domingo, 17 de abril de 2011
Primero en el mundo
Todavía resuena la euforia futbolística por la clasificación de la selección sub’20.
Catalogada como histórica, la victoria de Guatemala frente a la selección estadounidense abrió las puertas hacia el Mundial Sub’20 en Colombia creando una ola de entusiasmo deportivo en el límite del paroxismo. Comprensible, dada la mediocridad del fútbol nacional. Y oportuna también, dadas las circunstancias actuales de violencia y escepticismo en las cuales se debate el futuro del país.
Esta semana, como imagen contrastante con la algarabía de los fanáticos, se publicaron las declaraciones de Rafael Señán, representante de la Unión Europea en Guatemala, quien sin ambages habla sobre los problemas de seguridad alimentaria que colocan al país en primer lugar latinoamericano y quinto mundial en desnutrición infantil. Ante sus declaraciones, el presidente Colom justifica esta situación atribuyéndola al abandono institucional y a las desigualdades históricas, dos importantes componentes de sus promesas incumplidas de campaña.
El tema de la desnutrición crónica que padece más de la mitad de la población infantil de Guatemala parece no existir para los círculos políticos. Hoy se habla del aumento del salario de los maestros y del posible incremento del presupuesto de gastos solicitado por el Ejecutivo, Q2 mil millones que probablemente servirán para reforzar la candidatura oficial. En cuanto a programas dirigidos a paliar el gravísimo problema del hambre de niñas y niños guatemaltecos, nada.
La manipulación descarada de los fondos de la nación para favorecer una candidatura fuertemente cuestionada desde el punto de vista legal constituye, a estas alturas de la administración, una prueba fehaciente de la falta de interés del gobernante y su partido por el bienestar de la población. El hecho de que se comiencen a producir rupturas en la cúpula de la UNE revela, además, que la supuesta unidad comienza a rajarse por fuertes pugnas internas, lo cual desgastará aun más la empobrecida imagen del partido de gobierno.
Si al jefe del Ejecutivo le queda un poco de sentido común, en caso de obtener la ampliación presupuestaria debería invertir esos fondos en programas sostenibles destinados a paliar la deficiencia nutricional de la población más pobre, sin recurrir a una asistencia internacional cuestionable y poco efectiva. La niñez guatemalteca tiene pleno derecho a exigir la asistencia efectiva y oportuna del Estado, tal como lo consigna la Constitución Política de la República, y a recibir atención prioritaria para sus necesidades nutricionales, de educación y de salud.
Más propaganda del gobierno sería un gasto innecesario para su irreparable imagen, pero también un despilfarro inmoral que podría costar al mandatario y su cuestionada candidata presidencial un serio descenso de popularidad.
16.04.2011
Catalogada como histórica, la victoria de Guatemala frente a la selección estadounidense abrió las puertas hacia el Mundial Sub’20 en Colombia creando una ola de entusiasmo deportivo en el límite del paroxismo. Comprensible, dada la mediocridad del fútbol nacional. Y oportuna también, dadas las circunstancias actuales de violencia y escepticismo en las cuales se debate el futuro del país.
Esta semana, como imagen contrastante con la algarabía de los fanáticos, se publicaron las declaraciones de Rafael Señán, representante de la Unión Europea en Guatemala, quien sin ambages habla sobre los problemas de seguridad alimentaria que colocan al país en primer lugar latinoamericano y quinto mundial en desnutrición infantil. Ante sus declaraciones, el presidente Colom justifica esta situación atribuyéndola al abandono institucional y a las desigualdades históricas, dos importantes componentes de sus promesas incumplidas de campaña.
El tema de la desnutrición crónica que padece más de la mitad de la población infantil de Guatemala parece no existir para los círculos políticos. Hoy se habla del aumento del salario de los maestros y del posible incremento del presupuesto de gastos solicitado por el Ejecutivo, Q2 mil millones que probablemente servirán para reforzar la candidatura oficial. En cuanto a programas dirigidos a paliar el gravísimo problema del hambre de niñas y niños guatemaltecos, nada.
La manipulación descarada de los fondos de la nación para favorecer una candidatura fuertemente cuestionada desde el punto de vista legal constituye, a estas alturas de la administración, una prueba fehaciente de la falta de interés del gobernante y su partido por el bienestar de la población. El hecho de que se comiencen a producir rupturas en la cúpula de la UNE revela, además, que la supuesta unidad comienza a rajarse por fuertes pugnas internas, lo cual desgastará aun más la empobrecida imagen del partido de gobierno.
Si al jefe del Ejecutivo le queda un poco de sentido común, en caso de obtener la ampliación presupuestaria debería invertir esos fondos en programas sostenibles destinados a paliar la deficiencia nutricional de la población más pobre, sin recurrir a una asistencia internacional cuestionable y poco efectiva. La niñez guatemalteca tiene pleno derecho a exigir la asistencia efectiva y oportuna del Estado, tal como lo consigna la Constitución Política de la República, y a recibir atención prioritaria para sus necesidades nutricionales, de educación y de salud.
Más propaganda del gobierno sería un gasto innecesario para su irreparable imagen, pero también un despilfarro inmoral que podría costar al mandatario y su cuestionada candidata presidencial un serio descenso de popularidad.
16.04.2011
Los rostros de la política
Es curioso cómo la población se acostumbra de rápido a prescindir de propuestas serias.
Se ha tratado con mucha abundancia el tema de las candidaturas a cargos de elección popular, sobre todo desde la perspectiva de las alianzas y las posiciones posibles en las papeletas de votación. Se discute sobre las posibilidades de los aspirantes por sus posibles impedimentos legales y se insiste en traer una y otra vez a colación las incidencias del divorcio presidencial. Sin embargo, no parece haber debate respecto de los programas de gobierno.
Los eventos electorales no pueden estar tan vacíos de sentido. Es casi un insulto a la integridad de la democracia plantear candidaturas carentes de bases programáticas –llevar a la selección al mundial de fútbol no lo es, créanlo o no- y se banaliza algo tan trascendental como la elección de quien lleve las riendas de la administración de un país al borde del Estado fallido.
Guatemala necesita con urgencia políticos capaces de debatir seriamente sobre su futuro inmediato porque se acabó el tiempo de las especulaciones idealistas. Lo que se necesita hoy es actuar con determinación y valentía en términos de la recuperación de espacios ya perdidos. Es de urgencia nacional restaurar un complejo institucional cuya integridad se ha visto amenazada por el clientelismo y la corrupción, la pérdida de prestigio y la mala elección de sus integrantes. A esta cúpula pertenecen el Congreso, las Cortes y otras instancias de enorme incidencia en el estado de salud de la democracia.
Los rostros de la política necesitan mucho más que cirugía estética y trucos de photoshop para lucir tersos y rozagantes en los mupis y las vallas panorámicas. Resulta más que vergonzoso, ofensivo, este afán por reducir la competencia a caras con sonrisas fingidas y frasecitas cliché. Guatemala en estos momentos críticos de su historia no se va a recuperar gracias a una señora más o menos bondadosa y sometida al canon de “esposa de”, ni a un político provinciano que pretende alegrar la miseria de este pueblo con utópicos triunfos futbolísticos. Tampoco a una promesa de mano dura que sólo traerá más confrontación que progreso.
Programas serios y consistentes, realistas y agresivos, planes de recuperación de una soberanía perdida y la reintegración de un país fragmentado, eso es lo que se requiere con urgencia. Las propuestas deben orientarse hacia la construcción de una democracia con énfasis en la educación de sus niñas, niños y adolescentes sin distinción alguna, en la erradicación del femicidio, en la inclusión de todos los sectores abandonados para sentar las bases de un desarrollo sostenible.
De no existir esta plataforma de nada servirá todo el dinero invertido en propaganda, el cual sólo servirá para pavimentar el camino hacia más explotación, miseria y corrupción con la pérdida definitiva de control sobre la integridad de la nación.
Se ha tratado con mucha abundancia el tema de las candidaturas a cargos de elección popular, sobre todo desde la perspectiva de las alianzas y las posiciones posibles en las papeletas de votación. Se discute sobre las posibilidades de los aspirantes por sus posibles impedimentos legales y se insiste en traer una y otra vez a colación las incidencias del divorcio presidencial. Sin embargo, no parece haber debate respecto de los programas de gobierno.
Los eventos electorales no pueden estar tan vacíos de sentido. Es casi un insulto a la integridad de la democracia plantear candidaturas carentes de bases programáticas –llevar a la selección al mundial de fútbol no lo es, créanlo o no- y se banaliza algo tan trascendental como la elección de quien lleve las riendas de la administración de un país al borde del Estado fallido.
Guatemala necesita con urgencia políticos capaces de debatir seriamente sobre su futuro inmediato porque se acabó el tiempo de las especulaciones idealistas. Lo que se necesita hoy es actuar con determinación y valentía en términos de la recuperación de espacios ya perdidos. Es de urgencia nacional restaurar un complejo institucional cuya integridad se ha visto amenazada por el clientelismo y la corrupción, la pérdida de prestigio y la mala elección de sus integrantes. A esta cúpula pertenecen el Congreso, las Cortes y otras instancias de enorme incidencia en el estado de salud de la democracia.
Los rostros de la política necesitan mucho más que cirugía estética y trucos de photoshop para lucir tersos y rozagantes en los mupis y las vallas panorámicas. Resulta más que vergonzoso, ofensivo, este afán por reducir la competencia a caras con sonrisas fingidas y frasecitas cliché. Guatemala en estos momentos críticos de su historia no se va a recuperar gracias a una señora más o menos bondadosa y sometida al canon de “esposa de”, ni a un político provinciano que pretende alegrar la miseria de este pueblo con utópicos triunfos futbolísticos. Tampoco a una promesa de mano dura que sólo traerá más confrontación que progreso.
Programas serios y consistentes, realistas y agresivos, planes de recuperación de una soberanía perdida y la reintegración de un país fragmentado, eso es lo que se requiere con urgencia. Las propuestas deben orientarse hacia la construcción de una democracia con énfasis en la educación de sus niñas, niños y adolescentes sin distinción alguna, en la erradicación del femicidio, en la inclusión de todos los sectores abandonados para sentar las bases de un desarrollo sostenible.
De no existir esta plataforma de nada servirá todo el dinero invertido en propaganda, el cual sólo servirá para pavimentar el camino hacia más explotación, miseria y corrupción con la pérdida definitiva de control sobre la integridad de la nación.
11.04.2011
El crimen como industria
Es difícil cuantificar los volúmenes de dinero que se mueven alrededor del crimen.
Una buena porción de la economía nacional ha de estar subordinada a las redes organizadas del crimen. Esto, no solo con relación al dinero blanqueado por medio de la construcción y compraventa de inmuebles, adquisición de joyas de alto valor, piezas de arte, vehículos y toda clase de bienes suntuarios, sino también por medio del tráfico de armas de alto poder y, según investigaciones recientes, del pingüe negocio del alquiler de armamento a bajo costo, lo cual promueve el incremento de la demanda.
Guatemala ha cambiado y también lo ha hecho su escala de valores, pero entre las transformaciones más evidentes está la de su segmentación social con el advenimiento de nuevas fortunas acumuladas alrededor de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la trata de personas –incluidas en este grupo las adopciones irregulares- el contrabando, las extorsiones y otras menos agresivas pero igualmente ilegales como la venta libre y abierta de copias pirata de películas, música y programas de informática.
Hoy los nuevos ricos son, por lo general, hombres jóvenes que apenas rebasan la treintena y quienes de pronto aparecen luciendo aperos de millonario. En un país con un nivel mínimo de controles fiscales, esto no sería posible al detectarse con facilidad las irregularidades en movimientos bancarios inusuales, carencia de registros contables, transferencias misteriosas desde el extranjero y muchos otros indicios de que las cosas no han ido por el camino correcto.
El impacto de este dinero que entra y sale en cantidades astronómicas ha de provocar algún trastorno en el sistema bancario y, en general, en la economía del país como un todo. Sin embargo, no se habla del tema y aún más, parece que se omitiera deliberadamente entrar en esa clase de detalles, probablemente porque en un sistema institucionalmente débil resulta muy fácil que se contaminen todos los componentes. Es decir, resulta pertinente especular que esos millones de dólares de los grupos criminales pasan a través de entidades legítimas en su proceso de lavado, porque ese es justamente el procedimiento a seguir.
La cuestión es tan compleja que no parece posible encontrarle una respuesta concreta, pero sí despierta muchas interrogantes. Por ejemplo, ¿será posible retornar al país a un estado de legalidad en el futuro mediato? ¿Cual será el costo social de un intento de esa naturaleza y cuánto tiempo podría llevar? ¿Hasta dónde influye en esta permeabilización de la economía la falta de controles en otros países, por ejemplo, aquellos que reciben gustosamente el dinero de las actividades ilegales?
No existe almuerzo gratis, dicen por ahí y es cierto. Esta ausencia de controles fiscales cuando se trata de grandes fortunas, está cavando un gran agujero en una economía que fue una de las más sólidas de la región. ¿Quién se atreverá a poner ese cascabel?
09.04.2011
Una buena porción de la economía nacional ha de estar subordinada a las redes organizadas del crimen. Esto, no solo con relación al dinero blanqueado por medio de la construcción y compraventa de inmuebles, adquisición de joyas de alto valor, piezas de arte, vehículos y toda clase de bienes suntuarios, sino también por medio del tráfico de armas de alto poder y, según investigaciones recientes, del pingüe negocio del alquiler de armamento a bajo costo, lo cual promueve el incremento de la demanda.
Guatemala ha cambiado y también lo ha hecho su escala de valores, pero entre las transformaciones más evidentes está la de su segmentación social con el advenimiento de nuevas fortunas acumuladas alrededor de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la trata de personas –incluidas en este grupo las adopciones irregulares- el contrabando, las extorsiones y otras menos agresivas pero igualmente ilegales como la venta libre y abierta de copias pirata de películas, música y programas de informática.
Hoy los nuevos ricos son, por lo general, hombres jóvenes que apenas rebasan la treintena y quienes de pronto aparecen luciendo aperos de millonario. En un país con un nivel mínimo de controles fiscales, esto no sería posible al detectarse con facilidad las irregularidades en movimientos bancarios inusuales, carencia de registros contables, transferencias misteriosas desde el extranjero y muchos otros indicios de que las cosas no han ido por el camino correcto.
El impacto de este dinero que entra y sale en cantidades astronómicas ha de provocar algún trastorno en el sistema bancario y, en general, en la economía del país como un todo. Sin embargo, no se habla del tema y aún más, parece que se omitiera deliberadamente entrar en esa clase de detalles, probablemente porque en un sistema institucionalmente débil resulta muy fácil que se contaminen todos los componentes. Es decir, resulta pertinente especular que esos millones de dólares de los grupos criminales pasan a través de entidades legítimas en su proceso de lavado, porque ese es justamente el procedimiento a seguir.
La cuestión es tan compleja que no parece posible encontrarle una respuesta concreta, pero sí despierta muchas interrogantes. Por ejemplo, ¿será posible retornar al país a un estado de legalidad en el futuro mediato? ¿Cual será el costo social de un intento de esa naturaleza y cuánto tiempo podría llevar? ¿Hasta dónde influye en esta permeabilización de la economía la falta de controles en otros países, por ejemplo, aquellos que reciben gustosamente el dinero de las actividades ilegales?
No existe almuerzo gratis, dicen por ahí y es cierto. Esta ausencia de controles fiscales cuando se trata de grandes fortunas, está cavando un gran agujero en una economía que fue una de las más sólidas de la región. ¿Quién se atreverá a poner ese cascabel?
09.04.2011
La reina del ajedrez
Muchos se preguntan por qué el gobierno no logra controlar la inseguridad.
Entre las estrategias políticas, la inseguridad ciudadana es la reina del ajedrez. Constituye la pieza clave en el control de los vaivenes de la noticia y sirve muy eficientemente para enfocar la atención de la ciudadanía lejos de aquellas acciones verdaderamente peligrosas para la supervivencia de la democracia. Treta perversa, sí, pero absolutamente ligada a toda política orientada a manipular las riendas del poder.
No es sorprendente, entonces, que Guatemala continúe inmersa en una guerra interna y en esa lucha siga perdiendo vidas valiosas, con una abundancia sólo comparable a la de un conflicto armado. Hay que reconocer que las artimañas del crimen organizado resultan burdas y evidentes si se las observa desde una perspectiva real. Su dominio de los centros carcelarios y de las fronteras no es justificable para un Estado cuyos recursos tecnológicos y humanos le permitirían aplicar candados y evitar muchas de las acciones delictivas emanadas desde esos lugares.
Lo mismo se puede deducir de la falta de voluntad de los legisladores para controlar la actitud permisiva y negligente del Ejecutivo en estos temas, aun teniendo en sus manos los mecanismos para corregir sus deficiencias. Esto permite colegir la existencia de un pacto de silencio, un acuerdo bajo la mesa para dejar hacer y dejar pasar los horrores de la delincuencia hasta que la ciudadanía clame por una dictadura militar o una tiranía civil, hasta que se someta a un estado de sitio con tal de acabar con la pesadilla actual.
En medio de ese caldo de tiburones, la población se siente impotente y no sabe hacia dónde orientar sus preferencias electorales, uno de los pocos recursos de participación que le dejan las tácticas malévolas de sus líderes políticos. En esta ruta está todavía por verse cómo se va a desarrollar la campaña en los meses que faltan para los comicios y cuántos ciudadanos perderán la vida como chivos expiatorios de esta cruenta batalla.
La propaganda gubernamental intenta convencer a la ciudadanía de sus esfuerzos por erradicar el crimen y la violencia, pero la propaganda altera la verdad en el acto mismo de formularla y su contenido es siempre contradictorio con la realidad. Por lo cual, mientras el discurso oficial dice una cosa, en las calles y en los hogares se vive otra y el desencanto y la frustración aumentan de manera sostenida.
Ya no hay excusa para la inacción de las autoridades en el tema de seguridad. Si tanto es el poder de los carteles mexicanos de la droga infiltrados en el país, y tanta la astucia de los funcionarios vinculados con las mafias, entonces es imperativo organizar un frente de resistencia capaz de retomar el control de la nación en todos sus ámbitos, empezando por una verdadera toma de conciencia entre los representantes de la población en el Congreso de la República.
04.04.2011
Entre las estrategias políticas, la inseguridad ciudadana es la reina del ajedrez. Constituye la pieza clave en el control de los vaivenes de la noticia y sirve muy eficientemente para enfocar la atención de la ciudadanía lejos de aquellas acciones verdaderamente peligrosas para la supervivencia de la democracia. Treta perversa, sí, pero absolutamente ligada a toda política orientada a manipular las riendas del poder.
