El tema de la niñez y la adolescencia en riesgo no sólo debe conmovernos, sino alentarnos a emprender acciones efectivas.
Uno de los momentos más gratificantes de hacer periodismo y escribir columnas de opinión es la reacción del público ante determinados temas. El reportaje de Mariela Castañón en el vespertino La Hora -el cual me sirvió de inspiración para denunciar, a mi vez, las violaciones y los abusos cometidos contra niñas y adolescentes por los reclusos del sector 11 del Centro Preventivo para Varones de la Zona 18- ha traído una saludable cauda de correos, comentarios de otros columnistas, como el de Carolina Escobar, y una que otra iniciativa particular orientada a crear conciencia sobre esos crímenes abominables.
La situación de la niñez y la adolescencia en un país donde las tres cuartas partes de la población es menor de 35 años, constituye la piedra angular de la estructura que sostiene todas las posibilidades de desarrollo para esta nación. Por eso es tan importante invertir en alimentación, educación, salud y vivienda, así como fortalecer los sistemas de seguridad y justicia.
Sin embargo, ha sido justamente este mayoritario sector de la población el más discriminado y marginado en los proyectos políticos de los últimos treinta años, aún cuando las promesas y las líneas de propaganda de cada campaña electoral lo usan como palanca emotiva de proselitismo. ¿Por qué será? Probablemente porque los menores de 18 años no tienen derecho a voto y eso los coloca automáticamente al final de las prioridades.
Las niñas violadas por los reclusos del Preventivo son apenas un punto en el universo de abuso e injusticia que rodea el ambiente de millones de potenciales víctimas de delitos sexuales, violencia intrafamiliar, carencia de servicios básicos, discriminación escolar y muchas otras maneras de violación de los derechos fundamentales de la parte más vulnerable de una sociedad disfuncional como la nuestra.
Divulgar los casos, como éste del sector 11, nunca será suficiente. Hay que organizarse y actuar. Es vital para el futuro de Guatemala detener el abuso pero, sobre todo, convencernos a nosotros mismos del enorme peligro implícito en esta cultura de silencio que tanto daño ha ocasionado a la sociedad.
La denuncia oportuna y el seguimiento de los temas tendrán siempre más efecto que el comentario ocasional de sobremesa o el gesto de horror ante la noticia impresa. Nadie, ni uno solo de los ciudadanos de este país, está exento de responsabilidad cuando de la vida de niñas, niños y adolescentes se trata. El involucramiento directo implica salir de la burbuja, desprenderse de la zona de comodidad en la cual nos refugiamos para no ver aquello que ofende nuestra sensibilidad y no enterarnos de cuán poco hacemos por evitar que suceda.
sábado, 24 de octubre de 2009
Niñas violadas
Un reportaje de Mariela Castañón, publicado por La Hora, desnuda el tráfico de niñas y adolescentes en el sistema penitenciario.
No sólo provoca indignación. También incredulidad al comprobar que a casi una semana de haberse publicado el reportaje titulado “Niñas y adolescentes son violadas en Sector 11 del Preventivo”, no se ha sabido de una acción inmediata por parte del Ministerio Público, el Presidente no ha hecho declaración alguna sobre el tema, tampoco el Procurador de los Derechos Humanos y, a pesar de que el asunto huele a puro tráfico humano permitido por los guardias del sistema penitenciario, tampoco ha reaccionado la CICIG.
Para cualquier persona medianamente sensata, la medida obvia sería prohibir absolutamente el ingreso de menores a las instalaciones de las cárceles. El equipo de investigación del vespertino La Hora comprobó que ni siquiera los guardias se atreven a ingresar al sector 11, controlado por Los Cholos, pero sí permiten a niñas y adolescentes adentrarse en esas galeras y quedar a merced de los delincuentes más peligrosos, crueles y sanguinarios de que se tenga registro en este país.
Los detalles son espeluznantes: gritos y llantos incontrolables, niñas retiradas de las instalaciones por los bomberos porque ya no pueden caminar y, peor aún, la indiferencia de quienes podrían detener esa auténtica masacre que se comete a diario y con absoluta impunidad contra las infortunadas víctimas.
Se supone, por declaraciones de testigos, que son llevadas a la fuerza por algún adulto, o ingresan para evitar que las amenazas proferidas desde el interior de la prisión se vuelvan una realidad con el asesinato de sus padres o hermanos. De cualquier modo, no existe justificación alguna para el silencio y la pasividad de las autoridades ante una situación que se puede evitar con medidas mucho más restrictivas en el ingreso de visitas a las prisiones.
