosele trabajar fuera de él sin autorización del esposo. Este Código fue reformado, pero sin duda los viejos ejemplares aun circulan y se utilizan en muchas ceremonias, ante la ignorancia de las parejas sobre la derogación de tales monstruosidades jurídicas.
Por eso, cuando se analiza la violencia de género, resulta evidente que en las estrategias para combatirla y erradicarla no pueden quedar al margen las instituciones religiosas ni los profesionales participantes en la institucionalización de las uniones. Allí debe insistirse en la toma de conciencia y la reeducación de hombres y mujeres sobre derechos y obligaciones. Es un momento oportuno para dejar estampada la igualdad con tinta indeleble. En estos tiempos y ante la violencia imperante, ese compromiso podría constituir un toque de timón hacia la dirección correcta.
Los atavismos tienen la característica de impregnar la vida casi sin sentir, son unos elementos subrepticios capaces de condenar a la miseria a todo un grupo social, escatimándole derechos a unos para otorgárselos a otros. En esos atavismos cargados de prejuicios no existe la justicia. Ni la divina ni la terrenal. Y es desquiciante vivir bajo sus parámetros.
El progreso y la actualización de los roles masculino y femenino, como los percibimos desde un centro urbano desarrollado y de costumbres cosmopolitas, no es igual al de la aldea perdida en la montaña en donde los hombres no permiten a su mujer parir por cesárea “porque ya no estará completa”. Y peor aún, en donde el personal de salud muchas veces respeta más la voluntad del esposo que la vida de su mujer.
Esas ideas primitivas de autoridad y dominio masculino inciden en los índices de violaciones sexuales y abuso en el seno de la familia. El concepto arcaico de “jefe” de hogar determina implícitamente una jerarquía sacralizada por las doctrinas religiosas y reproducida por la sociedad. ¿Por qué no se habla de “socios” en la complicada aventura de una vida en pareja? ¿Por qué no se educa en el concepto de equidad desde la más tierna infancia? ¿Por qué se sigue sacrificando un lechón cuando nace un varón y se instala una atmósfera de frustración cuando la recién nacida es una niña? Esos perversos atavismos nuestros…
(Publicado el 28/01/2013)
Miedotenango
¿Por qué la sociedad se encierra en su burbuja?
Parece que la violencia criminal no fuera suficiente motivo para sacudir la modorra social. Cada nuevo hecho de violencia provoca un cierto burbujeo que dura lo que permanece la noticia en los medios, ni un día más. Luego, se calma; cada quien regresa a su rutina mascullando frustración y finalmente todo se disuelve en la nada, hasta el estallido noticioso de un nuevo crimen excepcionalmente perverso.
Las muertes por asfixia, ataque armado o tortura, violación y desmembramiento coexisten con las cuentas por pagar, el precio de la gasolina y las dificultades para encontrar estacionamiento. Parecen ser parte del estilo de vida en Guatemala y los países vecinos, con los cuales comparte esta horripilante costumbre de vivir bajo amenaza.
Pero los seres humanos no son inmunes a este ataque psicológico constante. En unos, la atmósfera de incertidumbre –(¿viviré lo suficiente para amanecer mañana?)- se manifiesta en un tono de agresividad que impregna toda su vida diaria, dirigido contra quienes le rodean: su familia, sus amistades, sus compañeros de trabajo y, sobre todo, los transeúntes o automovilistas que se cruzan en su camino, como aquel pasajero de bus que vació la tolva de su pistola matando a un hombre inocente solo porque el piloto no aceleró lo suficiente. En otros, en cambio, se convierte en puro y simple miedo de salir a la calle.
El denominador común es la impotencia. Habría que analizar a fondo cuáles son los mecanismos que liberan este sentimiento tan agobiador de no encontrar respuestas ni salidas a una situación extremadamente adversa. Pero no cabe duda de que una persona atrapada por la falta de satisfacciones a su necesidad de seguridad se convierte en un ser desequilibrado en más de un sentido.
Con estas características no hay sociedad que avance hacia sus objetivos, si es que los tiene. Se transforma en una comunidad humana apática, frenada por la atmósfera de intimidación en la cual transcurre su vida diaria y cuya visión de futuro –algo indispensable en todo conglomerado social- está siempre en duda. La familia normal en estos días invierte la mayor parte de su energía en protegerse de las amenazas, latentes o explícitas, en lugar de desarrollar su potencial y avanzar en sus logros con cierta certeza de que su vida no está en peligro.
Lo curioso es la manera como este ambiente ya pasó a ser normal. Quienes disfrutan de algún reducto seguro en el cual sus hijos salen a jugar sin peligro o tienen la dicha de pasear sin temor a ser asaltados, se consideran privilegiados. Eso que antes fue norma es ahora la excepción y todos aprendieron a aceptarlo como parte de su realidad.
No es extraño, entonces, observar una fragmentación cada vez más acentuada en la sociedad. Aun cuando se producen pequeñas explosiones de rechazo al estado de cosas, son apenas burbujas más grandes y ruidosas, sin llegar a la envergadura de una protesta colectiva ni una demanda de cambio. ¿Salir a las calles a manifestar el repudio contra la corrupción y la violencia? No. Eso aquí no sucede.
(Publicado el 26/01/2013)
Parece que la violencia criminal no fuera suficiente motivo para sacudir la modorra social. Cada nuevo hecho de violencia provoca un cierto burbujeo que dura lo que permanece la noticia en los medios, ni un día más. Luego, se calma; cada quien regresa a su rutina mascullando frustración y finalmente todo se disuelve en la nada, hasta el estallido noticioso de un nuevo crimen excepcionalmente perverso.