No es sorprendente, entonces, que Guatemala continúe inmersa en una guerra interna y en esa lucha siga perdiendo vidas valiosas, con una abundancia sólo comparable a la de un conflicto armado. Hay que reconocer que las artimañas del crimen organizado resultan burdas y evidentes si se las observa desde una perspectiva real. Su dominio de los centros carcelarios y de las fronteras no es justificable para un Estado cuyos recursos tecnológicos y humanos le permitirían aplicar candados y evitar muchas de las acciones delictivas emanadas desde esos lugares.
Lo mismo se puede deducir de la falta de voluntad de los legisladores para controlar la actitud permisiva y negligente del Ejecutivo en estos temas, aun teniendo en sus manos los mecanismos para corregir sus deficiencias. Esto permite colegir la existencia de un pacto de silencio, un acuerdo bajo la mesa para dejar hacer y dejar pasar los horrores de la delincuencia hasta que la ciudadanía clame por una dictadura militar o una tiranía civil, hasta que se someta a un estado de sitio con tal de acabar con la pesadilla actual.
En medio de ese caldo de tiburones, la población se siente impotente y no sabe hacia dónde orientar sus preferencias electorales, uno de los pocos recursos de participación que le dejan las tácticas malévolas de sus líderes políticos. En esta ruta está todavía por verse cómo se va a desarrollar la campaña en los meses que faltan para los comicios y cuántos ciudadanos perderán la vida como chivos expiatorios de esta cruenta batalla.
La propaganda gubernamental intenta convencer a la ciudadanía de sus esfuerzos por erradicar el crimen y la violencia, pero la propaganda altera la verdad en el acto mismo de formularla y su contenido es siempre contradictorio con la realidad. Por lo cual, mientras el discurso oficial dice una cosa, en las calles y en los hogares se vive otra y el desencanto y la frustración aumentan de manera sostenida.
Ya no hay excusa para la inacción de las autoridades en el tema de seguridad. Si tanto es el poder de los carteles mexicanos de la droga infiltrados en el país, y tanta la astucia de los funcionarios vinculados con las mafias, entonces es imperativo organizar un frente de resistencia capaz de retomar el control de la nación en todos sus ámbitos, empezando por una verdadera toma de conciencia entre los representantes de la población en el Congreso de la República.
04.04.2011
Paliativos condicionados
El gobierno conoce bien las estratagemas electoreras.
“¡Ala… qué buena onda! Este gobierno es el primero que se preocupa por nosotros”, dirá probablemente un joven beneficiado con el cheque de 1,000 quetzales que recibirá a través del ministerio de Trabajo. Lo que ese joven no sabe es que, mientras el gobierno compra su voto con la mano derecha, con la izquierda destruye sus esperanzas de alcanzar un mejor futuro, ya que esos fondos irán en desmedro de planes estructurales mediante los cuales podría construirse un mejor sistema educativo y, por ende, crear oportunidades para el segmento joven de la población.
Los problemas del país no se resolverán repartiendo bolsas con víveres ni dinero en efectivo. Esa es una estrategia de emergencia para un gobierno prácticamente colapsado y carente de otros objetivos que no sean conseguir la continuidad en el poder. Un país alcanza el desarrollo sobre una plataforma de programas con alcance nacional, cuyas acciones sean de largo plazo y estén enfocadas en la creación de estructuras autosostenibles.
Los resultados y las pretensiones están a la vista: ¿qué ha conseguido el gobierno con la aplicación de los programas asistencialistas? Adeptos. ¿Qué pretende conseguir con la repartidera de quetzales entre los jóvenes desempleados? Votos. ¿Cuál ha sido el aporte de la administración de la UNE para el desarrollo nacional? Ninguno relevante. La seguridad de la nación ha sufrido el peor deterioro de los últimos 20 años. La infraestructura escolar está colapsada, igual como lo está la de salud.
Políticas públicas para la atención de los grupos más vulnerables, como la niñez y la adolescencia, el sector de mujeres, los ciudadanos en edad de retiro y la población agrícola y campesina, son inexistentes. El término más descriptivo de la actitud de este gobierno es “asistencialismo electorero”, dado que sus programas -dirigidos en su mayoría a los más necesitados- han tenido como objetivo primordial mantenerse en el poder y consolidar sus redes de influencia y no cambiar las condiciones de vida de ese grupo poblacional.
Lo que falta por ver es cuál será la metodología en la aplicación de este plan de empleo mínimo para jóvenes en situación de vulnerabilidad. El Presidente afirma no conocer los detalles, como si alguien pudiera creer semejante vacío de información. De hecho, si efectivamente no los conoce, significa que no está haciendo su trabajo y permite iniciativas fuera de su control. De cualquier modo, un análisis somero indica que esta estratagema costará cara a quienes pagan sus impuestos y restará fuerza a programas con visión de futuro, más coherentes con una democracia firme y duradera basada en la equidad de oportunidades.
02.04.2011
“¡Ala… qué buena onda! Este gobierno es el primero que se preocupa por nosotros”, dirá probablemente un joven beneficiado con el cheque de 1,000 quetzales que recibirá a través del ministerio de Trabajo. Lo que ese joven no sabe es que, mientras el gobierno compra su voto con la mano derecha, con la izquierda destruye sus esperanzas de alcanzar un mejor futuro, ya que esos fondos irán en desmedro de planes estructurales mediante los cuales podría construirse un mejor sistema educativo y, por ende, crear oportunidades para el segmento joven de la población.
Los problemas del país no se resolverán repartiendo bolsas con víveres ni dinero en efectivo. Esa es una estrategia de emergencia para un gobierno prácticamente colapsado y carente de otros objetivos que no sean conseguir la continuidad en el poder. Un país alcanza el desarrollo sobre una plataforma de programas con alcance nacional, cuyas acciones sean de largo plazo y estén enfocadas en la creación de estructuras autosostenibles.
Los resultados y las pretensiones están a la vista: ¿qué ha conseguido el gobierno con la aplicación de los programas asistencialistas? Adeptos. ¿Qué pretende conseguir con la repartidera de quetzales entre los jóvenes desempleados? Votos. ¿Cuál ha sido el aporte de la administración de la UNE para el desarrollo nacional? Ninguno relevante. La seguridad de la nación ha sufrido el peor deterioro de los últimos 20 años. La infraestructura escolar está colapsada, igual como lo está la de salud.
Políticas públicas para la atención de los grupos más vulnerables, como la niñez y la adolescencia, el sector de mujeres, los ciudadanos en edad de retiro y la población agrícola y campesina, son inexistentes. El término más descriptivo de la actitud de este gobierno es “asistencialismo electorero”, dado que sus programas -dirigidos en su mayoría a los más necesitados- han tenido como objetivo primordial mantenerse en el poder y consolidar sus redes de influencia y no cambiar las condiciones de vida de ese grupo poblacional.
Lo que falta por ver es cuál será la metodología en la aplicación de este plan de empleo mínimo para jóvenes en situación de vulnerabilidad. El Presidente afirma no conocer los detalles, como si alguien pudiera creer semejante vacío de información. De hecho, si efectivamente no los conoce, significa que no está haciendo su trabajo y permite iniciativas fuera de su control. De cualquier modo, un análisis somero indica que esta estratagema costará cara a quienes pagan sus impuestos y restará fuerza a programas con visión de futuro, más coherentes con una democracia firme y duradera basada en la equidad de oportunidades.
02.04.2011
Pacto de honor
Hay un pacto entre medios de comunicación para el tratamiento de la noticia.
No cabe duda de que el crimen organizado ha cambiado la manera de ver el mundo, las relaciones y el estilo de vida de millones de habitantes en este pequeño planeta. En los últimos días, ha despertado apasionadas discusiones la noticia de la firma de un pacto entre más de 700 medios de comunicación mexicanos. Muchas de ellas a favor de la medida, otras en contra, pero la mayoría bien fundadas en sólidos argumentos.
El pacto, inserto en la Iniciativa México, en síntesis llama a los medios a tratar con responsabilidad las noticias sobre actos delictivos, respetar a las víctimas en el manejo de la información y no publicitar de manera sensacionalista las acciones relacionadas con estos grupos al margen de la ley, estableciendo criterios para determinar los espacios y no exagerar su difusión.
Hasta ahí el acuerdo no sólo parece lógico sino muy civilizado, dado que el amarillismo en la prensa –uno de los aspectos a eliminar en el tratamiento de la noticia- no hace más que horadar la credibilidad de los medios y, al mismo tiempo, crear una coraza de acostumbramiento en la mente de la ciudadanía que sigue el curso de los acontecimientos a través de las distintas plataformas informativas.
El problema surge cuando se apunta sobre la diferencia entre medios y periodistas. Aun cuando pareciera existir un vínculo muy estrecho entre ambos sectores, es importante diferenciar entre los propietarios de las empresas periodísticas –quienes conforman el grupo de “medios”- y aquellos trabajadores que ejercen la profesión desde esas organizaciones.
Uno de los reparos al acuerdo vendría desde la perspectiva de estos últimos, enfocados sobre el derecho a la libertad de expresión, el cual además de irrenunciable es absolutamente individual. Es decir, un periodista debería tener el derecho a auto regular el tono de sus notas y no a depender de una directriz superior que le impida ejercer ese derecho fundamental. Sin embargo, una cosa es recabar y elaborar la noticia y otra muy distinta publicarla sobre un soporte físico o virtual que no le pertenece y sobre el cual no tiene control.
Otra consideración es el posible compromiso de ciertos medios con esas organizaciones, ya sea por conveniencia económica, presiones o miedo a las represalias. No se puede desconocer el enorme poder que el crimen organizado ha adquirido en toda la región, demostrado a diario con actos de una violencia descomunal. El tema es nuevo, ya que el pacto se firmó recién el jueves 24 y ya cobró su primera víctima con el secuestro y asesinato de José Luis Cerda, presentador de noticias de Televisa en Monterrey. Está por verse qué sucede en los otros países que integran el pasadizo de la droga.
28.03.2011
No cabe duda de que el crimen organizado ha cambiado la manera de ver el mundo, las relaciones y el estilo de vida de millones de habitantes en este pequeño planeta. En los últimos días, ha despertado apasionadas discusiones la noticia de la firma de un pacto entre más de 700 medios de comunicación mexicanos. Muchas de ellas a favor de la medida, otras en contra, pero la mayoría bien fundadas en sólidos argumentos.
El pacto, inserto en la Iniciativa México, en síntesis llama a los medios a tratar con responsabilidad las noticias sobre actos delictivos, respetar a las víctimas en el manejo de la información y no publicitar de manera sensacionalista las acciones relacionadas con estos grupos al margen de la ley, estableciendo criterios para determinar los espacios y no exagerar su difusión.
Hasta ahí el acuerdo no sólo parece lógico sino muy civilizado, dado que el amarillismo en la prensa –uno de los aspectos a eliminar en el tratamiento de la noticia- no hace más que horadar la credibilidad de los medios y, al mismo tiempo, crear una coraza de acostumbramiento en la mente de la ciudadanía que sigue el curso de los acontecimientos a través de las distintas plataformas informativas.
El problema surge cuando se apunta sobre la diferencia entre medios y periodistas. Aun cuando pareciera existir un vínculo muy estrecho entre ambos sectores, es importante diferenciar entre los propietarios de las empresas periodísticas –quienes conforman el grupo de “medios”- y aquellos trabajadores que ejercen la profesión desde esas organizaciones.
Uno de los reparos al acuerdo vendría desde la perspectiva de estos últimos, enfocados sobre el derecho a la libertad de expresión, el cual además de irrenunciable es absolutamente individual. Es decir, un periodista debería tener el derecho a auto regular el tono de sus notas y no a depender de una directriz superior que le impida ejercer ese derecho fundamental. Sin embargo, una cosa es recabar y elaborar la noticia y otra muy distinta publicarla sobre un soporte físico o virtual que no le pertenece y sobre el cual no tiene control.
Otra consideración es el posible compromiso de ciertos medios con esas organizaciones, ya sea por conveniencia económica, presiones o miedo a las represalias. No se puede desconocer el enorme poder que el crimen organizado ha adquirido en toda la región, demostrado a diario con actos de una violencia descomunal. El tema es nuevo, ya que el pacto se firmó recién el jueves 24 y ya cobró su primera víctima con el secuestro y asesinato de José Luis Cerda, presentador de noticias de Televisa en Monterrey. Está por verse qué sucede en los otros países que integran el pasadizo de la droga.
28.03.2011
¿Qué pasa en el Polochic?
No es misterio que la población pobre y campesina es la última prioridad.
Mientras todos hablan de moral y familia, en el Valle del Polochic se gesta otro capítulo de la larga conflictividad agraria, demostrando de manera irrefutable el predominio de los intereses políticos y económicos de la cúpula empresarial por sobre cualquiera otra consideración de carácter social o humano.
Los desalojos de la población indígena y campesina recientemente realizados con uso masivo de las fuerzas combinadas y hombres armados al servicio de los finqueros, constituyen un episodio más de una saga cuyo origen se remonta a la época de la Conquista, con énfasis en las operaciones de despojo y esclavización de indígenas en tiempos de la Colonia y un renacimiento de sus tácticas –triste paradoja- en este período de gobiernos democráticos.
Resulta ocioso argüir que a los auténticos dueños los han despojado de sus tierras, porque la manera como se concentra la propiedad y los trucos utilizados por los latifundistas para ampiar sus enormes territorios han sido abundantemente estudiados. Aquí el problema toral reside en la profunda diferencia entre victimarios y víctimas, entre ricos y pobres, entre quienes pueden pagar por hacer desaparecer evidencias y quienes no tienen cómo resguardarlas.
Esta población marginada y empobrecida –el campesinado prácticamente en todo el territorio nacional- no sólo carece de los recursos para defender sus derechos, también es acosada por un sistema feudal apoyado con entusiasmo por gobiernos democráticamente electos que buscan asegurarse un lugar en los círculos de poder económico, para lo cual deben trabajar a favor de sus verdaderos patronos.
Lo que vuelve todo el panorama muy confuso es la manipulación ideológica que se hace del problema de la tierra y la conflictividad derivada de las profundas inequidades en el reparto de los recursos naturales. Ha sido muy fácil para los apóstoles del libre mercado regresar al discurso de la Guerra Fría impuesto durante decenios, mediante el cual se insistió en la descalificación de cualquier organización, movimiento o iniciativa tendente a defender los derechos sociales y humanos de la población. Junto con la satanización de cualquier acto de justicia se instauró un sistema de defensa territorial al cual se han plegado entusiastamente los gobiernos de turno, dándole una base de legalidad.
El problema es mucho más grave de lo que se trasluce a través de los medios y de la escasa información proveniente de las autoridades. El conflicto de tierras es un drama ancestral en aumento que ningún gobierno ha tenido el valor de abordar, ni siquiera el actual mandatario pese a sus proclamados vínculos con el sector indígena.
Mientras todos hablan de moral y familia, en el Valle del Polochic se gesta otro capítulo de la larga conflictividad agraria, demostrando de manera irrefutable el predominio de los intereses políticos y económicos de la cúpula empresarial por sobre cualquiera otra consideración de carácter social o humano.
Los desalojos de la población indígena y campesina recientemente realizados con uso masivo de las fuerzas combinadas y hombres armados al servicio de los finqueros, constituyen un episodio más de una saga cuyo origen se remonta a la época de la Conquista, con énfasis en las operaciones de despojo y esclavización de indígenas en tiempos de la Colonia y un renacimiento de sus tácticas –triste paradoja- en este período de gobiernos democráticos.
Resulta ocioso argüir que a los auténticos dueños los han despojado de sus tierras, porque la manera como se concentra la propiedad y los trucos utilizados por los latifundistas para ampiar sus enormes territorios han sido abundantemente estudiados. Aquí el problema toral reside en la profunda diferencia entre victimarios y víctimas, entre ricos y pobres, entre quienes pueden pagar por hacer desaparecer evidencias y quienes no tienen cómo resguardarlas.
Esta población marginada y empobrecida –el campesinado prácticamente en todo el territorio nacional- no sólo carece de los recursos para defender sus derechos, también es acosada por un sistema feudal apoyado con entusiasmo por gobiernos democráticamente electos que buscan asegurarse un lugar en los círculos de poder económico, para lo cual deben trabajar a favor de sus verdaderos patronos.
Lo que vuelve todo el panorama muy confuso es la manipulación ideológica que se hace del problema de la tierra y la conflictividad derivada de las profundas inequidades en el reparto de los recursos naturales. Ha sido muy fácil para los apóstoles del libre mercado regresar al discurso de la Guerra Fría impuesto durante decenios, mediante el cual se insistió en la descalificación de cualquier organización, movimiento o iniciativa tendente a defender los derechos sociales y humanos de la población. Junto con la satanización de cualquier acto de justicia se instauró un sistema de defensa territorial al cual se han plegado entusiastamente los gobiernos de turno, dándole una base de legalidad.
El problema es mucho más grave de lo que se trasluce a través de los medios y de la escasa información proveniente de las autoridades. El conflicto de tierras es un drama ancestral en aumento que ningún gobierno ha tenido el valor de abordar, ni siquiera el actual mandatario pese a sus proclamados vínculos con el sector indígena.
26.03.2011
Punto de ruptura
El maridaje entre gobierno y sector privado aumenta peligrosamente la presión social.
El discurso de tono demócrata y lleno de promesas de justicia social quedó atascado en la campaña electoral de 2007. Hoy, la realidad es muy diferente para la pareja presidencial y sus compromisos con el grupo que manda en el país –el que tiene la plata contante y sonante- les obliga a traicionar no sólo sus ideales políticos sino también a quienes les sentaron en el trono. Así de mal funciona la democracia en esta nación.
Los desalojos de campesinos en fincas de Alta Verapaz y otros departamentos no debería analizarse sin tomar en cuenta el contexto general, porque el problema de la miseria, la falta de oportunidades, la injusticia en el trato a los sectores más pobres y la violación de los derechos laborales es una epidemia a nivel general. Allí entran también las trabajadoras de maquilas y quienes deben conformarse con el trabajo informal para medio sobrevivir.
Cuando el presidente negocia el salario mínimo con el sector privado debería tener en cuenta que este grupo jamás le aceptará una medida que afecte sus ganancias. Y eso es natural. Por ello, un gobernante tiene la obligación de tomar distancia de todos los bandos y, después de un razonado y bien fundamentado análisis técnico, tomar la decisión que favorezca al país a largo plazo.