Como herramienta, existe la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas la cual, como todo avance legal para la protección de las minorías, costó años de intensa actividad política para que al fin se aprobara, porque evidentemente afectó los intereses de gente poderosa que ha hecho de esos crímenes una fructífera fuente de enriquecimiento.
Los monstruos del sector 11 ya no pueden seguir beneficiándose de la ineficacia de los controles del sistema penitenciario, recibiendo como premio la libertad de abusar, torturar y destruir la mente, el cuerpo y la vida de estas niñas y adolescentes. Sin embargo, las autoridades parecen esperar denuncias formales para actuar en este caso más que evidente de delito flagrante, lo cual convierte al Estado en cómplice y por tanto, co responsable de esta barbarie perpetrada a plena luz del día y sin obstáculo alguno.
No sólo provoca indignación. También incredulidad al comprobar que a casi una semana de haberse publicado el reportaje titulado “Niñas y adolescentes son violadas en Sector 11 del Preventivo”, no se ha sabido de una acción inmediata por parte del Ministerio Público, el Presidente no ha hecho declaración alguna sobre el tema, tampoco el Procurador de los Derechos Humanos y, a pesar de que el asunto huele a puro tráfico humano permitido por los guardias del sistema penitenciario, tampoco ha reaccionado la CICIG.
Para cualquier persona medianamente sensata, la medida obvia sería prohibir absolutamente el ingreso de menores a las instalaciones de las cárceles. El equipo de investigación del vespertino La Hora comprobó que ni siquiera los guardias se atreven a ingresar al sector 11, controlado por Los Cholos, pero sí permiten a niñas y adolescentes adentrarse en esas galeras y quedar a merced de los delincuentes más peligrosos, crueles y sanguinarios de que se tenga registro en este país.
Los detalles son espeluznantes: gritos y llantos incontrolables, niñas retiradas de las instalaciones por los bomberos porque ya no pueden caminar y, peor aún, la indiferencia de quienes podrían detener esa auténtica masacre que se comete a diario y con absoluta impunidad contra las infortunadas víctimas.
Se supone, por declaraciones de testigos, que son llevadas a la fuerza por algún adulto, o ingresan para evitar que las amenazas proferidas desde el interior de la prisión se vuelvan una realidad con el asesinato de sus padres o hermanos. De cualquier modo, no existe justificación alguna para el silencio y la pasividad de las autoridades ante una situación que se puede evitar con medidas mucho más restrictivas en el ingreso de visitas a las prisiones.
Como herramienta, existe la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas la cual, como todo avance legal para la protección de las minorías, costó años de intensa actividad política para que al fin se aprobara, porque evidentemente afectó los intereses de gente poderosa que ha hecho de esos crímenes una fructífera fuente de enriquecimiento.
Los monstruos del sector 11 ya no pueden seguir beneficiándose de la ineficacia de los controles del sistema penitenciario, recibiendo como premio la libertad de abusar, torturar y destruir la mente, el cuerpo y la vida de estas niñas y adolescentes. Sin embargo, las autoridades parecen esperar denuncias formales para actuar en este caso más que evidente de delito flagrante, lo cual convierte al Estado en cómplice y por tanto, co responsable de esta barbarie perpetrada a plena luz del día y sin obstáculo alguno.
El club de los zánganos
Los diputados se recetan asuetos como si el tiempo les perteneciera, amparados por un reglamento ideado, redactado y aprobado por ellos mismos.
Si no fuera patético, daría risa. El comportamiento de los diputados al Congreso de la República, cuyas evidencias de corrupción, sospechas de acoso sexual, abusos de poder, viajes injustificables y derroche obsceno en comida y otros beneficios personales ha sido tema de crítica constante, representa una verdadera afrenta para el pueblo de Guatemala.
El trabajo parlamentario debería ser un ejemplo de responsabilidad y esfuerzo. Contrario a ello, el organismo legislativo refleja una imagen de negligencia imposible de entender en una nación con enormes carencias en el quehacer político y administrativo, cuya agenda cargada de asuntos pendientes se refleja en sus pobres indicadores de desarrollo. A eso hay que sumar un ambiente de violencia delincuencial jamás antes visto, con la mitad de la población bajo la línea de la pobreza y la mayor parte de su niñez y juventud en un grave estado de abandono y desnutrición.
Pero los señores diputados trabajaron demasiado durante las semanas que duró el proceso de elección de las Cortes -¡si hasta tuvieron que permanecer en sus curules pasada la medianoche!- razón más que suficiente para otorgarse a sí mismos unos días de descanso. De ello se deduce una capacidad física y mental insuficientes para la enorme tarea que le corresponde a un representante del pueblo y, si ése fuera el caso, gran favor le harían a la nación retirándose para dejar el espacio a ciudadanos honestos y capaces de cumplir con esa delicada y trascendental labor.