Las muertes por asfixia, ataque armado o tortura, violación y desmembramiento coexisten con las cuentas por pagar, el precio de la gasolina y las dificultades para encontrar estacionamiento. Parecen ser parte del estilo de vida en Guatemala y los países vecinos, con los cuales comparte esta horripilante costumbre de vivir bajo amenaza.
Pero los seres humanos no son inmunes a este ataque psicológico constante. En unos, la atmósfera de incertidumbre –(¿viviré lo suficiente para amanecer mañana?)- se manifiesta en un tono de agresividad que impregna toda su vida diaria, dirigido contra quienes le rodean: su familia, sus amistades, sus compañeros de trabajo y, sobre todo, los transeúntes o automovilistas que se cruzan en su camino, como aquel pasajero de bus que vació la tolva de su pistola matando a un hombre inocente solo porque el piloto no aceleró lo suficiente. En otros, en cambio, se convierte en puro y simple miedo de salir a la calle.
El denominador común es la impotencia. Habría que analizar a fondo cuáles son los mecanismos que liberan este sentimiento tan agobiador de no encontrar respuestas ni salidas a una situación extremadamente adversa. Pero no cabe duda de que una persona atrapada por la falta de satisfacciones a su necesidad de seguridad se convierte en un ser desequilibrado en más de un sentido.
Con estas características no hay sociedad que avance hacia sus objetivos, si es que los tiene. Se transforma en una comunidad humana apática, frenada por la atmósfera de intimidación en la cual transcurre su vida diaria y cuya visión de futuro –algo indispensable en todo conglomerado social- está siempre en duda. La familia normal en estos días invierte la mayor parte de su energía en protegerse de las amenazas, latentes o explícitas, en lugar de desarrollar su potencial y avanzar en sus logros con cierta certeza de que su vida no está en peligro.
Lo curioso es la manera como este ambiente ya pasó a ser normal. Quienes disfrutan de algún reducto seguro en el cual sus hijos salen a jugar sin peligro o tienen la dicha de pasear sin temor a ser asaltados, se consideran privilegiados. Eso que antes fue norma es ahora la excepción y todos aprendieron a aceptarlo como parte de su realidad.
No es extraño, entonces, observar una fragmentación cada vez más acentuada en la sociedad. Aun cuando se producen pequeñas explosiones de rechazo al estado de cosas, son apenas burbujas más grandes y ruidosas, sin llegar a la envergadura de una protesta colectiva ni una demanda de cambio. ¿Salir a las calles a manifestar el repudio contra la corrupción y la violencia? No. Eso aquí no sucede.
(Publicado el 26/01/2013)
El mundo perdido
La Humanidad está en retroceso, empujada por su propia voracidad.
“No existió el genocidio”, dicen. “No hay que detener el desarrollo”, dicen. “Las organizaciones sociales son retrógradas y se oponen a la inversión privada, ¿qué tienen en contra de la minería y las hidroeléctricas?” “¡En ellas está el futuro!” Perversa manera de disfrazar la cruda realidad de la apropiación de las riquezas del planeta para el enriquecimiento de un puñado de empresas sin rostro humano.
El mundo que conocimos desaparece ante nuestros ojos. Sus bosques, su agua, su fauna y la riqueza del subsuelo ya tienen dueños, mientras las comunidades humanas que habitan los territorios son exterminadas por la violencia armada -y legalizada además por gobiernos corruptos- o simplemente por el hambre y la destrucción de sus medios de subsistencia.
Los escenarios varían, van de uno a otro continente. En Tanzania los hacendados avanzan con su maquinaria arrasando todo a su paso, tal como sucede en la Amazonia brasileña y en el gran territorio del Petén. Las reservas naturales y las grandes extensiones de bosques, algunas de cuyas funciones son proveer de oxígeno al planeta, depurar su atmósfera y brindar un hábitat adecuado a millones de especies de fauna y flora, se han convertido en el objetivo económico de los grandes consorcios explotadores y su exterminio crece de manera exponencial.
Pero esto, aun cuando no es nuevo, ya está marcando de manera directa la vida de los habitantes con sus efectos sobre el clima y la salud humana debido a la manipulación genética e industrial de los alimentos como una de las estrategias comerciales más exitosas de las últimas décadas, y por un desmedido afán de privatización.
Hoy, en un simple plato de pollo o cocido -alimento recomendado por ser saludable hace más de 20 años- una persona podría consumir altas dosis de hormonas, preservantes, colorantes y antibióticos cuyo efecto sobre el cuerpo se desconoce debido a la falta de controles de los organismos sanitarios de los países, así como gracias al magistral trabajo de cabildeo de las grandes empresas con los sectores políticos y su generosidad para conseguir una legislación que las proteja.
Ese es apenas un ejemplo. La industria de alimentos y el cartel farmacéutico mundial son el epítome de la deshumanización de la industria, cuyas estrategias se dirigen de manera explícita a la acumulación de riqueza y poder y no a propiciar la salud y el bienestar de la población de la cual obtienen esos inmensos beneficios.
La adición de vitamina A en el azúcar y de yodo en la sal constituyen medidas obligatorias por ley, destinadas a prevenir enfermedades de enorme impacto para las grandes masas de población de bajos ingresos. Sin embargo, ¿se sabe con certeza si esas medidas aun se respetan o algunos productores se ahorran ese gasto por su impacto en sus ganancias? En cuanto a sus consecuencias, tampoco existe en la sociedad una gran preocupación por conocer los efectos de la falta de esos nutrientes en la población infantil, cuyos indicadores de desarrollo revelan el abismo de carencias en el cual crecen las nuevas generaciones ¿Que el genocidio no existe? Por lo visto, eso depende de las interpretaciones.