Los privilegios indiscriminados de la clase económicamente poderosa sólo han traído más pobreza, menos oportunidades de desarrollo y mucha confrontación social. Todo ello como consecuencia lógica de politicas clientelistas basadas en conveniencias electorales y ansias de poder de partidos políticos que, en lugar de consolidarse institucionalmente, se transforman en clubes de amigos con duración limitada.
En el proceso hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo es preciso sacrificar intereses particulares por el bien general. De nada le sirve al sector privado una fuerza de trabajo desnutrida y con retraso mental por falta de nutrientes básicos en sus primeros cinco años de vida. De nada sirve un contingente de ciudadanos incapaces de interpretar instrucciones porque nunca tuvieron la oportunidad de estudiar y menos aún de recibir capacitación técnica. De nada sirve al desarrollo nacional la discriminación contra miles de trabajadoras mujeres cuyos derechos laborales son violados, porque no hay un Estado funcional capaz de hacer cumplir la ley ni un cuerpo legislativo que lo obligue a actuar en consecuencia.
Un gobernante ético puede llegar a convertirse en un estadista. Un gobernante comprometido con un sector se inhabilita política e institucionalmente, traicionando su juramento constitucional y, de paso, dándole la espalda a la nación. La represión contra el pueblo cuando éste exige soluciones a los grandes problemas que lo aquejan es una reacción poco inteligente. Especialmente cuando “inteligencia” fue la promesa.
21.03.2011
El discurso de tono demócrata y lleno de promesas de justicia social quedó atascado en la campaña electoral de 2007. Hoy, la realidad es muy diferente para la pareja presidencial y sus compromisos con el grupo que manda en el país –el que tiene la plata contante y sonante- les obliga a traicionar no sólo sus ideales políticos sino también a quienes les sentaron en el trono. Así de mal funciona la democracia en esta nación.
Los desalojos de campesinos en fincas de Alta Verapaz y otros departamentos no debería analizarse sin tomar en cuenta el contexto general, porque el problema de la miseria, la falta de oportunidades, la injusticia en el trato a los sectores más pobres y la violación de los derechos laborales es una epidemia a nivel general. Allí entran también las trabajadoras de maquilas y quienes deben conformarse con el trabajo informal para medio sobrevivir.
Cuando el presidente negocia el salario mínimo con el sector privado debería tener en cuenta que este grupo jamás le aceptará una medida que afecte sus ganancias. Y eso es natural. Por ello, un gobernante tiene la obligación de tomar distancia de todos los bandos y, después de un razonado y bien fundamentado análisis técnico, tomar la decisión que favorezca al país a largo plazo.
Los privilegios indiscriminados de la clase económicamente poderosa sólo han traído más pobreza, menos oportunidades de desarrollo y mucha confrontación social. Todo ello como consecuencia lógica de politicas clientelistas basadas en conveniencias electorales y ansias de poder de partidos políticos que, en lugar de consolidarse institucionalmente, se transforman en clubes de amigos con duración limitada.
En el proceso hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo es preciso sacrificar intereses particulares por el bien general. De nada le sirve al sector privado una fuerza de trabajo desnutrida y con retraso mental por falta de nutrientes básicos en sus primeros cinco años de vida. De nada sirve un contingente de ciudadanos incapaces de interpretar instrucciones porque nunca tuvieron la oportunidad de estudiar y menos aún de recibir capacitación técnica. De nada sirve al desarrollo nacional la discriminación contra miles de trabajadoras mujeres cuyos derechos laborales son violados, porque no hay un Estado funcional capaz de hacer cumplir la ley ni un cuerpo legislativo que lo obligue a actuar en consecuencia.
Un gobernante ético puede llegar a convertirse en un estadista. Un gobernante comprometido con un sector se inhabilita política e institucionalmente, traicionando su juramento constitucional y, de paso, dándole la espalda a la nación. La represión contra el pueblo cuando éste exige soluciones a los grandes problemas que lo aquejan es una reacción poco inteligente. Especialmente cuando “inteligencia” fue la promesa.
21.03.2011
La puntada de la semana
Guatemala ha tenido importantes avances en seguridad y justicia, afirma Colom.
Habría que preguntarle al señor presidente si lo pensó bien antes de solicitar al Secretario General de la ONU la concesión a Guatemala de un asiento en el Consejo de Seguridad. El titular de La Hora de ayer lo dice todo: “Colom pide puesto en Consejo de Seguridad” y más abajo: “Dice que el país tiene experiencia para aportar…”
Sólo es posible especular -porque el señor Ban Ki-moon es un experimentado diplomático incapaz de dejar escapar una expresión que pudiera dar pábulo a interpretaciones- pero la solicitud ha de haberle parecido curiosa viniendo de un mandatario cuya administración se caracteriza por el caos institucional, la corrupción, la impunidad y un dominio sin precedentes del crimen organizado en todo el territorio nacional.
Los políticos sufren el síndrome de vértigo por exceso de poder. Tanta es la pérdida de contacto con la realidad que proyectan hacia el universo las características de su entorno inmediato, dibujando en su mente la ilusión de una nación capaz de satisfacer sus necesidades con la simple promulgación de leyes y decretos. Su ambición les juega en contra impidiéndoles adquirir conciencia de los alcances de sus decisiones y, más aún, de las consecuencias de sus indecisiones.
Es decir, la vista se les acorta y la mente ya no recibe los mensajes correctos. Se resisten a salir de la comodidad de su cascarón blindado y se tragan el cuento elaborado por sus asesores, quienes se ganan la vida gracias a su habilidad en el arte de la mentira y la adulación.
No es posible que el presidente guatemalteco crea que Guatemala ha avanzado en seguridad y justicia, si sabe bien que las instituciones encargadas de esa tarea ni siquiera tienen cobertura nacional y una enorme parte de su territorio ha sido tomada por los carteles de la droga. No puede haber justicia en Guatemala desde el momento que apenas el 3 por ciento de los crímenes llega a etapa de investigación y, a sentencia, menos del 2 por ciento, mientras los expedientes se pudren por abandono.
¿Cómo puede hablar de seguridad en un país donde cada día aumenta la trata de personas, el femicidio es un hecho habitual, donde 9 de cada diez ciudadanos ha sufrido un asalto y circulan las armas de calibre prohibido con total libertad? A esto se añade la falta de apoyo del Estado a los sectores más necesitados, especialmente en alimentación, educación y salud, contrastando con el sometimiento a las exigencias del sector privado, cuyos privilegios aumentan de manera inversamente proporcional. Si los políticos no cambian su actitud, muy distinta a la concesión de un asiento podría ser la decisión del Consejo de Seguridad respecto a Guatemala.
19.03.2011
Habría que preguntarle al señor presidente si lo pensó bien antes de solicitar al Secretario General de la ONU la concesión a Guatemala de un asiento en el Consejo de Seguridad. El titular de La Hora de ayer lo dice todo: “Colom pide puesto en Consejo de Seguridad” y más abajo: “Dice que el país tiene experiencia para aportar…”
Sólo es posible especular -porque el señor Ban Ki-moon es un experimentado diplomático incapaz de dejar escapar una expresión que pudiera dar pábulo a interpretaciones- pero la solicitud ha de haberle parecido curiosa viniendo de un mandatario cuya administración se caracteriza por el caos institucional, la corrupción, la impunidad y un dominio sin precedentes del crimen organizado en todo el territorio nacional.
Los políticos sufren el síndrome de vértigo por exceso de poder. Tanta es la pérdida de contacto con la realidad que proyectan hacia el universo las características de su entorno inmediato, dibujando en su mente la ilusión de una nación capaz de satisfacer sus necesidades con la simple promulgación de leyes y decretos. Su ambición les juega en contra impidiéndoles adquirir conciencia de los alcances de sus decisiones y, más aún, de las consecuencias de sus indecisiones.
Es decir, la vista se les acorta y la mente ya no recibe los mensajes correctos. Se resisten a salir de la comodidad de su cascarón blindado y se tragan el cuento elaborado por sus asesores, quienes se ganan la vida gracias a su habilidad en el arte de la mentira y la adulación.
No es posible que el presidente guatemalteco crea que Guatemala ha avanzado en seguridad y justicia, si sabe bien que las instituciones encargadas de esa tarea ni siquiera tienen cobertura nacional y una enorme parte de su territorio ha sido tomada por los carteles de la droga. No puede haber justicia en Guatemala desde el momento que apenas el 3 por ciento de los crímenes llega a etapa de investigación y, a sentencia, menos del 2 por ciento, mientras los expedientes se pudren por abandono.
¿Cómo puede hablar de seguridad en un país donde cada día aumenta la trata de personas, el femicidio es un hecho habitual, donde 9 de cada diez ciudadanos ha sufrido un asalto y circulan las armas de calibre prohibido con total libertad? A esto se añade la falta de apoyo del Estado a los sectores más necesitados, especialmente en alimentación, educación y salud, contrastando con el sometimiento a las exigencias del sector privado, cuyos privilegios aumentan de manera inversamente proporcional. Si los políticos no cambian su actitud, muy distinta a la concesión de un asiento podría ser la decisión del Consejo de Seguridad respecto a Guatemala.
19.03.2011
¿Y si fuera en Guatemala?
Es imposible dejar de pensar qué sucedería a la hora de un terremoto.
Después del terremoto que devastó una enorme región del sur de Chile, muchos comenzamos a elucubrar sobre las posibles consecuencias, para Guatemala, de producirse aquí un cataclismo de esa magnitud. Ahora que está sucediendo en Japón y vemos en directo las imágenes aterradoras de la destrucción, resulta imposible no repetir el ejercicio mental y emitir algunos pronósticos en base a la realidad de este país.
En primer lugar, la red de servicios básicos y de salud no tiene la preparación ni los recursos para enfrentar una emergencia catastrófica y la prueba de ello es que cuando ocurre uno de los frecuentes accidentes viales con decenas de víctimas, sus instalaciones se ven sobrepasadas y su personal resulta insuficiente para resolver la crisis de manera eficaz.
De hecho, la infraestructura sanitaria ya se está viendo rebasada en su capacidad con el índice de muertes causadas por la violencia, no digamos si de pronto el país sufriera un daño tan extenso como el provocado por una cadena de sismos de gran intensidad.
Luego, los servicios básicos están congelados en el siglo pasado. El agua potable ya no es potable por las filtraciones en su sistema de distribución y la falta de recursos en las plantas de tratamiento. La energía eléctrica depende de una red de torres ubicadas en terrenos muy vulnerables a inundaciones y deslizamientos de tierra y el gas y otros combustibles se encuentran almacenados en plantas distantes en un país cuyo sistema de carreteras es sensible a cualquier fenómeno natural. A esto debemos añadir que los colectores de la capital no han recibido el mantenimiento adecuado y constituyen una trampa mortal para los vecinos de la urbe central.
En cuanto a la infraestructura estatal, comercial, industrial y de vivienda, es importante recalcar que muchos de los edificios han sido construidos sin controles estrictos en las estructuras, el calibre del hierro y las mezclas de material. Esto los convierte en tumbas potenciales para sus habitantes o usuarios, una situación derivada de la corrupción en las entidades encargadas de fiscalizar la aplicación estricta de las normas de construcción cuando éstas existen, ya que en muchos casos ni siquiera han sido elaboradas.
Guatemala, como país de terremotos, debería contar con un sistema de alarma y éste ser alimentado por una red de sensores de actividad sísmica como el existente en Japón y otros países vulnerables a esta clase de fenómenos. Las entidades responsables por la seguridad y la atención de desastres deberían funcionar de manera coordinada, contar con vehículos apropiados –empezando por una flotilla aérea- para esta clase de eventos, los cuales por lo general ocasionan más muertes por deficiencias en la atención posterior al desastre que por el desastre mismo. Por el bien de la población, esperemos que las autoridades empiecen a tomarse en serio esta amenaza.
Después del terremoto que devastó una enorme región del sur de Chile, muchos comenzamos a elucubrar sobre las posibles consecuencias, para Guatemala, de producirse aquí un cataclismo de esa magnitud. Ahora que está sucediendo en Japón y vemos en directo las imágenes aterradoras de la destrucción, resulta imposible no repetir el ejercicio mental y emitir algunos pronósticos en base a la realidad de este país.
En primer lugar, la red de servicios básicos y de salud no tiene la preparación ni los recursos para enfrentar una emergencia catastrófica y la prueba de ello es que cuando ocurre uno de los frecuentes accidentes viales con decenas de víctimas, sus instalaciones se ven sobrepasadas y su personal resulta insuficiente para resolver la crisis de manera eficaz.
De hecho, la infraestructura sanitaria ya se está viendo rebasada en su capacidad con el índice de muertes causadas por la violencia, no digamos si de pronto el país sufriera un daño tan extenso como el provocado por una cadena de sismos de gran intensidad.
Luego, los servicios básicos están congelados en el siglo pasado. El agua potable ya no es potable por las filtraciones en su sistema de distribución y la falta de recursos en las plantas de tratamiento. La energía eléctrica depende de una red de torres ubicadas en terrenos muy vulnerables a inundaciones y deslizamientos de tierra y el gas y otros combustibles se encuentran almacenados en plantas distantes en un país cuyo sistema de carreteras es sensible a cualquier fenómeno natural. A esto debemos añadir que los colectores de la capital no han recibido el mantenimiento adecuado y constituyen una trampa mortal para los vecinos de la urbe central.
En cuanto a la infraestructura estatal, comercial, industrial y de vivienda, es importante recalcar que muchos de los edificios han sido construidos sin controles estrictos en las estructuras, el calibre del hierro y las mezclas de material. Esto los convierte en tumbas potenciales para sus habitantes o usuarios, una situación derivada de la corrupción en las entidades encargadas de fiscalizar la aplicación estricta de las normas de construcción cuando éstas existen, ya que en muchos casos ni siquiera han sido elaboradas.
Guatemala, como país de terremotos, debería contar con un sistema de alarma y éste ser alimentado por una red de sensores de actividad sísmica como el existente en Japón y otros países vulnerables a esta clase de fenómenos. Las entidades responsables por la seguridad y la atención de desastres deberían funcionar de manera coordinada, contar con vehículos apropiados –empezando por una flotilla aérea- para esta clase de eventos, los cuales por lo general ocasionan más muertes por deficiencias en la atención posterior al desastre que por el desastre mismo. Por el bien de la población, esperemos que las autoridades empiecen a tomarse en serio esta amenaza.
14.03.2011
Maternidad infantil
En lugar de muñecas tienen bebés de verdad, pero en su vida el juego ya no tiene cabida.
Los registros del sistema de salud y de algunas organizaciones no gubernamentales como el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, la Asociación Guatemalteca de Mujeres Médicas y el Fondo de Población de Naciones Unidas, muestran que en Guatemala se producen partos en niñas a partir de los 10 años. Para que eso sea posible, han debido quedar embarazadas a los nueve, cuando deben estudiar, jugar y desarrollarse en un ambiente seguro de amor y protección.
Esto hace suponer que si las niñas menstruaran antes, habría presencia de embarazos desde cualquier momento de su infancia, dado que para el abuso sexual no hay edad límite y estas criaturas lo sufren prácticamente desde el momento de su nacimiento. Semejante realidad, por cruda que parezca, es cada vez más obvia desde que existen campañas para visibilizar el problema.
En Guatemala, como en otros países, la cultura patriarcal considera una hazaña la violación sexual e instituye el maltrato intrafamiliar como un derecho masculino adquirido por tradición. Estas aberraciones forman parte del entorno cotidiano y tanto la sociedad como sus instituciones han sido cómplices al rehusarse a combatir estos crímenes pretendiendo ignorar sus alcances y, por ende, minimizando sus consecuencias.
A tal punto llega la tolerancia al abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes que incluso se culpa a las propias víctimas, en un vicioso círculo de manipulación de evidencias que termina eximiendo a los verdaderos perpetradores. Para explicar con mayor claridad la dimensión del problema, baste decir que una de cada 3 niñas inicia su vida sexual de manera traumática siendo violentada, la mayoría de las veces, por algún pariente cercano –muchas veces su propio padre- o un amigo de la familia.
Si se considera que apenas el 40 por ciento de los partos son atendidos en hospitales o centros de salud, a estas cifras habría que sumarles el amplio universo de casos no registrados, especialmente en el interior del país.
Las instituciones que trabajan sobre el objetivo de erradicar estas siniestras manifestaciones “culturales” y combatir la discriminación y el abuso contra niños, niñas y adolescentes, se encuentran muchas veces enfrentadas a un muro de silencio en los círculos de poder, por un pacto tácito entre políticos cuya vida personal es, probablemente, reflejo de la misma patología.
La niñez es el período formativo fundamental del ser humano. Una niña violada es destruida para siempre. Su cuerpo, al igual que su psiquis y su vida futura, quedan marcados por esa agresión salvaje que nada ni nadie puede reparar.
12.03.2011
Los registros del sistema de salud y de algunas organizaciones no gubernamentales como el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, la Asociación Guatemalteca de Mujeres Médicas y el Fondo de Población de Naciones Unidas, muestran que en Guatemala se producen partos en niñas a partir de los 10 años. Para que eso sea posible, han debido quedar embarazadas a los nueve, cuando deben estudiar, jugar y desarrollarse en un ambiente seguro de amor y protección.
Esto hace suponer que si las niñas menstruaran antes, habría presencia de embarazos desde cualquier momento de su infancia, dado que para el abuso sexual no hay edad límite y estas criaturas lo sufren prácticamente desde el momento de su nacimiento. Semejante realidad, por cruda que parezca, es cada vez más obvia desde que existen campañas para visibilizar el problema.
En Guatemala, como en otros países, la cultura patriarcal considera una hazaña la violación sexual e instituye el maltrato intrafamiliar como un derecho masculino adquirido por tradición. Estas aberraciones forman parte del entorno cotidiano y tanto la sociedad como sus instituciones han sido cómplices al rehusarse a combatir estos crímenes pretendiendo ignorar sus alcances y, por ende, minimizando sus consecuencias.
A tal punto llega la tolerancia al abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes que incluso se culpa a las propias víctimas, en un vicioso círculo de manipulación de evidencias que termina eximiendo a los verdaderos perpetradores. Para explicar con mayor claridad la dimensión del problema, baste decir que una de cada 3 niñas inicia su vida sexual de manera traumática siendo violentada, la mayoría de las veces, por algún pariente cercano –muchas veces su propio padre- o un amigo de la familia.
Si se considera que apenas el 40 por ciento de los partos son atendidos en hospitales o centros de salud, a estas cifras habría que sumarles el amplio universo de casos no registrados, especialmente en el interior del país.