Ese organismo, pilar de la democracia, no sólo ha perdido la relevancia y dignidad propias de su naturaleza, sino además se ha transformado en un mercado donde se transa de todo, en el cual una buena alianza entre bancadas resulta suficiente para definir los temas prioritarios de acuerdo con los intereses de los partidos, a costa de los temas de mayor relevancia social.
De no haber sido por algunas y algunos diputados auténticamente comprometidos con el mandato constitucional y capaces de desarrollar un trabajo impecable y exhaustivo, la tan mentada asamblea del pueblo no sería más que un club privado al cual acuden los socios cuando les viene en gana y de cuya membresía obtienen jugosas ganancias.
Lo que el país necesita con urgencia es una nueva actitud ante los enormes retos que enfrenta. Para lograrlo es preciso acabar primero con el clientelismo político, paso indispensable para erradicar la corrupción y la impunidad; priorizar los temas de mayor impacto social; marginar el interés propio por el beneficio colectivo y, en suma, arrancar de raíz los vicios políticos que tienen a Guatemala al borde del abismo. De otro modo, ni siquiera los más privilegiados lograrán sobrevivir a la catástrofe a la cual los está conduciendo su propia e indefectible ceguera.
Si no fuera patético, daría risa. El comportamiento de los diputados al Congreso de la República, cuyas evidencias de corrupción, sospechas de acoso sexual, abusos de poder, viajes injustificables y derroche obsceno en comida y otros beneficios personales ha sido tema de crítica constante, representa una verdadera afrenta para el pueblo de Guatemala.
El trabajo parlamentario debería ser un ejemplo de responsabilidad y esfuerzo. Contrario a ello, el organismo legislativo refleja una imagen de negligencia imposible de entender en una nación con enormes carencias en el quehacer político y administrativo, cuya agenda cargada de asuntos pendientes se refleja en sus pobres indicadores de desarrollo. A eso hay que sumar un ambiente de violencia delincuencial jamás antes visto, con la mitad de la población bajo la línea de la pobreza y la mayor parte de su niñez y juventud en un grave estado de abandono y desnutrición.
Pero los señores diputados trabajaron demasiado durante las semanas que duró el proceso de elección de las Cortes -¡si hasta tuvieron que permanecer en sus curules pasada la medianoche!- razón más que suficiente para otorgarse a sí mismos unos días de descanso. De ello se deduce una capacidad física y mental insuficientes para la enorme tarea que le corresponde a un representante del pueblo y, si ése fuera el caso, gran favor le harían a la nación retirándose para dejar el espacio a ciudadanos honestos y capaces de cumplir con esa delicada y trascendental labor.
Ese organismo, pilar de la democracia, no sólo ha perdido la relevancia y dignidad propias de su naturaleza, sino además se ha transformado en un mercado donde se transa de todo, en el cual una buena alianza entre bancadas resulta suficiente para definir los temas prioritarios de acuerdo con los intereses de los partidos, a costa de los temas de mayor relevancia social.
De no haber sido por algunas y algunos diputados auténticamente comprometidos con el mandato constitucional y capaces de desarrollar un trabajo impecable y exhaustivo, la tan mentada asamblea del pueblo no sería más que un club privado al cual acuden los socios cuando les viene en gana y de cuya membresía obtienen jugosas ganancias.
Lo que el país necesita con urgencia es una nueva actitud ante los enormes retos que enfrenta. Para lograrlo es preciso acabar primero con el clientelismo político, paso indispensable para erradicar la corrupción y la impunidad; priorizar los temas de mayor impacto social; marginar el interés propio por el beneficio colectivo y, en suma, arrancar de raíz los vicios políticos que tienen a Guatemala al borde del abismo. De otro modo, ni siquiera los más privilegiados lograrán sobrevivir a la catástrofe a la cual los está conduciendo su propia e indefectible ceguera.
Justicia
La participación de la sociedad y su rechazo a la elección manoseada de las Cortes, es parte del ejercicio democrático.
Es probable que las protestas de la sociedad civil y las impactantes denuncias de la CICIG ante la descarada manipulación de la elección de magistrados para la CSJ en el Congreso de la República -más el consecuente análisis de todo el proceso- llevaron a caer en la cuenta de que lo actuado anteriormente: elecciones en el Colegio de Abogados, Universidad de San Carlos y Comisiones de Postulación, habían construido las bases de una elección llena de irregularidades y la continuidad del régimen de impunidad que prevalece en el país.