(Publicado el 21/01/2013)
“No existió el genocidio”, dicen. “No hay que detener el desarrollo”, dicen. “Las organizaciones sociales son retrógradas y se oponen a la inversión privada, ¿qué tienen en contra de la minería y las hidroeléctricas?” “¡En ellas está el futuro!” Perversa manera de disfrazar la cruda realidad de la apropiación de las riquezas del planeta para el enriquecimiento de un puñado de empresas sin rostro humano.
El mundo que conocimos desaparece ante nuestros ojos. Sus bosques, su agua, su fauna y la riqueza del subsuelo ya tienen dueños, mientras las comunidades humanas que habitan los territorios son exterminadas por la violencia armada -y legalizada además por gobiernos corruptos- o simplemente por el hambre y la destrucción de sus medios de subsistencia.
Los escenarios varían, van de uno a otro continente. En Tanzania los hacendados avanzan con su maquinaria arrasando todo a su paso, tal como sucede en la Amazonia brasileña y en el gran territorio del Petén. Las reservas naturales y las grandes extensiones de bosques, algunas de cuyas funciones son proveer de oxígeno al planeta, depurar su atmósfera y brindar un hábitat adecuado a millones de especies de fauna y flora, se han convertido en el objetivo económico de los grandes consorcios explotadores y su exterminio crece de manera exponencial.
Pero esto, aun cuando no es nuevo, ya está marcando de manera directa la vida de los habitantes con sus efectos sobre el clima y la salud humana debido a la manipulación genética e industrial de los alimentos como una de las estrategias comerciales más exitosas de las últimas décadas, y por un desmedido afán de privatización.
Hoy, en un simple plato de pollo o cocido -alimento recomendado por ser saludable hace más de 20 años- una persona podría consumir altas dosis de hormonas, preservantes, colorantes y antibióticos cuyo efecto sobre el cuerpo se desconoce debido a la falta de controles de los organismos sanitarios de los países, así como gracias al magistral trabajo de cabildeo de las grandes empresas con los sectores políticos y su generosidad para conseguir una legislación que las proteja.
Ese es apenas un ejemplo. La industria de alimentos y el cartel farmacéutico mundial son el epítome de la deshumanización de la industria, cuyas estrategias se dirigen de manera explícita a la acumulación de riqueza y poder y no a propiciar la salud y el bienestar de la población de la cual obtienen esos inmensos beneficios.
La adición de vitamina A en el azúcar y de yodo en la sal constituyen medidas obligatorias por ley, destinadas a prevenir enfermedades de enorme impacto para las grandes masas de población de bajos ingresos. Sin embargo, ¿se sabe con certeza si esas medidas aun se respetan o algunos productores se ahorran ese gasto por su impacto en sus ganancias? En cuanto a sus consecuencias, tampoco existe en la sociedad una gran preocupación por conocer los efectos de la falta de esos nutrientes en la población infantil, cuyos indicadores de desarrollo revelan el abismo de carencias en el cual crecen las nuevas generaciones ¿Que el genocidio no existe? Por lo visto, eso depende de las interpretaciones.
(Publicado el 21/01/2013)
Un día aciago
Seis cuerpos sin vida, seis mujeres asesinadas y un país a la deriva.
Los datos de la violencia en Guatemala parecen indicar que las estadísticas deben analizarse por períodos prolongados para establecer una curva más o menos real. Si se tabulan anualmente, como ha sucedido hasta ahora, esas ínfimas oscilaciones a la baja tienden a utilizarse para justificar políticas y hacer creer en la consecución de avances.
Pero en esto de las estadísticas también existen problemas de fondo. Sin un organismo oficial confiable, capaz de proporcionar la información real sobre los indicadores de país, se carece de una herramienta vital para diseñar políticas públicas y establecer prioridades sobre distintos temas de gran impacto social, como son los de seguridad y justicia.
Sin embargo, cuando se habla de femicidio no se trata de un simple asunto de números. Detrás de la violencia contra la mujer existe toda una cultura de opresión no reflejada en cifras. De hecho, la inmensa mayoría de abusos jamás se denuncia ni mucho menos es sujeto de sanción. Es ahí precisamente en donde reside uno de los grandes obstáculos para el avance de la democracia y la igualdad de derechos para el mayoritario segmento de la población femenina.
El vil asesinato de dos niñas, capítulo estremecedor para cualquier persona decente, pone una vez más en evidencia la falta de protección de la niñez en Guatemala. Y entre esa niñez desprotegida, son las niñas las más vulnerables. En ellas se refleja la imposición del patrón patriarcal de esta sociedad, al remitirlas al último peldaño de la escala del valor humano. Porque ellas no solo sufren abuso y carecen de mecanismos legales efectivos para defenderse por ser menores, sino también experimentan la discriminación adicional por su condición femenina, socialmente desvalorizada y, por tanto, relegada a una posición de completa marginación.
Una de las medidas políticas más urgentes es un masivo ataque contra la criminalidad que tiene a la población en vilo. Pero no mediante ejecuciones extrajudiciales como sugieren algunos ciudadanos indignados, sino por medio de la investigación oportuna y la aplicación efectiva de la justicia. Si estos individuos supieran que les espera un castigo seguro, sin duda lo pensarían dos veces antes de cometer las atrocidades a las cuales ya se han habituado, tanto como se han habituado a la impunidad.
El miedo de esta sociedad se hace más y más evidente a medida que avanzan los días. Ya se levantan voces exigiendo la pena de muerte, sugiriendo linchamientos y otras medidas de violencia extrema a través de las cuales se percibe un profundo escepticismo sobre la eficacia de las fuerzas de seguridad y de los administradores de justicia. La población ha dejado de creer en sus instituciones y ese constituye un portal propicio para la anarquía y las desviaciones oportunistas de los sectores de poder.
El miércoles fue un día aciago. No solo por los asesinatos de estas dos criaturas inocentes aun sin identificar, sino por el significado detrás del hecho mismo como una declaración de guerra, como la ratificación del poder supremo del crimen organizado sobre la vida y la muerte de la ciudadanía.