Las instituciones que trabajan sobre el objetivo de erradicar estas siniestras manifestaciones “culturales” y combatir la discriminación y el abuso contra niños, niñas y adolescentes, se encuentran muchas veces enfrentadas a un muro de silencio en los círculos de poder, por un pacto tácito entre políticos cuya vida personal es, probablemente, reflejo de la misma patología.
La niñez es el período formativo fundamental del ser humano. Una niña violada es destruida para siempre. Su cuerpo, al igual que su psiquis y su vida futura, quedan marcados por esa agresión salvaje que nada ni nadie puede reparar.
12.03.2011
La mujer y su día
La resignación es el último recurso de supervivencia cuando se pierde la esperanza.
Miles de niñas y mujeres, atrapadas en un sistema de silencio y complicidad, sufren el abuso y la violencia contra su cuerpo, su espíritu y su dignidad. Han sido muchas las muertes provocadas por la cultura de la vergüenza, que condena a las féminas a pagar por las consecuencias de los crímenes cometidos en su contra y a cargar con ese estigma que no es el suyo.
Ser mujer en este país es una condena de por vida, pero si además de portar los cromosomas que la definen como tal es indígena y pobre, su destino es mil veces más desafiante, cien mil veces más poderosa la carga sobre su débil estructura. Y aun así sobreviven y producen riqueza, paren hijos en hilera por una política pública que nunca existió, porque algunos señores con mucho poder decidieron no aprobarla para no ofender a sus patrocinadores.
Ser mujer, pobre, indígena y analfabeta es una marca de identidad en este bello país de las injusticias. Se la puede observar en los mercados, en los campos, trabajando por nada –el salario le corresponde al marido- y cargando leña por los caminos para luego ser culpada por la deforestación de Guatemala. Si no fuera por lo patético, daría risa el discurso de los empresarios y políticos que defienden sus privilegios adjudicándole a la población indígena la responsabilidad por el subdesarrollo que ellos mismos provocan, por la pobreza a la cual condenan a más de la mitad de la sociedad a la cual, aunque les duela, todos ellos pertenecen.
En Guatemala, las mujeres nacen adultas porque no tienen derecho a la infancia. Sufren la discriminación desde el momento que ven la luz por vez primera, con el desencanto del padre, quien atribuye a su descendencia masculina valores superiores y deposita en ese cromosoma distinto su orgullo patriarcal. La niña, entonces, pasa a engrosar las largas filas de la servidumbre doméstica incluso antes de emitir su primer sonido.
Material propicio para los negocios ilícitos, miles de niñas son también producto para el tráfico sexual y el trabajo forzado. Cuando tienen suerte, quizás puedan salir de la miseria prostituyéndose por cuenta propia porque el Estado les ha negado toda posibilidad de educación para conseguir un trabajo digno; y, cuando han sufrido el abuso sexual desde la infancia, les han negado la protección de la justicia.
Quizás por todo esto es que me parece insustancial la celebración del día dedicado a la mujer. No puede ser que sólo pensemos en sus derechos una vez cada 365 días sólo por un protocolo institucionalizado. Los derechos de la mujer han sido violados –tanto como sus cuerpos- una y otra vez por medio de leyes casuísticas, funcionarios corruptos, empresarios voraces y, peor aún, por otras mujeres empecinadas en sostener el aberrante sistema patriarcal.
Miles de niñas y mujeres, atrapadas en un sistema de silencio y complicidad, sufren el abuso y la violencia contra su cuerpo, su espíritu y su dignidad. Han sido muchas las muertes provocadas por la cultura de la vergüenza, que condena a las féminas a pagar por las consecuencias de los crímenes cometidos en su contra y a cargar con ese estigma que no es el suyo.
Ser mujer en este país es una condena de por vida, pero si además de portar los cromosomas que la definen como tal es indígena y pobre, su destino es mil veces más desafiante, cien mil veces más poderosa la carga sobre su débil estructura. Y aun así sobreviven y producen riqueza, paren hijos en hilera por una política pública que nunca existió, porque algunos señores con mucho poder decidieron no aprobarla para no ofender a sus patrocinadores.
Ser mujer, pobre, indígena y analfabeta es una marca de identidad en este bello país de las injusticias. Se la puede observar en los mercados, en los campos, trabajando por nada –el salario le corresponde al marido- y cargando leña por los caminos para luego ser culpada por la deforestación de Guatemala. Si no fuera por lo patético, daría risa el discurso de los empresarios y políticos que defienden sus privilegios adjudicándole a la población indígena la responsabilidad por el subdesarrollo que ellos mismos provocan, por la pobreza a la cual condenan a más de la mitad de la sociedad a la cual, aunque les duela, todos ellos pertenecen.
En Guatemala, las mujeres nacen adultas porque no tienen derecho a la infancia. Sufren la discriminación desde el momento que ven la luz por vez primera, con el desencanto del padre, quien atribuye a su descendencia masculina valores superiores y deposita en ese cromosoma distinto su orgullo patriarcal. La niña, entonces, pasa a engrosar las largas filas de la servidumbre doméstica incluso antes de emitir su primer sonido.
Material propicio para los negocios ilícitos, miles de niñas son también producto para el tráfico sexual y el trabajo forzado. Cuando tienen suerte, quizás puedan salir de la miseria prostituyéndose por cuenta propia porque el Estado les ha negado toda posibilidad de educación para conseguir un trabajo digno; y, cuando han sufrido el abuso sexual desde la infancia, les han negado la protección de la justicia.
Quizás por todo esto es que me parece insustancial la celebración del día dedicado a la mujer. No puede ser que sólo pensemos en sus derechos una vez cada 365 días sólo por un protocolo institucionalizado. Los derechos de la mujer han sido violados –tanto como sus cuerpos- una y otra vez por medio de leyes casuísticas, funcionarios corruptos, empresarios voraces y, peor aún, por otras mujeres empecinadas en sostener el aberrante sistema patriarcal.
07.03.2011
La cámara inclemente
Aparecer en televisión puede ser, para un político novato, un severo tropezón.
Esta semana fue de interesantes entrevistas televisadas. CNN en español se afanó buscando audiencia y sin duda consiguió un alza importante en sus estadísticas con los diálogos entre sus mejores reporteros y algunos líderes latinoamericanos como Mario Vargas Llosa, Sebastián Piñera, Zury Ríos y Otto Pérez.
Todas las entrevistas mostraron facetas a veces desconocidas de estos personajes, pero sobre todo dejaron en evidencia que el periodismo televisivo –cuando está en manos de profesionales con experiencia y talento- puede llegar muy lejos en la revelación del verdadero perfil de quienes caen bajo el escrutinio de sus cámaras.
Un ejemplo paradigmático es el del presidente chileno. Ante el aluvión de preguntas bien pensadas y de mucho fondo formuladas por José Levy, jefe de la oficina de CNN en Medio Oriente, no pudo disimular su falta de conocimiento sobre política internacional y, cuando se vio ante cuestiones específicas sobre políticas sociales de su país, usó una y otra vez las mismas frases para justificar buenas intenciones sin comprometerse con datos concluyentes ni propuestas específicas.
En su caso, resalta la falta de experiencia política pero aún más su desconocimiento de la trascendencia del discurso público, lo cual refleja una de las mayores debilidades de ciertos líderes cuyos objetivos están más enfocados en las apariencias que en la realidad y fundamentan su desempeño en su habilidad para exhibir cifras globales –como el PIB o el índice de crecimiento- para ocultar el verdadero rostro de la miseria que subyace en sociedades desiguales como la chilena.
Los políticos deberían prepararse muy bien antes de sentarse frente a una cámara. Los entrevistadores fogueados son tan inclementes como la lente fotográfica, logrando resultados muchas veces devastadores para la imagen de sus víctimas mediáticas. Otto Pérez, por ejemplo, se vio incómodo y poco convincente, contrastando de manera radical con la imagen pulida y el discurso inteligente y asertivo de Zury Ríos. Esto basta para demostrar que no es suficiente tener un buen eslogan de campaña o fotos retocadas en mupis para ganar adeptos y, aún más importante, retenerlos.
Otro muy distinto es el caso de Vargas Llosa quien, en su amena charla con la talentosísima Carmen Aristegui, lució sus dotes histriónicas y su inmenso acervo cultural a pesar de sus posiciones controversiales en el tema político. Esto debe servir de ejemplo para muchos aficionados que pretenden sentarse en una silla presidencial o en un palacio municipal. Para conseguir adeptos, de nada sirve la imagen estática. Hoy es esencial el dominio del lenguaje, el conocimiento profundo de los temas actuales, la empatía con sus espectadores y sobre todo, la honestidad en sus planteamientos porque la cámara lo capta todo.
05.03.2011
Esta semana fue de interesantes entrevistas televisadas. CNN en español se afanó buscando audiencia y sin duda consiguió un alza importante en sus estadísticas con los diálogos entre sus mejores reporteros y algunos líderes latinoamericanos como Mario Vargas Llosa, Sebastián Piñera, Zury Ríos y Otto Pérez.
Todas las entrevistas mostraron facetas a veces desconocidas de estos personajes, pero sobre todo dejaron en evidencia que el periodismo televisivo –cuando está en manos de profesionales con experiencia y talento- puede llegar muy lejos en la revelación del verdadero perfil de quienes caen bajo el escrutinio de sus cámaras.
Un ejemplo paradigmático es el del presidente chileno. Ante el aluvión de preguntas bien pensadas y de mucho fondo formuladas por José Levy, jefe de la oficina de CNN en Medio Oriente, no pudo disimular su falta de conocimiento sobre política internacional y, cuando se vio ante cuestiones específicas sobre políticas sociales de su país, usó una y otra vez las mismas frases para justificar buenas intenciones sin comprometerse con datos concluyentes ni propuestas específicas.
En su caso, resalta la falta de experiencia política pero aún más su desconocimiento de la trascendencia del discurso público, lo cual refleja una de las mayores debilidades de ciertos líderes cuyos objetivos están más enfocados en las apariencias que en la realidad y fundamentan su desempeño en su habilidad para exhibir cifras globales –como el PIB o el índice de crecimiento- para ocultar el verdadero rostro de la miseria que subyace en sociedades desiguales como la chilena.
Los políticos deberían prepararse muy bien antes de sentarse frente a una cámara. Los entrevistadores fogueados son tan inclementes como la lente fotográfica, logrando resultados muchas veces devastadores para la imagen de sus víctimas mediáticas. Otto Pérez, por ejemplo, se vio incómodo y poco convincente, contrastando de manera radical con la imagen pulida y el discurso inteligente y asertivo de Zury Ríos. Esto basta para demostrar que no es suficiente tener un buen eslogan de campaña o fotos retocadas en mupis para ganar adeptos y, aún más importante, retenerlos.
Otro muy distinto es el caso de Vargas Llosa quien, en su amena charla con la talentosísima Carmen Aristegui, lució sus dotes histriónicas y su inmenso acervo cultural a pesar de sus posiciones controversiales en el tema político. Esto debe servir de ejemplo para muchos aficionados que pretenden sentarse en una silla presidencial o en un palacio municipal. Para conseguir adeptos, de nada sirve la imagen estática. Hoy es esencial el dominio del lenguaje, el conocimiento profundo de los temas actuales, la empatía con sus espectadores y sobre todo, la honestidad en sus planteamientos porque la cámara lo capta todo.
05.03.2011
La niñez robada
¿Qué necesita un ser humano durante sus primeros años de vida, sino atención y cariño?
En este mundo de egoísmo delirante, el ser humano ha pasado a ser un subproducto manipulable al servicio de grupos económicos, religiosos o políticos que han hecho de él la materia prima fundamental en la construcción de sus redes de influencia. La persona ha dejado de ser un individuo con derechos para derivar en un elemento neutro dentro de esta enorme pirámide de poder que constituye la sociedad mundial.
Por eso no debería sorprendernos el irrespeto por la niñez en países sometidos a la influencia de las grandes potencias, en los cuales prima el beneficio de una casta política y económica cuyos objetivos están enfocados en el enriquecimiento personal y la consecusión del poder a toda costa.
En Guatemala, así como en muchos otros países del tercer mundo, la niñez es prácticamente inexistente. Ese período durante el cual el ser humano desarrolla las bases de su potencial intelectual y físico es, en estas tierras, un tiempo de abandono, de abuso y de inanición. De ahí que ante el trabajo infantil, la carencia de recursos educativos o los embarazos en niñas y adolescentes nos quedamos impávidos y miramos hacia otro lado con ese gesto de fatalismo propio de los pueblos fracasados.
Dadas las circunstancias, ¿con qué derecho nos horrorizamos ante la proliferación de las maras o las muestras de sadismo en niños y adolescentes cuando cometen crímenes, la mayoría de las veces inducidos por adultos? ¿Dónde quedó nuestra capacidad de autocrítica y dónde la conciencia? En una nación incapaz de proporcionar un ambiente de mínima seguridad a sus niñas, niños y adolescentes, estas patologías se vuelven una amenaza a la integridad de su existencia misma.
Cuando escuchamos –y creemos- el discurso cliché de los políticos cuyas ambiciones les nublan la visión y les impiden hacer contacto con la realidad, lo que hacemos es transformarnos en cómplices activos del asesinato de una nación que alguna vez tuvo un futuro promisorio. Y también somos agentes de su destrucción al mantener una actitud pasiva frente a la expoliación de los recursos naturales, la corrupción gubernamental o la violencia que día a día golpea a nuestra sociedad.
Pero en este concierto desafinado lo más grave es el irrespeto a los derechos de la niñez y la juventud, segmento mayoritario de la población en el cual reside la única esperanza de recuperación de los valores que en algún momento de la historia dieron sentido a su orden constitucional y a sus instituciones.
En Guatemala, la niñez no existe. Ni en las clases más acomodadas pueden los niños salir a la calle sin ser vigilados o disfrutar de la compañía de sus padres sin amenaza de sufrir algun tipo de violencia. Entre los más pobres, la norma implacable es una muerte prematura.
En este mundo de egoísmo delirante, el ser humano ha pasado a ser un subproducto manipulable al servicio de grupos económicos, religiosos o políticos que han hecho de él la materia prima fundamental en la construcción de sus redes de influencia. La persona ha dejado de ser un individuo con derechos para derivar en un elemento neutro dentro de esta enorme pirámide de poder que constituye la sociedad mundial.
Por eso no debería sorprendernos el irrespeto por la niñez en países sometidos a la influencia de las grandes potencias, en los cuales prima el beneficio de una casta política y económica cuyos objetivos están enfocados en el enriquecimiento personal y la consecusión del poder a toda costa.
En Guatemala, así como en muchos otros países del tercer mundo, la niñez es prácticamente inexistente. Ese período durante el cual el ser humano desarrolla las bases de su potencial intelectual y físico es, en estas tierras, un tiempo de abandono, de abuso y de inanición. De ahí que ante el trabajo infantil, la carencia de recursos educativos o los embarazos en niñas y adolescentes nos quedamos impávidos y miramos hacia otro lado con ese gesto de fatalismo propio de los pueblos fracasados.
Dadas las circunstancias, ¿con qué derecho nos horrorizamos ante la proliferación de las maras o las muestras de sadismo en niños y adolescentes cuando cometen crímenes, la mayoría de las veces inducidos por adultos? ¿Dónde quedó nuestra capacidad de autocrítica y dónde la conciencia? En una nación incapaz de proporcionar un ambiente de mínima seguridad a sus niñas, niños y adolescentes, estas patologías se vuelven una amenaza a la integridad de su existencia misma.
Cuando escuchamos –y creemos- el discurso cliché de los políticos cuyas ambiciones les nublan la visión y les impiden hacer contacto con la realidad, lo que hacemos es transformarnos en cómplices activos del asesinato de una nación que alguna vez tuvo un futuro promisorio. Y también somos agentes de su destrucción al mantener una actitud pasiva frente a la expoliación de los recursos naturales, la corrupción gubernamental o la violencia que día a día golpea a nuestra sociedad.
Pero en este concierto desafinado lo más grave es el irrespeto a los derechos de la niñez y la juventud, segmento mayoritario de la población en el cual reside la única esperanza de recuperación de los valores que en algún momento de la historia dieron sentido a su orden constitucional y a sus instituciones.
En Guatemala, la niñez no existe. Ni en las clases más acomodadas pueden los niños salir a la calle sin ser vigilados o disfrutar de la compañía de sus padres sin amenaza de sufrir algun tipo de violencia. Entre los más pobres, la norma implacable es una muerte prematura.
Política en las redes
El valor de las redes sociales para difundir mensajes es innegable, pero muchos desperdician el recurso.
Los comunicadores tenemos en las redes sociales una herramienta valiosa para capturar y difundir información a una velocidad que hace apenas 5 años ni siquiera hubiéramos sospechado. Nuestra profesión nos convierte en uno de los grupos más identificados con este recurso y prueba de ello ha sido la inmediata incorporación de periodistas independientes, agencias de noticias y medios de comunicación a las redes sociales para compartir información con la inmediatez del último minuto.
A pesar del riesgo de asumir la veracidad de la noticia cuando ésta ni siquiera ha sido confirmada, muchos de los usuarios de las redes sociales ya han madurado al punto de transformar estas plataformas en foros de debate ideológico, cultural y social derribando de manera automática las barreras de la distancia física gracias a la proximidad virtual. Dado este brinco de popularidad de Facebook, Twitter, blogs y otros sistemas de intercambio de información en sectores muy diversos, muchos políticos locales han decidido subirse a estas plataformas para explotarlas de acuerdo a su muy particular visión de lo que les conviene desde el punto de vista proselitista.
Entonces, de un tiempo a esta parte, se ha visto a diputados, líderes partidistas y últimamente a “candidatos a candidato” de toda clase de grupos y tendencias sumergidos a tiempo completo en las discusiones y metiendo su nariz en las páginas de quienes consideran un buen auditorio. Entre ellos –y ellas- algunos han captado de manera magistral la esencia del sistema para acercarse de manera más directa a sus electores o a sus representados. Pero hay otros –y otras- cuyo vacío conceptual e ideológico les impide ir más allá de enviar mensajitos superficiales con una buena onda de nivel escolar que preocupa por su mediocridad en alguien que pretende postularse a un cargo de elección popular.
Meterse en las redes sociales para escribir sandeces es un deporte que sólo pueden practicar quienes no tienen compromiso alguno con la historia. Aquellos ciudadanos libres de opinar como les de la gana porque no les importa un comino la opinión ajena y ejercitan su libertad de expresión con el humor o la vulgaridad que les otorgue su nivel intelectual o su estado de ánimo.