Sin embargo, aún cuando la reacción popular tuvo sus efectos, es oportuno llamar la atención sobre la falta de control que siempre ha imperado sobre una instancia clave para el establecimiento del régimen de Derecho y, por tanto, pilar de la democracia, como es el sistema de administración de justicia.
La sociedad no puede darse nunca más el lujo de permitir la integración de las cortes con elementos de dudosa reputación. En los acontecimientos que han ocupado las principales páginas de la prensa nacional y provocaron la repulsa en masa de los columnistas y de las más diversas organizaciones de la sociedad civil, quedó muy clara la manera como los partidos políticos y algunos individuos con fuerte poder económico podían secuestrar a la justicia colocando a sus mandaderos en puestos clave.
Esta victoria parcial que tanto entusiasmo ha despertado en la población no es más que el principio de un camino lleno de obstáculos, la mayoría de ellos creados por los mismos legisladores para proteger sus áreas de poder. Porque así como hoy se ha logrado despertar en ellos un mínimo prurito de vergüenza, urge insistir en la necesidad de reformar la ley electoral y de partidos políticos, eliminando para siempre la posibilidad de garantizar la impunidad de sus acciones y sus abusos de poder.
La presión social puede ser un arma contundente cuando se actúa en función del bien común, más allá de los intereses particulares o las diferencias ideológicas. La justicia no tiene género ni pertenece a un nivel socio económico. No habla un idioma en particular, sino una lengua universal. Es patrimonio de la humanidad y se debe a ella. Por lo tanto, como pilar fundamental de una sociedad democrática su función es absolutamente ireeemplazable.
Hoy se ha dado un paso importante hacia adelante, pero aún falta mucho por hacer. Es imperativo, entonces, que la población se sume a ese esfuerzo y no delegue la responsabilidad que le corresponde en esta lucha. Gracias a su concurso, quizás un día Guatemala logre salir del vergonzoso lugar que ocupa en el concierto de naciones.
Es probable que las protestas de la sociedad civil y las impactantes denuncias de la CICIG ante la descarada manipulación de la elección de magistrados para la CSJ en el Congreso de la República -más el consecuente análisis de todo el proceso- llevaron a caer en la cuenta de que lo actuado anteriormente: elecciones en el Colegio de Abogados, Universidad de San Carlos y Comisiones de Postulación, habían construido las bases de una elección llena de irregularidades y la continuidad del régimen de impunidad que prevalece en el país.
Sin embargo, aún cuando la reacción popular tuvo sus efectos, es oportuno llamar la atención sobre la falta de control que siempre ha imperado sobre una instancia clave para el establecimiento del régimen de Derecho y, por tanto, pilar de la democracia, como es el sistema de administración de justicia.
La sociedad no puede darse nunca más el lujo de permitir la integración de las cortes con elementos de dudosa reputación. En los acontecimientos que han ocupado las principales páginas de la prensa nacional y provocaron la repulsa en masa de los columnistas y de las más diversas organizaciones de la sociedad civil, quedó muy clara la manera como los partidos políticos y algunos individuos con fuerte poder económico podían secuestrar a la justicia colocando a sus mandaderos en puestos clave.
Esta victoria parcial que tanto entusiasmo ha despertado en la población no es más que el principio de un camino lleno de obstáculos, la mayoría de ellos creados por los mismos legisladores para proteger sus áreas de poder. Porque así como hoy se ha logrado despertar en ellos un mínimo prurito de vergüenza, urge insistir en la necesidad de reformar la ley electoral y de partidos políticos, eliminando para siempre la posibilidad de garantizar la impunidad de sus acciones y sus abusos de poder.
La presión social puede ser un arma contundente cuando se actúa en función del bien común, más allá de los intereses particulares o las diferencias ideológicas. La justicia no tiene género ni pertenece a un nivel socio económico. No habla un idioma en particular, sino una lengua universal. Es patrimonio de la humanidad y se debe a ella. Por lo tanto, como pilar fundamental de una sociedad democrática su función es absolutamente ireeemplazable.
Hoy se ha dado un paso importante hacia adelante, pero aún falta mucho por hacer. Es imperativo, entonces, que la población se sume a ese esfuerzo y no delegue la responsabilidad que le corresponde en esta lucha. Gracias a su concurso, quizás un día Guatemala logre salir del vergonzoso lugar que ocupa en el concierto de naciones.
domingo, 4 de octubre de 2009
INJUSTICIA
Un amplio grupo de columnistas decidimos manifestar nuestro repudio a la elección realizada por el Congreso de la República para integrar la Corte Suprema de Justicia. Nuestra protesta se inició el sábado 3 de octubre con la publicación de espacios vacíos bajo el título INJUSTICIA.
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