(Publicado el 19/01/2013)
Los datos de la violencia en Guatemala parecen indicar que las estadísticas deben analizarse por períodos prolongados para establecer una curva más o menos real. Si se tabulan anualmente, como ha sucedido hasta ahora, esas ínfimas oscilaciones a la baja tienden a utilizarse para justificar políticas y hacer creer en la consecución de avances.
Pero en esto de las estadísticas también existen problemas de fondo. Sin un organismo oficial confiable, capaz de proporcionar la información real sobre los indicadores de país, se carece de una herramienta vital para diseñar políticas públicas y establecer prioridades sobre distintos temas de gran impacto social, como son los de seguridad y justicia.
Sin embargo, cuando se habla de femicidio no se trata de un simple asunto de números. Detrás de la violencia contra la mujer existe toda una cultura de opresión no reflejada en cifras. De hecho, la inmensa mayoría de abusos jamás se denuncia ni mucho menos es sujeto de sanción. Es ahí precisamente en donde reside uno de los grandes obstáculos para el avance de la democracia y la igualdad de derechos para el mayoritario segmento de la población femenina.
El vil asesinato de dos niñas, capítulo estremecedor para cualquier persona decente, pone una vez más en evidencia la falta de protección de la niñez en Guatemala. Y entre esa niñez desprotegida, son las niñas las más vulnerables. En ellas se refleja la imposición del patrón patriarcal de esta sociedad, al remitirlas al último peldaño de la escala del valor humano. Porque ellas no solo sufren abuso y carecen de mecanismos legales efectivos para defenderse por ser menores, sino también experimentan la discriminación adicional por su condición femenina, socialmente desvalorizada y, por tanto, relegada a una posición de completa marginación.
Una de las medidas políticas más urgentes es un masivo ataque contra la criminalidad que tiene a la población en vilo. Pero no mediante ejecuciones extrajudiciales como sugieren algunos ciudadanos indignados, sino por medio de la investigación oportuna y la aplicación efectiva de la justicia. Si estos individuos supieran que les espera un castigo seguro, sin duda lo pensarían dos veces antes de cometer las atrocidades a las cuales ya se han habituado, tanto como se han habituado a la impunidad.
El miedo de esta sociedad se hace más y más evidente a medida que avanzan los días. Ya se levantan voces exigiendo la pena de muerte, sugiriendo linchamientos y otras medidas de violencia extrema a través de las cuales se percibe un profundo escepticismo sobre la eficacia de las fuerzas de seguridad y de los administradores de justicia. La población ha dejado de creer en sus instituciones y ese constituye un portal propicio para la anarquía y las desviaciones oportunistas de los sectores de poder.
El miércoles fue un día aciago. No solo por los asesinatos de estas dos criaturas inocentes aun sin identificar, sino por el significado detrás del hecho mismo como una declaración de guerra, como la ratificación del poder supremo del crimen organizado sobre la vida y la muerte de la ciudadanía.
(Publicado el 19/01/2013)
Sutileza lingüística
El uso de las palabras corrrectas sigue siendo una ciencia oculta.
Crimen pasional. Esa fue la conclusión preliminar de los investigadores en los asesinatos de una pareja en Amatitlán. También se desliza el concepto en la investigación asesinatos de mujeres, así fue en el crimen de monseñor Gerardi y en el polémico escándalo Rosenberg. De fácil uso, la palabrita se cuela recurrentemente en los reportes policiales pero también en las notas de prensa sin ser objeto de cuestionamiento alguno.
La excusa del crimen pasional está muy bien elaborada. Sirve de maravilla para justificar un hecho de sangre -la muerte de un ser humano- facilitándole al criminal el pretexto de haberse encontrado bajo el efecto de fuerzas superiores que lo llevaron a cometer el asesinato aun en contra de su voluntad. Los celos, la rabia extrema, el despecho, aparecen como impulsos irrefrenables ante las cortes de justicia.
Bien adornados por los abogados defensores, estos motivos muchas veces logran desviar las sentencias, reducir penas y culpas para, finalmente, librar a un asesino sádico de pagar por su crimen.
El problema, sin embargo, no es solo el manejo irresponsable y descuidado de los conceptos por parte de las fuerzas del orden y los investigadores del sector judicial, también lo es la relajada actitud de los medios de comunicación al aceptar, sin mayores reservas, esa clase de explicaciones por parte de sus fuentes informativas.
El reportero rara vez cuestiona tales afirmaciones y no obliga a sus fuentes ni a sus lectores a profundizar en el análisis. Entonces la nota se traslada a la sociedad con un deformante concepto cuya validez quedó obsoleta ya desde el siglo pasado.
En la mayoría de femicidios, la primera versión es el crimen pasional. Aun si se aceptara esa definición -lo cual no debería suceder- queda en la oscuridad el tipo de pasión al cual se refiere el suceso en cuestión. Por ello es mejor recurrir al diccionario en el cual pasión es definida, entre otras acepciones, como “cualquier perturbación o afecto desordenado del ánimo” (Drae, 21.a edición) y no necesariamente como un amor intenso e incontrolable que empuja al individuo a cometer un acto irreflexivo aun en contra de su voluntad, como se pretende hacer creer a un público ávido de emociones.
Crímenes perversos como la tortura, violación o asesinato de una mujer nunca son crímenes pasionales motivados por el amor, un sentimiento noble cuya ausencia es la nota más evidente en la escena del crimen. El uso común de esta explicación, por lo tanto, debería ser erradicado para siempre del lenguaje jurídico y policial por inexacto y contradictorio con los hechos investigados.