Pero un político en funciones o con aspiraciones electorales debería cuidar su imagen con una acuciosidad delirante, porque cualquier resbalón quedará rondando ad aeternum por el universo virtual y nada podrá borrarlo. En el actual panorama político de Guatemala, lo menos que se espera de ellos es una actitud propositiva, un discurso inteligente, articulado con coherencia y buena ortografía, y un análisis profundo de la situación del país. En fin, seguiremos esperando a que aparezca.
26.02.2011
Los comunicadores tenemos en las redes sociales una herramienta valiosa para capturar y difundir información a una velocidad que hace apenas 5 años ni siquiera hubiéramos sospechado. Nuestra profesión nos convierte en uno de los grupos más identificados con este recurso y prueba de ello ha sido la inmediata incorporación de periodistas independientes, agencias de noticias y medios de comunicación a las redes sociales para compartir información con la inmediatez del último minuto.
A pesar del riesgo de asumir la veracidad de la noticia cuando ésta ni siquiera ha sido confirmada, muchos de los usuarios de las redes sociales ya han madurado al punto de transformar estas plataformas en foros de debate ideológico, cultural y social derribando de manera automática las barreras de la distancia física gracias a la proximidad virtual. Dado este brinco de popularidad de Facebook, Twitter, blogs y otros sistemas de intercambio de información en sectores muy diversos, muchos políticos locales han decidido subirse a estas plataformas para explotarlas de acuerdo a su muy particular visión de lo que les conviene desde el punto de vista proselitista.
Entonces, de un tiempo a esta parte, se ha visto a diputados, líderes partidistas y últimamente a “candidatos a candidato” de toda clase de grupos y tendencias sumergidos a tiempo completo en las discusiones y metiendo su nariz en las páginas de quienes consideran un buen auditorio. Entre ellos –y ellas- algunos han captado de manera magistral la esencia del sistema para acercarse de manera más directa a sus electores o a sus representados. Pero hay otros –y otras- cuyo vacío conceptual e ideológico les impide ir más allá de enviar mensajitos superficiales con una buena onda de nivel escolar que preocupa por su mediocridad en alguien que pretende postularse a un cargo de elección popular.
Meterse en las redes sociales para escribir sandeces es un deporte que sólo pueden practicar quienes no tienen compromiso alguno con la historia. Aquellos ciudadanos libres de opinar como les de la gana porque no les importa un comino la opinión ajena y ejercitan su libertad de expresión con el humor o la vulgaridad que les otorgue su nivel intelectual o su estado de ánimo.
Pero un político en funciones o con aspiraciones electorales debería cuidar su imagen con una acuciosidad delirante, porque cualquier resbalón quedará rondando ad aeternum por el universo virtual y nada podrá borrarlo. En el actual panorama político de Guatemala, lo menos que se espera de ellos es una actitud propositiva, un discurso inteligente, articulado con coherencia y buena ortografía, y un análisis profundo de la situación del país. En fin, seguiremos esperando a que aparezca.
26.02.2011
Educación y alimento
La niñez guatemalteca no es tan exigente. Con que les alimenten el cuerpo y la mente, son felices.
Si esa mayoría de diputados señalados por corruptos e ineficientes tuviera un atisbo de inteligencia y sensibilidad social, se darían cuenta de las ventajas implícitas en adoptar una actitud más abierta y empática hacia los problemas fundamentales del pueblo y cuán fácil podría ser aminorar algunos de ellos con sólo acudir a las sesiones, participar en las discusiones, analizar las propuestas y votar.
Diversas instituciones han coincidido al señalar que se aproxima una crisis alimentaria más aguda que todas las anteriores. También existe la certeza de que los reportes oficiales de niñas y niños con desnutrición crónica y aguda son inexactos y que otros datos muestran con mayor crudeza el nivel de abandono de estos sectores, sobre todo en el interior del país y entre la población indígena. Sin embargo, tanto en el Congreso de la República como en los despachos ministeriales parece haber un pacto de silencio y un acuerdo tácito de centrarse en las negociaciones relacionadas con el proceso electoral.
Nunca como hoy las escuelas estuvieron tan ruinosas y abandonadas. La educación no es prioridad para nadie, lo cual se comprueba fácilmente al visitar los establecimientos educativos del sector público, donde los servicios más fundamentales, como instalaciones sanitarias y agua potable, son un lujo desconocido. Y para qué hablar de refacción escolar.
Estos factores serán determinantes en el futuro de la niñez guatemalteca, tanto como la falta de alimentos durante sus primeros cinco años de vida. Su cerebro no va a desarrollarse a plenitud, su cuerpo llevará el estigma de la pobreza y tendrá todas las patologías asociadas a una alimentación deficiente, su vida social estará limitada a un entorno degradante y amenazador para su integridad, en fin, será un paria en su propio territorio por decisión de quienes podrían haber marcado la diferencia con sólo poner atención a lo prioritario y dejar por un lado sus intereses personales.
Guatemala es un país que ha llegado al extremo de avergonzar a sus habitantes. Se habla de Guatemala por los crímenes de extrema violencia y sadismo; se menciona al país por ser territorio narco; salta a las primeras páginas por los inconcebibles niveles de corrupción de sus autoridades; por tener a ex presidentes y ministros encarcelados por ladrones; por haber descendido a lo más bajo de las categorías en indicadores de desarrollo; por no tener –ni sus autoridades ni sus ciudadanos más influyentes- concepto alguno de lo que significa la visión de nación.
La niñez se cobrará la deuda histórica de sus políticos y de sus sectores de poder económico. Algún día sus padres comprenderán cómo fueron atrapados en la mentira del juego político, pero entonces no habrá manera de reparar el daño causado.
21.02.2011
Si esa mayoría de diputados señalados por corruptos e ineficientes tuviera un atisbo de inteligencia y sensibilidad social, se darían cuenta de las ventajas implícitas en adoptar una actitud más abierta y empática hacia los problemas fundamentales del pueblo y cuán fácil podría ser aminorar algunos de ellos con sólo acudir a las sesiones, participar en las discusiones, analizar las propuestas y votar.
Diversas instituciones han coincidido al señalar que se aproxima una crisis alimentaria más aguda que todas las anteriores. También existe la certeza de que los reportes oficiales de niñas y niños con desnutrición crónica y aguda son inexactos y que otros datos muestran con mayor crudeza el nivel de abandono de estos sectores, sobre todo en el interior del país y entre la población indígena. Sin embargo, tanto en el Congreso de la República como en los despachos ministeriales parece haber un pacto de silencio y un acuerdo tácito de centrarse en las negociaciones relacionadas con el proceso electoral.
Nunca como hoy las escuelas estuvieron tan ruinosas y abandonadas. La educación no es prioridad para nadie, lo cual se comprueba fácilmente al visitar los establecimientos educativos del sector público, donde los servicios más fundamentales, como instalaciones sanitarias y agua potable, son un lujo desconocido. Y para qué hablar de refacción escolar.
Estos factores serán determinantes en el futuro de la niñez guatemalteca, tanto como la falta de alimentos durante sus primeros cinco años de vida. Su cerebro no va a desarrollarse a plenitud, su cuerpo llevará el estigma de la pobreza y tendrá todas las patologías asociadas a una alimentación deficiente, su vida social estará limitada a un entorno degradante y amenazador para su integridad, en fin, será un paria en su propio territorio por decisión de quienes podrían haber marcado la diferencia con sólo poner atención a lo prioritario y dejar por un lado sus intereses personales.
Guatemala es un país que ha llegado al extremo de avergonzar a sus habitantes. Se habla de Guatemala por los crímenes de extrema violencia y sadismo; se menciona al país por ser territorio narco; salta a las primeras páginas por los inconcebibles niveles de corrupción de sus autoridades; por tener a ex presidentes y ministros encarcelados por ladrones; por haber descendido a lo más bajo de las categorías en indicadores de desarrollo; por no tener –ni sus autoridades ni sus ciudadanos más influyentes- concepto alguno de lo que significa la visión de nación.
La niñez se cobrará la deuda histórica de sus políticos y de sus sectores de poder económico. Algún día sus padres comprenderán cómo fueron atrapados en la mentira del juego político, pero entonces no habrá manera de reparar el daño causado.
21.02.2011
Disciplina castrense
Es importante poner atención en los detalles. De ellos se puede deducir parte del futuro.
La situación de inestabilidad, inseguridad ciudadana y la falta de políticas públicas para la prevención del delito han sido el perfecto caldo de cultivo para reforzar el mensaje de mano dura de algunos partidos, así como el de ciertos personajes públicos que pretenden alcanzar el poder presidencial prometiendo orden y disciplina.
Para ellos, nada mejor que el actual ambiente de violencia porque les resulta más fácil convencer a la ciudadanía de la conveniencia de sentar en el sillón a un presidente duro, autoritario, inclemente; es decir, un Ubico actualizado.
Este mensaje implícito en las campañas anticipadas explican en parte el éxito de la movilización de las huestes del partido Patriota el domingo pasado en Mundo E, donde de acuerdo con las cifras de la dirigencia de esa agrupación se concentraron nada menos que 55 mil partidarios de la emblemática mano empuñada, todos puntuales, todos vistiendo la camisa anaranjada y todos cuadrados con su líder.
En otros sectores del espectro político, esta demostración de fuerza y disciplina debería ser un llamado de alerta para hacerlos reaccionar a tiempo. La historia ha demostrado –aquí y en todos los países en los cuales ha triunfado el miedo- que una decisión electoral no debe responder a las circunstancias del momento, sino a programas de mayor trascendencia para el futuro de la nación.
Si los electores creen que con represión y fuerza se va a neutralizar el crítico ambiente de anarquía actual, se equivocan rotundamente. La violencia criminal que azota a Guatemala tiene sus orígenes en la impunidad y ésta se ampara en la corrupción, el clientelismo y la carencia de valores de sus cuadros empresariales y políticos. El negocio está precisamente en la compra de voluntades a nivel institucional y no hay mejor ejemplo que la venalidad de algunos representantes del Congreso de la República, muchos alcaldes y ciertos integrantes del sistema judicial y las cortes.
En todas esas instituciones es patente la falta de voluntad para recuperar la dignidad del Estado, porque a una buena parte de sus miembros les conviene más tener un Estado a su servicio que uno digno y recto. Pero tampoco hay que caer en el juego de creer que habrá un súper héroe capaz de acabar con el crimen haciendo letra muerta de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lo que necesita el país es un gobierno auténticamente proyectado hacia el futuro, un equipo de visionarios capaz de entender la importancia estratégica de la nutrición durante los primeros 5 años de vida para tener un capital humano viable; gobernantes cuya lucidez para invertir en educación se traduzca en una sociedad física, mental y psicológicamente saludable. La respuesta, por lo tanto, no está en los esquemas castrenses dentro del ámbito político.
19.02.2011
La situación de inestabilidad, inseguridad ciudadana y la falta de políticas públicas para la prevención del delito han sido el perfecto caldo de cultivo para reforzar el mensaje de mano dura de algunos partidos, así como el de ciertos personajes públicos que pretenden alcanzar el poder presidencial prometiendo orden y disciplina.
Para ellos, nada mejor que el actual ambiente de violencia porque les resulta más fácil convencer a la ciudadanía de la conveniencia de sentar en el sillón a un presidente duro, autoritario, inclemente; es decir, un Ubico actualizado.
Este mensaje implícito en las campañas anticipadas explican en parte el éxito de la movilización de las huestes del partido Patriota el domingo pasado en Mundo E, donde de acuerdo con las cifras de la dirigencia de esa agrupación se concentraron nada menos que 55 mil partidarios de la emblemática mano empuñada, todos puntuales, todos vistiendo la camisa anaranjada y todos cuadrados con su líder.
En otros sectores del espectro político, esta demostración de fuerza y disciplina debería ser un llamado de alerta para hacerlos reaccionar a tiempo. La historia ha demostrado –aquí y en todos los países en los cuales ha triunfado el miedo- que una decisión electoral no debe responder a las circunstancias del momento, sino a programas de mayor trascendencia para el futuro de la nación.
Si los electores creen que con represión y fuerza se va a neutralizar el crítico ambiente de anarquía actual, se equivocan rotundamente. La violencia criminal que azota a Guatemala tiene sus orígenes en la impunidad y ésta se ampara en la corrupción, el clientelismo y la carencia de valores de sus cuadros empresariales y políticos. El negocio está precisamente en la compra de voluntades a nivel institucional y no hay mejor ejemplo que la venalidad de algunos representantes del Congreso de la República, muchos alcaldes y ciertos integrantes del sistema judicial y las cortes.
En todas esas instituciones es patente la falta de voluntad para recuperar la dignidad del Estado, porque a una buena parte de sus miembros les conviene más tener un Estado a su servicio que uno digno y recto. Pero tampoco hay que caer en el juego de creer que habrá un súper héroe capaz de acabar con el crimen haciendo letra muerta de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lo que necesita el país es un gobierno auténticamente proyectado hacia el futuro, un equipo de visionarios capaz de entender la importancia estratégica de la nutrición durante los primeros 5 años de vida para tener un capital humano viable; gobernantes cuya lucidez para invertir en educación se traduzca en una sociedad física, mental y psicológicamente saludable. La respuesta, por lo tanto, no está en los esquemas castrenses dentro del ámbito político.
19.02.2011
El testigo de cargo
Muchos asesinatos se cometen contra posibles testigos de actos criminales, pero nunca se sabe si queda otro.
Hay una cierta forma de justicia misteriosa e inexplicable. Se revela por medio de actos de excepcional coraje realizados por personas que prefieren arriesgar su vida en aras de lo correcto, de lo que debe ser, antes de permitir el triunfo de la impunidad. Estas rara avis de la especie humana marcan la diferencia entre lo común y lo extraordinario, entre la preeminencia del yo y la difícil elección del nosotros.
En Guatemala han sido las voces no silenciadas de unos pocos testigos de cargo las que han permitido avanzar en el esclarecimiento de casos de alto impacto, en los cuales el involucramiento de redes criminales -infiltradas en círculos de poder aparentemente inexpugnables- representaba una garantía de impunidad. Este punto de ruptura, indetectable a veces y siempre ubicuo, puede encontrarse en el eslabón más débil de la cadena y en algunos casos en personas aparentemente inofensivas.
Sin embargo, el sistema actual de justicia no parece apreciar en toda su dimensión la importancia de proteger a estos elementos cuya existencia constituye una carta de triunfo para la aplicación de la ley de manera pronta y cumplida. El sistema de protección de testigos es uno de los lados más débil en este poliedro formado por los distintos pasos a seguir en la investigación criminal. Los testigos de cargo suelen desaparecer de manera violenta y entonces los casos se caen por falta de evidencias, ante el estupor de una ciudadanía incapaz de comprender tanta ineptitud.
Las fallas del sistema de investigación criminal y administración de justicia son múltiples y graves, pero entre las más perjudiciales está la falta de recursos para la investigación de los casos, la etapa más critica de los procesos. Esta pobreza de medios es provocada en parte por la irresponsabilidad del sector político, el cual ha instrumentalizado a la violencia como recurso de propaganda electoral, usando a la población como carne de cañón en la persecusión de sus propios fines y, en parte, por la actitud pasiva de una ciudadanía incapaz de protestar.
Todo esto hace pensar en el riesgo de que un día los testigos clave se cansen de testificar y su valentía se disipe en una nube de escepticismo al no encontrar eco en quienes deben protegerlos para garantizar su seguridad, ante la amenaza de ser borrados del mapa. En otras palabras, si en Guatemala no se atiende a esta deficiencia de manera urgente, está muy cercana la posibilidad de que la justicia pierda esa palanca irreemplazable de la declaración jurada de quien presenció el crimen, de quien posee documentos incriminatorios, de quien es capaz de jugarse el todo por el todo por la sola satisfacción de ser testigo de un acto de verdadera justicia.
14.02.2011
Hay una cierta forma de justicia misteriosa e inexplicable. Se revela por medio de actos de excepcional coraje realizados por personas que prefieren arriesgar su vida en aras de lo correcto, de lo que debe ser, antes de permitir el triunfo de la impunidad. Estas rara avis de la especie humana marcan la diferencia entre lo común y lo extraordinario, entre la preeminencia del yo y la difícil elección del nosotros.
En Guatemala han sido las voces no silenciadas de unos pocos testigos de cargo las que han permitido avanzar en el esclarecimiento de casos de alto impacto, en los cuales el involucramiento de redes criminales -infiltradas en círculos de poder aparentemente inexpugnables- representaba una garantía de impunidad. Este punto de ruptura, indetectable a veces y siempre ubicuo, puede encontrarse en el eslabón más débil de la cadena y en algunos casos en personas aparentemente inofensivas.
Sin embargo, el sistema actual de justicia no parece apreciar en toda su dimensión la importancia de proteger a estos elementos cuya existencia constituye una carta de triunfo para la aplicación de la ley de manera pronta y cumplida. El sistema de protección de testigos es uno de los lados más débil en este poliedro formado por los distintos pasos a seguir en la investigación criminal. Los testigos de cargo suelen desaparecer de manera violenta y entonces los casos se caen por falta de evidencias, ante el estupor de una ciudadanía incapaz de comprender tanta ineptitud.
Las fallas del sistema de investigación criminal y administración de justicia son múltiples y graves, pero entre las más perjudiciales está la falta de recursos para la investigación de los casos, la etapa más critica de los procesos. Esta pobreza de medios es provocada en parte por la irresponsabilidad del sector político, el cual ha instrumentalizado a la violencia como recurso de propaganda electoral, usando a la población como carne de cañón en la persecusión de sus propios fines y, en parte, por la actitud pasiva de una ciudadanía incapaz de protestar.
Todo esto hace pensar en el riesgo de que un día los testigos clave se cansen de testificar y su valentía se disipe en una nube de escepticismo al no encontrar eco en quienes deben protegerlos para garantizar su seguridad, ante la amenaza de ser borrados del mapa. En otras palabras, si en Guatemala no se atiende a esta deficiencia de manera urgente, está muy cercana la posibilidad de que la justicia pierda esa palanca irreemplazable de la declaración jurada de quien presenció el crimen, de quien posee documentos incriminatorios, de quien es capaz de jugarse el todo por el todo por la sola satisfacción de ser testigo de un acto de verdadera justicia.
14.02.2011
El faraón
La caída de Mubarak se produjo gracias a la resistencia popular, pero con ayuda exterior.
La cadena de sucesos en la plaza Tahrir fue seguida con avidez por el mundo entero. En algunos países primer mundistas, con una actitud ambivalente por ser Mubarak uno de sus aliados incondicionales. Y en países del tercer mundo en situaciones similares de miseria y explotación como las padecidas por el pueblo egipcio, con una sensación de catarsis al ver cómo una sociedad entera se impuso para exigir la salida del dictador.