Utilizar las palabras correctas no es cosa fácil, pero en ámbitos cuyos límites son precisos y de enorme relevancia para la aplicación de la justicia, este debe ser un requisito obligatorio para todos sus representantes, desde el primer agente de policía que llega a la escena del crimen hasta el juez que dicta la sentencia.
No se debe permitir a los criminales el privilegio de disimular sus actos de violencia detrás de un sentimiento noble. Es así como se burlan de la justicia y hacen mofa de sus víctimas.
(Publicado el 14/01/2013)
La excusa del crimen pasional está muy bien elaborada. Sirve de maravilla para justificar un hecho de sangre -la muerte de un ser humano- facilitándole al criminal el pretexto de haberse encontrado bajo el efecto de fuerzas superiores que lo llevaron a cometer el asesinato aun en contra de su voluntad. Los celos, la rabia extrema, el despecho, aparecen como impulsos irrefrenables ante las cortes de justicia.
Bien adornados por los abogados defensores, estos motivos muchas veces logran desviar las sentencias, reducir penas y culpas para, finalmente, librar a un asesino sádico de pagar por su crimen.
El problema, sin embargo, no es solo el manejo irresponsable y descuidado de los conceptos por parte de las fuerzas del orden y los investigadores del sector judicial, también lo es la relajada actitud de los medios de comunicación al aceptar, sin mayores reservas, esa clase de explicaciones por parte de sus fuentes informativas.
El reportero rara vez cuestiona tales afirmaciones y no obliga a sus fuentes ni a sus lectores a profundizar en el análisis. Entonces la nota se traslada a la sociedad con un deformante concepto cuya validez quedó obsoleta ya desde el siglo pasado.
En la mayoría de femicidios, la primera versión es el crimen pasional. Aun si se aceptara esa definición -lo cual no debería suceder- queda en la oscuridad el tipo de pasión al cual se refiere el suceso en cuestión. Por ello es mejor recurrir al diccionario en el cual pasión es definida, entre otras acepciones, como “cualquier perturbación o afecto desordenado del ánimo” (Drae, 21.a edición) y no necesariamente como un amor intenso e incontrolable que empuja al individuo a cometer un acto irreflexivo aun en contra de su voluntad, como se pretende hacer creer a un público ávido de emociones.
Crímenes perversos como la tortura, violación o asesinato de una mujer nunca son crímenes pasionales motivados por el amor, un sentimiento noble cuya ausencia es la nota más evidente en la escena del crimen. El uso común de esta explicación, por lo tanto, debería ser erradicado para siempre del lenguaje jurídico y policial por inexacto y contradictorio con los hechos investigados.
Utilizar las palabras correctas no es cosa fácil, pero en ámbitos cuyos límites son precisos y de enorme relevancia para la aplicación de la justicia, este debe ser un requisito obligatorio para todos sus representantes, desde el primer agente de policía que llega a la escena del crimen hasta el juez que dicta la sentencia.
No se debe permitir a los criminales el privilegio de disimular sus actos de violencia detrás de un sentimiento noble. Es así como se burlan de la justicia y hacen mofa de sus víctimas.
(Publicado el 14/01/2013)
Lastre político
Un enorme fardo de frustraciones es la herencia de años de violencia.
La nota decía: “Antropólogos de Guatemala encontraron al menos 500 osamentas de indígenas masacrados durante la guerra civil, tras 11 meses de excavaciones en un antiguo destacamento militar donde ahora funciona un comando de operaciones de paz de la ONU”. Un destacamento militar como muchos de los instalados a lo largo y ancho del país, dedicados a ejecutar las tácticas de combate antisubversivo en el marco de la Guerra Fría, entre otras funciones.
La noticia no tuvo repercusiones excepcionales en la sociedad guatemalteca. De hecho, no mereció primeras planas, declaraciones oficiales, demanda de explicaciones por parte de la sociedad ni el indicio de alguna protesta ciudadana. Tampoco parece haber seguimiento mediático. Muy poco ruido para tantas osamentas de indígenas masacrados durante un operativo militar en una de las regiones más castigadas por el conflicto armado.
500 osamentas, un niño abandonado bajo el cadáver de su madre en una carretera solitaria, una cabeza humana hallada en un mercado de la zona 5 de Mixco, todas noticias dispersas marcando el tono para 2013. Pero ya la costumbre ha sentado sus reales apagando la protesta y consolidando la resignación como un valor más que como una actitud. Anestésico imprescindible para vivir.
Quizás, entonces, la designación de un militar, kaibil, de la línea más dura, estratega de la contrainsurgencia y amigo fiel del poder económico sea congruente con esa realidad ya delineada como un estado indefinido de posguerra del cual Guatemala no puede escapar.
¿En dónde queda entonces el deseo de reconciliación si no es en puras quimeras? ¿Qué reconciliación puede surgir en una sociedad tan profundamente dividida y temerosa de todo lo que represente involucramiento y lucha por sus derechos? La democracia exige participación ciudadana como requisito para su propia existencia. Sin ella, el quehacer político se sustenta de autoritarismo y abuso de poder, perdiendo su esencia y cualquier esperanza de desarrollo en un marco de respeto por los derechos humanos.
Los crímenes llamados “comunes” también forman parte de esa herencia de violencia política en la cual Guatemala se ha visto inmersa durante tantas décadas como precio por su tremenda debilidad frente a otras potencias y organismos mundiales desde los cuales han emanado directrices políticas y económicas que definieron su ruta. Esos crímenes comunes, esa delincuencia callejera, es producto directo de las desigualdades sociales y las fallas institucionales derivadas de la corrupción y la carencia de un concepto de nación.
Este escenario, por lo tanto, tiene una continuidad perfecta en el tiempo y conforma un complejo sistema de vasos comunicantes. Cuando se produce un acto de corrupción en una dependencia del Estado, tiene impacto directo en algún programa de desarrollo no ejecutado, en algún presupuesto reducido y en la pérdida de oportunidades para algún segmento de la población totalmente ajeno al motivo de su desgracia. Y eso, en cualquier sociedad, constituye un terrible lastre político casi imposible de sobrellevar.
(Publicado el 12/01/2013)
La nota decía: “Antropólogos de Guatemala encontraron al menos 500 osamentas de indígenas masacrados durante la guerra civil, tras 11 meses de excavaciones en un antiguo destacamento militar donde ahora funciona un comando de operaciones de paz de la ONU”. Un destacamento militar como muchos de los instalados a lo largo y ancho del país, dedicados a ejecutar las tácticas de combate antisubversivo en el marco de la Guerra Fría, entre otras funciones.
La noticia no tuvo repercusiones excepcionales en la sociedad guatemalteca. De hecho, no mereció primeras planas, declaraciones oficiales, demanda de explicaciones por parte de la sociedad ni el indicio de alguna protesta ciudadana. Tampoco parece haber seguimiento mediático. Muy poco ruido para tantas osamentas de indígenas masacrados durante un operativo militar en una de las regiones más castigadas por el conflicto armado.
500 osamentas, un niño abandonado bajo el cadáver de su madre en una carretera solitaria, una cabeza humana hallada en un mercado de la zona 5 de Mixco, todas noticias dispersas marcando el tono para 2013. Pero ya la costumbre ha sentado sus reales apagando la protesta y consolidando la resignación como un valor más que como una actitud. Anestésico imprescindible para vivir.
Quizás, entonces, la designación de un militar, kaibil, de la línea más dura, estratega de la contrainsurgencia y amigo fiel del poder económico sea congruente con esa realidad ya delineada como un estado indefinido de posguerra del cual Guatemala no puede escapar.
¿En dónde queda entonces el deseo de reconciliación si no es en puras quimeras? ¿Qué reconciliación puede surgir en una sociedad tan profundamente dividida y temerosa de todo lo que represente involucramiento y lucha por sus derechos? La democracia exige participación ciudadana como requisito para su propia existencia. Sin ella, el quehacer político se sustenta de autoritarismo y abuso de poder, perdiendo su esencia y cualquier esperanza de desarrollo en un marco de respeto por los derechos humanos.
Los crímenes llamados “comunes” también forman parte de esa herencia de violencia política en la cual Guatemala se ha visto inmersa durante tantas décadas como precio por su tremenda debilidad frente a otras potencias y organismos mundiales desde los cuales han emanado directrices políticas y económicas que definieron su ruta. Esos crímenes comunes, esa delincuencia callejera, es producto directo de las desigualdades sociales y las fallas institucionales derivadas de la corrupción y la carencia de un concepto de nación.
Este escenario, por lo tanto, tiene una continuidad perfecta en el tiempo y conforma un complejo sistema de vasos comunicantes. Cuando se produce un acto de corrupción en una dependencia del Estado, tiene impacto directo en algún programa de desarrollo no ejecutado, en algún presupuesto reducido y en la pérdida de oportunidades para algún segmento de la población totalmente ajeno al motivo de su desgracia. Y eso, en cualquier sociedad, constituye un terrible lastre político casi imposible de sobrellevar.
(Publicado el 12/01/2013)
La brújula rota
La vida política y social del país parece haber perdido la ruta.
Entre los mayores problemas provocados por la anarquía y el desorden desde los ámbitos institucionales están la pérdida de confianza y de oportunidades de crecimiento. Guatemala sufre ese síndrome. Parece haber perdido la brújula con la cual definió, en algún momento, la ruta hacia la reconciliación entre sus diferentes sectores y la búsqueda de desarrollo sostenible en un marco de respeto por los derechos humanos.
Las instituciones fundamentales de una nación, aquellas cuyo papel se centra en la defensa de las normas constitucionales y la imposición de un marco valórico común a toda la sociedad, han colapsado de manera pública y notoria.
El Congreso de la República se ha transformado en un mercado en el cual se transa la riqueza y el futuro del país con total descaro e impunidad y el organismo encargado de administrar justicia, cuyas funciones están claramente definidas por ley, parece un conjunto de compartimientos estancos en donde cada quien maneja sus asuntos a su manera.
Mientras eso sucede en dos de los pilares de la democracia, otras instancias acusan una absoluta falta de control por parte de la ciudadanía. El ejemplo perfecto es la comuna capitalina, cuya máxima autoridad ignora por completo que existe un mecanismo llamado rendición de cuentas. Y ese cuadro se repite una y otra vez en ministerios y municipalidades, gobernaciones y secretarías. Algo así como una red de influencias orientadas de manera exclusiva a satisfacer intereses particulares con total desprecio por la gran masa poblacional de la cual obtienen su riqueza.
Pero no solo en los grandes despachos se produce esta pérdida de visión y dirección. También en las pequeñas organizaciones dirigidas por personas ineptas y carentes de ese concepto de bien común indispensable para tomar las decisiones correctas. Uno de los casos ejemplificadores es la administración del Parque Zoológico La Aurora, recinto destinado a conservar, proteger y exhibir a la fauna en condiciones adecuadas, con el propósito de brindar a la población un medio de educación y entretenimiento saludable y constructivo, con un fuerte concepto de respeto por la naturaleza.
Sin embargo, el Parque Zoológico se está transformando en una nueva Plaza Obelisco o, peor aun, algo así como el salón popular La Flor de Chinique, en donde la música estridente y la parranda desenfrenada marcan la pauta. La salud de los valiosos ejemplares de fauna refugiados en el parque no es un tema de interés para los genios del mercadeo cuyas pésimas decisiones y su evidente ignorancia violan todos los preceptos conservacionistas.