La victoria de los egipcios al derrocar a Mubarak es, sin embargo, apenas el principio de una serie de cambios sobre los cuales el pueblo tendrá poco o ningún control. El ejército asume el mando en medio de la euforia, pero hay todo un sistema blindado de leyes y estructuras de poder construido durante treinta años, el cual será muy difícil desensamblar sin ocasionar graves problemas a la gobernabilidad de ese país.
Esto sucede cada vez que cae un tirano y se instala un gobierno de transición. Nadie sabe con certeza cuál será la dirección a seguir aún cuando las intenciones de quien lo sucede en el poder vayan en la dirección correcta. En el caso de Egipto, queda en manos de un ejército que ha demostrado una total ambigüedad entre su respaldo al mandatario depuesto y su tolerancia frente a las protestas callejeras. El futuro próximo, por lo tanto, es incierto y sólo se conocerán las primeras disposiciones del nuevo gobierno en cuanto se calmen los ánimos y la gente vuelva a sus casas.
Los sucesos recientes en el país más poblado del mundo árabe también llaman a reflexionar sobre el impacto de las redes sociales en el desarrollo de los eventos. En el caso que ocupa la atención mundial, las redes sociales fueron el instrumento de comunicación por excelencia, aún cuando el gobierno de Mubarak intentó por todos los medios bloquear cuanto sistema de información pudiera servir a la causa popular.
Facebook y Twitter estuvieron copados por los mensajes emitidos desde la plaza Tahrir –hoy plaza de la Liberación-, tanto por las cadenas noticiosas como por ciudadanos comunes que sólo deseaban difundir la noticia con la esperanza de despertar la solidaridad de otros pueblos, en otras latitudes.
El enfriamiento natural de los ánimos después de un sitio tan prolongado como traumático traerá un careo con la dura realidad de la política y será entonces cuando se comiencen a vislumbrar los intentos de las potencias desarrolladas por mantener su posición hegemónica ante las nuevas autoridades. Será cuando las redes de corrupción y nepotismo traten de conservar sus privilegios comprando voluntades recién estrenadas pero también será cuando el pueblo elija entre construir un Estado moderno y democrático o sentar en el trono a un nuevo faraón.
11.02.2011
La cadena de sucesos en la plaza Tahrir fue seguida con avidez por el mundo entero. En algunos países primer mundistas, con una actitud ambivalente por ser Mubarak uno de sus aliados incondicionales. Y en países del tercer mundo en situaciones similares de miseria y explotación como las padecidas por el pueblo egipcio, con una sensación de catarsis al ver cómo una sociedad entera se impuso para exigir la salida del dictador.
La victoria de los egipcios al derrocar a Mubarak es, sin embargo, apenas el principio de una serie de cambios sobre los cuales el pueblo tendrá poco o ningún control. El ejército asume el mando en medio de la euforia, pero hay todo un sistema blindado de leyes y estructuras de poder construido durante treinta años, el cual será muy difícil desensamblar sin ocasionar graves problemas a la gobernabilidad de ese país.
Esto sucede cada vez que cae un tirano y se instala un gobierno de transición. Nadie sabe con certeza cuál será la dirección a seguir aún cuando las intenciones de quien lo sucede en el poder vayan en la dirección correcta. En el caso de Egipto, queda en manos de un ejército que ha demostrado una total ambigüedad entre su respaldo al mandatario depuesto y su tolerancia frente a las protestas callejeras. El futuro próximo, por lo tanto, es incierto y sólo se conocerán las primeras disposiciones del nuevo gobierno en cuanto se calmen los ánimos y la gente vuelva a sus casas.
Los sucesos recientes en el país más poblado del mundo árabe también llaman a reflexionar sobre el impacto de las redes sociales en el desarrollo de los eventos. En el caso que ocupa la atención mundial, las redes sociales fueron el instrumento de comunicación por excelencia, aún cuando el gobierno de Mubarak intentó por todos los medios bloquear cuanto sistema de información pudiera servir a la causa popular.
Facebook y Twitter estuvieron copados por los mensajes emitidos desde la plaza Tahrir –hoy plaza de la Liberación-, tanto por las cadenas noticiosas como por ciudadanos comunes que sólo deseaban difundir la noticia con la esperanza de despertar la solidaridad de otros pueblos, en otras latitudes.
El enfriamiento natural de los ánimos después de un sitio tan prolongado como traumático traerá un careo con la dura realidad de la política y será entonces cuando se comiencen a vislumbrar los intentos de las potencias desarrolladas por mantener su posición hegemónica ante las nuevas autoridades. Será cuando las redes de corrupción y nepotismo traten de conservar sus privilegios comprando voluntades recién estrenadas pero también será cuando el pueblo elija entre construir un Estado moderno y democrático o sentar en el trono a un nuevo faraón.
11.02.2011
Correlación de fuerzas
No hay que ser un genio para saber que quien tiene el dinero, tiene el poder.
Está bien ser ingenuo, pero no hay que abusar. Pedirle al Ministerio Público que funcione con eficiencia y austeridad cuando le están recortando una tajada de 200 millones en su presupuesto es, peor que una burla, una condena a muerte para miles de guatemaltecos enfrentados a una violencia criminal en escalada ascendente.
La falta de presencia institucional del sector justicia en las regiones en donde el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas son práctica corriente de diversos grupos –algunos vinculados a los carteles internacionales y otros chapines al ciento por ciento- constituye una amenaza a la vida y la integridad de sus habitantes. Sin embargo, los ríos de dinero del Estado fluyen libremente hacia cuentas indetectables a través de contratos dudosos y plazas fantasma.
Mientras esto sucede con el Ministerio Público, el cual apenas tiene presencia nacional con 34 fiscalías mal equipadas y peor protegidas, los recursos para propaganda gubernamental llegan hasta el último de los 333 municipios del país en vallas, repartición de regalos identificados con el logotipo del partido oficial y prebendas especiales para quienes apoyen el continuismo sin hacer preguntas.
Es verdaderamente repugnante la falta de visión del sector político. Aún cuando no hubiera suficientes fondos en las arcas del Estado para erigir un sistema de investigación criminal y una administración de justicia blindados, a prueba de chantajes y corrupción, nadie puede negar que eso sería más que posible con el dinero y los bienes de todo tipo confiscados en los decomisos de droga.
Guatemala es gobernada de manera empírica y orientada hacia el aprovechamiento de la oportunidad de enriquecimiento que brinda una estructura diseñada por políticos venales. No existe siquiera el concepto de visión de país –suficiente prueba hay en el estado de la infraestructura educativa y de salud- y tampoco hay una lista de prioridades en la cual aparezca siquiera el bienestar colectivo. Todo se reduce, como se puede ver en esta sucia campaña electoral anticipada, al beneficio de quien abusa más del caos general.
En estos días, los diputados han demostrado con total desfachatez su falta de conciencia y de patriotismo al usar como palanca de negociación la supervivencia de cientos de enfermos de VIH/sida, negándose a aprobar una donación del Fondo Mundial destinada a la compra de retrovirales y tramientos contra la malaria y la tuberculosis.
Mientras los gatos se pelean los privilegios, las organizaciones criminales aprovechan el descuido y se fortifican, se apoderan de porciones importantes del territorio nacional, trazan sus bien pensadas estrategias para instalarse en gobernaciones y alcaldías, solazándose con la visión de su triunfo fácil y su actuar impune.
Está bien ser ingenuo, pero no hay que abusar. Pedirle al Ministerio Público que funcione con eficiencia y austeridad cuando le están recortando una tajada de 200 millones en su presupuesto es, peor que una burla, una condena a muerte para miles de guatemaltecos enfrentados a una violencia criminal en escalada ascendente.
La falta de presencia institucional del sector justicia en las regiones en donde el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas son práctica corriente de diversos grupos –algunos vinculados a los carteles internacionales y otros chapines al ciento por ciento- constituye una amenaza a la vida y la integridad de sus habitantes. Sin embargo, los ríos de dinero del Estado fluyen libremente hacia cuentas indetectables a través de contratos dudosos y plazas fantasma.
Mientras esto sucede con el Ministerio Público, el cual apenas tiene presencia nacional con 34 fiscalías mal equipadas y peor protegidas, los recursos para propaganda gubernamental llegan hasta el último de los 333 municipios del país en vallas, repartición de regalos identificados con el logotipo del partido oficial y prebendas especiales para quienes apoyen el continuismo sin hacer preguntas.
Es verdaderamente repugnante la falta de visión del sector político. Aún cuando no hubiera suficientes fondos en las arcas del Estado para erigir un sistema de investigación criminal y una administración de justicia blindados, a prueba de chantajes y corrupción, nadie puede negar que eso sería más que posible con el dinero y los bienes de todo tipo confiscados en los decomisos de droga.
Guatemala es gobernada de manera empírica y orientada hacia el aprovechamiento de la oportunidad de enriquecimiento que brinda una estructura diseñada por políticos venales. No existe siquiera el concepto de visión de país –suficiente prueba hay en el estado de la infraestructura educativa y de salud- y tampoco hay una lista de prioridades en la cual aparezca siquiera el bienestar colectivo. Todo se reduce, como se puede ver en esta sucia campaña electoral anticipada, al beneficio de quien abusa más del caos general.
En estos días, los diputados han demostrado con total desfachatez su falta de conciencia y de patriotismo al usar como palanca de negociación la supervivencia de cientos de enfermos de VIH/sida, negándose a aprobar una donación del Fondo Mundial destinada a la compra de retrovirales y tramientos contra la malaria y la tuberculosis.
Mientras los gatos se pelean los privilegios, las organizaciones criminales aprovechan el descuido y se fortifican, se apoderan de porciones importantes del territorio nacional, trazan sus bien pensadas estrategias para instalarse en gobernaciones y alcaldías, solazándose con la visión de su triunfo fácil y su actuar impune.
07.02.2011
El rey soy yo
La mayoría de las dictaduras empiezan con pretensiones de respeto a la democracia.
La ruptura entre democracia y dictadura es, muchas veces, un proceso gradual mediante el cual los gobernantes amarran cabos, blindan instituciones, corrompen a las asambleas legislativas y consolidan sus redes de nepotismo, corrupción y clientelismo, todo esto antes de que el pueblo reaccione intentando defenestrarlos.
La tolerancia al abuso, sin embargo, es como una masa elástica cuyo punto de ruptura podría estar demasiado lejos, con peligrosas consecuencias para el equilibrio social y económico de las naciones.
Treinta años de corrupción, abuso, manipulación de las instituciones fundamentales del sistema democrático e infiltración de grupos de poder en todas las instancias de decisión horadan los fundamentos mismos de las libertades ciudadanas. Cuando esto sucede en un marco de irrespeto a los derechos humanos, cuando el trabajo legislativo es un circo de repartición de privilegios, negociaciones ilegítimas y manoseo del poder, la democracia es un mito y la justicia, una burla.
De nada sirven las convenciones internacionales cuando el poder se corrompe al punto de llevar a la ciudadanía a salir a las calles para exigir cambios de fondo en las políticas públicas y el relevo de los principales cuadros de gobierno. Los derechos humanos también se negocian en esas instancias mundiales, llegando a extremos tan degradantes como peligrosos para el equilibrio global, como sucede con el silencio cómplice de ciertos organismos ante el genocidio por motivos étnicos o religiosos o la imposición de intereses empresariales de las potencias económicas en los países en desarrollo.
En la mayoría de naciones, una falla en los sistemas de protección a la democracia reside en el excesivo poder de ciertos órganos del Estado, cuyo espacio legal les permite bloquear los espacios de participación de la población en la toma de decisiones, mediante la creación de obstáculos muchas veces contrarios a sus mandatos constitucionales.
En este escenario es fácil, entonces, el surgimiento de pequeños tiranos agazapados tras una careta de legitimidad, quienes prometen la aplicación de la fuerza para lograr el orden y luego se convierten en dictadores. La fuerza en medio de situaciones caóticas resulta a veces atractiva para una masa humana desesperada por cambios de fondo, pero también representa un peligroso retroceso a su aspiración de construir una nación con un estado de Derecho sólido y una justa distribución de la riqueza.
Las pretensiones de poder absoluto en las esferas politicas no son cosa del pasado y amenazan aún a las sociedades permisivas, hasta que éstas tocan fondo en su caída y se rebelan contra las injusticias y los abusos, arriesgando su vida.
Por si las dudas, me refiero a Egipto.
05.02.2011
La ruptura entre democracia y dictadura es, muchas veces, un proceso gradual mediante el cual los gobernantes amarran cabos, blindan instituciones, corrompen a las asambleas legislativas y consolidan sus redes de nepotismo, corrupción y clientelismo, todo esto antes de que el pueblo reaccione intentando defenestrarlos.
La tolerancia al abuso, sin embargo, es como una masa elástica cuyo punto de ruptura podría estar demasiado lejos, con peligrosas consecuencias para el equilibrio social y económico de las naciones.
Treinta años de corrupción, abuso, manipulación de las instituciones fundamentales del sistema democrático e infiltración de grupos de poder en todas las instancias de decisión horadan los fundamentos mismos de las libertades ciudadanas. Cuando esto sucede en un marco de irrespeto a los derechos humanos, cuando el trabajo legislativo es un circo de repartición de privilegios, negociaciones ilegítimas y manoseo del poder, la democracia es un mito y la justicia, una burla.
De nada sirven las convenciones internacionales cuando el poder se corrompe al punto de llevar a la ciudadanía a salir a las calles para exigir cambios de fondo en las políticas públicas y el relevo de los principales cuadros de gobierno. Los derechos humanos también se negocian en esas instancias mundiales, llegando a extremos tan degradantes como peligrosos para el equilibrio global, como sucede con el silencio cómplice de ciertos organismos ante el genocidio por motivos étnicos o religiosos o la imposición de intereses empresariales de las potencias económicas en los países en desarrollo.
En la mayoría de naciones, una falla en los sistemas de protección a la democracia reside en el excesivo poder de ciertos órganos del Estado, cuyo espacio legal les permite bloquear los espacios de participación de la población en la toma de decisiones, mediante la creación de obstáculos muchas veces contrarios a sus mandatos constitucionales.
En este escenario es fácil, entonces, el surgimiento de pequeños tiranos agazapados tras una careta de legitimidad, quienes prometen la aplicación de la fuerza para lograr el orden y luego se convierten en dictadores. La fuerza en medio de situaciones caóticas resulta a veces atractiva para una masa humana desesperada por cambios de fondo, pero también representa un peligroso retroceso a su aspiración de construir una nación con un estado de Derecho sólido y una justa distribución de la riqueza.
Las pretensiones de poder absoluto en las esferas politicas no son cosa del pasado y amenazan aún a las sociedades permisivas, hasta que éstas tocan fondo en su caída y se rebelan contra las injusticias y los abusos, arriesgando su vida.
Por si las dudas, me refiero a Egipto.
05.02.2011
Cien millones
La propaganda oficial no tiene lugar entre las prioridades del presupuesto de gastos.
El presidente Colom necesita que le canten alabanzas. Para eso gastó casi 150 millones de quetzales el año pasado y quiere por lo menos 100 para 2011, porque según su secretario de comunicación “tienen la obligación de informar a los guatemaltecos (sic)” sobre cada uno de sus supuestos avances, enfatizando de paso las cualidades de sus potenciales candidatos (o candidatas) a cargos de elección popular.
Ese dinero para alabar al señor Presidente y a su honorable esposa debe ser una parte de los 200 millones que le recortaron al Ministerio Público con respecto al presupuesto del año anterior. Como Guatemala está en jauja y su sistema de investigación y administración de justicia no necesita nada más que el aire de las montañas para funcionar como un reloj suizo, quizás el mandatario haya considerado fútil concederle los fondos requeridos por la Fiscal General para echar a andar las dependencias mínimas necesarias en el interior del país y contratar investigadores para los miles de casos acumulados.
Otro de los sectores que nada en la abundancia es el de la educación, con sus escuelas cinco estrellas en las cuales ni siquiera hay letrinas. Pero ahí tampoco se requiere mayor atención y mucho menos dinero del Estado, porque probablemente los niños y niñas que acuden a ellas ni siquiera terminarán el ciclo escolar. O los hospitales, cuyos magníficos edificios –carentes de mantenimiento, de camas, de personal, de ropa, de medicinas y de servicios básicos- albergan la miseria humana en su máxima expresión. Tampoco ellos merecen esa limosna.
El cacareo de las obras públicas no es necesario. De hecho, es inmoral hacer tanto ruido por un trabajo mal hecho y a medias, porque constituye un engaño a la población que vive de manera precaria esquivando asaltantes, estirando los pocos quetzales con que sobrevive el mes y pagando las consecuencias de la campante corrupción tolerada y consentida por el propio gobierno.
Si todavía les queda algo de sentido común –la decencia es un lujo en los ámbitos políticos- entreguen esos 100 millones para que sean invertidos en algo necesario y, si después de ese acto de generosidad se entusiasman con la idea de trabajar en la solución de alguno de los múltiples problemas graves que enfrenta este país, entonces de una vez tomen la decisión y eliminen esa secretaría de comunicación con todo y secretario para destinar esos fondos a una causa verdaderamente útil.
La propaganda oficial en año de elecciones es, además, una espada de doble filo. Para hacerla creíble se necesitaría de algún súper genio de la creatividad y eso es demasiado caro, por lo cual esos 100 millones van a despilfarrarse en vano.
31.01.2011
El presidente Colom necesita que le canten alabanzas. Para eso gastó casi 150 millones de quetzales el año pasado y quiere por lo menos 100 para 2011, porque según su secretario de comunicación “tienen la obligación de informar a los guatemaltecos (sic)” sobre cada uno de sus supuestos avances, enfatizando de paso las cualidades de sus potenciales candidatos (o candidatas) a cargos de elección popular.
Ese dinero para alabar al señor Presidente y a su honorable esposa debe ser una parte de los 200 millones que le recortaron al Ministerio Público con respecto al presupuesto del año anterior. Como Guatemala está en jauja y su sistema de investigación y administración de justicia no necesita nada más que el aire de las montañas para funcionar como un reloj suizo, quizás el mandatario haya considerado fútil concederle los fondos requeridos por la Fiscal General para echar a andar las dependencias mínimas necesarias en el interior del país y contratar investigadores para los miles de casos acumulados.