Así se podría enumerar a muchas dependencias del Estado cuyo desempeño presenta gravísimas deficiencias. Para no ir tan lejos en el tiempo, dar una mirada a la desorganización y falta de estructura en la celebración del B’aqtun, oportunidad de oro desperdiciada por las autoridades de turismo y de cultura, quienes no tuvieron los alcances para realizar un evento de transcendencia mundial, el cual hubiera significado un importante logro para la imagen del país en el exterior. La pregunta es ¿quién tiene el timón de esta nave?
(Publicado el 07/01/2013)
Entre los mayores problemas provocados por la anarquía y el desorden desde los ámbitos institucionales están la pérdida de confianza y de oportunidades de crecimiento. Guatemala sufre ese síndrome. Parece haber perdido la brújula con la cual definió, en algún momento, la ruta hacia la reconciliación entre sus diferentes sectores y la búsqueda de desarrollo sostenible en un marco de respeto por los derechos humanos.
Las instituciones fundamentales de una nación, aquellas cuyo papel se centra en la defensa de las normas constitucionales y la imposición de un marco valórico común a toda la sociedad, han colapsado de manera pública y notoria.
El Congreso de la República se ha transformado en un mercado en el cual se transa la riqueza y el futuro del país con total descaro e impunidad y el organismo encargado de administrar justicia, cuyas funciones están claramente definidas por ley, parece un conjunto de compartimientos estancos en donde cada quien maneja sus asuntos a su manera.
Mientras eso sucede en dos de los pilares de la democracia, otras instancias acusan una absoluta falta de control por parte de la ciudadanía. El ejemplo perfecto es la comuna capitalina, cuya máxima autoridad ignora por completo que existe un mecanismo llamado rendición de cuentas. Y ese cuadro se repite una y otra vez en ministerios y municipalidades, gobernaciones y secretarías. Algo así como una red de influencias orientadas de manera exclusiva a satisfacer intereses particulares con total desprecio por la gran masa poblacional de la cual obtienen su riqueza.
Pero no solo en los grandes despachos se produce esta pérdida de visión y dirección. También en las pequeñas organizaciones dirigidas por personas ineptas y carentes de ese concepto de bien común indispensable para tomar las decisiones correctas. Uno de los casos ejemplificadores es la administración del Parque Zoológico La Aurora, recinto destinado a conservar, proteger y exhibir a la fauna en condiciones adecuadas, con el propósito de brindar a la población un medio de educación y entretenimiento saludable y constructivo, con un fuerte concepto de respeto por la naturaleza.
Sin embargo, el Parque Zoológico se está transformando en una nueva Plaza Obelisco o, peor aun, algo así como el salón popular La Flor de Chinique, en donde la música estridente y la parranda desenfrenada marcan la pauta. La salud de los valiosos ejemplares de fauna refugiados en el parque no es un tema de interés para los genios del mercadeo cuyas pésimas decisiones y su evidente ignorancia violan todos los preceptos conservacionistas.
Así se podría enumerar a muchas dependencias del Estado cuyo desempeño presenta gravísimas deficiencias. Para no ir tan lejos en el tiempo, dar una mirada a la desorganización y falta de estructura en la celebración del B’aqtun, oportunidad de oro desperdiciada por las autoridades de turismo y de cultura, quienes no tuvieron los alcances para realizar un evento de transcendencia mundial, el cual hubiera significado un importante logro para la imagen del país en el exterior. La pregunta es ¿quién tiene el timón de esta nave?
(Publicado el 07/01/2013)
El nuevo orden
Un golpe artero de quienes desean borrar las huellas del pasado.
El gobierno, con la publicación del Acuerdo Gubernativo 370-2012, parece tener la intención de elevar un muro de protección para quienes cometieron violaciones de los derechos humanos en los años 80 y épocas anteriores. Sin embargo, comete un error político y estratégico al provocar una ola de protestas y un renovado impulso de exigir justicia para las víctimas de esos crímenes.
El gobierno, con la publicación del Acuerdo Gubernativo 370-2012, parece tener la intención de elevar un muro de protección para quienes cometieron violaciones de los derechos humanos en los años 80 y épocas anteriores. Sin embargo, comete un error político y estratégico al provocar una ola de protestas y un renovado impulso de exigir justicia para las víctimas de esos crímenes.
Error de cálculo, quizás, o probablemente se contaba con el adormecimiento general que provocan las fiestas de fin de año en la población. Sin embargo, a pesar de que uno de los argumentos esgrimidos para marginar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los casos ocurridos antes del 9 de marzo de 1987 -fecha en la cual el Estado de Guatemala aceptó las funciones de esa Corte- es la no retroactividad, expertos aseguran que esa disposición es inconstitucional y viola acuerdos internacionales.
Esto viene a reforzar la imagen dura de un gobierno que poco a poco se aleja del concepto democrático de participación ciudadana. Estos golpes de efecto del partido en el poder anuncian un nuevo estilo de gobierno muy a tono con el autoritarismo de décadas pasadas, aunque con un ligero toque demagógico, el cual sin duda le es útil para ganar adeptos entre los sectores más conservadores de la sociedad guatemalteca.
El hecho de que al Estado de Guatemala le salga económica y moralmente caro pagar las indemnizaciones dictadas por la CIDH en casos de graves violaciones y crímenes de lesa humanidad, debería servirle a los grupos de poder como lección aprendida para no volver a cometer esa clase de abusos y readecuar sus recursos para consolidar la democracia y el estado de Derecho, en lugar de permitir a sus funcionarios y aliados políticos un enriquecimiento ilícito que solo socava esos pilares institucionales.