Otro de los sectores que nada en la abundancia es el de la educación, con sus escuelas cinco estrellas en las cuales ni siquiera hay letrinas. Pero ahí tampoco se requiere mayor atención y mucho menos dinero del Estado, porque probablemente los niños y niñas que acuden a ellas ni siquiera terminarán el ciclo escolar. O los hospitales, cuyos magníficos edificios –carentes de mantenimiento, de camas, de personal, de ropa, de medicinas y de servicios básicos- albergan la miseria humana en su máxima expresión. Tampoco ellos merecen esa limosna.
El cacareo de las obras públicas no es necesario. De hecho, es inmoral hacer tanto ruido por un trabajo mal hecho y a medias, porque constituye un engaño a la población que vive de manera precaria esquivando asaltantes, estirando los pocos quetzales con que sobrevive el mes y pagando las consecuencias de la campante corrupción tolerada y consentida por el propio gobierno.
Si todavía les queda algo de sentido común –la decencia es un lujo en los ámbitos políticos- entreguen esos 100 millones para que sean invertidos en algo necesario y, si después de ese acto de generosidad se entusiasman con la idea de trabajar en la solución de alguno de los múltiples problemas graves que enfrenta este país, entonces de una vez tomen la decisión y eliminen esa secretaría de comunicación con todo y secretario para destinar esos fondos a una causa verdaderamente útil.
La propaganda oficial en año de elecciones es, además, una espada de doble filo. Para hacerla creíble se necesitaría de algún súper genio de la creatividad y eso es demasiado caro, por lo cual esos 100 millones van a despilfarrarse en vano.
31.01.2011
¿Democracia o dictadura?
El actual clima de violencia provoca pensamientos y deseos peligrosos.
La presentación de resultados del estudio realizado por la Corporación Latinobarómetro, arroja luz sobre aspectos muy relevantes de la vida de los 18 países latinoamericanos representados en la muestra y permite un vistazo a las principales fortalezas y debilidades de la realidad política, económica y social de estas naciones.
En lo que toca a Guatemala, el Latinobarómetro viene a ser como un espejo de aumento sobre cuya superficie resaltan aquellos rasgos prominentes de la nueva idiosincracia chapina, surgida como consecuencia de los largos años de conflicto armado, del predominio militar en sus estructuras institucionales y políticas, así como de la influencia del sector empresarial en los asuntos de Estado.
Uno de los puntos del informe muestra una aparente contradicción entre las demandas populares por la aplicación de mano dura en el control de la delincuencia –argumento utilizado por ciertos grupos para instaurar regímenes dictatoriales- y su evidente deseo de consolidar la democracia como sistema político. El desarrollo de este punto, efectuado por la socióloga Marta Lagos, directora de Latinobarómetro, explica de manera contundente que, a partir del análisis de los indicadores, está clara la aspiración genuina por sistemas democráticos sólidos aún cuando la credibilidad de las instituciones garantes de dicho sistema –partidos políticos, congreso, sistema judicial- muestre una gran debilidad.
Esto genera un clima de incertidumbre que deriva hacia actitudes más proclives a la represión –como la demanda de mayor presencia policial en las calles- dejando en segundo plano soluciones de fondo a problemas estructurales, como por ejemplo la falta de acceso a la educación, en circunstancias que Guatemala es uno de los países con expectativas más bajas respecto al futuro de sus hijos.
El informe merece un estudio a fondo, algo imposible en un espacio editorial tan reducido como éste, pero sobre todo exige la atención de todos los entes involucrados en el proceso de consolidación de la democracia y, muy específicamente, en aquellas instancias políticas responsables por el debilitamiento de las instituciones que conforman la base del sistema.
Las consecuencias de las gestiones gubernamentales de los últimos decenios con su cauda de corrupción, clientelismo, ineficiencia, permisividad, impunidad y la innegable infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado, resultan obvias. El informe refleja la decadencia moral de una sociedad a horcajadas entre la aceptación del delito como forma de vida y la conciencia de su obligación de ejercer una ciudadanía responsable para la rehabilitación de la democracia. Vale la pena leerlo.
29.01.2011
La presentación de resultados del estudio realizado por la Corporación Latinobarómetro, arroja luz sobre aspectos muy relevantes de la vida de los 18 países latinoamericanos representados en la muestra y permite un vistazo a las principales fortalezas y debilidades de la realidad política, económica y social de estas naciones.
En lo que toca a Guatemala, el Latinobarómetro viene a ser como un espejo de aumento sobre cuya superficie resaltan aquellos rasgos prominentes de la nueva idiosincracia chapina, surgida como consecuencia de los largos años de conflicto armado, del predominio militar en sus estructuras institucionales y políticas, así como de la influencia del sector empresarial en los asuntos de Estado.
Uno de los puntos del informe muestra una aparente contradicción entre las demandas populares por la aplicación de mano dura en el control de la delincuencia –argumento utilizado por ciertos grupos para instaurar regímenes dictatoriales- y su evidente deseo de consolidar la democracia como sistema político. El desarrollo de este punto, efectuado por la socióloga Marta Lagos, directora de Latinobarómetro, explica de manera contundente que, a partir del análisis de los indicadores, está clara la aspiración genuina por sistemas democráticos sólidos aún cuando la credibilidad de las instituciones garantes de dicho sistema –partidos políticos, congreso, sistema judicial- muestre una gran debilidad.
Esto genera un clima de incertidumbre que deriva hacia actitudes más proclives a la represión –como la demanda de mayor presencia policial en las calles- dejando en segundo plano soluciones de fondo a problemas estructurales, como por ejemplo la falta de acceso a la educación, en circunstancias que Guatemala es uno de los países con expectativas más bajas respecto al futuro de sus hijos.
El informe merece un estudio a fondo, algo imposible en un espacio editorial tan reducido como éste, pero sobre todo exige la atención de todos los entes involucrados en el proceso de consolidación de la democracia y, muy específicamente, en aquellas instancias políticas responsables por el debilitamiento de las instituciones que conforman la base del sistema.
Las consecuencias de las gestiones gubernamentales de los últimos decenios con su cauda de corrupción, clientelismo, ineficiencia, permisividad, impunidad y la innegable infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado, resultan obvias. El informe refleja la decadencia moral de una sociedad a horcajadas entre la aceptación del delito como forma de vida y la conciencia de su obligación de ejercer una ciudadanía responsable para la rehabilitación de la democracia. Vale la pena leerlo.
29.01.2011
Arte para todos
El arte es un espacio común, un vehículo de comunicación sin fronteras ni prejuicios.
Una ciudad es el espacio vital de muchas personas. Es en donde transcurre lo más trascendente de la existencia del individuo urbano, es el marco que rodea sus momentos, es la base que sustenta sus sueños, ambiciones, esfuerzos y donde finalmente toma forma su vida. Quizás por ello la ciudad debe –y, de hecho, lo hace- reflejar la esencia de sus habitantes, como un espejo mágico sobre cuya luna aparece todo aquello que nos condiciona y nos hace ser como somos.
Guatemala es, en muchos sentidos, el reflejo de esa decadencia. Sus grandes monumentos sufren de una desnutrición similar a la de los niños del campo. Se caen a pedazos hasta que aparece algún ciudadano capaz de mover la conciencia de quienes aún aprecian la belleza, y lo rescatan del olvido. Sus calles históricas asemejan una dentadura llena de agujeros, cuyos espacios vacíos fueron un día bellas construcciones, convertidas hoy en patios de estacionamiento.
¿Parques? No hay. Es una ciudad sin plazas arboladas, sin pulmones verdes para filtrar el aire enrarecido por la falta de regulaciones vehiculares y por el abuso de la actividad industrial sin normas de protección ambiental. En medio de esta tristeza gris y maloliente en la cual se ha transformado la “tacita de plata” existen, sin embargo, algunas señales promisorias que permiten soñar con la recuperación de tantas décadas de abandono.
Una de ellas es la presencia creciente de arte en las calles. Obras arquitectónicas de enome valor estético, pero también obra escultórica cuya repentina instalación provoca un rotundo cambio en el entorno citadino, actuando como un elemento de ruptura en un paisaje urbano deteriorado y caótico.
En otras épocas, gracias a guatemaltecos visionarios y con un claro concepto de la trascendencia del arte urbano, las obras de importantes artistas plásticos se integraron a grandes edificios públicos –como en el Centro Cívico y la Biblioteca Nacional- enriqueciendo así no sólo la infraestructura institucional sino además el acervo cultural de la población, cuyo contacto con estas manifestaciones estéticas constituyeron tema de análisis, orgullo y una mejor comprensión del arte.
La total ausencia de apoyo al arte y la cultura por parte de los gobiernos, aún cuando constituye un freno al desarrollo de este sector, afortunadamente no ha asesinado del todo el deseo y la necesidad vital de vivir en contacto con la belleza. Sin embargo, urge un cambio de actitud, es imperativo un proceso inverso para tomar conciencia de que, sin arte, un pueblo muere espiritualmente y se convierte en lo que casi es: una sociedad violenta, agresiva, temerosa y enfocada en el hoy porque no sabe si habrá un mañana.
24.01.2011
Una ciudad es el espacio vital de muchas personas. Es en donde transcurre lo más trascendente de la existencia del individuo urbano, es el marco que rodea sus momentos, es la base que sustenta sus sueños, ambiciones, esfuerzos y donde finalmente toma forma su vida. Quizás por ello la ciudad debe –y, de hecho, lo hace- reflejar la esencia de sus habitantes, como un espejo mágico sobre cuya luna aparece todo aquello que nos condiciona y nos hace ser como somos.
Guatemala es, en muchos sentidos, el reflejo de esa decadencia. Sus grandes monumentos sufren de una desnutrición similar a la de los niños del campo. Se caen a pedazos hasta que aparece algún ciudadano capaz de mover la conciencia de quienes aún aprecian la belleza, y lo rescatan del olvido. Sus calles históricas asemejan una dentadura llena de agujeros, cuyos espacios vacíos fueron un día bellas construcciones, convertidas hoy en patios de estacionamiento.
¿Parques? No hay. Es una ciudad sin plazas arboladas, sin pulmones verdes para filtrar el aire enrarecido por la falta de regulaciones vehiculares y por el abuso de la actividad industrial sin normas de protección ambiental. En medio de esta tristeza gris y maloliente en la cual se ha transformado la “tacita de plata” existen, sin embargo, algunas señales promisorias que permiten soñar con la recuperación de tantas décadas de abandono.
Una de ellas es la presencia creciente de arte en las calles. Obras arquitectónicas de enome valor estético, pero también obra escultórica cuya repentina instalación provoca un rotundo cambio en el entorno citadino, actuando como un elemento de ruptura en un paisaje urbano deteriorado y caótico.
En otras épocas, gracias a guatemaltecos visionarios y con un claro concepto de la trascendencia del arte urbano, las obras de importantes artistas plásticos se integraron a grandes edificios públicos –como en el Centro Cívico y la Biblioteca Nacional- enriqueciendo así no sólo la infraestructura institucional sino además el acervo cultural de la población, cuyo contacto con estas manifestaciones estéticas constituyeron tema de análisis, orgullo y una mejor comprensión del arte.
La total ausencia de apoyo al arte y la cultura por parte de los gobiernos, aún cuando constituye un freno al desarrollo de este sector, afortunadamente no ha asesinado del todo el deseo y la necesidad vital de vivir en contacto con la belleza. Sin embargo, urge un cambio de actitud, es imperativo un proceso inverso para tomar conciencia de que, sin arte, un pueblo muere espiritualmente y se convierte en lo que casi es: una sociedad violenta, agresiva, temerosa y enfocada en el hoy porque no sabe si habrá un mañana.
24.01.2011
De vallas y muppies
El mercadeo político es una cosa y violar la ley es otra: interesante ángulo de análisis.
Candidatos, pre candidatos, aspirantes a pre candidaturas y toda clase de personajes –incapaces, obviamente, de moderar su necesidad de protagonismo- saturan desde hace meses la disponibilidad de muppies y vallas panorámicas en todo el país. Los mensajes son de lo más variado: desde una propuesta extraída de la doctrina fascista hasta la promesa de un futuro mejor basado en la paz y la armonía, en ellas se encuentra de todo como si la política fuera un mercado de baratijas.
Algo que no se han puesto a pensar todos estos candidatos (y candidatas) al estrellato político es que al burlar la ley y hacer campaña anticipada están revelando su verdadera naturaleza y su flaco sentido de la ética. Si para hacerse imagen ¡y ni siquiera como candidatos oficiales! son capaces de desafiar al Tribunal Supremo Electoral y reírse de las normas impuestas por esa entidad, revelan cuán poco les importa el imperio de la ley y el respeto a la institucionalidad.
Entonces, si así actúan en su calidad de pre candidatos, ¿qué se puede esperar de sus acciones cuando ya estén montados en las alturas del poder? Muy fácil: lo mismo de siempre. Abuso de autoridad, desprecio por las normas jurídicas, irrespeto por la independencia de poderes y la misma clase de actitudes prepotentes y autoritarias de las cuales la ciudadanía ha tenido suficiente.
El desprecio por las reglas del juego es una práctica común entre los políticos. Sin embargo, llama la atención su falta de estrategia y la manera burda de comportarse en su afán por alcanzar el favor de los electores. En esta carrera, se revelan de cuerpo entero en su intención de barrer, literalmente, con todos sus adversarios, monopolizando cuanto recurso propagandístico se les ponga al alcance. Millones de quetzales circulan actualmente en un despliegue del cual resulta difícil sustraerse por lo abrumador de su presencia. Y esto, sólo en las vísperas. Será muy interesante observar lo que sucederá en cuanto baje la bandera y se inicie la carrera con la bendición del TSE.
Los acuerdos entre partidos, en este contexto, no prometen tener bases sólidas. En vista de estos prolegómenos se presume que la batalla será campal y sin heridos. Si los millones fluyen de manera tan abierta en los simples preparativos de la fiesta, sin duda en los próximos meses Guatemala verá correr torrentes de dinero de cuyo origen nadie podrá dar fe.
A estas alturas, el mayor de los peligros es la impotencia de la ciudadanía que ve surgir rostros, nombres, símbolos y promesas de personajes cuyo tránsito por cargos públicos no ha dejado buenos recuerdos o que, en el mejor de los casos, no ha dejado recuerdo alguno.
22.01.2011
Candidatos, pre candidatos, aspirantes a pre candidaturas y toda clase de personajes –incapaces, obviamente, de moderar su necesidad de protagonismo- saturan desde hace meses la disponibilidad de muppies y vallas panorámicas en todo el país. Los mensajes son de lo más variado: desde una propuesta extraída de la doctrina fascista hasta la promesa de un futuro mejor basado en la paz y la armonía, en ellas se encuentra de todo como si la política fuera un mercado de baratijas.
Algo que no se han puesto a pensar todos estos candidatos (y candidatas) al estrellato político es que al burlar la ley y hacer campaña anticipada están revelando su verdadera naturaleza y su flaco sentido de la ética. Si para hacerse imagen ¡y ni siquiera como candidatos oficiales! son capaces de desafiar al Tribunal Supremo Electoral y reírse de las normas impuestas por esa entidad, revelan cuán poco les importa el imperio de la ley y el respeto a la institucionalidad.
Entonces, si así actúan en su calidad de pre candidatos, ¿qué se puede esperar de sus acciones cuando ya estén montados en las alturas del poder? Muy fácil: lo mismo de siempre. Abuso de autoridad, desprecio por las normas jurídicas, irrespeto por la independencia de poderes y la misma clase de actitudes prepotentes y autoritarias de las cuales la ciudadanía ha tenido suficiente.
El desprecio por las reglas del juego es una práctica común entre los políticos. Sin embargo, llama la atención su falta de estrategia y la manera burda de comportarse en su afán por alcanzar el favor de los electores. En esta carrera, se revelan de cuerpo entero en su intención de barrer, literalmente, con todos sus adversarios, monopolizando cuanto recurso propagandístico se les ponga al alcance. Millones de quetzales circulan actualmente en un despliegue del cual resulta difícil sustraerse por lo abrumador de su presencia. Y esto, sólo en las vísperas. Será muy interesante observar lo que sucederá en cuanto baje la bandera y se inicie la carrera con la bendición del TSE.
Los acuerdos entre partidos, en este contexto, no prometen tener bases sólidas. En vista de estos prolegómenos se presume que la batalla será campal y sin heridos. Si los millones fluyen de manera tan abierta en los simples preparativos de la fiesta, sin duda en los próximos meses Guatemala verá correr torrentes de dinero de cuyo origen nadie podrá dar fe.
A estas alturas, el mayor de los peligros es la impotencia de la ciudadanía que ve surgir rostros, nombres, símbolos y promesas de personajes cuyo tránsito por cargos públicos no ha dejado buenos recuerdos o que, en el mejor de los casos, no ha dejado recuerdo alguno.
22.01.2011
¿Amas de casa?
Cabeza o señora de la casa o familia. Criada principal de una casa (DRAE)
Detesto las ambigüedades porque representan una forma de expresión hipócrita y de doble sentido. Ocultan las verdaderas intenciones y pretenden ser el lenguaje políticamente correcto, la fórmula obligatoria de las comunidades humanas civilizadas. El uso cotidiano de algunas de estas fórmulas institucionalizan los estereotipos al punto de convertirlos en verdades absolutas que no ameritan revisión alguna. Esto sucede con la denominación “ama de casa”, tan común que casi ni reparamos en ella.
Esto me ha venido rondando la mente desde hace mucho tiempo, porque constituye una simplificación casi despectiva del complejo trabajo y la enorme responsabilidad de las mujeres que dedican su vida a administrar el hogar y educar a sus hijos. Esta manera de encasillar a la mujer en una frase que no describe prácticamente nada e incluso se usa como sinónimo de “sin profesión” o “desempleada” pasa por un rasero el amplio cúmulo de especialidades desarrolladas por las mujeres en el desempeño de una de las labores más delicadas y trascendentales en la construcción de una sociedad funcional.
El verdadero título de lo que comúnmente llamamos ama de casa debería ser administradora del hogar. Y una buena administradora del hogar tiene, entre sus múltiples habilidades, una experiencia demostrada en economía doméstica, puericultura, psicología, resolución de conflictos, manejo del estrés, nutrición, medicina, carpintería y el conocimiento suficiente de ciencias políticas, matemáticas, lenguaje e historia como para asistir a sus hijos en las tareas escolares.
¿Alguien opina que el tema es irrelevante? Pues no lo es. El aporte de las mujeres desde su posición no remunerada en el hogar tiene un impacto real en la economía de los países, en términos del PIB, así como una fuerte repercusión en el desarrollo social de las comunidades, las cuales dependen del cuidado y la formación de los futuros ciudadanos durante sus primeros años de vida.
Relegar a este contingente de trabajadoras incansables a una clasificación ambigua que niega sus méritos es una de las peores características de las sociedades regidas por códigos patriarcales. Tal ha sido la subestimación de este segmento que incluso ellas mismas, ante la pregunta de si trabajan, dicen: “no, soy ama de casa” aceptando de manera tácita la minusvaloración de su gran esfuerzo.
Una de las conquistas políticas más elevantes de la administración presidencial de Michelle Bachelet en Chile fue el reconocimiento económico del trabajo doméstico de las mujeres dedicadas a la administración del hogar. Este fue un hito histórico que, por supuesto, tardará muchos años en replicarse en otros países de la región. Sin embargo, es un paso importante hacia la construcción de una sociedad equitativa, más justa y humana, todo lo que se requiere para consolidar la democracia.
17.01.2011
Detesto las ambigüedades porque representan una forma de expresión hipócrita y de doble sentido. Ocultan las verdaderas intenciones y pretenden ser el lenguaje políticamente correcto, la fórmula obligatoria de las comunidades humanas civilizadas. El uso cotidiano de algunas de estas fórmulas institucionalizan los estereotipos al punto de convertirlos en verdades absolutas que no ameritan revisión alguna. Esto sucede con la denominación “ama de casa”, tan común que casi ni reparamos en ella.
Esto me ha venido rondando la mente desde hace mucho tiempo, porque constituye una simplificación casi despectiva del complejo trabajo y la enorme responsabilidad de las mujeres que dedican su vida a administrar el hogar y educar a sus hijos. Esta manera de encasillar a la mujer en una frase que no describe prácticamente nada e incluso se usa como sinónimo de “sin profesión” o “desempleada” pasa por un rasero el amplio cúmulo de especialidades desarrolladas por las mujeres en el desempeño de una de las labores más delicadas y trascendentales en la construcción de una sociedad funcional.
El verdadero título de lo que comúnmente llamamos ama de casa debería ser administradora del hogar. Y una buena administradora del hogar tiene, entre sus múltiples habilidades, una experiencia demostrada en economía doméstica, puericultura, psicología, resolución de conflictos, manejo del estrés, nutrición, medicina, carpintería y el conocimiento suficiente de ciencias políticas, matemáticas, lenguaje e historia como para asistir a sus hijos en las tareas escolares.
¿Alguien opina que el tema es irrelevante? Pues no lo es. El aporte de las mujeres desde su posición no remunerada en el hogar tiene un impacto real en la economía de los países, en términos del PIB, así como una fuerte repercusión en el desarrollo social de las comunidades, las cuales dependen del cuidado y la formación de los futuros ciudadanos durante sus primeros años de vida.
Relegar a este contingente de trabajadoras incansables a una clasificación ambigua que niega sus méritos es una de las peores características de las sociedades regidas por códigos patriarcales. Tal ha sido la subestimación de este segmento que incluso ellas mismas, ante la pregunta de si trabajan, dicen: “no, soy ama de casa” aceptando de manera tácita la minusvaloración de su gran esfuerzo.
Una de las conquistas políticas más elevantes de la administración presidencial de Michelle Bachelet en Chile fue el reconocimiento económico del trabajo doméstico de las mujeres dedicadas a la administración del hogar. Este fue un hito histórico que, por supuesto, tardará muchos años en replicarse en otros países de la región. Sin embargo, es un paso importante hacia la construcción de una sociedad equitativa, más justa y humana, todo lo que se requiere para consolidar la democracia.
17.01.2011
Furia
Una sociedad desquiciada necesita tratamiento de shock para curar sus patologías.
Me sucedió a mí. Llenaba tranquilamente el tanque de mi automóvil en una gasolinera de la zona 1 y mientras el encargado del servicio revisaba la presión de mis neumáticos, otro carro se detuvo atrás del mío a esperar su turno. Me llamó la atención que no se moviera cuando el otro lado del andén quedó libre, pero no le dí mayor importancia. Cuando me tocó pagar la cuenta, el conductor del otro automóvil se me acercó y con una rabia intensa comenzó a insultarme por haber tardado tanto en llenar el tanque y encima pedir que me revisaran la presión de las llantas.
Tanta fue mi sorpresa que no atiné a decir nada. Pero pensé en lo que hubiera sucedido si en lugar de haber cometido el “abuso” de pasar por la gasolinera a aprovisionarme de combustible, por accidente hubiera chocado el carro de este energúmeno. Los encargados no se dieron cuenta del incidente hasta que se los hice ver. No podían creerlo.
Esa es la clase de violencia sorda y contenida de la mayoría de los ciudadanos. Es fácil descargar las frustraciones en otra persona y mejor aún si es una mujer, porque se la considera mucho más inofensiva (craso error) y con menor capacidad de respuesta que si se agrediera a otro hombre. Sin embargo, esa descarga no hace más que elevar el nivel de tensión social configurando una atmósfera de amenaza aún entre personas aparentemente civilizadas.
El hecho de haber experimentado una agresión tan innecesaria como injusta me hizo volver sobre el tema de la violencia intrafamiliar, fuente de la mayor parte de las patologías sociales expresadas a través de incidentes como el que relato hoy. Ese abuso en contra de otros por el solo hecho de existir demuestra que falta mucho aún para reducir los índices de criminalidad y, por ende, las consecuencias que estos actos provocan en la mente y la integridad física de la ciudadanía.
El individuo que me agredió cometió una falta grave. Por supuesto, tengo el suficiente sentido común para poner las cosas en su lugar y no permitir que me afecte un episodio tan absurdo, pero no toda la gente tiene la misma capacidad de raciocinio y quizás con otro protagonista esto hubiera terminado en una batalla a golpes o, en el peor de los casos, con un par de balazos.
Lo cotidiano nos plantea un panorama claro y definido, mostrándonos en toda su dimensión la profunda crisis de valores, la grave desintegración social y la pérdida de control de esta comunidad humana. Si no se comienza a reaccionar para recuperar la cordura y respetar las líneas que demarcan la frontera de lo patológico, no se puede esperar una mejoría para los problemas que la aquejan y, mucho menos, un futuro de paz y democracia.
15.01.2011
Me sucedió a mí. Llenaba tranquilamente el tanque de mi automóvil en una gasolinera de la zona 1 y mientras el encargado del servicio revisaba la presión de mis neumáticos, otro carro se detuvo atrás del mío a esperar su turno. Me llamó la atención que no se moviera cuando el otro lado del andén quedó libre, pero no le dí mayor importancia. Cuando me tocó pagar la cuenta, el conductor del otro automóvil se me acercó y con una rabia intensa comenzó a insultarme por haber tardado tanto en llenar el tanque y encima pedir que me revisaran la presión de las llantas.
Tanta fue mi sorpresa que no atiné a decir nada. Pero pensé en lo que hubiera sucedido si en lugar de haber cometido el “abuso” de pasar por la gasolinera a aprovisionarme de combustible, por accidente hubiera chocado el carro de este energúmeno. Los encargados no se dieron cuenta del incidente hasta que se los hice ver. No podían creerlo.
Esa es la clase de violencia sorda y contenida de la mayoría de los ciudadanos. Es fácil descargar las frustraciones en otra persona y mejor aún si es una mujer, porque se la considera mucho más inofensiva (craso error) y con menor capacidad de respuesta que si se agrediera a otro hombre. Sin embargo, esa descarga no hace más que elevar el nivel de tensión social configurando una atmósfera de amenaza aún entre personas aparentemente civilizadas.
El hecho de haber experimentado una agresión tan innecesaria como injusta me hizo volver sobre el tema de la violencia intrafamiliar, fuente de la mayor parte de las patologías sociales expresadas a través de incidentes como el que relato hoy. Ese abuso en contra de otros por el solo hecho de existir demuestra que falta mucho aún para reducir los índices de criminalidad y, por ende, las consecuencias que estos actos provocan en la mente y la integridad física de la ciudadanía.
El individuo que me agredió cometió una falta grave. Por supuesto, tengo el suficiente sentido común para poner las cosas en su lugar y no permitir que me afecte un episodio tan absurdo, pero no toda la gente tiene la misma capacidad de raciocinio y quizás con otro protagonista esto hubiera terminado en una batalla a golpes o, en el peor de los casos, con un par de balazos.
Lo cotidiano nos plantea un panorama claro y definido, mostrándonos en toda su dimensión la profunda crisis de valores, la grave desintegración social y la pérdida de control de esta comunidad humana. Si no se comienza a reaccionar para recuperar la cordura y respetar las líneas que demarcan la frontera de lo patológico, no se puede esperar una mejoría para los problemas que la aquejan y, mucho menos, un futuro de paz y democracia.
15.01.2011
El mito de la neutralidad
Ante la proximidad de las elecciones generales, muchos se declaran apolíticos.
Cada vez que se aproxima un evento electoral, salen a flote las actitudes de reserva de una ciudadanía que ya dejó de creer en la política como una actividad constructiva. Desde hace muchos años, el ejercicio político se convirtió en sinónimo de corrupción, latrocinio, abuso de poder, malversación de fondos públicos, impunidad, crimen y mentira. Eso, sumado a la ineludible necesidad de elegir a las autoridades postuladas para los cargos de elección popular, ha transformado este ejercicio cívico en una especie de castigo divino.
La gente no quiere a la política y prefiere declararse “anti”. En un pais que apenas comienza a construir democracia, esta actitud es una amenaza y, en el fondo, un disfraz para el conformismo que se oculta tras esa declaratoria pretendidamente neutral. Al final del día, todos somos políticos y practicamos ese deporte desde el momento que juzgamos el comportamiento de los representantes en el Congreso o elaboramos teorías respecto a las intenciones del presidente o de alguno de sus allegados.
La neutralidad, como se la concibe desde la comodidad del refugio doméstico, es una utopía imposible de alcanzar y, si se profundiza un poco, indeseable por colocar a la persona en una especie de limbo inexistente desde el cual renuncia a su derecho de participar en los asuntos que le atañen de manera directa.
La participación política de los pueblos ha sido la palanca más efectiva para enderezar el rumbo de la administración del gobierno y para corregir los vicios del absolutismo. En una sociedad democrática, la ciudadanía ejerce sus derechos y exige resultados a sus gobernantes. Por lo tanto, hace tanta política desde su reducido espacio de acción como cualquiera de los políticos profesionales que dedican su tiempo a elaborar leyes o a fabricar consensos.
Otra de las herramientas del quehacer político es una institucionalidad sólida de organización popular a través de los partidos. Aún cuando lo político-partidista haya caído en un desprestigio profundo, los partidos continúan siendo la vía de participación democrática más eficiente y estructurada. En el interior de sus organizaciones es donde las personas tienen la posibilidad de democratizar el juego y hacerlas incidir en las decisiones de alto nivel.
Al declararse neutral, el ciudadano prácticamente renuncia a sus derechos y los cede incondicionalmente a quienes tengan voz y voto. En un país en crisis como Guatemala, esto resulta una conducta irresponsable desde todo punto de vista. Así como lo es también conformarse con lo malo para no escoger lo peor. Y ese es el paisaje predominante en vísperas de una campaña que, hasta la fecha, no promete nada bueno.
Cada vez que se aproxima un evento electoral, salen a flote las actitudes de reserva de una ciudadanía que ya dejó de creer en la política como una actividad constructiva. Desde hace muchos años, el ejercicio político se convirtió en sinónimo de corrupción, latrocinio, abuso de poder, malversación de fondos públicos, impunidad, crimen y mentira. Eso, sumado a la ineludible necesidad de elegir a las autoridades postuladas para los cargos de elección popular, ha transformado este ejercicio cívico en una especie de castigo divino.
La gente no quiere a la política y prefiere declararse “anti”. En un pais que apenas comienza a construir democracia, esta actitud es una amenaza y, en el fondo, un disfraz para el conformismo que se oculta tras esa declaratoria pretendidamente neutral. Al final del día, todos somos políticos y practicamos ese deporte desde el momento que juzgamos el comportamiento de los representantes en el Congreso o elaboramos teorías respecto a las intenciones del presidente o de alguno de sus allegados.
La neutralidad, como se la concibe desde la comodidad del refugio doméstico, es una utopía imposible de alcanzar y, si se profundiza un poco, indeseable por colocar a la persona en una especie de limbo inexistente desde el cual renuncia a su derecho de participar en los asuntos que le atañen de manera directa.
La participación política de los pueblos ha sido la palanca más efectiva para enderezar el rumbo de la administración del gobierno y para corregir los vicios del absolutismo. En una sociedad democrática, la ciudadanía ejerce sus derechos y exige resultados a sus gobernantes. Por lo tanto, hace tanta política desde su reducido espacio de acción como cualquiera de los políticos profesionales que dedican su tiempo a elaborar leyes o a fabricar consensos.
Otra de las herramientas del quehacer político es una institucionalidad sólida de organización popular a través de los partidos. Aún cuando lo político-partidista haya caído en un desprestigio profundo, los partidos continúan siendo la vía de participación democrática más eficiente y estructurada. En el interior de sus organizaciones es donde las personas tienen la posibilidad de democratizar el juego y hacerlas incidir en las decisiones de alto nivel.
Al declararse neutral, el ciudadano prácticamente renuncia a sus derechos y los cede incondicionalmente a quienes tengan voz y voto. En un país en crisis como Guatemala, esto resulta una conducta irresponsable desde todo punto de vista. Así como lo es también conformarse con lo malo para no escoger lo peor. Y ese es el paisaje predominante en vísperas de una campaña que, hasta la fecha, no promete nada bueno.
10.01.2011
Si me denuncias, te mato
La impunidad en los casos de violación, incesto y maltrato, es muestra de misoginia.
No es paranoia. Tampoco es un feminismo histérico ni un delirio de persecución llevado al paroxismo; la misoginia está latente, actuando en todos los ámbitos de esta sociedad y las mujeres continúan siendo el objetivo de una violencia cotidiana que apenas se comienza a clasificar.
Una niña violada es una mujer marcada para siempre con el estigma de la humillación y la condena de una sexualidad atormentada. Es un crimen y no el “error” de algún hombre impulsivo, como se le quiere hacer ver en esta sociedad disfuncional y cargada de prejuicios machistas.
Después del hecho, después del sexo forzado o la golpiza, viene la amenaza. Y miles de mujeres han escuchado esa frase: “si me denuncias, te mato…” y esas mujeres han de haber callado porque conocen la realidad de la vida en un ambiente poco propicio para la justicia, poco amigable con sus tormentos domésticos, en un sistema que insiste en llamarse democrático pero probadamente incapaz de imponer el respeto a los derechos humanos en toda su dimensión, lo cual implica castigar a quienes atenten contra la vida y la integridad de las personas.
A pesar de que en los últimos años el número de denuncias de violación o maltrato han aumentado, el sub registro es un hecho innegable. Si las cifras actuales asustan, las estadísticas reales le pararían el pelo al más indiferente. Mujeres de todos los estratos sociales, desde el más acomodado hasta quienes sobreviven en el rincón más mísero del sector rural, sufren a diario una violencia que han llegado a creer natural, dadas las enseñanzas de una cultura que le da al autoritarismo masculino una legitimidad absoluta.
De ese desprecio por la mujer deriva también la homofobia. Porque la homosexualidad tiene un toque femenino que, de acuerdo con los patrones sociales vigentes, es denigrante y constituye una traición a lo viril. Es como ser negro, revolucionario y agnóstico en un mundo de blancos caucásicos, conservadores y cristianos. Inaceptable.
Muchas de las patologías de la sociedad están vinculadas a la cultura patriarcal, a esa negación de lo femenino que se refleja en la ausencia de mujeres en posiciones de poder, a la tendencia a discriminarlas en los ámbitos laborales y políticos de manera automática, al hecho de exigirles pruebas de capacidad como si por ser del sexo femenino carecieran de algún gen misterioso que aún no tiene nombre.
Ya pasamos a la segunda década del siglo XXI y la mujer guatemalteca sigue padeciendo los males de la Inquisición. Es una vergüenza para esta sociedad que se precia de progresista y democrática. Una vergüenza presente en los hogares acomodados y en los más humildes. Simplemente, una vergüenza.
No es paranoia. Tampoco es un feminismo histérico ni un delirio de persecución llevado al paroxismo; la misoginia está latente, actuando en todos los ámbitos de esta sociedad y las mujeres continúan siendo el objetivo de una violencia cotidiana que apenas se comienza a clasificar.
Una niña violada es una mujer marcada para siempre con el estigma de la humillación y la condena de una sexualidad atormentada. Es un crimen y no el “error” de algún hombre impulsivo, como se le quiere hacer ver en esta sociedad disfuncional y cargada de prejuicios machistas.
Después del hecho, después del sexo forzado o la golpiza, viene la amenaza. Y miles de mujeres han escuchado esa frase: “si me denuncias, te mato…” y esas mujeres han de haber callado porque conocen la realidad de la vida en un ambiente poco propicio para la justicia, poco amigable con sus tormentos domésticos, en un sistema que insiste en llamarse democrático pero probadamente incapaz de imponer el respeto a los derechos humanos en toda su dimensión, lo cual implica castigar a quienes atenten contra la vida y la integridad de las personas.
A pesar de que en los últimos años el número de denuncias de violación o maltrato han aumentado, el sub registro es un hecho innegable. Si las cifras actuales asustan, las estadísticas reales le pararían el pelo al más indiferente. Mujeres de todos los estratos sociales, desde el más acomodado hasta quienes sobreviven en el rincón más mísero del sector rural, sufren a diario una violencia que han llegado a creer natural, dadas las enseñanzas de una cultura que le da al autoritarismo masculino una legitimidad absoluta.
De ese desprecio por la mujer deriva también la homofobia. Porque la homosexualidad tiene un toque femenino que, de acuerdo con los patrones sociales vigentes, es denigrante y constituye una traición a lo viril. Es como ser negro, revolucionario y agnóstico en un mundo de blancos caucásicos, conservadores y cristianos. Inaceptable.
Muchas de las patologías de la sociedad están vinculadas a la cultura patriarcal, a esa negación de lo femenino que se refleja en la ausencia de mujeres en posiciones de poder, a la tendencia a discriminarlas en los ámbitos laborales y políticos de manera automática, al hecho de exigirles pruebas de capacidad como si por ser del sexo femenino carecieran de algún gen misterioso que aún no tiene nombre.
Ya pasamos a la segunda década del siglo XXI y la mujer guatemalteca sigue padeciendo los males de la Inquisición. Es una vergüenza para esta sociedad que se precia de progresista y democrática. Una vergüenza presente en los hogares acomodados y en los más humildes. Simplemente, una vergüenza.
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