Aunque ha sido estimulante la reacción inmediata de la sociedad civil organizada ante la publicación del Acuerdo 370-2012, aun falta un mayor involucramiento del resto de la ciudadanía en un asunto que al final de cuentas le compete, porque se trata de una decisión de Estado la cual incide no solo en la imagen de país en los ámbitos internacionales. También afecta la reparación del tejido social, gravemente dañado durante un conflicto que diezmó a un sector importante de la población y dejó secuelas en las actuales generaciones.
La derogación del Acuerdo de marras podría suavizar el ambiente político, pero no bastará para despejar las dudas ya existentes sobre las intenciones políticas de este gobierno. Una vez más, se observa que las promesas de mano dura incluían acciones de corte dictatorial las cuales, en lugar de reducir las tensiones, marcan una ruta divergente con las aspiraciones ciudadanas de construir bases más sólidas para asentar los valores democráticos.
Es evidente que instaurar una democracia participativa y conservar el equilibrio político es extremadamente difícil en un país tan convulsionado. Así como conciliar los intereses de todos los sectores involucrados. Pero, señor Presidente, nadie le dijo que sería fácil.
Esto viene a reforzar la imagen dura de un gobierno que poco a poco se aleja del concepto democrático de participación ciudadana. Estos golpes de efecto del partido en el poder anuncian un nuevo estilo de gobierno muy a tono con el autoritarismo de décadas pasadas, aunque con un ligero toque demagógico, el cual sin duda le es útil para ganar adeptos entre los sectores más conservadores de la sociedad guatemalteca.
El hecho de que al Estado de Guatemala le salga económica y moralmente caro pagar las indemnizaciones dictadas por la CIDH en casos de graves violaciones y crímenes de lesa humanidad, debería servirle a los grupos de poder como lección aprendida para no volver a cometer esa clase de abusos y readecuar sus recursos para consolidar la democracia y el estado de Derecho, en lugar de permitir a sus funcionarios y aliados políticos un enriquecimiento ilícito que solo socava esos pilares institucionales.
Aunque ha sido estimulante la reacción inmediata de la sociedad civil organizada ante la publicación del Acuerdo 370-2012, aun falta un mayor involucramiento del resto de la ciudadanía en un asunto que al final de cuentas le compete, porque se trata de una decisión de Estado la cual incide no solo en la imagen de país en los ámbitos internacionales. También afecta la reparación del tejido social, gravemente dañado durante un conflicto que diezmó a un sector importante de la población y dejó secuelas en las actuales generaciones.
La derogación del Acuerdo de marras podría suavizar el ambiente político, pero no bastará para despejar las dudas ya existentes sobre las intenciones políticas de este gobierno. Una vez más, se observa que las promesas de mano dura incluían acciones de corte dictatorial las cuales, en lugar de reducir las tensiones, marcan una ruta divergente con las aspiraciones ciudadanas de construir bases más sólidas para asentar los valores democráticos.
Es evidente que instaurar una democracia participativa y conservar el equilibrio político es extremadamente difícil en un país tan convulsionado. Así como conciliar los intereses de todos los sectores involucrados. Pero, señor Presidente, nadie le dijo que sería fácil.
(Publicado el 05/01/2013)
lunes, 19 de noviembre de 2012
La escuela del miedo
Existe en la
sociedad un estado de represión aprendido a la fuerza.
Por ello no debería sorprender la pasividad de una sociedad acostumbrada a “no meterse en problemas”. Esta actitud resulta evidente incluso cuando las personas presencian un acto delictivo o un crimen de mayor impacto. El silencio parece ser la consigna y entonces, cuando se produce un brote de protesta popular, éste se convierte en un acto violatorio de un protocolo tácitamente establecido.
Es así como los actos de intimidación resultan tan efectivos, porque empoderan todavía más a quienes los ejecutan. Y resulta paradójico que el amor por la propia vida constituya al mismo tiempo el más peligroso mecanismo de amenaza. Callar ante la violencia y el abuso representa un retroceso, una cesión de territorio y la entrega forzosa de la libertad. El silencio oprime a las víctimas hasta el extremo de afectar su equilibrio emocional y, por ende, todo su entorno.
El hecho de que las denuncias por violencia intrafamiliar, violación y otros abusos sexuales hayan aumentado de manera radical en los últimos meses, es un fenómeno inusual en una sociedad callada ante la agresión y acostumbrada a temer a las represalias. Eso puede significar tres cosas: 1. El temor ha disminuido por la gran cobertura mediática que han recibido esos hechos; 2. Esos crímenes son cada vez más frecuentes y por tanto más visibles, o 3. Existe mayor confianza en el sistema de justicia.
Pero otros delitos tales como el tráfico de influencias, la corrupción y el abuso de poder se repiten a diario y al no atentar contra un individuo específico sino contra toda la ciudadanía en su conjunto, no parecen ser objeto de protesta pública ni persecución efectiva de ningún sector de la población que se considere afectado por ellos. Estos casos pasan por los titulares de prensa, son objeto de investigación y denuncia mediática para terminar en páginas interiores sin haber levantado movilización ciudadana de ninguna especie, más que comentarios más o menos airados a través de las redes sociales.
La capacidad de indignación, como bien mencionaba Mariela Castañón en su reportaje publicado hace unos días en La Hora, parece responder a un acelerado proceso de deshumanización derivado de la violencia y la frustración. Eso puede ser normal en un país institucionalmente débil como Guatemala, pero es precisamente ahí en donde reside la peor de las amenazas para su estado de Derecho y para la salud psicológica de la población. La paranoia y el delirio de persecución son hoy conductas aprendidas a fuerza de impunidad.
Lo que se debe tener muy en cuenta es que la frustración de la ciudadanía no se evapora en el aire. Al estar reprimida y sin vías de escape, se acumula para convertirse en el germen de conflictos mucho más severos que una jornada de protesta o un bloqueo de caminos. Por eso y por la salud de la democracia, es preciso expresarla.
Publicado en Prensa Libre el 27/10/2012
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